Todos queremos ser pescadores
El ingreso per cápita chileno es hoy cercano a los US$ 15.000, medido
en paridad de poder de compra.Esto significa que tenemos un ingreso
equivalente a casi un tercio de aquel de los países desarrollados.La
única manera que lograremos acercarnos a estos últimos
va a ser por la vía de mejorarconsistentemente nuestras políticas
públicas más que ellos con el objeto que la asignación de
recursossea lo más eficiente – competitiva – posible y se corrijan
las externalidades de la mejor manera posible.No hay otro camino.
Lo anterior implicaría, entre otras cosas, que el estado no debería
ceder frente a los grupos de presión cuando los intereses de éstos
se muevan contra los intereses del país. El sector pesquero
y su historia de asignación discrecional de cuotas es uno de
estos casos, por la ineficiencia que conlleva, la injusta
distribución de riqueza que implica y las dañinas señales que
el resto de la economía recibe cuando estas conductas son aceptadas
sin ningún cuestionamiento.
La captura anual de pesca – excluyendo la acuicultura y los productos
de mar no pescados – se ha estado moviendo alrededor de los
3 millones de toneladas anuales, incluyendo la pesca industrial y la
no industrial o artesanal. Sus principales productos son la harina de
pescado, el aceite de pescado y el pescado congelado con una
menor importancia, con ventas agregadas anuales alrededor de los
US$ 800 millones y márgenes de utilidad cercanos al 30% de éstas.
Al día de hoy, los precios de la harina de pescado duplican el
promedio de los últimos 10 años cercano a los US$ 820 por tonelada,
en US$ de hoy, y tal como ocurre usualmente en todos los
mercados de materias primas, sus precios muestran fuertes
variaciones en el tiempo.
Los miembros de la industria pesquera chilena tienen hoy contratos
de captura suscritos con el Estado chileno que expiran el año 2012
y que les asignan de manera individual cuotas y patentes de pesca
por el derecho a explotar sus mares. Estos contratos que tuvieron
un controvertido origen hace casi una década cerraron de hecho el
acceso a la industria pesquera a cualquiera que hubiese querido
hacerlo,salvo que lo hubiese intentado por la vía de negociar
directamente con los actores establecidos ya tenedores de estas
cuotas a un precio de entrada que habría sido superior al que
se habría determinado en un mercado competitivo abierto a todos.
El interés explícito del lobby industrial pesquero es que estas cuotas
por vencer sean renovadas en favor de los mismos actores
establecidos más allá del año 2012 sin mediar ningún proceso de
licitación. A fin de evitar aceptar tal desenlace ineficiente
y discrecional, que podría perfectamente ser replicado de manera
dañina en otros sectores de la economía ‐¿cómo negarse a un
“¿por qué no nosotros?” de manera creíble?‐ se podrían considerar
los siguientes elementos para el diseño de una propuesta de
asignación de recursos en la pesca que fuese eficiente, estable y de l
argo plazo:
1. Existen 3 intereses a conjugar en este cuadro: aquel de la biomasa
de pescados y su explotación eficiente de largo plazo, aquel
de cualquier empresario que estuviese interesado en explotar
esta riqueza pesquera sin comprometer el derecho de otros a explotar
la misma riqueza escasa que a todos compete y aquel del Estado
chileno en la recaudación agregada de patentes e impuestos por la
explotación de sus pescados.
2. Si asumimos que el sistema de cuotas de pesca transferibles –
individual transferable quotas o ITQ´s – permite la protección
y explotación eficiente de la riqueza pesquera, dichas cuotas de
pesca se podrían definir como un derecho a explotar esta
riqueza por un período económicamente razonable de 20 años
y cada año un 5% de la cuota global de pesca chilena –
equivalente hoy a una captura de aproximadamente 150.000
toneladas – sería licitado y adjudicado al postor que ofreciera un
mayor precio por explotar ese derecho. Se daría así origen a una
industria que permanentemente se regeneraría de manera
competitiva y las cuotas serían ahora efectivamente transables
al ser compatibles con la vida económica de barcos y plantas
pesqueras y al poder acceder a escalas mayores de producción
concebidas además con una racionalidad geográfica desde el
punto de vista pesquero. Aún más, para acelerar este período
de transición se podría licitar en el primer año de la implementación
de un esquema como el planteado un 25% de la cuota global de
pesca, distribuido en 5 cuotas de 5% cada una con duraciones
respectivas de 20, 19, 18, 17 y 16 años, asignando individualmente
cada una de éstas al mejor postor en cada caso. Al cabo de
10 años ya estaría adjudicada de manera competitiva un 70% de la
pesca nacional y en 16 años la totalidad de ésta. Al año siguiente, la
primera cuota del nuevo sistema expiraría y sería nuevamente
licitada. El proceso continuaría iterativamente.
3. El precio más alto ofrecido, medido en dólares por tonelada de
derecho de pesca, que se determinaría anualmente en las
licitaciones de cuotas de 5% y por duraciones de 20 años,
correspondería también al precio a pagar por los antiguos tenedores
de cuotas durante el período de transición. En dicho período
ellos podrían ser gradualmente reemplazados por
nuevos entrantes o participar abiertamente en las licitaciones. El
precio mínimo a ofrecer sería equivalente al que paga actualmente
la industria al Estado chileno por la vía de las patentes pesqueras
asociadas a las cuotas.
4. El sector pesquero no industrial o artesanal, que en 2008
capturó pescados en un tonelaje equivalente a un 85% del sector
industrial, sería redefinido para referirse sólo a aquel con una
pequeña cuota discrecional de pesca a la que accederían todas esas
pequeñas y medianas empresas distribuidas a lo largo de la costa
chilena que en los hechos no son industriales, generan empleos a
nivel local y que razonablemente no tienen posibilidad de participar
directamente en el proceso de licitaciones antes mencionado. Estas
pymes pesqueras podrían proveer sus pescados a las pesqueras
industriales en condiciones previamente conocidas o vender
sus productos en la cadena de alimentos más orientada al consumo
doméstico. Además, continuarían exentas del pago de patentes
por esta pesca tal como ocurre hasta el día de hoy.
5. El proceso de licitaciones estaría abierto a todos los que
quisieran participar y establecería de manera clara que
cualquier práctica anticompetitiva, particularmente acuerdos de
colusión, no sólo sería sancionada con elevadas penas de acuerdo
a la legislación antimonopolios chilena sino que además provocaría
la caducidad inmediata de las cuotas de pesca de aquellos que
hubieran participado en éstas. Estas cuotas caducadas serían
nuevamente licitadas bajo el esquema anterior, por la duración
remanente de éstas, así como sería también el caso con
aquellas cuotas no explotadas.
6. El proceso de licitaciones no dependería de ninguna aprobación
a ser dada por las empresas pesqueras existentes para su
implementación y sería un proceso automático, transparente y
perfectamente predecible por todos los actores envueltos.
En otras palabras, un proceso de licitaciones continuo bajo un
escenario competitivo como el previamente propuesto crearía
los incentivos para realizar inversiones y explotar la biomasa
pesquera en una perspectiva de largo plazo y al mismo tiempo
maximizaría los recursos que el Estado chileno captaría por la
vía del cobro de patentes por las cuotas de pesca e impuestos.
El negocio pesquero tendría retornos esperados normales sobre
sus inversiones, corregidos por riesgo, y no existirían
redistribuciones innecesarias de riqueza. Las empresas pesqueras
existentes comenzarían a pagar precios por las cuotas de pesca
determinados competitivamente para continuar en el negocio y
no habría rentas económicas a favor de ellos entregadas
gratuitamente. Estas las captaría ahora el Estadochileno,
dueño del recurso.
Por último, y quizás no menos importante, la señal a todos los
agentes económicos sería clara: como política, a ningún grupo
de interés se le permitiría subordinar el interés del país al suyo.
Aún más,incluso si se asumiera que las cifras económicas de
la industria pesquera no son determinantes mirando al país en su
conjunto, se debe reconocer que quienes participan en ésta sí
lo son, así como sus explicaciones de lo inexplicable. En otras
palabras, la discusión de verdad radicaría más bien en la
aceptación de una racionalidad sin licitaciones competitivas
por parte de grupos económicos supuestamente promotores
del libre mercado que en los montos en sí mismos. Sin embargo,
ambos temas se deben resolver y para ello hay muchos a
quienes les gustaría ser empresarios pesqueros bajo reglas
competitivas.
Manuel Cruzat Valdés
Santiago, Chile
15 de mayo de 2010
