RESPECTO DEL ORDINARIO N° 2314/038 del 06.06.2011 DIRECCION NACIONAL DEL TRABAJO
- Que tal Ordinario, emitido sin solicitud alguna y sólo por “razones de buen servicio”, que viene a privar a los trabajadores de sus legítimos derechos, es una manifestación más de las nuevas políticas adoptadas por la nueva jefatura de la Dirección del Trabajo, desde el cambio de gobierno, las que desde ya se han apartado de la defensa de los intereses de los trabajadores implementando como eje central los interés de los empleadores, que han implicado un retroceso de décadas en el avance que había tenido tal Dirección del Trabajo. , debemos hacer presente lo siguiente: Frente al Ord. N° 2314/038 del 6 de junio de 2011, emitido por la Directora Nacional del Trabajo, que señala que
- En tal Ordinario, con total desconocimiento legal y con el único afán de privar a los trabajadores de sus derechos, la Directora del Trabajo excluye la movilización y colación, y otras asignaciones, de la base de cálculo de las indemnizaciones por término de la relación laboral. Tal interpretación legal es abiertamente infundada y errada ya que desconoce lo dispuesto por el artículo 172 del Código del Trabajo, el que expresamente señala lo que se debe considerarse para la base de calculo de las indemnizaciones legales
- Resulta claro que este dictamen lo que pretende en la practica es rebajar los montos de las indemnizaciones de los trabajadores, sin que se haya dictado ley alguna como pretende el actual gobierno, y, en definitiva, rebajar los costos del despido a los empresarios, los que incentivados por la Dirección del Trabajo haran abuso del mismo elevando los valores de la movilización y la colación y demás asignaciones, encubriendo remuneraciones y de esta forma pagar menos indemnizaciones, lo que ya hacian antes de que estos temas fueran resueltos por la Corte Suprema en la decada de los 90s.
9 de Junio de 2011
La novela de Matthei
José Luis Ugarte
Profesor de Derecho Laboral Universidad Diego Portales
En un oscuro y silencioso dictamen –como suele ocurrir en estos casos- la Dirección del Trabajo “por razones de buen servicio” –o sea sin que nadie se lo pidiera- acaba de declarar lo siguiente:
“Las asignaciones de colación y de movilización, como los demás estipendios contenidos en el inciso 2º del artículo 41 del Código del Trabajo, bajo las condiciones señaladas en este Oficio, no deben incluirse en la base de cálculo para el pago de las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y de años de servicio” (Ord. 2314/038 del 06.06.2011).
Para explicarlo en sencillo: a diferencia de lo que había sostenido históricamente, el órgano de fiscalización laboral –subordinado directo de la Ministra del Trabajo- viene en decir que, desde ahora, en los despidos de los trabajadores no será exigible, para calcular su indemnización (el clásico mes por año de servicios), incluir lo que empresa pagaba por colación y movilización. Ni tampoco las asignaciones de caja, los viáticos y otros etcéteras.
Mientras la ministra participa activamente de la Conferencia Internacional de la OIT, y entona su nuevo clásico discurso por la defensa de los derechos de los trabajadores, sus subordinados en Chile ejecutaban las instrucciones: modificaban el histórico criterio que la Dirección del Trabajo, en perjuicio, obvio, de esos mismos trabajadores.
El punto está lejos de ser un detalle para abogados: cualquiera que haya sido despedido, sabe que un porcentaje relevante del monto a pagar por las empresas, corresponde, precisamente, a la inclusión de esos montos. Posiblemente en torno al veinte por ciento, sino más.
Logran así, por fin, asociaciones de empresarios, estudios de abogados empresariales y lobistas un viejo y acariciado sueño: que sus clientes tuvieran una “rebajita” al momento de pagar las indemnizaciones laborales. Dicho de otro modo, se han derogado, por decisión del Gobierno, una parte de las indemnizaciones laborales –el sueño de todo neoliberal chilensis-.
Y se escribía así otro capítulo de la novela de Matthei: el empresario insufrible. Como la de Bolaño.
Matthei no es Bolaño, por supuesto. Pero comparten estilo: según se va leyendo una va teniendo la extraña y curiosa sensación de que ambos nos están tomando el pelo. De que la historia que nos cuenta está llena de trampas. Así ocurrió con el posnatal y ahora ocurre con las indemnizaciones.
En el caso de Bolaño, la búsqueda de Cesarea Tinajero, parece una mera excusa para la diversión del autor –no por nada Bolaño decía de Parra que un genio era el que tomaba el pelo a todos los demás -.
En el caso de Matthei la sensación es parecida: su explosivo relato a favor de los trabajadores, cargado de frases maximalistas – “los empresarios verán una mano dura que no habían visto antes en fiscalización laboral”, y de contenido emotivo –“esto es lo peor que vi en mi vida” “estas condiciones de trabajo nos avergüenzan como chilenos”-, parece una simple excusa retórica: lo suyo es buscar el trabajador perdido, el más barato posible.
Ahora, lo que en la literatura resulta una genialidad –la sensación que de uno no controla nada-, en el manejo de los derechos de los trabajadores no tiene nada de gracioso. Más bien, resulta tristemente patético.
Así, mientras la ministra participa activamente de la Conferencia Internacional de la OIT, y entona su nuevo clásico discurso por la defensa de los derechos de los trabajadores, sus subordinados en Chile ejecutaban las instrucciones: modificaban el histórico criterio que la Dirección del Trabajo, en perjuicio, obvio, de esos mismos trabajadores.
Y de paso, se olvidaba, en la novela de Matthei, un clásico principio que los laboralistas construyeron hace ya casi un siglo: el principio pro-operario o de favor al trabajador. En su lugar, se instalaba, el nuevo principio del pro-empresario o favor del más fuerte.
El resultado es, en todo caso, de novela negra: los trabajadores chilenos a quienes se les paga colación y movilización –como muchos de los que leen estas líneas- acaban de perder, por la pluma juguetona del nuevo gobierno, una parte significativa de su futura indemnización.
Como se ve, la novela de Matthei no es nada de divertida. En su literatura, las cosas son crudas y las trampas previsibles: los ganadores y los perdedores siempre están del mismo lado.
Aunque la novelista se esfuerce en decirnos, con tono enérgico y emotivo, lo contrario.
SINTRISAN DICE : ME PREOCUPAN ESOS OTROS ETCETERA...
viernes, 10 de junio de 2011
Jueves 9 de Junio 2011 20:47 hrs.
Ley de pesca divide las aguas
Rodrigo Alarcón
El Gobierno enviará en las próximas semanas la nueva ley que reemplazará a la actual normativa sobre Límite Máximo de Captura. Aunque aún no se conoce el texto, organizaciones gremiales y sindicales ya han manifestados sus reparos.
El proyecto de ley de pesca anunciado por el Presidente Sebastián Piñera en su discurso del pasado 21 de mayo ha provocado controversia entre distintos actores.
La iniciativa reemplazará la actual ley de Límite Máximo de Captura por Armador, que vence a fines de 2012. Y en un sector que entre pesca industrial y artesanal vende unos mil 800 millones de dólares al año, mil 500 de los cuales son exportados, la nueva legislación causa polémica.
El pasado miércoles, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, presentó la propuesta a la comisión de Pesca de la Cámara de Diputados.El Gobierno pretende licitar hasta el 50 por ciento de las cuotas históricas de captura, en un sistema mixto que combine las subastas con el reconocimiento de los llamados “derechos históricos”, que hasta ahora han permitido asignar las cuotas para los grandes industriales.
La Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) han manifestado sus reparos, argumentando que el sector privado posee derechos de uso que ya fueron asignados, por lo que suprimirlos constituiría una expropiación.
Además, sostienen que con las licitaciones se pueden entregar cuotas pesqueras a empresas extranjeras, crítica que ha sido compartida por organizaciones de pescadores artesanales.
Hugo Arancibia, presidente de la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales, criticó la poca claridad sobre la nueva legislación y acusó al Gobierno de hacer leyes “a escondidas”.
Además, enfatizó las diferencias entre los motivos de la organización que preside con los grandes industriales, para oponerse a la ley.
“La industria sólo le está dando un carácter a la licitación del punto de vista económico. Lo que estamos diciendo es que hay una complicada situación en curso que no amerita tener un proceso como este. Además el sector artesanal no está dispuesto a que le estén quitando un porcentaje para ser licitado. No estamos disponibles para que nuevamente entren a trabajar banderas de otros países que tienen intereses económicos que nos pueden perjudicar”, dijo Arancibia.
Por el contrario, la Asociación de Armadores de Buques Pesqueros y Empresas Procesadoras de Productos del Mar (Anapesca) ha respondido que los argumentos de los industriales no corresponden a la realidad pesquera chilena.
El gerente de Anapesca, Santiago Gacitúa, afirmó que los actuales dueños de las cuotas pesqueras son “los únicos beneficiados a costa de los recursos pesqueros de todos los chilenos”.
Rodrigo Vial, director de Anapesca, defendió la idea de licitar cuotas pesqueras propuesta por el Gobierno.
“No nos parece justo que un recurso nacional quede en manos de un cierto número de personas y que nunca más o por mucho tiempo vuelva a ser posible acceder a estos recursos. No le estoy pidiendo a nadie que renuncie a tener recursos, sino que cada cierto tiempo se abra la posibilidad de licitarlos. No estamos pidiendo nada extraordinario, sino una cosa perfectamente normal en todo régimen económico moderno y serio. Los títulos inmobiliarios se acabaron hace tiempo en este país”, sentenció Gacitúa.
Por otra parte, Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach) cuestionó la iniciativa del Gobierno y subrayó la necesidad de preservar los recursos.
“No estamos ni a favor de la licitación ni de los límites máximos de captura porque son cuotas individuales. Nuestra gente lo único que quiere es pescar y hoy las únicas pesquerías que están sanas son las que tienen los artesanales. Nos extraña que esté hablando de cuotas, de 25 años o más, perpetuar la ley de límites máximos o de licitar, pero no sabemos qué van a entregar o de qué manera van a asegurar que los recursos perduren en el tiempo. De eso estamos preocupados los artesanales, más que de traspasar o vender papeles”, aseguró la dirigente.
Se espera que el Gobierno envíe el proyecto definitivo durante las próximas semanas, y desde ya se anticipa un duro debate parlamentario.
Héctor Kol dice:
Jueves 9 Junio en 22:20 pm
Ese es el problema PRINCIPAL de la pesca artesanal…esos dirigentes que no están “ni a favor ni en contra” de que se privaticen los recursos pesqueros…
Lo mismo que con la privatización del mar..no estuvieron ni a favor ni en contra, porque andaban en Roma de paseo con la Presidenta Privatizadora.
La pesca artesanal es una actividad nominal hace rato y todo ello gracias a sus dirigentes.
Kol
Ley de pesca divide las aguas
Rodrigo Alarcón
El Gobierno enviará en las próximas semanas la nueva ley que reemplazará a la actual normativa sobre Límite Máximo de Captura. Aunque aún no se conoce el texto, organizaciones gremiales y sindicales ya han manifestados sus reparos.
El proyecto de ley de pesca anunciado por el Presidente Sebastián Piñera en su discurso del pasado 21 de mayo ha provocado controversia entre distintos actores.
La iniciativa reemplazará la actual ley de Límite Máximo de Captura por Armador, que vence a fines de 2012. Y en un sector que entre pesca industrial y artesanal vende unos mil 800 millones de dólares al año, mil 500 de los cuales son exportados, la nueva legislación causa polémica.
El pasado miércoles, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, presentó la propuesta a la comisión de Pesca de la Cámara de Diputados.El Gobierno pretende licitar hasta el 50 por ciento de las cuotas históricas de captura, en un sistema mixto que combine las subastas con el reconocimiento de los llamados “derechos históricos”, que hasta ahora han permitido asignar las cuotas para los grandes industriales.
La Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) han manifestado sus reparos, argumentando que el sector privado posee derechos de uso que ya fueron asignados, por lo que suprimirlos constituiría una expropiación.
Además, sostienen que con las licitaciones se pueden entregar cuotas pesqueras a empresas extranjeras, crítica que ha sido compartida por organizaciones de pescadores artesanales.
Hugo Arancibia, presidente de la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales, criticó la poca claridad sobre la nueva legislación y acusó al Gobierno de hacer leyes “a escondidas”.
Además, enfatizó las diferencias entre los motivos de la organización que preside con los grandes industriales, para oponerse a la ley.
“La industria sólo le está dando un carácter a la licitación del punto de vista económico. Lo que estamos diciendo es que hay una complicada situación en curso que no amerita tener un proceso como este. Además el sector artesanal no está dispuesto a que le estén quitando un porcentaje para ser licitado. No estamos disponibles para que nuevamente entren a trabajar banderas de otros países que tienen intereses económicos que nos pueden perjudicar”, dijo Arancibia.
Por el contrario, la Asociación de Armadores de Buques Pesqueros y Empresas Procesadoras de Productos del Mar (Anapesca) ha respondido que los argumentos de los industriales no corresponden a la realidad pesquera chilena.
El gerente de Anapesca, Santiago Gacitúa, afirmó que los actuales dueños de las cuotas pesqueras son “los únicos beneficiados a costa de los recursos pesqueros de todos los chilenos”.
Rodrigo Vial, director de Anapesca, defendió la idea de licitar cuotas pesqueras propuesta por el Gobierno.
“No nos parece justo que un recurso nacional quede en manos de un cierto número de personas y que nunca más o por mucho tiempo vuelva a ser posible acceder a estos recursos. No le estoy pidiendo a nadie que renuncie a tener recursos, sino que cada cierto tiempo se abra la posibilidad de licitarlos. No estamos pidiendo nada extraordinario, sino una cosa perfectamente normal en todo régimen económico moderno y serio. Los títulos inmobiliarios se acabaron hace tiempo en este país”, sentenció Gacitúa.
Por otra parte, Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach) cuestionó la iniciativa del Gobierno y subrayó la necesidad de preservar los recursos.
“No estamos ni a favor de la licitación ni de los límites máximos de captura porque son cuotas individuales. Nuestra gente lo único que quiere es pescar y hoy las únicas pesquerías que están sanas son las que tienen los artesanales. Nos extraña que esté hablando de cuotas, de 25 años o más, perpetuar la ley de límites máximos o de licitar, pero no sabemos qué van a entregar o de qué manera van a asegurar que los recursos perduren en el tiempo. De eso estamos preocupados los artesanales, más que de traspasar o vender papeles”, aseguró la dirigente.
Se espera que el Gobierno envíe el proyecto definitivo durante las próximas semanas, y desde ya se anticipa un duro debate parlamentario.
Héctor Kol dice:
Jueves 9 Junio en 22:20 pm
Ese es el problema PRINCIPAL de la pesca artesanal…esos dirigentes que no están “ni a favor ni en contra” de que se privaticen los recursos pesqueros…
Lo mismo que con la privatización del mar..no estuvieron ni a favor ni en contra, porque andaban en Roma de paseo con la Presidenta Privatizadora.
La pesca artesanal es una actividad nominal hace rato y todo ello gracias a sus dirigentes.
Kol
noticia publicada el: 10/06/11
En la Región del Biobío: Envíos de harina de pescado suben durante el mes de marzo
Según lo informado por la oficina regional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las exportaciones de harina de pescado de la Región del Biobío experimentaron un alza en marzo del 2011 del 30% respecto del mismo mes del 2010.
En términos de volumen, la entidad añade que en esta región se produjeron 7.857 t de harina de pescado en el tercer mes del año, cifra un 34% mayor a las 5.874 t registradas en el mismo período del año anterior.
Las exportaciones de esta materia prima representaron el 3% del valor de las exportaciones del mes, con US$ 13,9 millones.
En la Región del Biobío: Envíos de harina de pescado suben durante el mes de marzo
Según lo informado por la oficina regional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las exportaciones de harina de pescado de la Región del Biobío experimentaron un alza en marzo del 2011 del 30% respecto del mismo mes del 2010.
En términos de volumen, la entidad añade que en esta región se produjeron 7.857 t de harina de pescado en el tercer mes del año, cifra un 34% mayor a las 5.874 t registradas en el mismo período del año anterior.
Las exportaciones de esta materia prima representaron el 3% del valor de las exportaciones del mes, con US$ 13,9 millones.
miércoles, 8 de junio de 2011
Noticia publicada el: 08/06/11
Anapesca: "El modo en que algunos industriales han instalado afirmaciones distan de la realidad pesquera chilena"
Durante el segundo semestre del 2011, se espera que se discuta la nueva Ley de Pesca, que está siendo elaborada por el Ministerio de Economía y que debería estar operativa a partir de enero del 2013, situación que ha generado un clima tenso entre los industriales, quienes se oponen a la subasta de las cuotas de pesca y los pequeños y medianos empresarios pesqueros que defienden esta modalidad.
Respecto de la discusión de esta nueva Ley de Pesca, el gerente de la Asociación de Armadores de Buques Pesqueros y Empresas Procesadoras de Productos del Mar (Anapesca), Santiago Gacitúa, afirmó que "la nueva iniciativa legislativa permitirá discutir varios temas que claramente tienen problemas. Se abordará no sólo la necesidad de licitar las cuotas de pesca, sino que también el proceso de toma de decisiones para la determinación de cuotas, la investigación pesquera, la fiscalización, así como el verdadero estado de los recursos pesqueros. Quienes quieren seguir con el regalo de las cuotas exclusivas, señalan que los beneficios del actual sistema han sido muchos. Bueno, veamos cuáles son esos beneficios realmente. Lo que todos vemos es que los únicos beneficiados han sido ellos a costa de los recursos pesqueros de todos los chilenos".
"En vista y considerando que la discusión de la ley comenzará prontamente, nos interesa aclarar algunas afirmaciones que han hecho quienes se oponen a la licitación de cuotas, las cuales no son reales y que, una vez más, ponen en desventaja a las empresas más pequeñas, instalando ideas preconcebidas equivocadas, haciéndole creer a la opinión pública que son ciertas", declaró Gacitúa.
Mitos y realidades
Recientemente, según Anapesca, se han leído en la prensa, específicamente, en cartas a diarios, columnas y artículos relacionados con temas pesqueros, toda clase de afirmaciones míticas que, a juicio del gremio, es necesario aclarar para hacer el proceso más transparente.
En primer lugar, la mencionada asociación explica que si bien se dice que los Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA) se establecieron para mejorar la conservación de los recursos pesqueros, el objetivo, en realidad, fue disminuir la competencia a algunas empresas que tenían "ciertos beneficios" con el gobierno de turno.
Además, expresa el gremio, se dice que el artículo 27 de la Ley de Pesca establece la subasta de pesca para asignar los excedentes de pesca, pero que, al contrario de eso, la ley no dice nada de excedentes, solo establece la facultad de subastar.
Asimismo, respecto de quienes opinan que la subasta o licitación de cuotas producirá concentración en la industria, Anapesca dice que la propuesta del Gobierno es subastar hasta un 50% de la cuota industrial, lo que asegurara que quienes están hoy en día sigan teniendo el otro 50%. "En el peor de los escenarios, si todo lo subastaran quienes ya tienen el otro 50% asegurado, el escenario sería igual al actual. Además, la industria ya está concentrada. En el norte queda sólo una empresa, en el centro cuatro y en el sur sólo tres. La subasta permitiría acceso de otros actores a la pesca y disminuirá la concentración", manifestaron.
De igual forma, la asociación sostiene que las autorizaciones de pesca son derechos precarios que no impidieron se "vaciasen" los intereses de algunos en beneficio de otros, cuando mediante los LMCA en el año 2001 se asignaron cuotas individuales que en los casos de los armadores independientes, o quienes de recibieron cuotas paupérrimas, no pudieron operar y tuvieron que salir del negocio. Agrega que el Consejo Nacional de Pesca está formado casi exclusivamente por la Asipes y Sonapesca, por asesores de los mismos, sus empleados y sus trabajadores, y ha sido el principal responsable de la sobreexplotación pesquera en Chile.
También aclararon que es un mito que los trabajadores de la pesca sufrirán perjuicio si se licitan las cuotas de pesca, ya que estos sufren sólo si disminuyen las capturas de pesca y poco o nada influye quién las pesque o procese. Y respecto de la afirmación de que el jurel migró y que por eso no hay recurso y hay que salir a pescarlo compitiendo con flotas extranjeras, en Anapesca dicen que el jurel fue sobreexplotado dentro de las 200 millas debido a que las cuotas entregadas por más de una década por el Consejo Nacional de Pesca estaban muy por sobre la cantidad científicamente recomendada que permite la sustentabilidad del recurso.
"No es tal que las licitaciones abrirán el campo a inversionistas internacionales que se llevarán la pesca a otros países para procesarla con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Para capturar la pesca dentro del mar chileno o la ZEE (Zona Económica Exclusiva) es necesario tener un buque matriculado en Chile y regido por la Ley de Navegación Chilena. Barcos fábrica no son legales en Chile, salvo en el extremo sur del país. Para descargar la pesca en puerto chileno, es necesario cumplir con la legislación chilena que prohíbe descargar pesca de buques extranjeros, a menos que, cumplan con la legislación pesquera chilena", concluyó la asociación.
Anapesca: "El modo en que algunos industriales han instalado afirmaciones distan de la realidad pesquera chilena"
Durante el segundo semestre del 2011, se espera que se discuta la nueva Ley de Pesca, que está siendo elaborada por el Ministerio de Economía y que debería estar operativa a partir de enero del 2013, situación que ha generado un clima tenso entre los industriales, quienes se oponen a la subasta de las cuotas de pesca y los pequeños y medianos empresarios pesqueros que defienden esta modalidad.
Respecto de la discusión de esta nueva Ley de Pesca, el gerente de la Asociación de Armadores de Buques Pesqueros y Empresas Procesadoras de Productos del Mar (Anapesca), Santiago Gacitúa, afirmó que "la nueva iniciativa legislativa permitirá discutir varios temas que claramente tienen problemas. Se abordará no sólo la necesidad de licitar las cuotas de pesca, sino que también el proceso de toma de decisiones para la determinación de cuotas, la investigación pesquera, la fiscalización, así como el verdadero estado de los recursos pesqueros. Quienes quieren seguir con el regalo de las cuotas exclusivas, señalan que los beneficios del actual sistema han sido muchos. Bueno, veamos cuáles son esos beneficios realmente. Lo que todos vemos es que los únicos beneficiados han sido ellos a costa de los recursos pesqueros de todos los chilenos".
"En vista y considerando que la discusión de la ley comenzará prontamente, nos interesa aclarar algunas afirmaciones que han hecho quienes se oponen a la licitación de cuotas, las cuales no son reales y que, una vez más, ponen en desventaja a las empresas más pequeñas, instalando ideas preconcebidas equivocadas, haciéndole creer a la opinión pública que son ciertas", declaró Gacitúa.
Mitos y realidades
Recientemente, según Anapesca, se han leído en la prensa, específicamente, en cartas a diarios, columnas y artículos relacionados con temas pesqueros, toda clase de afirmaciones míticas que, a juicio del gremio, es necesario aclarar para hacer el proceso más transparente.
En primer lugar, la mencionada asociación explica que si bien se dice que los Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA) se establecieron para mejorar la conservación de los recursos pesqueros, el objetivo, en realidad, fue disminuir la competencia a algunas empresas que tenían "ciertos beneficios" con el gobierno de turno.
Además, expresa el gremio, se dice que el artículo 27 de la Ley de Pesca establece la subasta de pesca para asignar los excedentes de pesca, pero que, al contrario de eso, la ley no dice nada de excedentes, solo establece la facultad de subastar.
Asimismo, respecto de quienes opinan que la subasta o licitación de cuotas producirá concentración en la industria, Anapesca dice que la propuesta del Gobierno es subastar hasta un 50% de la cuota industrial, lo que asegurara que quienes están hoy en día sigan teniendo el otro 50%. "En el peor de los escenarios, si todo lo subastaran quienes ya tienen el otro 50% asegurado, el escenario sería igual al actual. Además, la industria ya está concentrada. En el norte queda sólo una empresa, en el centro cuatro y en el sur sólo tres. La subasta permitiría acceso de otros actores a la pesca y disminuirá la concentración", manifestaron.
De igual forma, la asociación sostiene que las autorizaciones de pesca son derechos precarios que no impidieron se "vaciasen" los intereses de algunos en beneficio de otros, cuando mediante los LMCA en el año 2001 se asignaron cuotas individuales que en los casos de los armadores independientes, o quienes de recibieron cuotas paupérrimas, no pudieron operar y tuvieron que salir del negocio. Agrega que el Consejo Nacional de Pesca está formado casi exclusivamente por la Asipes y Sonapesca, por asesores de los mismos, sus empleados y sus trabajadores, y ha sido el principal responsable de la sobreexplotación pesquera en Chile.
También aclararon que es un mito que los trabajadores de la pesca sufrirán perjuicio si se licitan las cuotas de pesca, ya que estos sufren sólo si disminuyen las capturas de pesca y poco o nada influye quién las pesque o procese. Y respecto de la afirmación de que el jurel migró y que por eso no hay recurso y hay que salir a pescarlo compitiendo con flotas extranjeras, en Anapesca dicen que el jurel fue sobreexplotado dentro de las 200 millas debido a que las cuotas entregadas por más de una década por el Consejo Nacional de Pesca estaban muy por sobre la cantidad científicamente recomendada que permite la sustentabilidad del recurso.
"No es tal que las licitaciones abrirán el campo a inversionistas internacionales que se llevarán la pesca a otros países para procesarla con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Para capturar la pesca dentro del mar chileno o la ZEE (Zona Económica Exclusiva) es necesario tener un buque matriculado en Chile y regido por la Ley de Navegación Chilena. Barcos fábrica no son legales en Chile, salvo en el extremo sur del país. Para descargar la pesca en puerto chileno, es necesario cumplir con la legislación chilena que prohíbe descargar pesca de buques extranjeros, a menos que, cumplan con la legislación pesquera chilena", concluyó la asociación.
compañía destaca sus buenos resultados
Camanchaca: en el Congreso hay oposición a licitar cuotas de pesca
El gerente general, Ricardo García, dice que recuperación de la empresa “es un hecho”.
Los buenos resultados de Camanchaca durante el primer trimestre mantienen optimista a su gerente general, Ricardo García. Para el ejecutivo, los números de la compañía indican que su recuperación “ya es un hecho”, destacando el cumplimiento de los compromisos adquiridos con sus inversionistas. Aunque el foco de la compañía está puesto en el negocio de los salmones, la posibilidad de que el gobierno envíe un proyecto de ley para licitar las cuotas de la pesca no los deja indiferentes. “Tenemos antecedentes de que habría oposición en el Congreso al proyecto”, comentó García respecto a este supuesto escenario. De todos modos, destacó que las decisiones de la empresa no han estado influenciadas por esta coyuntura e indicó que “nuestras acciones y señales son de confianza de que vamos a poder seguir desarrollando, como lo hemos hecho por muchas décadas, la actividad de pesca extractiva”. Actualmente, Camanchaca opera tres áreas de negocios y tras la aparición del virus ISA, la relevancia de la pesca para los ingresos de la compañía han aumentado de manera importante. Hoy, un 63% de esos ingresos viene de esta parte, mientras que un 26% proviene de los salmones (antes del ISA representaban un 55%), y se proyecta que los cultivos aumenten hasta 11%.Con inversiones por unos US$ 134 millones en el área de salmones, la compañía espera comenzar con cosechas y ventas de salmón salar (atlántico), en septiembre de este año, estimando ventas por unos US$ 30 millones.
Con respecto a la fusión con Pesquera Biobío, en la empresa esperan que se concreten los trámites legales en unos 90 días. De todas formas, señalaron que de los US$ 7,6 millones estimados en sinergias anuales, al primer trimestre ya se han materializado US$ 1,3 millones. En relación a la deuda de Camanchaca, destacaron que está muy por debajo del promedio de la industria.
SINTRISAN DICE: QUE BUEN DATO, ..¿CUAL CRISIS? PARA ELLOS NO... PARA LA GENTE SI...
Camanchaca: en el Congreso hay oposición a licitar cuotas de pesca
El gerente general, Ricardo García, dice que recuperación de la empresa “es un hecho”.
Los buenos resultados de Camanchaca durante el primer trimestre mantienen optimista a su gerente general, Ricardo García. Para el ejecutivo, los números de la compañía indican que su recuperación “ya es un hecho”, destacando el cumplimiento de los compromisos adquiridos con sus inversionistas. Aunque el foco de la compañía está puesto en el negocio de los salmones, la posibilidad de que el gobierno envíe un proyecto de ley para licitar las cuotas de la pesca no los deja indiferentes. “Tenemos antecedentes de que habría oposición en el Congreso al proyecto”, comentó García respecto a este supuesto escenario. De todos modos, destacó que las decisiones de la empresa no han estado influenciadas por esta coyuntura e indicó que “nuestras acciones y señales son de confianza de que vamos a poder seguir desarrollando, como lo hemos hecho por muchas décadas, la actividad de pesca extractiva”. Actualmente, Camanchaca opera tres áreas de negocios y tras la aparición del virus ISA, la relevancia de la pesca para los ingresos de la compañía han aumentado de manera importante. Hoy, un 63% de esos ingresos viene de esta parte, mientras que un 26% proviene de los salmones (antes del ISA representaban un 55%), y se proyecta que los cultivos aumenten hasta 11%.Con inversiones por unos US$ 134 millones en el área de salmones, la compañía espera comenzar con cosechas y ventas de salmón salar (atlántico), en septiembre de este año, estimando ventas por unos US$ 30 millones.
Con respecto a la fusión con Pesquera Biobío, en la empresa esperan que se concreten los trámites legales en unos 90 días. De todas formas, señalaron que de los US$ 7,6 millones estimados en sinergias anuales, al primer trimestre ya se han materializado US$ 1,3 millones. En relación a la deuda de Camanchaca, destacaron que está muy por debajo del promedio de la industria.
SINTRISAN DICE: QUE BUEN DATO, ..¿CUAL CRISIS? PARA ELLOS NO... PARA LA GENTE SI...
lunes, 6 de junio de 2011
La nueva Ley de Pesca que impulsará el gobierno y a la que se oponen los industriales
Será uno de los proyectos más relevantes del segundo semestre y se anticipa una ardua discusión en el Congreso. El Ejecutivo pretende licitar hasta el 50% de las cuotas.
por César Valenzuela/Carla Alonso - 05/06/2011
Con una importante carpeta bajo el brazo inició su viaje a Europa el Presidente Sebastián Piñera el 23 de mayo. El Mandatario, quien tras participar en la reunión anual de la Ocde en París se dirigió a Italia para iniciar unas vacaciones con su familia, llevaba consigo la propuesta con la nueva Ley de Pesca elaborada por el Ministerio de Economía y que establece la licitación de parte de las cuotas históricas de captura a contar de diciembre de 2012.Tras volver al país este fin de semana, Piñera se reunirá con el titular de la cartera, Juan Andrés Fontaine, para afinar el texto final que ingresaría al Parlamento entre junio y julio, señalan fuentes de gobierno.La propuesta de Economía plantea un esquema mixto que combine la subasta individual de una porción de las cuotas con el reconocimiento de derechos históricos sobre los cuáles se asignan hasta hoy las cuotas. Los actuales derechos de pesca datan de décadas atrás, cuando eran asignados por la autoridad a petición de los interesados en las principales pesquerías. En 1991, con el objetivo de organizar estos derechos en función de la conservación de los recursos, la autoridad dictó una nueva Ley de Pesca. El artículo 27 estableció la posibilidad de licitar hasta el 50% de la cuota global de las pesquerías en plena explotación, a razón de fracciones de 5% anual del excedente. Sin embargo, ese mecanismo nunca se utilizó porque no hubo excedentes productivos y porque no se dictaron los reglamentos necesarios. El mecanismo de licitación que sí se aplicó involucró a pesquerías sin historial empresarial previo, como langostinos, orange roughy y bacalao de profundidad, que la autoridad lleva subastando hace 18 años.En enero de 2001 y para enfrentar la sobreexplotación que afectó a algunos recursos, se fijó un límite máximo de captura por armador de dos años, sobre la base de las capturas históricas de cada empresa. El sistema se renovó por diez años en 2002. Y vence el 2012.El objetivo de la nueva propuesta, dicen en el gobierno, apunta a un sistema mixto, donde el 50% de las cuotas se reconoce como derecho histórico y el otro 50% se licita. La gran diferencia con el esquema anterior estará en los plazos. Con la ley anterior, al concursar un 5% por año se hubiese entregado el 50% en 10 años. El gobierno pretende acelerar ese lapso. Y aunque en ningún caso se planea licitar todo en un solo año, sí se podría hacer en dos. En el Ejecutivo y en el sector hablan de una licitación por el 25%.Para Economía, este será uno de sus principales proyectos para el segundo semestre. La cartera ha usado como referentes los modelos de Perú, N. Zelanda, Noruega e Islandia.En ese Ministerio, eso sí, admiten que el proyecto enfrentará una difícil tramitación en el Parlamento, dada la fuerte oposición del sector privado. Coincide el presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Carlos Recondo (UDI): "Visualizo la discusión muy compleja (...). Tiendo a pensar que en materia de licitación no hay piso para ello, porque la mayoría de los diputados creen que el sistema actual le da más estabilidad al sector". En el gobierno creen que las opiniones parlamentarias están divididas.El sector, sin duda, tiene peso específico: sumando pesca industrial y artesanal vende US$ 1.800 millones al año, de los que exportan US$ 1.500 millones. En la industria -donde tienen presencia los grupos Angelini, Yaconi-Santa Cruz y la familia Sarquis, entre otros-, creen que la licitación vulnera derechos históricos, afecta la certeza jurídica y no reconoce las inversiones efectuadas por el sector. Roberto Angelini, presidente de Corpesca y SKP, ya señaló que la iniciativa privará "total o parcialmente a las empresas de sus derechos de pesca para ser vendidos a través de licitaciones públicas. Esto implica, necesariamente, una expropiación previa". Por ello, en Economía se preparan para un arduo debate.EL PROYECTOEl miércoles, el titular de Economía, Juan Andrés Fontaine, expuso los lineamientos de la nueva política ante la comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. El diagnóstico de la autoridad apunta a que las políticas pesqueras han sido cortoplacistas, con cuotas globales mayores a las recomendadas técnicamente y períodos de veda sujetos a excesiva discrecionalidad. Fontaine dijo que la adopción de un esquema mixto permitirá asegurar de mejor manera la sustentabilidad de los recursos, perfeccionando la transferibilidad, divisibilidad y duración de largo plazo de las cuotas. "Hemos pensado en algo así como 25 años", reveló Fontaine en Valparaíso. "Debemos establecer un sistema que le dé incentivos a los actores individuales para explotar los recursos pesqueros en forma sustentable y pensamos que la base de eso son las cuotas individuales de pesca. Esto surge el 2001 con la ley de máximos de captura, pero creemos que hoy se puede hacer mejor que en esa oportunidad", dijo a los parlamentarios.La propuesta de Economía considera además mantener la prohibición al sector industrial de operar en las primeras cinco millas marítimas, reservadas para la pesca artesanal. También se plantea la idea de radicar en la Subsecretaría de Pesca y en Economía las decisiones sobre cuotas globales de pesca o vedas biológicas y extractivas. Hoy esa responsabilidad se comparte con el Consejo Nacional de Pesca -que reúne mayoritariamente a representantes del sector-, el que tendría ahora un carácter consultivo y no resolutivo.OPERADORES EN PIE DE ESPERAEl sector privado sigue atento el tema. Luis Felipe Moncada, gerente de Asipes -gremio que reúne a los industriales de la zona centro sur-, sabe que la autoridad "está buscando alguna definición en las próximas semanas", pero el gremio no conoce detalles. De hecho, el martes 31 de mayo la mesa de Sonapesca, encabezada por los vicepresidentes Carlos Vial y Roberto Izquierdo, y el presidente, Rodrigo Sarquis, visitó al subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, para conocer antecedentes del proyecto. "El subsecretario dijo que no podía hablar porque el tema lo tenía el ministro", cuenta Sarquis. Asipes y los gremios también han sostenido conversaciones con parlamentarios de distintos sectores "para auscultar su visión del tema y entregarles información", dice Moncada, y con centros de estudios de distintas sensibilidades. Uno de ellos es Libertad y Desarrollo, con quiénes trabajan en "un diagnóstico del sector", detalla Héctor Bacigalupo, gerente general de Sonapesca.También han consultado a investigadores, universidades o institutos sobre la legislación de otros países. "Hemos estado activos buscando la mejor información", indica el presidente de Sonapesca. El gremio sostiene que sólo Rusia y Estonia, de 22 países que han estudiado, han utilizado mecanismos de subasta. Y ambos se retractaron y volvieron atrás.El tema no es menor, ya que la zona centro sur -de la V a la IX Región- concentra 75% de las 250 mil toneladas de jurel que extraerá la pesca industrial este año. En ese mercado, el principal operador es El Golfo, de los Yaconi-Santa Cruz, con 12,2% de la cuota de 2011; seguido de Itata, de la familia Sarquis; SKP, de Angelini; Alimentos Marinos y Camanchaca. Todos rechazan el proyecto.POR QUE SE OPONENEn Sonapesca advierten que una licitación impone incertidumbres a una industria que ha visto caer sus embarques en los últimos 15 años (ver infografia); dicen que las principales pesquerías son compartidas y que el sector artesanal representó en 2010 el 50% de las capturas. "Si el énfasis del proyecto de gobierno está en la asignación, será bastante difícil de tramitar", vaticina Sarquis.Los pesqueros argumentan que el sector tiene derechos de uso que fueron otorgados entre las décadas del 40 y el 80, y que quitarlos constituye una expropiación. Un asesor legal de la industria contabiliza cinco estudios de reputados constitucionalistas locales diciendo lo mismo. Por lo mismo, asegura que el gobierno está en un problema que deberá enfrentar, con mal pronóstico, en el Tribunal Constitucional.Si el proyecto prospera, dicen que se correrá el riesgo de entregar parte de estas cuotas a extranjeros y que se promoverá una mayor concentración, ya que ganarán quienes hagan las mayores ofertas económicas."Nunca habíamos visto que una empresa extranjera, en este caso la noruega Lota Protein, haga una presión tan fuerte al gobierno para que acoja la idea de licitar", dice Sarquis, quien usa una comparación en su reclamo. Le sorprende, dice, "cómo el gobierno está jugado por respetar los derechos de uso en la industria televisiva y busca desconocerlos en la industria pesquera"
Será uno de los proyectos más relevantes del segundo semestre y se anticipa una ardua discusión en el Congreso. El Ejecutivo pretende licitar hasta el 50% de las cuotas.
por César Valenzuela/Carla Alonso - 05/06/2011
Con una importante carpeta bajo el brazo inició su viaje a Europa el Presidente Sebastián Piñera el 23 de mayo. El Mandatario, quien tras participar en la reunión anual de la Ocde en París se dirigió a Italia para iniciar unas vacaciones con su familia, llevaba consigo la propuesta con la nueva Ley de Pesca elaborada por el Ministerio de Economía y que establece la licitación de parte de las cuotas históricas de captura a contar de diciembre de 2012.Tras volver al país este fin de semana, Piñera se reunirá con el titular de la cartera, Juan Andrés Fontaine, para afinar el texto final que ingresaría al Parlamento entre junio y julio, señalan fuentes de gobierno.La propuesta de Economía plantea un esquema mixto que combine la subasta individual de una porción de las cuotas con el reconocimiento de derechos históricos sobre los cuáles se asignan hasta hoy las cuotas. Los actuales derechos de pesca datan de décadas atrás, cuando eran asignados por la autoridad a petición de los interesados en las principales pesquerías. En 1991, con el objetivo de organizar estos derechos en función de la conservación de los recursos, la autoridad dictó una nueva Ley de Pesca. El artículo 27 estableció la posibilidad de licitar hasta el 50% de la cuota global de las pesquerías en plena explotación, a razón de fracciones de 5% anual del excedente. Sin embargo, ese mecanismo nunca se utilizó porque no hubo excedentes productivos y porque no se dictaron los reglamentos necesarios. El mecanismo de licitación que sí se aplicó involucró a pesquerías sin historial empresarial previo, como langostinos, orange roughy y bacalao de profundidad, que la autoridad lleva subastando hace 18 años.En enero de 2001 y para enfrentar la sobreexplotación que afectó a algunos recursos, se fijó un límite máximo de captura por armador de dos años, sobre la base de las capturas históricas de cada empresa. El sistema se renovó por diez años en 2002. Y vence el 2012.El objetivo de la nueva propuesta, dicen en el gobierno, apunta a un sistema mixto, donde el 50% de las cuotas se reconoce como derecho histórico y el otro 50% se licita. La gran diferencia con el esquema anterior estará en los plazos. Con la ley anterior, al concursar un 5% por año se hubiese entregado el 50% en 10 años. El gobierno pretende acelerar ese lapso. Y aunque en ningún caso se planea licitar todo en un solo año, sí se podría hacer en dos. En el Ejecutivo y en el sector hablan de una licitación por el 25%.Para Economía, este será uno de sus principales proyectos para el segundo semestre. La cartera ha usado como referentes los modelos de Perú, N. Zelanda, Noruega e Islandia.En ese Ministerio, eso sí, admiten que el proyecto enfrentará una difícil tramitación en el Parlamento, dada la fuerte oposición del sector privado. Coincide el presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Carlos Recondo (UDI): "Visualizo la discusión muy compleja (...). Tiendo a pensar que en materia de licitación no hay piso para ello, porque la mayoría de los diputados creen que el sistema actual le da más estabilidad al sector". En el gobierno creen que las opiniones parlamentarias están divididas.El sector, sin duda, tiene peso específico: sumando pesca industrial y artesanal vende US$ 1.800 millones al año, de los que exportan US$ 1.500 millones. En la industria -donde tienen presencia los grupos Angelini, Yaconi-Santa Cruz y la familia Sarquis, entre otros-, creen que la licitación vulnera derechos históricos, afecta la certeza jurídica y no reconoce las inversiones efectuadas por el sector. Roberto Angelini, presidente de Corpesca y SKP, ya señaló que la iniciativa privará "total o parcialmente a las empresas de sus derechos de pesca para ser vendidos a través de licitaciones públicas. Esto implica, necesariamente, una expropiación previa". Por ello, en Economía se preparan para un arduo debate.EL PROYECTOEl miércoles, el titular de Economía, Juan Andrés Fontaine, expuso los lineamientos de la nueva política ante la comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. El diagnóstico de la autoridad apunta a que las políticas pesqueras han sido cortoplacistas, con cuotas globales mayores a las recomendadas técnicamente y períodos de veda sujetos a excesiva discrecionalidad. Fontaine dijo que la adopción de un esquema mixto permitirá asegurar de mejor manera la sustentabilidad de los recursos, perfeccionando la transferibilidad, divisibilidad y duración de largo plazo de las cuotas. "Hemos pensado en algo así como 25 años", reveló Fontaine en Valparaíso. "Debemos establecer un sistema que le dé incentivos a los actores individuales para explotar los recursos pesqueros en forma sustentable y pensamos que la base de eso son las cuotas individuales de pesca. Esto surge el 2001 con la ley de máximos de captura, pero creemos que hoy se puede hacer mejor que en esa oportunidad", dijo a los parlamentarios.La propuesta de Economía considera además mantener la prohibición al sector industrial de operar en las primeras cinco millas marítimas, reservadas para la pesca artesanal. También se plantea la idea de radicar en la Subsecretaría de Pesca y en Economía las decisiones sobre cuotas globales de pesca o vedas biológicas y extractivas. Hoy esa responsabilidad se comparte con el Consejo Nacional de Pesca -que reúne mayoritariamente a representantes del sector-, el que tendría ahora un carácter consultivo y no resolutivo.OPERADORES EN PIE DE ESPERAEl sector privado sigue atento el tema. Luis Felipe Moncada, gerente de Asipes -gremio que reúne a los industriales de la zona centro sur-, sabe que la autoridad "está buscando alguna definición en las próximas semanas", pero el gremio no conoce detalles. De hecho, el martes 31 de mayo la mesa de Sonapesca, encabezada por los vicepresidentes Carlos Vial y Roberto Izquierdo, y el presidente, Rodrigo Sarquis, visitó al subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, para conocer antecedentes del proyecto. "El subsecretario dijo que no podía hablar porque el tema lo tenía el ministro", cuenta Sarquis. Asipes y los gremios también han sostenido conversaciones con parlamentarios de distintos sectores "para auscultar su visión del tema y entregarles información", dice Moncada, y con centros de estudios de distintas sensibilidades. Uno de ellos es Libertad y Desarrollo, con quiénes trabajan en "un diagnóstico del sector", detalla Héctor Bacigalupo, gerente general de Sonapesca.También han consultado a investigadores, universidades o institutos sobre la legislación de otros países. "Hemos estado activos buscando la mejor información", indica el presidente de Sonapesca. El gremio sostiene que sólo Rusia y Estonia, de 22 países que han estudiado, han utilizado mecanismos de subasta. Y ambos se retractaron y volvieron atrás.El tema no es menor, ya que la zona centro sur -de la V a la IX Región- concentra 75% de las 250 mil toneladas de jurel que extraerá la pesca industrial este año. En ese mercado, el principal operador es El Golfo, de los Yaconi-Santa Cruz, con 12,2% de la cuota de 2011; seguido de Itata, de la familia Sarquis; SKP, de Angelini; Alimentos Marinos y Camanchaca. Todos rechazan el proyecto.POR QUE SE OPONENEn Sonapesca advierten que una licitación impone incertidumbres a una industria que ha visto caer sus embarques en los últimos 15 años (ver infografia); dicen que las principales pesquerías son compartidas y que el sector artesanal representó en 2010 el 50% de las capturas. "Si el énfasis del proyecto de gobierno está en la asignación, será bastante difícil de tramitar", vaticina Sarquis.Los pesqueros argumentan que el sector tiene derechos de uso que fueron otorgados entre las décadas del 40 y el 80, y que quitarlos constituye una expropiación. Un asesor legal de la industria contabiliza cinco estudios de reputados constitucionalistas locales diciendo lo mismo. Por lo mismo, asegura que el gobierno está en un problema que deberá enfrentar, con mal pronóstico, en el Tribunal Constitucional.Si el proyecto prospera, dicen que se correrá el riesgo de entregar parte de estas cuotas a extranjeros y que se promoverá una mayor concentración, ya que ganarán quienes hagan las mayores ofertas económicas."Nunca habíamos visto que una empresa extranjera, en este caso la noruega Lota Protein, haga una presión tan fuerte al gobierno para que acoja la idea de licitar", dice Sarquis, quien usa una comparación en su reclamo. Le sorprende, dice, "cómo el gobierno está jugado por respetar los derechos de uso en la industria televisiva y busca desconocerlos en la industria pesquera"