avisos

compañeros hay un plazo para postulaciones a emprendimiento para quienes deseen postular contactarse con este numero 9 3 5 8 6 8 7 5 hay plazo hasta el 8 de enero asi que a juntar de nuevo los papeles y hacerla corta
la directiva

jueves, 26 de enero de 2012

Presidente de Fetrapes escribe sobre conflicto de intereses en Ley de Pesca
El conflicto de intereses llega a la discusión de la ley de pesca y evidencia la cosa nostra de la

industria pesquera
24 de Enero, 2012 13:01
Vergüenza, impotencia, humillación son los sentimientos que brotan Ante la denuncia realizada por parlamentarios DC Cristiana Fuad Chahín, Carolina Goic y Gabriel Ascencio ante contraloría por el conflicto de interese por parte del ministro de hacienda Felipe Larrain al firmar ley de pesca y el grado de vinculación con el grupo Angelini uno de los dueños de la peces de chile.
Para los trabajadores de la industria pesquera ya nada debiese sorprende, pero de igual forma remece.
Se logra entender el por que el afan de ponerles suma urgencias a proyectos de ley de pesca, presionando al parlamento por parte del ejecutivo para sacar menos de un mes donde se le bajar la talla mínima del jurel para el norte de chile, todo en busca de favorecer influyente conglomerado encabezado por las empresas del grupo Angelini
Se entienden que el proyecto de ley en discusión en cámara de diputados sea tan ambiguo sobre todo en el tema de licitación de cuotas y también se la presion para sacarlo rápido,
Se entiende la presión realizada para validar un acuerdo de la mesa de pesquera que no fue otra que una repartija entre cuatro paredes en beneficios de los participantes,
Se entiende las presionas para acallar a las opiniones contrarias a los mezquinos intereses de apropiarse del patrimonio nacional,
Se entiende la petición de un grupo de personas (reclutas a mercenarios) patrocinados por estas compañías pesqueras, para sacar de la mesa laboral a Fetrapes,
Se entiende las presiones a los trabajadores y representante laborales, parlamentarios y otros por osar tener una opinión diferente.
Se podrán entender muchas cosas, pero eso no obliga a aceptarlo y mas quedarnos con los brazos cruzados, por lo que se felicita la osadía de estos parlamentarios por el denunciar este estilo de colucion, corrupción al fin da los mismo, ya que colusión a solas le queda chico, se solidariza con parlamentarios que han sido capaz de decir basta de presiones indebidas, y se insta a continuar denunciando, mas a un cuando esta no cabe duda que es la punta del iceberg.
Por ultimo, los trabajadores hacemos un llamado a todos quienes les queda un poco de dignidad a no dejarse presionar y actuar en conciencia, mas a un cuando al hablar de peces estamos hablando de las reservas de alimentos tanto para los chileno coma para el mundo
Juan Montenegro S.
Presidente
Fetrapes
Consejero Nacional de Pesca
Radiografía a la industria pesquera II: Los nueve dueños del mar chileno
por Juan Pablo Figueroa

Con la repartición del mar chileno en 2001, partió un proceso que terminó por concentrar la explotación de los recursos marinos en unos pocos gigantes pesqueros. Nueve grupos económicos son dueños del 90% de la pesca industrial de jurel, sardina y anchoveta. Un negocio que les reporta más de US$1.200 millones al año. Si se mantiene el acuerdo que en septiembre alcanzó con ellos el gobierno, así seguirá por los próximos 20 años. Aunque quizás no quede tiempo: la mala administración y sobreexplotación de las aguas chilenas por parte de las pesqueras tienen al jurel y otros peces a punto de desaparecer.
Vea el multimedia:
Mapa: Los dueños del mar chileno.
Blumar S.A. es titular del 20,28% de la cuota industrial de jurel, del 26,07% de sardina común, del 31,05% de merluza común y del 15,74% de merluza de cola; pero de esta empresa nada se sabía en Chile hasta hace sólo unos meses. Su nombre era completamente desconocido hasta el 8 de octubre de 2011, cuando
apareció en el Diario Oficial y en el mapa de la pesca nacional. Así pasó a llamarse Pesquera Itata S.A. luego de fusionarse con Pesquera El Golfo S.A. y quedar con un capital de US$ 241.903.755 (poco más de $124 mil millones). Con esa fusión, las inversiones pesqueras de la familia Sarquis y del grupo Yaconi-Santa Cruz pasaron a ser una sola compañía, y de paso, a ser la empresa individual que concentra el derecho a explotar la mayor parte de los recursos pesqueros en Chile.
Las dos sociedades que dieron origen a Blumar S.A. partieron casi de forma simultánea. Pesquera Itata S.A. fue constituida en 1961 por Jorge Sarquis Nasim y su hijo Sergio Sarquis Menassa. Un año después, Walter Stengel y Marcos Hinztler crearon Pesquera “El Golfo” Stengel y Cía. Ltda. Y a pesar de que las dos operaban en Talcahuano, sus historias corrieron por carriles distintos.
En las décadas siguientes, la propiedad de Itata –que
desde 1992 participa en la Bolsa– sufrió varios cambios, aunque sólo en el papel: todas las sociedades a las que se le transfirió el control de la empresa pertenecen la familia Sarquis. La propiedad de El Golfo, en cambio, se modificó. En diciembre de 1986, la familia Stengel le vendió la empresa a Compañía de Rentas e Inversiones San Ignacio S.A. (de Hugo Yaconi), Inversiones y Rentas Con-Con S.A. (de Manuel Santa Cruz), Sociedad de Inversiones y Servicios Cassis Ltda., Compañía de Rentas e Inversiones Terranova Limitada Compañía en Comandita por Acciones, Compañía de Servicios Ltda. (de Jaime Santa Cruz). Así, el dominio de Pesquera El Golfo S.A. quedó en manos del grupo Yaconi-Santa Cruz.
Cuando se repartieron las cuotas individuales de captura en 2001, ambas empresas salieron muy bien paradas. Para entonces, en Chile había 78 firmas pesqueras que pescaban jurel de forma industrial y todas se adjudicaron un porcentaje de su cuota global anual. Como se consideraron los registros de captura de los cuatro años anteriores y la capacidad de bodega de sus barcos, las más grandes se aseguraron las mayores tajadas. Y como querían más, lo que vino fue un proceso de concentración que ha reducido a sólo 26 el número de participantes en la pesca extractiva de jurel. En ese camino, tanto El Golfo como Itata lideraron el recorrido.
Apenas unos meses después de entrar en vigencia la ley de
Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA), El Golfo ya había absorbido cuatro empresas pesqueras y contaba con un capital de casi $52.000 millones, además del 10,24% de la cuota industrial de jurel. Ese mismo año, siete compañías del sector se disolvieron después de que el 100% de su capital quedara en manos de Pesquera Itata S.A., la que quedó con un fondo social que superaba los $39.609 millones y con el derecho a capturar el 10,03% del principal recurso pesquero del país. Durante los años siguientes, la constante disminución en las capturas de jurel, llevó a que en 2011 las dos compañías juntaran sus cuotas individuales y se fusionaran bajo el nombre de Blumar S.A. y un directorio compartido que preside Rodrigo Sarquis Said, quien además es presidente de Sonapesca y ex presidente de Asipes, las dos asociaciones gremiales de industriales pesqueros más grandes e importantes del país.
La propiedad de la sociedad se reparte en un 54,69% para la familia Sarquis y un 45,31% para el grupo Yaconi-Santa Cruz, que además es dueño de Aquafish S.A., una empresa que hasta el año pasado participó en la pesca de jurel, sardina, anchoveta y merluza, pero que no figura entre
los armadores que tienen una cuota asignada para 2012.
La fusión que dio origen a Blumar S.A. se dio en medio de
la guerra que tiene enfrentadas a las pesqueras industriales por la redistribución del mar chileno. Ante la incertidumbre de cómo se reasignarán las cuotas individuales (si se mantendrán o se subastarán), cuando en diciembre de 2012 pierda vigencia el actual régimen de pesca, casi todos los armadores industriales, menos uno (Lota Protein S.A.), se aliaron para defender en bloque los porcentajes que se les asignó en 2001. Para evitar la licitación de sus cuotas, llegaron a un acuerdo con los pescadores artesanales y el gobierno a fines de septiembre pasado. Si la base de ese documento se respeta, salvo unos pequeños cambios, todo se mantendrá igual y el control del mar chileno y sus recursos seguirán, como hasta ahora, y por 20 años más, en manos de unos pocos gigantes pesqueros (ver mapa multimedia).
UNA HISTORIA DE ERRORES
Si la intención de las regulaciones del sector ha sido darle sustentabilidad a la pesca en Chile, el resultado ha sido un desastre. Especialmente con el jurel, el principal recurso marino del país. Cada vez que se ha modificado el régimen pesquero, ha sido porque los malos resultados de las medidas anteriores lo han hecho necesario. Si el jurel está desapareciendo de nuestras aguas, es en gran parte por la mala administración histórica de los recursos pesqueros en el país. De hecho, hace 15 años el jurel estuvo a punto de acabarse. Una historia que nadie quiere recordar.
Primero se cerró el acceso a nuevos actores en las zonas saturadas bajo la lógica de que si los recursos son limitados, el ingreso a su explotación también debe serlo. Era mediados de los ’80. Para entonces, las exportaciones pesqueras ya superaban los US$ 535,4 millones y representaban el 12,7% de las exportaciones totales de bienes. Chile ya era el segundo productor mundial de harina de pescado. Los que quedaron adentro después del cierre, siguieron pescando sin ningún control; y los de afuera, se adueñaron de las zonas que permanecían abiertas. No quedó metro cúbico de mar chileno sin explotación pesquera.
Después, en 1991 se promulgó la
Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) para controlar el esfuerzo pesquero de la industria. La norma limitó el número de naves que podía tener una empresa y su capacidad de bodega. Se pretendía que pescaran menos. No resultó. Al contrario, las pesqueras industriales aumentaron sus capturas simplemente invirtiendo en tecnologías que les dieron a su flota mayor autonomía y eficiencia. Se llegó a capturar en promedio 4 millones de toneladas de jurel al año. Y aunque las cifras parecían indicar que había jurel para rato, lo cierto es que ya se estaba acabando.
-La crisis se manifestó porque casi todo lo que se estaba pescando era bajo la talla mínima legal, que en el caso del jurel es de 26 centímetros. Si lo pescas antes de que pase por el proceso reproductivo, eliminas la especie –cuenta un funcionario de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) que pidió mantener su nombre en reserva.
El gobierno decidió entonces establecer cuotas globales de captura, pero sin un sistema de distribución entre los distintos actores del sector, la medida generó una carrera por pescar la mayor cantidad en el menor tiempo posible. “Fue lo peor que se pudo hacer”, dice un ex subsecretario de Pesca que conversó con CIPER. La Subpesca implementó entonces un artilugio que mezcló las cuotas globales, las vedas y la pesca de investigación para administrar entre las grandes empresas industriales lo que fue un primer intento de cuotas individuales de captura. Como la pesca de investigación es por definición sin fines comerciales, la medida fue ilegal, pero todos callaron. Las compañías ya instaladas adquirían la garantía de que podrían pescar de acuerdo a sus capacidades productivas. Si la cuota resultaba ser baja, ya encontrarían mecanismos para aumentarla.
Ese sistema fue la base de la ley que se aprobó en 2001, con un fuerte lobby de la industria. Fue entonces que comenzó formalmente la repartición del mar chileno. Para las grandes pesqueras, fue el reconocimiento de su “derecho histórico”.
LA DIVISIÓN DEL MAR
Ricardo Lagos aún no cumplía medio año como presidente cuando envió al Congreso un proyecto de ley que pretendía ser una norma transitoria. Según un ex subsecretario de Pesca que conversó con CIPER, “los parlamentarios aprobaron esa legislación porque no quisieron hacerse más líos. Siempre los gobiernos han tratado de evitar el conflicto de cambiar el régimen de administración pesquero y enfrentarse a los industriales, y para entonces el lío ya era tremendo”. El proyecto pasó a ser ley en enero de 2001 y duraría sólo dos años. Su nombre:
Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA).
Con su aprobación, el manejo que implementó la Subpesca en la crisis de los ’90 obtuvo un marco legal para continuar. Entre otras medidas, el mar chileno fue dividido en cuatro macrozonas pesqueras. El norte se dividió en dos: una que va desde la frontera con Perú hasta el límite sur de Antofagasta; y otra que parte desde ese mismo punto y se extiende hasta el sur de Coquimbo. La zona centro sur quedó definida entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, mientras que la zona austral está comprendida por el área marítima que va desde la XI Región hacia el sur. Cada una de esas macrozonas pronto se transformó en una especie de fundo marítimo, donde las mayores empresas pesqueras marcarían su dominio.
La nueva ley también consolidó la reserva de las primeras cinco millas desde la costa para la explotación exclusiva de los pescadores artesanales, a los que además se les asignó un porcentaje de la cuota global de las principales pesquerías. Las diferencias entre los artesanales que apoyaron el cambio y los que vieron la ley de LMCA como una “privatización del mar”, se tradujo en una división de su asociación gremial más poderosa, la Conapach, en dos grandes conglomerados: uno que se llamó Confepach (que apoyó los cambios propuestos por el gobierno); y otro que siguió con el nombre original y que incluso
acusó ante la Contraloría al entonces subsecretario de Pesca, Daniel Albarrán, por tráfico de influencias. A todos ellos, a los 81.157 pescadores artesanales que figuran en el Registro Pesquero Artesanal del Sernapesca, se les asignó el 5% de la cuota global de jurel.
Lo demás se fraccionó entre todos los armadores industriales que operaban en las zonas norte y centro sur del país. La fórmula utilizada para repartir las cuotas individuales transferibles fue el “coeficiente de participación relativo”: la suma del registro de capturas entre 1997 y 2000 y la capacidad de bodega corregida de las naves a 2001. Eso significó que las empresas que más habían pescado durante los años que la Subpesca administró la crisis y las que tenían mayor capacidad de bodega se adjudicaran los pedazos más grandes de la cuota global. Quienes tuvieran mayor “historia pesquera”, que en definitiva es lo mismo que mayor participación en el mercado, salieron más beneficiados.
-Durante los cuatro años que se consideraron para hacer historia pesquera, lo que más se capturó de jurel fue a través de pesca de investigación. Tener un buen registro dependía exclusivamente de cuánto la subsecretaría te había asignado para pescar. En el fondo, la pesca de investigación era industrial –dice Riola Solano, gerente de asuntos corporativos de Lota Protein S.A.
A fines de 2002, para no empezar otra discusión sobre un nuevo manejo del sector, con el apoyo de las principales empresas pesqueras asociadas en Sonapesca,
el Congreso prorrogó la vigencia de la ley por 10 años más (hasta el 31 de diciembre de 2012).
Según Rodrigo Vial, presidente de Anapesca y fundador de Lota Protein S.A., la fórmula para asignar esas cuotas fue diseñada en Sonapesca, que es prácticamente lo mismo que Asipes (la lista de compañías asociadas es casi la misma), pero a nivel nacional. Una fuente que trabajó en la Subpesca en esos años asegura lo contrario: que fue un sistema determinado por las autoridades para manejar una crisis. Da lo mismo cual fue la intención, porque como las cuotas que les asignaron a varias de las empresas más pequeñas disminuían considerablemente su posibilidad de producción, se les hizo insostenible continuar operando. Muchas debieron vender sus barcos y sus cuotas. Las más grandes las compraron y terminaron absorbiendo a las más chicas, reduciendo gradualmente la cantidad de participantes en la actividad extractiva hasta llegar a concentrar la explotación de la mayoría de los recursos marinos en los mismos nueve grupos económicos que hoy concentran el 93,7% de la pesca industrial de jurel, el recurso marino más importante del Pacífico Sur.
FAMILIAS DEL MAR
El
documento que llegó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) el 17 de enero de 2011 tenía la firma de Francisco Cifuentes, gerente general de la empresa que hasta el año anterior poseía el 10,63% de la cuota global de jurel: la Compañía Pesquera Camanchaca S.A. Allí decía que la decisión ya estaba tomada, que la fusión con Pesquera Bío Bío S.A., de los hermanos Jan, Klaus y Frank Stengel Meierdirks, ya estaba en marcha y que se concretaría a más tardar en octubre de 2011. La sociedad naciente repartiría su propiedad en un 70% para los primeros y en un 30% para los segundos. La unión se hizo operativa a través de Camanchaca Pesca Sur S.A. en diciembre pasado, cuando ésta absorbió a Pesquera Bío Bío Sur S.A., filial de la compañía de los Stengel. Aunque aún aparecen funcionando por separado, las empresas de Jorge Fernández Valdés y la familia Stengel ya están bajo una misma estructura, aunque en forma parcial: sólo las operaciones pelágicas de la zona centro sur estarán a cargo de la nueva empresa. La explotación en el norte y de las especies no pelágicas -como la merluza-, las seguirán desarrollando de forma independiente.
La empresa que nació de la fusión no sólo pasó automáticamente a ser titular del 15,77% de la cuota industrial de jurel y del 19,16% de sardina común, sino que además consolidó los apellidos Fernández y Stengel en el grupo de familias que concentran la explotación de la mayor cantidad de recursos pesqueros del país. Si se suman las cuotas que controlan sus tres empresas, entre las dos familias poseen el derecho a capturar el 18,74% del jurel que extraen las pesqueras industriales, el 19,19% de la anchoveta, el 19,16% de sardina común, el 18,79% de sardina española, el 29,55% de merluza común y el 12,42% de merluza de cola.
En ese grupo de familias, el nombre del empresario Francisco Javier Errázuriz es bastante conocido. Por medio de sus empresas Pesquera Bahía Coronel S.A. y Salmoalimentos S.A. –donde participa a través de su matriz Pesquera Nacional S.A.–, hasta el año pasado tenía asignado el 3,03% del jurel reservado para la pesca industrial. Este año, sólo Salmoalimentos aparece entre los armadores con cuota de pesca, adjudicándose sólo el 0,017% del jurel que se pesca industrialmente en Chile. En el
directorio internacional pesquero Fish Information & Services, Bahía Coronel es presentada como “una empresa chilena dedicada a la captura y procesamiento de pesca para la elaboración y comercialización de harina, aceite de pescado y congelados de alta calidad, propiedad de empresarios ampliamente conocidos y reconocidos en el mercado regional, nacional, e internacional”. La misma descripción aparece en un video institucional en el sitio web de Enapesca S.A., que funciona en el mismo domicilio que Pesquera Bahía Coronel S.A.
La sociedad que forman las familias de Eduardo Bohorodzaner y Eduardo Fosk se llama Pesquera Landes S.A. y posee el derecho a capturar cada año el 3,91% del jurel y el 10,15% de la sardina común. Por otro lado, Foodcorp S.A. y Lota Protein S.A. también pertenecen a grupos familiares, aunque son las únicas dos empresas que explotan jurel cuyos dueños son extranjeros. El capital de la primera, que explota el 7,73% del jurel, está en manos de la familia noruega encabezada por Helge Møgster, el principal accionista de Austevoll Seafood ASA, una empresa del
grupo pesquero DOF. La controladora de la segunda es el grupo Koppernaes, también de Noruega, una empresa familiar que opera en Europa desde 1884. En Chile, poseen el 1,5% de la pesca industrial de jurel.
Otro de los apellidos que pesan en la pesca chilena es Menéndez, aunque por dos ramas familiares distintas.
El polo de inversiones pesquero de la familia Izquierdo Menéndez se divide en dos sociedades: Alimentos Marinos S.A. (ALIMAR) y la Sociedad Pesquera San Antonio S.A. (SOPESA). Si se suman las cuotas que cada empresa tiene asignadas, los Izquierdo controlan el 9,14% del jurel que pescan las empresas industriales, el 9,9% de la sardina común y el 9,24% de la merluza de cola. Aunque el grupo familiar no es el más grande del sector, tiene un gran peso en la industria pesquera: el presidente de su directorio, Roberto Izquierdo, también es la cabeza de la asociación gremial Asipes y ocupa una de las tres vicepresidencias en Sonapesca.
En este cuadro de los dueños del mar chileno, también están los Lecaros, la otra rama de la familia Menéndez con intereses pesqueros. A través de Pesquera Coloso S.A. y su filial Pesquera San José S.A., los Lecaros Menéndez han llegado a controlar durante la última década el 10,47% de las capturas industriales de jurel. Aunque ahora, después de que se fusionó con uno de los grupos económicos más importantes del país, ese porcentaje parece hasta irrisorio.
El GIGANTE DEL NORTE
En julio de 2010, las páginas de Negocios de los principales diarios anunciaban la primera de las tres grandes fusiones que modificarían el escenario pesquero. Antes de que Blumar S.A. y Camanchaca Pesca Sur S.A. aparecieran en el mapa, Pesquera San José S.A., controlada por Pesquera Coloso S.A. –de la familia Lecaros Menéndez–, y SouthPacific Korp S.A. (SPK), filial de Pesquera Iquique-Guanaye S.A. –del grupo Angelini–, habían decidido juntar sus operaciones industriales en áreas de conservas, congelados, harina y aceite de pescado. Así, no sólo surgió Orizon S.A., una de las cuatro empresas individuales con mayor porcentaje de cuotas de jurel, sino que además se consolidó la unión que ya existía entre las familias Angelini y Lecaros Menéndez desde 1999 a través de Corpesca S.A., transformando a la sociedad de esas familias en el mayor clan pesquero del país.
El grupo económico que encabeza Roberto Angelini posee el 60% de las acciones de Orizon y el 77% de las de Corpesca. Por eso preside ambos directorios, donde participa con Sergio Lecaros Menéndez y el
ex presidente de la Asociación Chilena de Seguridad, Jorge Matetic, entre otros. Su área de operaciones se extiende en las distintas pesquerías repartidas desde la frontera con Perú hasta el límite sur de la región de Los Lagos. Si se suman las cuotas de captura que poseen las dos empresas en todo el país, entre ambas familias concentran el 31,95% de la cuota industrial de jurel, el 75,41% de anchoveta, el 20,24% de sardina común, el 62,98% de sardina española y el 14,76% de merluza de cola. Pero su principal patio de operaciones es la zona norte.
El 95,84% de la anchoveta que podrán captura las naves industriales en el país durante 2012 está entre las regiones de Arica y Parinacota y de Coquimbo. De eso, las familias asociadas en Orizon y Corpesca explotan el 77,76%. Y si este año la cuota de jurel para esa misma zona bordea las 43.000 toneladas, entre las dos empresas suman un límite máximo de 32.732 toneladas, más de tres cuartos de la pesquería de esa área. Por eso es que el grupo Angelini se ha mostrado tan dispuesto a colaborar con las autoridades chilenas en la disputa por los límites marítimos con Perú.
“Genera preocupación la demanda arbitral que Perú presentó en el Tribunal de La Haya, con el propósito de modificar unilateralmente los límites marítimos históricos con Chile. Ciertamente afectaría la actividad pesquera, al ser el área de mar involucrada una zona de gran riqueza marina”, escribió Angelini en la
Memoria anual de Corpesca de 2009.
Durante el proceso bilateral, las empresas de Angelini han aportado documentación que prueba que el área en conflicto está bajo dominio chileno y no peruano. Para el grupo de empresas que produce más del 5,5% del total mundial exportable de harina de pescado, el conflicto limítrofe con Perú es una verdadera amenaza financiera. Lo que el jurel es para Chile, lo es la anchoveta para Perú. Si se considera que el 93,09% de la anchoveta -una de las cuatro especies de peces que aún están en “niveles seguros para su conservación”- que capturan las naves industriales chilenas se distribuye en las zonas aledañas a la frontera con Perú, se entiende finalmente que eso es lo que los dos países se están peleando: no se trata de espacios estratégicos, sino que de áreas de pesca.
-De prosperar la demanda peruana, se nos puede reducir en más del 20% la superficie de pesca de todos los recursos –aseguró el director de Corpesca, Claudio Elgueta, en
una nota que publicó el diario La Tercera en noviembre de 2010.
Esa es la batalla que tienen las pesqueras de Angelini en el norte. Y no es la única. Las empresas de la zona centro sur le endosan la responsabilidad de la sobreexplotación del jurel. Para los del norte, si el jurel está por extinguirse, es por culpa de los del sur. Pero todos han aportado lo suyo y no sólo desde sus barcos, sino que también desde tierra firme: la ley de LMCA resultó tanto o más desastrosa para la sustentabilidad de los recursos pesqueros que las regulaciones que la antecedieron. Porque al final, el límite de lo que cada año se pesca en el mar chileno es determinado por sus dueños de facto: nueve grupos económicos. Lo que está en disputa es un negocio que renta más de US$1.200 millones al año. Mientras, los chilenos debemos asumir que el jurel ya prácticamente desapareció de las aguas chilenas.
LOS EXTRANJEROS DEL SUR
La zona marítima austral, desde el límite de Los Lagos con Aysén hacia el sur, representa un mundo aparte para la industria pesquera. Allá los pescadores artesanales no tienen una zona de pesca exclusiva,
aunque para 2010 se contabilizaban en el área unos 8.500. Tampoco corre la restricción del uso de barcos factoría. Y a diferencia de lo que ocurre en casi todo el resto del país, las empresas que dominan la pesca industrial son en su mayoría extranjeras.
Las especies principales que se capturan en las pesquerías que tienen cuotas establecidas de acuerdo a la Ley de Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA) en la zona austral, son el congrio dorado, la merluza de tres aletas, la merluza del sur y la merluza de cola. Y en tres de ellas, el 100% de la cuota industrial se reparte en sólo cuatro empresas de capital español y japonés, aunque en una de ellas también participa el Grupo Del Río, presente también en la sociedad de Falabella.
La empresa más grande que opera en el extremo sur del país es Pesca Chile S.A., filial de la compañía española radicada en el Puerto de Vigo, Pescanova. Para 2008, cuando según publicaciones del Diario Oficial su capital alcanzaba los € 138 millones (poco más de $49.000 millones), sus únicos socios eran la empresa española y Nave de Argo Sociedad Ltda., otra empresa perteneciente al mismo grupo presidido por Manuel Fernández de Sousa-Faro y que está domiciliada en la misma dirección, en Pontevedra, España. Este año, la empresa controla la mayoría de las capturas industriales de congrio dorado (65,92%) y merluza del sur (45,85%).
Otra empresa española asentada en la zona austral es Pesca Cisne S.A., acusada de malas prácticas en Chile y fuera del país. Sus socios fundadores fueron los empresarios pesqueros españoles Florindo González Otero, Florindo González Corral y Manuel Carballo Eire, empresario óptico radicado en Chile desde 1978, todos oriundos de la ciudad de Orense, en Galicia. En España también operan con una empresa del mismo nombre y Arcosmar S.A., que también opera en Chile desde que en 1999 se protocolarizó su permiso para funcionar a través de Arcosmar Fisheries Corp., su filial en Panamá.
González Otero y González Corral han sido acusados de pertenecer a “la mafia gallega”, dedicados a la pesca ilegal a través de sus empresas relacionadas tanto en España como en Chile, Uruguay, Estados Unidos, Panamá e Islas Mauricio. En 2005, el Sernapesca de Chile presentó una querella en su contra por falsear información de sus desembarques. Aun así, este año tienen autorización para capturar el 8,36% de la cuota industrial de merluza del sur y el 12,05% de congrio dorado.
Los japoneses de Emdepes S.A. son otros de los dueños de la zona austral chilena. La empresa pertenece al Grupo Nissui y no sólo controla casi exclusivamente la explotación industrial de la merluza de tres aletas (99,89%), sino que además posee parte importante de la extracción de merluza del sur (20,74%), merluza de cola (23,24%) y congrio dorado (6,82%). A eso se suma otra de sus empresas, Friosur S.A., donde está asociada con el Grupo Del Río.
Friosur S.A. desapareció el año pasado de la lista de armadores con autorización para pescar, ya que le traspasó su cuota a otras dos empresas: Pesquera Sur Austral S.A. y Sociedad Pesquera Grimar S.A. Ambas empresas operan desde el límite norte de la IV Región hasta el extremo sur del país en las pesquerías de jurel, los cuatro tipos de merluza y congrio dorado.
Esta investigación fue hecha por CIPER en colaboración con el
Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ).
*Fuente:
CiperChile en Reportajes de investigación
sintrisan dicer: es bueno que la gente comun sepa lo que suced y tambien ustedes que pasan por el blogg es importante sumar a conciencia y de manera global y no pensar de manera individual
Miércoles 25 de Enero de 2012Instan al Ejecutivo a dictar nuevas normas que regulen la pesca de jibia
Solicitar al presidente Sebastián Piñera, que instruya al ministro de Economía y al subsecretario de Pesca, para que dicten nuevas normas que regulen la pesca de la jibia y se caracterice como una actividad esencialmente artesanal, es el objetivo del proyecto de acuerdo que presentó el senador Alejandro Navarro. El parlamentario comentó que “la idea es también que el Ejecutivo pueda instruir a las otras carteras, con el fin de incorporar en sus políticas públicas el fomento al consumo humano interno de este cefalópodo, especialmente considerando su bajo costo y su alto valor nutricional”. Agregó que “la Subsecretaría de Pesca informó que durante junio de 2011 se desembarcaron 22.500 toneladas de jibia, 5 veces lo capturado en el mes precedente y diez veces lo capturado que en junio 2010. El desembarque de jibia acumulado a junio de 2011 fue de 61.200 toneladas, cifra significativamente baja si se compara con las 149.900 toneladas del mismo periodo del 2010”. Precisó que “del total desembarcado, 30.600 toneladas, fueron capturas realizadas en la V región; 15.200 toneladas, fueron capturas realizadas en la VIII región”. El legislador recordó que “hasta hace dos décadas se asumía que la diferencia entre el volumen de los desembarques y el volumen ingresado a plantas de procesos (materia prima para: fresco-enfriado, congelado, conserva y harina) correspondía al volumen de consumo interno. Así se apreciaba un aumento expo-nencial en el consumo de jibia fresca en Chile entre 1991 y 1993”. Indicó que en 1991 “112 toneladas fueron registradas como de consumo a nivel nacional, 158 toneladas en 1992, y 496 toneladas en 1993. Pero ya en 1994 el total de las capturas artesanales (embarcaciones menores de 12 m de eslora, 43 ton.) ingresaron a las plantas de proceso, haciendo prácticamente nulo el consumo interno de este cefalópodo”. El parlamentario expresó su preocupación a raíz de un memorándum de la División de Desarrollo Pesquero de la Subsecretaría de Pesca, “en éste se recomendó incorporar a la especie Jibia en la nómina de recursos hidro-biológicos autorizados para la elaboración de harina de pescado”, dijo. En ese sentido, añadió que “en el actual contexto de crisis de la mayoría de las más importantes pesquerías nacionales, la captura de la jibia ha sido una actividad que especialmente en el caso de los pescadores artesanales ha permitido suplir la falta de pescada y de ingresos que han deteriorado la calidad de vida de muchos ellos. Sin embargo, el que la jibia no sea una pesquería regulada y que adicionalmente se permita su incorporación a la producción industrial de harina, afectan los puestos de empleo que esta pesca genera en la pesca artesanal y limita o excluye su incorporación a los productos pesqueros de consumo humano nacional”.Desaparición En el marco del anuncio del ministro de Economía, Pablo Lon-gueira, quien señaló que la fijación de la cuota de captura de jibia será de 180 mil toneladas anuales, de los cuales el 20% le corresponderá al sector industrial y un 80% a la pesca artesanal, el senador Alejandro Navarro expresó su insistencia en regular lo antes posible esta actividad, porque “existiría una depredación sin límites de los industriales que llevaría a la jibia a su desaparición”, argumentó. El parlamentario, añadió que el planteamiento del ministro Lon-gueira “es un avance, pero la disposición política de este gobierno en el fondo, lejos de solucionar el problema, colaboran con su porfía en no asistir seriamente a los pescadores artesanales de la jibia, al punto de presumir que lo que quieren con estas medidas superficiales, en realidad, es que de a poco desaparezcan y sólo existan los industriales”.Subrayó que “lo que pedimos es que la pesca de la jibia sea regulada, para evitar que todos la capturen indiscriminadamente y así, en esta actividad los pescadores no vean afectado su empleo; y se asegure la presencia del producto marino para el consumo humano”.
Desaparece el jurel del Pacífico sur, y otras especies podrían seguir
MUNDIALThursday, January 26, 2012, 02:30 (GMT + 9)
En sólo 20 años, los stocks de jurel se redujeron de aproximadamente 30 millones de toneladas a menos de 3 millones. Una investigación sobre la industria pesquera en el Pacífico sur realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que abarca ocho países, muestra que este fenómeno podría anunciar el colapso progresivo de las poblaciones de peces en los océanos del mundo.
Para Daniel Pauly, oceanógrafo de la
Universidad de Columbia Británica, el jurel del Pacífico sur es un indicador alarmante.
“Es el último de los búfalos -advierte el científico a iWatch News-. Cuando hayan desaparecido, habrá desaparecido todo… Es el fin.”
Delegados de al menos 20 países se reunirán la semana próxima en Chile para participar en el encuentro anual de la Organización Regional de Gestión Pesquera del Pacífico Sur (ORGPPS), donde analizarán opciones para frenar la sobrepesca.
Los científicos calculan que entre los años 2006 -2011, los stocks de jurel disminuyeron un 63%.
La convención de la ORGPPS precisa ocho firmas para ser vinculante, pero hasta el momento tiene sólo seis.
En septiembre pasado, científicos de la ORGPPS acordaron establecer un límite de 520.000 toneladas. Pero Cristian Canales, investigador ictícola del
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) de Chile, considera que la cifra más segura sería de 250.000 toneladas. Y varios expertos que disienten con esta visión, quieren prohibir totalmente durante cinco años la pesca de jurel.
Según la práctica internacional, los barcos pueden pescar lo que deseen en las áreas que no están gobernadas por acuerdos ratificados. No obstante, la Unión Europea (UE) estipula que los barcos de los Estados miembros deben cumplir las medidas interinas de la ORGPPS y los países de la UE deben dividir una cuota anual colectiva de la especie.
Pero los armadores encuentran la manera de no cumplir con las normas. El trasbordo en alta mar también socava los esfuerzos de sustentabilidad.
Los chilenos pescaron más de 4 millones de toneladas de jurel en 1995, ocho veces más que la cantidad que los científicos de la ORGPPS consideran sustentable para 2012. Desde 2000 a 2010, Chile descargó el 72% de todo el jurel en el Pacífico sur.
En 2009, el IFOP propuso un recorte marcado a 750.000 toneladas, según
Oceana. Pero cuando la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) aumentó la captura a 1,4 millones de toneladas, el Consejo Nacional de Pesca lo aprobó.
Perú, la segunda nación pesquera más importante del mundo, después de China, también teme por el futuro de la anchoveta, una fuente crucial de harina de pescado para la acuicultura, que sostiene la pesquería más grande del mundo.
De acuerdo con Roberto Cesari, enviado principal de la UE en la ORGPPS, recién espera la ratificación para 2013.
El año pasado, la ORGPPS recortó voluntariamente las cuotas en un 40%, pero China, entre otros países, no adhirió a esta medida. Más tarde resolvió reducir su cuota en un 30%.
El oceanógrafo Pauly opina que esta tendencia no cambiará a menos que una potencia importante –la UE o Estados Unidos- asuma una postura firme a ese respecto.
“Alguien tiene que tomar la iniciativa, y otros lo seguirán”, asevera.

sintrisan dice: y tu sigues sentado viendo la tele o matando pescados con huevos y bajo talla, si no haces nada por parar esto tu futuro se convertira en eso NADA
Informe de la OCDE critica desigualdad y evasión en sistema tributario chileno
Martes 24 enero 2012 13:42
Publicado por Christian Navarro
Lapidario informe de la OCDE recomienda a Chile reducir pobreza y mejorar educación para crecer más
La Cultura Empresarial en Chile
Chile lidera la desigualdad de ingresos entre los 34 países de la OCDE
“La inequidad en Chile es alta y el sistema tributario hace poco por reducirla. Hay mucho espacio para la elusión tributaria en Chile, lo que también facilita la evasión”, destacó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que por primera vez incluyó duras críticas al sistema tributario chileno.
Los analistas de la OCDE concluyeron que los mecanismos favorecen a las élites y detallaron prácticas, como la creación de sociedades de inversión, para eludir el pago de impuestos.
Ramón López, profesor de la Universidad de Maryland dijo a CIPER.cl, que el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) sirve para que las empresas registren utilidades que debieran invertir, pero que en muchos casos no invierten, sino que retiran sin pagar impuestos. Con el FUT, dice López, el financiamiento de una educación pública está resuelto.
Ramón López, profesor de la Universidad de Maryland, fue uno de los analistas entrevistados por los investigadores de la OCDE. El académico señaló que “el 90% de la evasión la realiza el 5% más rico de la población. Esto es muy llamativo, porque el Servicio de Impuestos Internos (SII) se considera una institución muy eficiente. Sin embargo, parece que dedica una gran parte de sus recursos a controlar a los pequeños y a los medianos, pero no a los grandes”.
López concluye que la política tributaria nacional es el gran factor que explica la profunda desigualdad que hoy caracteriza a Chile y la preeminencia de industrias extractivas, como las mineras, las pesqueras o las celulosas, por sobre otro tipo de inversiones.

martes, 24 de enero de 2012

Pescadores califican como “escandaloso” posible conflicto de interés de Ministro de Hacienda
Lunes 23 enero 2012 17:38
Publicado por Alejandra Jara
Ministro de Hacienda reconoce desaceleración de la economía mayor a la prevista Ministro Larraín valora medidas de liquidez anunciada por el Banco Central Ministro Larraín entregó cuenta pública en La MonedaDe “escandaloso” calificaron los dirigentes de la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile la acusación y solicitud de investigación realizada por un grupo de parlamentarios DC en contra del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, por eventuales conflictos de interés en la aprobación del proyecto de ley de pesca que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso.
Esta solicitud entregada hoy por los diputados Fuad Chahin, Carolina Goic y Gabriel Ascencio en la Contraloría General de la República se basa en la participación en el directorio del actual Ministro de Hacienda en la empresa AntarChile, de propiedad del Grupo Angelini. Dichas labores habrían finalizado el 5 de marzo de 2010.
Para el Presidente de la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Nelson Estrada, esta acusación va en directo perjuicio del sector artesanal de la pesca nacional. “Nuevamente vemos como el poder político y económico del país se entremezcla. Esta es una prueba más de que el Gobierno lo único que busca es hacer desaparecer por completo a los pescadores artesanales,” dijo.
Asimismo, el vocero nacional de la comisión, Jorge Bustos, agregó que se harán parte en todas las acciones legales correspondientes para aclarar este tema. “Es obligación que las instituciones funcionen en este tipo de casos. Exigiremos que en la ley se contemple Justicia en el fraccionamiento, el respeto a las 5 millas exclusivas, que se termine con la concentración y que se dé cabida y desarrollo a un Indap pesquero financiado con el producto de las licitaciones” afirmó.
Ambos dirigentes confirmaron que “los más de 40 mil pescadores que nos hemos reunido en la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile estamos listos y dispuestos a movilizarnos si así es necesario. No permitiremos que este Gobierno siga actuando de la manera en que lo ha hecho hasta ahora defendiendo los intereses de quienes han sido sus grandes financistas”, sostuvieron.
De igual manera, Nelson Estrada y Jorge Bustos confirmaron la realización de la primera reunión nacional de trabajo convocada por la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile para el próximo domingo 29 de enero en Duao, región del Maule, instancia en la que participarán dirigentes de la pesca artesanal de todo el país y en la que se abordarán en detalle las implicancias del proyecto de ley de pesca en el sector artesanal, además de definir las acciones que este sector llevará a cabo para defender sus planteamientos, entre los que se encuentran la eliminación de la pesca de arrastre, la exclusividad de las cinco millas, el fin a la perforación de los industriales, entre otros.
Lunes 23 de enero 2012 20:35 hrs.
Parlamentarios denuncian conflicto de interés del ministro de Hacienda
Narayán Vila
Hasta la Contraloría General de la República llegaron parlamentarios de la DC para denunciar un conflicto de interés del ministro de Hacienda en la discusión de la nueva ley de Pesca.
Como una violación al principio de probidad administrativa calificó un grupo de diputados de la Democracia Cristiana, la participación del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en la nueva Ley de Pesca. Por ello es que los parlamentarios presentaron la denuncia en la Contraloría General de la República.
Este hipotético nuevo conflicto de interés que se endosa a personeros de gobierno fue denunciado por los diputados Fuad Chahín, Gabriel Asencio y la diputada Carolina Goic.
Según los legisladores, el titular de Hacienda habría incumplido con el artículo 8° de la Constitución política y especialmente con la ley de procedimientos administrativos.
Esto, debido a la participación e injerencia que ha tenido el ministro Larraín en la nueva Ley de Pesca, toda vez que el economista fue miembro del directorio de AnttarChile, consorcio del grupo empresarial Angelini.
Según el diputado Fuad Chahín, Larraín debiera haberse abstenido de esta discusión y nunca haber firmado la nueva legislación, ya que incumple una seria de procedimientos administrativos.
“El ministro de Estado como no tiene la calidad de funcionario público sino que es autoridad pública, si no actúa de acuerdo a la Constitución y las leyes tiene que dejar su cargo”, afirmó Chahín.
Además, el parlamentario agregó que la situación es muy grave, sobre todo cuando se trata de una modificación legislativa: “ÉL debió inhabilitarse de firmar el proyecto de ley y no lo hizo. El ministro de Hacienda ha perdido todo el pudor y firmó un proyecto de ley que se relaciona directamente con la empresa de la que fue director sin que transcurra el plazo de dos años. Por lo tanto, él ya nos inhibió de la discusión del proyecto de ley. Si la Contraloría ratifica lo que estamos denunciando, el ministro de Hacienda no tiene otro camino más que dejar su cargo”, insistió el legislador.
El diputado Gabriel Ascencio, en tanto, señaló que la relación del gobierno con los grandes empresarios ha sido evidente y recurrente y sentenció que el titular de Hacienda le debe una explicación al país y, especialmente, a los pescadores artesanales.
Por su parte, el ministro Larraín señaló, al término de la promulgación en La Moneda de la inscripción automática y el voto voluntario, que la acusación está completamente fuera de lugar y no tiene ninguna base.