Matthei pidió a la Dirección del Trabajo reconsiderar dictamen sobre indemnizaciones
Actualizado 15/06/2011 - 22:19
“La ley al respecto está muy mal hecha. El artículo 41 se contradice con el 172 y por eso tanto la DT como la Corte Suprema han tenido dificultades para resolver”, expresó la ministra, quien recalcó que el texto está mal redactado.
La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, solicitó este miércoles a la Dirección del Trabajo (DT) reconsiderar el dictamen emitido por el organismo el 6 de junio pasado. Éste señala que las asignaciones por colación y movilización no están incluidas en el cálculo del pago de indemnizaciones.
La DT emitió el dictamen para adecuarse a la jurisprudencia de la Corte Suprema, que desde el año 2007 ha fallado constantemente en contra de la inclusión de las asignaciones en materia de indemnizaciones.
Tras reunirse con los diputados Marta Isasi, Pedro Araya y Pedro Velásquez, la secretaria de Estado afirmó que "la ley al respecto está muy mal hecha. El artículo 41 se contradice con el 172 y por eso tanto la DT como la Corte Suprema han tenido dificultades para resolver. Está tan mal redactada la ley, que creemos que más allá de resolver una controversia a través de un dictamen que ha causado escozor, lo lógico es legislar y arreglar esta contradicción de los artículos".
La titular de Trabajo agregó que "vamos a generar un diálogo tanto con la Concertación, independientes y la Coalición por el Cambio, para legislar bien en esta materia. Cuando se dice que el pago de asignaciones afecta las indemnizaciones, quiero recordar que esto afecta en mucho mayor medida a las licencias médicas y el pago de las jubilaciones".
Matthei remarcó que "eso me parece inaceptable, y por eso le he pedido a la DT que reconsidere el dictamen, porque así daremos paso a una conversación tranquila y serena con todos los actores, para mejorar nuestra legislación y favorecer a los trabajadores".
jueves, 16 de junio de 2011
Pymepes confía en que al Presidente Piñera
no le temblará la mano
En los temas referidos a la licitación de cuotas pesqueras en nuestra región.
Por El ConceCuente
15 de Junio,2011
Las plantas de proceso para el consumo humano del Bío Bío asociadas en Pymepes, se mantienen firmes en su intención de licitar cuotas de pesca industrial, argumentando que asignarlas gratis ha sido un error que ha costado caro.
Enrique González, presidente de Pymepes, señaló que durante diez años las cuotas que se han regalado al sector industrial son causantes de la falta de innovación pesquera y que la licitación pone fin a lo que califican como un privilegio. “Valoramos que el Presidente Piñera sea fiel al artículo 27 de la ley 19.713 que el mismo redactó y no se deje doblegar por el lobby de los industriales que impera sobre muchos” dijo el dirigente.
González agregó, que la ley 19.713 puso en manos de pocos los recursos pesqueros y que hoy ese regalo tiene al sector industrial hablando de “derechos históricos”, sin embargo a juicio del dirigente, hoy la industria tiene una deuda histórica. “Tenemos el consumo per cápita de recursos pesqueros más bajo del mundo, desempleo y una concentración de la industria que anula el emprendimiento”, expresó.
Asimismo, en Pymepes argumentan que el futuro está en el fomento a la pyme pesquera. “Nuestros volúmenes de operación son mínimos, nuestra intensividad en mano de obra máxima, todo lo contrario a la industria automatizada”, dijo el dirigente. “Una planta harinera reduce cien toneladas de jurel en una hora y una pyme con esas mismas cien toneladas opera dos meses en un turno de ocho horas”, agregó señalando que hoy es el tiempo de los que con poco hacen mucho.
Respecto a la falta de piso político a la licitación en el parlamento, González manifestó una opinión diferente, señaló que las pymes pesqueras en su lucha por acceder a los recursos han sostenido conversaciones con muchos parlamentarios que están abiertos a discutir el tema. “Nos duele ver como tantos parlamentarios hacen una verdadera defensa corporativa a la industria, pero valoramos que también existan muchos dispuestos a iniciar una discusión honesta y valiente”, sostuvo.
Cabe recordar, que el citado artículo 27 de la actual ley de Límites Máximos de Captura por Armador, 19.713, establece un mecanismo de licitación de un 5% anual de los recursos, con un tope de hasta el 50% al termino de la normativa en diciembre del 2012, pero que según indican en Pymepes ha sido burlado en su espíritu. “La crisis del jurel y los despidos de la industria son consecuencia de una ley fracasada, que a la pyme ha traído crisis y drama”, finalizó, recordando que el sector Pyme pesquero ha decrecido un 67% sólo en la Región del Bío Bío, esto desde el 2001, año en que entró en vigencia le LMCA.
no le temblará la mano
En los temas referidos a la licitación de cuotas pesqueras en nuestra región.
Por El ConceCuente
15 de Junio,2011
Las plantas de proceso para el consumo humano del Bío Bío asociadas en Pymepes, se mantienen firmes en su intención de licitar cuotas de pesca industrial, argumentando que asignarlas gratis ha sido un error que ha costado caro.
Enrique González, presidente de Pymepes, señaló que durante diez años las cuotas que se han regalado al sector industrial son causantes de la falta de innovación pesquera y que la licitación pone fin a lo que califican como un privilegio. “Valoramos que el Presidente Piñera sea fiel al artículo 27 de la ley 19.713 que el mismo redactó y no se deje doblegar por el lobby de los industriales que impera sobre muchos” dijo el dirigente.
González agregó, que la ley 19.713 puso en manos de pocos los recursos pesqueros y que hoy ese regalo tiene al sector industrial hablando de “derechos históricos”, sin embargo a juicio del dirigente, hoy la industria tiene una deuda histórica. “Tenemos el consumo per cápita de recursos pesqueros más bajo del mundo, desempleo y una concentración de la industria que anula el emprendimiento”, expresó.
Asimismo, en Pymepes argumentan que el futuro está en el fomento a la pyme pesquera. “Nuestros volúmenes de operación son mínimos, nuestra intensividad en mano de obra máxima, todo lo contrario a la industria automatizada”, dijo el dirigente. “Una planta harinera reduce cien toneladas de jurel en una hora y una pyme con esas mismas cien toneladas opera dos meses en un turno de ocho horas”, agregó señalando que hoy es el tiempo de los que con poco hacen mucho.
Respecto a la falta de piso político a la licitación en el parlamento, González manifestó una opinión diferente, señaló que las pymes pesqueras en su lucha por acceder a los recursos han sostenido conversaciones con muchos parlamentarios que están abiertos a discutir el tema. “Nos duele ver como tantos parlamentarios hacen una verdadera defensa corporativa a la industria, pero valoramos que también existan muchos dispuestos a iniciar una discusión honesta y valiente”, sostuvo.
Cabe recordar, que el citado artículo 27 de la actual ley de Límites Máximos de Captura por Armador, 19.713, establece un mecanismo de licitación de un 5% anual de los recursos, con un tope de hasta el 50% al termino de la normativa en diciembre del 2012, pero que según indican en Pymepes ha sido burlado en su espíritu. “La crisis del jurel y los despidos de la industria son consecuencia de una ley fracasada, que a la pyme ha traído crisis y drama”, finalizó, recordando que el sector Pyme pesquero ha decrecido un 67% sólo en la Región del Bío Bío, esto desde el 2001, año en que entró en vigencia le LMCA.
Miércoles 15 de Junio de 2011
Rechazan propuesta de Comisión Mixta sobre embarcaciones artesanales
El informe de la Mixta buscaba zanjar las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras sobre la iniciativa que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de concepto de embarcación artesanal, su clasificación por eslora, el reemplazo de la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal y los requisitos para inscribirse en el mismo. En votación dividida, la Sala del Senado rechazó la propuesta realizada por la Comisión Mixta en torno al proyecto que buscaba mejorar el marco regulatorio de la pesca artesanal. El informe de la instancia que resolvió las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras sobre el proyecto que modificaba la Ley General de Pesca en lo relativo a la institución del reemplazo de la inscripción pesquera artesanal solo obtuvo 6 votos a favor, 13 en contra y 6 abstenciones. Durante el debate intervinieron los senadores Jaime Orpis, Camilo Escalona, Andrés Zaldívar, Antonio Horvath, Hosaín Sabag, Alejandro Navarro y Ricardo Lagos Weber quienes discreparon sobre la fórmula propuesta por la Comisión Mixta en torno a no exigir el uso de posicionadores satelitales a las embarcaciones artesanales de eslora total, igual o superior a 15 metros. Cabe recordar que durante el análisis de la Comisión Mixta, el Ejecutivo se comprometió a incorporar el posicionador satelital en naves pesqueras artesanales superiores a 12 metros cuando ingrese a trámite el proyecto modificatorio de la Ley General de Pesca, el 2012. El texto también proponía incorporar una causal de caducidad en la inscripción en el registro pesquero artesanal cuando el pescador o su embarcación no realizaran actividades pesqueras extractivas por 3 años consecutivos. El senador Orpis justificó su voto en contra del informe de la Comisión Mixta porque no comparte la ampliación del plazo para la caducidad de la inscripción en el registro pesquero y porque “se trataba de incorporar los posicionadores satelitales a embarcaciones artesanales con gran capacidad y autonomía de trasladarse de una región a otra”. El senador Escalona admitió que “estos han sido temas que suscitaron diferencias, pero la Cámara de Diputados tomó una decisión distinta al Senado y, en la Mixta se optó por mayoría, mantener el criterio de tratar el tema de los posicionadores satelitales en la discusión de la Ley General de Pesca en 2012, cuando expiran las cuotas de captura”. En tanto, el senador Zaldívar recordó que cuando se aprobó incorporar los posicionadores satelitales se hizo en el entendido que “se trataba de naves especiales de más de 15 metros de eslora, con mayor autonomía y capaces de pescar fuera de sus límites establecidos para la pesca artesanal”. Por ello, aseveró que “lo lógico es que respetemos los límites de la pesca artesanal”. A su turno, el senador Horvath precisó que “eran dos los temas en controversias: la causal de caducidad en el registro pecadores artesanales y la instalación del posicionador satelital para naves grandes que apunta a conocer la ubicación de las naves, saber lo que hacer y advertir de situaciones de riesgo”. Por ello, señaló que “no se entiende por qué se niegan a ser fiscalizados”. Una opinión distinta expresó el senador Sabag quien explicó que “en la Comisión Mixta se recibieron muchas organizaciones de pescadores artesanales y todas coincidieron en la necesidad de dejar este tema para el debate de la Ley General de Pesca y similar postura manifestó el Ejecutivo”. Al respecto, el senador Navarro pidió aclarar si se consultó a las agrupaciones de artesanales de la Región del Biobío, ya que a su juicio se mantiene una postura de legislar “a parches”. Además expresó sus aprensiones porque se puede “postergar la discusión de la Ley General de Pesca, más allá del 2012”. Finalmente, el senador Lagos Weber recalcó que “es una falacia decir que porque existen posicionadores satelitales se va a poder fiscalizar la pesca artesanal”. Agregó que “lo que está en juego es una presión indebida a un sector que le cuesta mucho crecer” y defendió el compromiso de discutir “todos los temas que afectan a la pesca y no solo el del posicionador satelital”.
Rechazan propuesta de Comisión Mixta sobre embarcaciones artesanales
El informe de la Mixta buscaba zanjar las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras sobre la iniciativa que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de concepto de embarcación artesanal, su clasificación por eslora, el reemplazo de la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal y los requisitos para inscribirse en el mismo. En votación dividida, la Sala del Senado rechazó la propuesta realizada por la Comisión Mixta en torno al proyecto que buscaba mejorar el marco regulatorio de la pesca artesanal. El informe de la instancia que resolvió las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras sobre el proyecto que modificaba la Ley General de Pesca en lo relativo a la institución del reemplazo de la inscripción pesquera artesanal solo obtuvo 6 votos a favor, 13 en contra y 6 abstenciones. Durante el debate intervinieron los senadores Jaime Orpis, Camilo Escalona, Andrés Zaldívar, Antonio Horvath, Hosaín Sabag, Alejandro Navarro y Ricardo Lagos Weber quienes discreparon sobre la fórmula propuesta por la Comisión Mixta en torno a no exigir el uso de posicionadores satelitales a las embarcaciones artesanales de eslora total, igual o superior a 15 metros. Cabe recordar que durante el análisis de la Comisión Mixta, el Ejecutivo se comprometió a incorporar el posicionador satelital en naves pesqueras artesanales superiores a 12 metros cuando ingrese a trámite el proyecto modificatorio de la Ley General de Pesca, el 2012. El texto también proponía incorporar una causal de caducidad en la inscripción en el registro pesquero artesanal cuando el pescador o su embarcación no realizaran actividades pesqueras extractivas por 3 años consecutivos. El senador Orpis justificó su voto en contra del informe de la Comisión Mixta porque no comparte la ampliación del plazo para la caducidad de la inscripción en el registro pesquero y porque “se trataba de incorporar los posicionadores satelitales a embarcaciones artesanales con gran capacidad y autonomía de trasladarse de una región a otra”. El senador Escalona admitió que “estos han sido temas que suscitaron diferencias, pero la Cámara de Diputados tomó una decisión distinta al Senado y, en la Mixta se optó por mayoría, mantener el criterio de tratar el tema de los posicionadores satelitales en la discusión de la Ley General de Pesca en 2012, cuando expiran las cuotas de captura”. En tanto, el senador Zaldívar recordó que cuando se aprobó incorporar los posicionadores satelitales se hizo en el entendido que “se trataba de naves especiales de más de 15 metros de eslora, con mayor autonomía y capaces de pescar fuera de sus límites establecidos para la pesca artesanal”. Por ello, aseveró que “lo lógico es que respetemos los límites de la pesca artesanal”. A su turno, el senador Horvath precisó que “eran dos los temas en controversias: la causal de caducidad en el registro pecadores artesanales y la instalación del posicionador satelital para naves grandes que apunta a conocer la ubicación de las naves, saber lo que hacer y advertir de situaciones de riesgo”. Por ello, señaló que “no se entiende por qué se niegan a ser fiscalizados”. Una opinión distinta expresó el senador Sabag quien explicó que “en la Comisión Mixta se recibieron muchas organizaciones de pescadores artesanales y todas coincidieron en la necesidad de dejar este tema para el debate de la Ley General de Pesca y similar postura manifestó el Ejecutivo”. Al respecto, el senador Navarro pidió aclarar si se consultó a las agrupaciones de artesanales de la Región del Biobío, ya que a su juicio se mantiene una postura de legislar “a parches”. Además expresó sus aprensiones porque se puede “postergar la discusión de la Ley General de Pesca, más allá del 2012”. Finalmente, el senador Lagos Weber recalcó que “es una falacia decir que porque existen posicionadores satelitales se va a poder fiscalizar la pesca artesanal”. Agregó que “lo que está en juego es una presión indebida a un sector que le cuesta mucho crecer” y defendió el compromiso de discutir “todos los temas que afectan a la pesca y no solo el del posicionador satelital”.
Chile e Islandia: dos modelos similares donde el sistema de cuotas de pesca ha sido discriminador
Muy parecido a como sucede en nuestro país, en Islandia, el sistema de cuotas pesqueras ha sido durante mucho tiempo un punto fuerte de la discordia en la sociedad islandesa. Por ANAPESCA.
15 de Junio, 2011 18:06
Cuando el sistema se implementó en Islandia hace casi 30 años, se tomó la decisión de asignar las mayores cuotas a los que pescaban la mayor cantidad. Con los años, un pequeño grupo de personas han llegado a ser increíblemente ricos sobre la base de la asignación de cuotas.
Sin embargo, en octubre de 2007, un fallo del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sancionó a Islandia por el caso de dos ciudadanos que por no tener historia pesquera, no recibieron cuotas de pesca, pues sólo se les asignaron cuotas a quienes capturaron entre los años 1980 y 1983. Estos pescadores, a quienes se les impidió desarrollar la actividad, elevaron una demanda ante la ONU y debieron ser indemnizados por el estado, es decir, existe un precedente de grave discriminación.
Debido a este precedente principalmente, el gobierno islandés ha comenzado a pensar en una forma de cambiar el sistema de cuotas perpetuas, pues lo ven como un sistema erróneo e injusto. El ministro de Pesca, Jon Bjarnnsson, anunció que, pese a que harán las modificaciones necesarias, se verían obligados a retrasar en 12 meses su plan de recuperar las cuotas de pesca entregadas a perpetuidad, situación a la que obviamente se oponen los dueños de las cuotas, industriales pesqueros y los principales economistas de dicho país.
LA SITUACIÓN ACTUAL CHILENA
En Chile la situación no es muy distinta, salvo porque las cuotas no están asignadas a perpetuidad, sino que sólo por 12 años, entregadas a través de ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA) pero, al igual que en Islandia, se consideraron para la asignación histórica las capturas de un par de años, más la calidad y cantidad de los permisos de pesca, los cuales fueron restringidos para algunos pescadores sin explicación alguna.
Ya han pasado casi 11 años desde la aplicación de la ley LMCA y gran parte de los recursos asignados al sector industrial están en crisis, pese a esto, el resultados de este sistema ha hecho que los dueños de las cuotas pesqueras hayan recibido grandes retornos por el negocio, pues se calcula que el negocio pesquero de los LMCA tiene un valor por sobre los 2000 millones de dólares al año.
Respecto a esta ley y cómo ha influido en la mediana y pequeña industria pesquera Santiago Gacitúa, Gerente General de Anapesca sostiene que “la pequeña y mediana empresa prácticamente desapareció, tanto en la pesca como en el proceso. Nosotros lo vimos claramente en nuestra asociación donde varias de las empresas que pertenecían a Anapesca se vieron forzadas a vender debido a que no podían operar por lo reducido de las asignaciones de cuotas de pesca. Los que ganaron fueron los grandes industriales, quienes se quedaron incluso con las cuotas de pesca de quienes eran los pequeños armadores de la merluza, un grupo que originalmente eran pescadores artesanales y fueron puestos en esa categoría que prácticamente ha desaparecido“
El 2012 deberá estar operando la nueva Ley de Pesca y el ministerio de Economía prepara una nuevo proyecto de ley de asignación de recursos pesqueros, ley que deberá empezar a discutirse prontamente en el Congreso y donde el Ejecutivo ha dejado entrever que priorizará un sistema mixto, donde el 50% será asignado sobre la base de la ley de LMCA y el otro 50% se asignará mediante licitación abierta y transparente, situación que ha generado una férrea oposición en el sector industrial pesquero.
Uno de los principales opositores a la subasta de cuotas de pesca, que pretende implementar el gobierno de Sebastián Piñera, es la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) quienes afirman que los hechos demuestran que el actual sistema de administración ha funcionado y ha sabido ajustarse a los cambios que se han generado. Es más, en un documento elaborado en 2010 por Jorge Quiroz, asesor de Sonapesca, se habla de la exitosa experiencia internacional en asignación de cuotas de pesca por historia y menciona a Islandia, entre otros países, como un ejemplo a seguir, considerando que, actualmente en dicho país, el gobierno se encuentra ideando una fórmula para devolver las cuotas al Estado y buscar un sistema de asignación “más equitativo”.
“La situación en Islandia debería dar luces de lo que claramente no se debe hacer. El entregar cuotas a perpetuidad a un pequeño grupo de grandes empresas tiene el inconveniente que si el sistema falla no hay como volver atrás. En el caso de Islandia, recibió un fallo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU hace varios años, pero recién ahora parece haber consenso de que se debe garantizar el acceso a nuevos actores, pero el tema está en cómo quitarles las cuotas a quienes las han tenido por 30 años y devolverlas al Estado“ aseveró Gacitúa.
SINTRISAN DICE: VAYA VAYA, COMO SON LAS COSAS, CUANDO VINO A CHILE EL SR. ISLANDES A DAR SU CATEDRA EN EL CONGRESO EL AÑO PASADO, DE LO BUENO QUE SON LOS LMC EN ISLANDIA, JAMAS HABLO DE LA EQUIDAD Y POR ESO NOS SONÓ UN CLIC DENTRO,,,,PARECE QUE NO SON LA PANACEA NI AQUI NI ALLÁ....
Muy parecido a como sucede en nuestro país, en Islandia, el sistema de cuotas pesqueras ha sido durante mucho tiempo un punto fuerte de la discordia en la sociedad islandesa. Por ANAPESCA.
15 de Junio, 2011 18:06
Cuando el sistema se implementó en Islandia hace casi 30 años, se tomó la decisión de asignar las mayores cuotas a los que pescaban la mayor cantidad. Con los años, un pequeño grupo de personas han llegado a ser increíblemente ricos sobre la base de la asignación de cuotas.
Sin embargo, en octubre de 2007, un fallo del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sancionó a Islandia por el caso de dos ciudadanos que por no tener historia pesquera, no recibieron cuotas de pesca, pues sólo se les asignaron cuotas a quienes capturaron entre los años 1980 y 1983. Estos pescadores, a quienes se les impidió desarrollar la actividad, elevaron una demanda ante la ONU y debieron ser indemnizados por el estado, es decir, existe un precedente de grave discriminación.
Debido a este precedente principalmente, el gobierno islandés ha comenzado a pensar en una forma de cambiar el sistema de cuotas perpetuas, pues lo ven como un sistema erróneo e injusto. El ministro de Pesca, Jon Bjarnnsson, anunció que, pese a que harán las modificaciones necesarias, se verían obligados a retrasar en 12 meses su plan de recuperar las cuotas de pesca entregadas a perpetuidad, situación a la que obviamente se oponen los dueños de las cuotas, industriales pesqueros y los principales economistas de dicho país.
LA SITUACIÓN ACTUAL CHILENA
En Chile la situación no es muy distinta, salvo porque las cuotas no están asignadas a perpetuidad, sino que sólo por 12 años, entregadas a través de ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA) pero, al igual que en Islandia, se consideraron para la asignación histórica las capturas de un par de años, más la calidad y cantidad de los permisos de pesca, los cuales fueron restringidos para algunos pescadores sin explicación alguna.
Ya han pasado casi 11 años desde la aplicación de la ley LMCA y gran parte de los recursos asignados al sector industrial están en crisis, pese a esto, el resultados de este sistema ha hecho que los dueños de las cuotas pesqueras hayan recibido grandes retornos por el negocio, pues se calcula que el negocio pesquero de los LMCA tiene un valor por sobre los 2000 millones de dólares al año.
Respecto a esta ley y cómo ha influido en la mediana y pequeña industria pesquera Santiago Gacitúa, Gerente General de Anapesca sostiene que “la pequeña y mediana empresa prácticamente desapareció, tanto en la pesca como en el proceso. Nosotros lo vimos claramente en nuestra asociación donde varias de las empresas que pertenecían a Anapesca se vieron forzadas a vender debido a que no podían operar por lo reducido de las asignaciones de cuotas de pesca. Los que ganaron fueron los grandes industriales, quienes se quedaron incluso con las cuotas de pesca de quienes eran los pequeños armadores de la merluza, un grupo que originalmente eran pescadores artesanales y fueron puestos en esa categoría que prácticamente ha desaparecido“
El 2012 deberá estar operando la nueva Ley de Pesca y el ministerio de Economía prepara una nuevo proyecto de ley de asignación de recursos pesqueros, ley que deberá empezar a discutirse prontamente en el Congreso y donde el Ejecutivo ha dejado entrever que priorizará un sistema mixto, donde el 50% será asignado sobre la base de la ley de LMCA y el otro 50% se asignará mediante licitación abierta y transparente, situación que ha generado una férrea oposición en el sector industrial pesquero.
Uno de los principales opositores a la subasta de cuotas de pesca, que pretende implementar el gobierno de Sebastián Piñera, es la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) quienes afirman que los hechos demuestran que el actual sistema de administración ha funcionado y ha sabido ajustarse a los cambios que se han generado. Es más, en un documento elaborado en 2010 por Jorge Quiroz, asesor de Sonapesca, se habla de la exitosa experiencia internacional en asignación de cuotas de pesca por historia y menciona a Islandia, entre otros países, como un ejemplo a seguir, considerando que, actualmente en dicho país, el gobierno se encuentra ideando una fórmula para devolver las cuotas al Estado y buscar un sistema de asignación “más equitativo”.
“La situación en Islandia debería dar luces de lo que claramente no se debe hacer. El entregar cuotas a perpetuidad a un pequeño grupo de grandes empresas tiene el inconveniente que si el sistema falla no hay como volver atrás. En el caso de Islandia, recibió un fallo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU hace varios años, pero recién ahora parece haber consenso de que se debe garantizar el acceso a nuevos actores, pero el tema está en cómo quitarles las cuotas a quienes las han tenido por 30 años y devolverlas al Estado“ aseveró Gacitúa.
SINTRISAN DICE: VAYA VAYA, COMO SON LAS COSAS, CUANDO VINO A CHILE EL SR. ISLANDES A DAR SU CATEDRA EN EL CONGRESO EL AÑO PASADO, DE LO BUENO QUE SON LOS LMC EN ISLANDIA, JAMAS HABLO DE LA EQUIDAD Y POR ESO NOS SONÓ UN CLIC DENTRO,,,,PARECE QUE NO SON LA PANACEA NI AQUI NI ALLÁ....
miércoles, 15 de junio de 2011
martes, 14 de junio de 2011
Matthei anuncia proyecto de ley para limitar porcentaje de asignaciones de colación y movilización14/Junio/2011 - 15:00
La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, nuevamente se refirió al dictamen de la Dirección del Trabajo sobre las asignaciones de colación y movilización y su impacto sobre las indemnizaciones, oportunidad en la informó que su cartera prepara un proyecto de ley para poner límite al porcentaje que estos beneficios representan del sueldo total que recibe un trabajador.Me asombra que todo el mundo esté preocupado del pago de la colación y movilización respecto a las indemnizaciones, pero si alguien se enferma, se le paga su licencia sin colación ni movilización. Si alguien se jubila, se le paga la jubilación sin considerar en el cálculo la colación y la movilización, sino que sólo el sueldo base, afirmó la secretaria de Estado.La ministra explicó que en la actualidad, muchos trabajadores reciben un porcentaje relevante de su sueldo como asignaciones de comisiones de movilización y colación, las que de acuerdo al criterio jurídico de la Corte Suprema -sustentado en una serie de fallos al respecto- no deben incluirse en el cálculo de indemnizaciones, seguros o pensiones que reciba el trabajador.Por eso, dijo la secretaria de Estado, el problema es que no existe límite para la asignación de bonos. Eso es inaceptable, no hay una ley que lo regule, y eso es lo que haremos a través de un proyecto de ley.Agregó que la limitación será porcentual y a través de un monto fijo, porque no sólo se está afectando a las indemnizaciones, sino que también a las licencias médicas, al seguro de invalidez, y a las jubilaciones, y por lo tanto, a los trabajadores.
La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, nuevamente se refirió al dictamen de la Dirección del Trabajo sobre las asignaciones de colación y movilización y su impacto sobre las indemnizaciones, oportunidad en la informó que su cartera prepara un proyecto de ley para poner límite al porcentaje que estos beneficios representan del sueldo total que recibe un trabajador.Me asombra que todo el mundo esté preocupado del pago de la colación y movilización respecto a las indemnizaciones, pero si alguien se enferma, se le paga su licencia sin colación ni movilización. Si alguien se jubila, se le paga la jubilación sin considerar en el cálculo la colación y la movilización, sino que sólo el sueldo base, afirmó la secretaria de Estado.La ministra explicó que en la actualidad, muchos trabajadores reciben un porcentaje relevante de su sueldo como asignaciones de comisiones de movilización y colación, las que de acuerdo al criterio jurídico de la Corte Suprema -sustentado en una serie de fallos al respecto- no deben incluirse en el cálculo de indemnizaciones, seguros o pensiones que reciba el trabajador.Por eso, dijo la secretaria de Estado, el problema es que no existe límite para la asignación de bonos. Eso es inaceptable, no hay una ley que lo regule, y eso es lo que haremos a través de un proyecto de ley.Agregó que la limitación será porcentual y a través de un monto fijo, porque no sólo se está afectando a las indemnizaciones, sino que también a las licencias médicas, al seguro de invalidez, y a las jubilaciones, y por lo tanto, a los trabajadores.