El imperio de negocios que la ACHS creó con las cotizaciones de los trabajadores
Por : Juan Pablo Figueroa y Gustavo Villarrubia en Reportajes de investigación Publicado: 24.06.2011
La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) convirtió un pilar del sistema de seguridad social en un millonario negocio. Por ley, su rol es prevenir riesgos laborales y asistir a los trabajadores que se accidenten. Con más de 100 empresas relacionadas, la ACHS hoy compite en el mercado de la salud privada. El modelo de negocios, subsidiado con las cotizaciones que los empresarios pagan para proteger a sus trabajadores, lo creó el mismo grupo que desde hace 40 años controla la mutual con una estructura intocable que se instaló en la cúpula de la red de empresas. Todo puede cambiar el martes 28 de junio, cuando los empresarios elijan al nuevo directorio.
Los sonidos al interior del yacimiento anticipaban lo que ocurriría. Durante esa mañana del 5 de agosto de 2010, varios de los mineros que trabajaban en la mina San José sintieron cómo las paredes crujían. Era un ruido que ya habían oído antes, algo así como un rugido. “La mina empezó a avisar que había problemas”, le diría unos meses después uno de los trabajadores al diputado Carlos Vilches, miembro de la comisión investigadora que indagó lo que allí pasó. Los mineros más experimentados sabían lo que significaba, así que a las 11:00 pidieron permiso a sus jefes para salir. No se los dieron. Tres horas después, el ruido se transformó en un estruendo. 33 hombres quedaron allí, encerrados a 700 metros bajo tierra. No fue uno, sino que tres derrumbes, todos simultáneos. Al mismo tiempo, a 800 kilómetros al sur, en Santiago, otra estructura también colapsaba.
Como la Compañía Minera San Esteban Primera S.A., dueña de la mina San José, es una de sus casi 40.000 empresas afiliadas, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) debía monitorear sus faenas para detectar posibles fallas de seguridad que atentaran contra la vida de sus trabajadores. También era su responsabilidad verificar que los propietarios de la mina modificaran las fallas para que no ocurrieran accidentes. Sin embargo, fallaron: los riesgos ya habían sido detectados y las señales que anticipaban un desastre estaban frescas.
Sólo un mes antes, una roca se desprendió del techo de la misma faena y cayó sobre Gino Cortés, uno de los perforistas de la mina, destruyéndole su pierna izquierda. Tuvieron que amputársela. Y un mes antes de eso le había tocado a otro trabajador, Jorge Galleguillos, aunque él sólo se lesionó la parte baja de su espalda. Ambos tuvieron suerte: entre 1996 y 2007, siete trabajadores murieron en accidentes laborales en los yacimientos de esa compañía.
Lo de Cortés y Galleguillos era sólo un accidente laboral más, como cualquiera de los 254.138 que ocurrieron el año pasado en el país. En cambio, lo de agosto fue distinto. No sólo porque se transformó en una noticia mundial, sino porque dejó en evidencia las falencias históricas que existen en materia de seguridad laboral en Chile, un área donde la ACHS es el principal referente, controla el 53% del mercado y recibe ingresos anuales por casi $204.000 millones (aproximadamente US$ 403 millones).
En los días siguientes, mientras el gobierno hacía intentos desesperados para saber si los 33 mineros seguían vivos, la ACHS desplegaba un enorme mecanismo de control de daños y seguridad. Pero lo que ahora cuidaba era su propia supervivencia. Una enorme carpa, un policlínico, ambulancias y un contingente formado por médicos, psicólogos, prevencionistas y periodistas, todos con los símbolos de la ACHS, llegaron al campamento que se instaló afuera de la mina. Allí donde se concentró el foco de las cámaras con transmisión directa a todo el mundo, la ACHS posicionó su marca como sinónimo de excelencia en seguridad. En los tribunales, uno de sus abogados recogía antecedentes sobre las acciones legales que se preparaban. Había que blindarse ante lo que venía. La ACHS capitalizó la tragedia a través de un excelente manejo comunicacional, un área donde la mutual tiene gran experiencia.
Aunque el de las mutuales es un mercado cerrado donde el ingreso de nuevos competidores está prácticamente bloqueado por ley desde fines de los ‘60, y su cartera de clientes es cautiva, en los últimos diez años la ACHS ha invertido más de $6.635 millones (poco más de US$ 14.000.000) en marketing. Entre 2005 y 2009, el gasto anual en publicidad superó al monto que resulta de la suma de lo que la mutual ha destinado tanto a la compra de insumos médicos como al traslado de pacientes.
Pero fuera de cámaras, para la ACHS el colapso de la mina fue un punto de quiebre. Al mando de Eugenio Heiremans, un empresario que se mantuvo por más de medio siglo como presidente de la mutual, se configuró una estructura de poder que se ha perpetuado mediante influencias políticas, redes comerciales y elecciones de directorio manejadas completamente por su administración. Los hombres que lo acompañaron durante los últimos 40 años, son los mismos que hoy se encuentran al mando de un modelo de negocio que ha logrado mantenerse fuera de toda fiscalización y crecer en un mercado completamente alejado de su objetivo: prevenir riesgos laborales y cubrir la atención médica de los trabajadores que se accidenten.
CIPER investigó la gigantesca red de empresas y sociedades que articularon directores y ejecutivos de la ACHS con los beneficios y capitales que les asegura la ley a las mutuales como administradoras de uno de los logros más importantes de la sociedad chilena en materia de seguridad social: el seguro obligatorio contra accidentes y enfermedades laborales. De ese derecho de los trabajadores, la mutual ha creado una industria que en la última década le ha reportado ingresos por unos $1.464.030 millones (alrededor de US$ 3.101 millones), según sus balances oficiales.
Como la ACHS es una corporación sin fines de lucro, no puede repartir sus excedentes y está obligada reinvertirlos en sí misma. Para evitar esto, la mutual creó una complicada estructura de negocios que se extiende por todo el país. CIPER le hizo una radiografía a ese modelo y logró rastrear al menos 103 sociedades anónimas y una fundación donde la ACHS tiene alguna participación, ya sea directa o a través de otras empresas relacionadas. La maraña de empresas es tan grande y enredada, que resulta difícil definir con certeza hasta dónde se extiende. Algunas son asociaciones comerciales; otras sólo son sociedades de fachada que persiguen beneficios tributarios, a través de las cuales la ACHS, exenta de pagar IVA y gravámenes aduaneros, recupera el IVA que de forma directa no podría.
La estructura de inversiones es controlada por los propios ejecutivos de la mutual, los que ocupan cargos gerenciales y directivos en las empresas relacionadas. A través de ellas externalizó servicios propios que las mutuales entregan por ley y entró a competir en el mercado de la salud privada. También les transfiere equipos y capital. La relación es simple: mientras menos accidentes laborales hay en el país, más invierte la ACHS en infraestructura médica y empresas clínicas que venden servicios a particulares. Un millonario negocio que ha sido subsidiado con lo que los empresarios pagan para proteger a sus trabajadores.
Las mutuales son financiadas por el sector privado. Todas las empresas en Chile están obligadas a pagar mensualmente a la mutual que estén afiliadas una cotización general para cubrir en caso de accidentes de sus trabajadores los tratamientos, rehabilitación y el período de invalidez que corresponda. Ese monto actualmente corresponde al 0,9% del sueldo imponible de sus empleados. El fondo empresarial se complementa con una cotización adicional –que tiene un tope del 3,4% de los sueldos imponibles–, dependiendo del riesgo que signifique para sus trabajadores desempeñarse en una empresa. A ello se agrega una cotización extraordinaria, vigente desde 1998 y que corresponde al 0,05% del sueldo imponible de cada trabajador.
La compañía propietaria de la mina San José estaba afiliada a la ACHS desde 1988. Todos los meses le transfería esos dineros para que velara por la protección de sus trabajadores. Como la mutual se hace cargo de una responsabilidad que para las empresas es una carga, prácticamente no se meten con ella. Ni siquiera cuando deben elegir cada tres años un nuevo directorio para la ACHS: aunque todas sus empresas afiliadas tienen poder de voto, en las elecciones el resultado siempre ha sido el mismo. Algo que podría cambiar el próximo martes 28 de junio.
El derrumbe de la mina San José dejó en evidencia que la ACHS, responsable de la protección de más de dos millones de trabajadores, no cumple su función. Pero el martes 28 de junio sus empresas afiliadas podrán pedir cuentas. Ese día se realizará la elección para definir el directorio del próximo trienio. Si la maquinaria que se ha implementado durante las últimas elecciones –y que hoy está en plena marcha– funciona, el resultado ya está escrito. Al interior de la ACHS todo está dispuesto para que Jorge Matetic, el actual presidente, y los demás directores se mantengan en sus cargos. Así ha funcionado desde hace décadas.
PODER FÁCTICO
El 42% de las empresas en Chile paga mensualmente a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) las cotizaciones para velar por la prevención de riesgos en el trabajo y la cobertura de los accidentes que ocurran. Para eso fue concebida cuando la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) la creó en 1958, época en que la tasa de accidentes laborales bordeaba el 35%. Pero la más grande de las mutuales hace ya varios años que dejó de ser sólo una mutual.
Lo que partió en 1968 con la Ley 16.744 como uno de los puntos clave del sistema de seguridad social chileno, comenzó a mutar hacia un negocio en 1977. Para entonces, la ACHS ya contaba con cerca de 300.000 trabajadores afiliados e ingresos por poco más de $241 millones. Un año antes, “tras profundos estudios”, su directorio decidió abrir sus instalaciones para atender a pacientes particulares. Al principio, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) se lo prohibió. Como su rol exclusivo por ley era la prevención de accidentes laborales y prestar asistencia médica a los trabajadores que se accidenten en sus funciones, las mutuales no podían atender pacientes que no fueran beneficiarios del seguro. En sólo unos meses quedaría en evidencia que la opinión del presidente de la ACHS pesaba mucho más que la negativa de la SUSESO, fiscalizadora de las mutuales.
Eugenio Heiremans fundó la ACHS y fue su presidente hasta 2010, cuando renunció un par de meses antes de morir. En una entrevista publicada en El Mercurio en 1993, el actual ministro de Defensa y entonces diputado de Renovación Nacional, Andrés Allamand, denunció que él era uno de los “poderes fácticos” del empresariado. El escándalo político fue enorme. Allamand pagó por su osadía. Pero lo que Heiremans hizo con la ACHS es una prueba de que sí lo era.
Ya a fines de los años 50, Heiremans se tuteaba con el poder como presidente de la SOFOFA. Después del Golpe de Estado, según su relato, pasó dos semanas reactivando el sector industrial. Para mediados de los ‘70, no sólo era el vicepresidente de Pizarreño, directorio que encabezaba el ex presidente Jorge Alessandri, sino que además era miembro del Consejo de Estado de la Junta Militar. Por eso no le costó mucho revertir el veto de la SUSESO.
En junio de 1977, el Ministerio de Hacienda emitió un decreto ley que permite a las mutuales “extender la atención médica que presten sus establecimientos cuando estén en condiciones para ello”. La norma también las faculta para “celebrar los convenios que sean necesarios”. A partir de este decreto, las mutuales tuvieron el campo libre para atender pacientes particulares utilizando instalaciones que han sido construidas, compradas y mantenidas gracias a las cotizaciones de los trabajadores afiliados, un fondo que por ser parte del régimen de prestaciones de previsión social, es público.
Fue entonces que la ACHS dejó de ser sólo una entidad administradora del fondo empresarial destinado a proteger a los trabajadores de accidentes laborales. Lo que vino no sólo fue una ampliación del giro hacia la salud privada, sino que también el comienzo de un camino que le daría a las mutuales, y principalmente a la ACHS, completo control sobre una industria que actualmente le reporta a las tres mutuales (ACHS, Mutual de Seguridad e Instituto de Seguridad del Trabajador) ingresos anuales por $405.144.000.000 (unos US$ 800 millones). De ese monto, el 53% ingresa a las arcas de la ACHS.
CONTROL TOTAL
-Déjennos manejar a nosotros el negocio y que no existan interferencias. Fiscalicen lo necesario, pero que entren a fiscalizar en la administración, no estoy de acuerdo. Si nos siguen molestando con controles y todo eso, bueno, pasará a manos del Estado y tendrá que administrarlos con la eficiencia que administran los hospitales –señaló Heiremans en una entrevista publicada en El Mostrador a mediados de 2004.
Lo que dijo Heiremans en esa entrevista fue la filosofía que imperó en el sistema durante los 52 años que se mantuvo como presidente de la ACHS y cabeza de una estructura clave en el lobby que hizo de las mutuales una zona prácticamente intocable, tanto desde afuera como también en su concepción interna.
El sistema para elegir el directorio de la ACHS es cualquier cosa menos democrático. Su estructura es paritaria y lo componen seis miembros titulares y seis suplentes. La idea es que allí tengan presencia las empresas afiliadas y sus trabajadores. Los directores que representan a los trabajadores surgen por votación directa de sus representantes en los comités paritarios. Los empresarios deben enviar un voto-poder para elegir a los miembros del directorio que los representarán por períodos de tres años. Pero en vez de poner un nombre en el documento, los empresarios suelen entregar su voto-poder a los agentes de la mutual, que antes de las elecciones se encargan de recogerlos por todo el país. En ese período, que culmina este fin de semana, la prevención queda relegada y las agencias se convierten en captadoras de votos en blanco. La orden que reciben los agentes es que induzcan el voto por la directiva vigente o, que en su defecto, los recopilen en blanco.
Al final el efecto es el mismo: en la ACHS se inscribe el nombre que decidió la dirección. Así, la estructura de poder ha logrado perpetuarse por más de cuatro décadas, consolidando un grupo de ejecutivos que se ha adueñado de la enorme red de negocios que la ACHS ha acumulado a punta de beneficios y un capital asegurado por ley.
De la mano de Heiremans, la ACHS adquirió completo control de su rubro. Aparte de atender pacientes privados en sus instalaciones y de quedar exentos de pagar parte de sus ingresos al sistema de salud público, distintas modificaciones legales de los últimos años de la dictadura dotaron a las mutuales de un enorme poder de negociación que les sirvió de base para hacer crecer su negocio. Una de ellas traspasó la responsabilidad de determinar el grado de incapacidad por accidente o enfermedad laboral desde el Compin a las mutuales. Después se las facultó para definir si sus empresas afiliadas cumplen o no los requisitos para acceder a una rebaja de la cotización adicional. Esto convirtió a las mutuales en juez y parte: con su propia evaluación podían determinar no sólo las pensiones que pagaban a los trabajadores con incapacidad, sino que también la tasa de cotización de las empresas. Ese poder no sería tocado por nadie.
-La modificación de la ley que se hizo durante el régimen militar fue algo que a la larga demostró que no benefició al trabajador y sólo sirvió para engrosar las arcas de las mutuales –dijo a CIPER el ex diputado Patricio Cornejo, quien en 2003 presentó sin éxito un anteproyecto para modificar el sistema de mutuales.
Si al comenzar los ’90 alguien pensó que el poder de Heiremans disminuiría, se equivocó. La ACHS ya contaba con casi un millón de trabajadores afiliados, ingresos anuales sobre los $23.000 millones, una tasa de accidentabilidad constantemente a la baja e inversiones en dos sociedades externas.
Durante los siguientes 20 años, la SUSESO apenas la fiscalizó. Una fuente consultada por CIPER dice que ahí “a Heiremans todos le temían”. Para mantener su estructura y su posición, la ACHS integró a sus filas a distintas autoridades de la Concertación. Algunos se sumaron de forma directa a puestos de gerencia o plana ejecutiva, mientras que otros se instalaron en algunas de las más de cien empresas que forman el intrincado imperio de negocios que la mutual consolidó durante el último cuarto de siglo (ver infografía).
Entre los nombres, se cuentan dos ex ministros de Salud de los gobiernos de la Concertación: Alex Figueroa Muñoz (Eduardo Frei Ruiz-Tagle), fue auditor de unidades médicas de la ACHS; Jorge Jiménez de la Jara (Patricio Aylwin), fue presidente de Clínica Los Coihues S.A; y el ex director del INP, Ernesto Evans, que al dejar su cargo asumió un puesto ejecutivo dentro de la mutual. No son los únicos.
En abril de 2005, el sindicato de trabajadores de la ACHS le envió una carta al entonces superintendente de seguridad social, Javier Fuenzalida Santander. En ese documento, los trabajadores le pedían a la SUSESO que investigara la creciente externalización de servicios que la ACHS venía implementando desde hacía algunos años. Para entonces ya había externalizado los servicios de aseo, lavandería, seguridad y alimentación, así como el transporte de pacientes. Esto último está a cargo de ESACHS S.A., una empresa creada a fines de 2004 donde el directorio y la gerencia están a cargo de ejecutivos de la mutual. Para los trabajadores, era “preocupante que se formen este tipo de empresas que nacen exclusivamente para burlar la ley y lucrarse a costa de un beneficio que deja todo a la lógica del mercado”.
“Creo que es necesario recordarle que el artículo 12 de la Ley 16.744, señala claramente (sobre las mutuales) en su letra b) que dispongan de servicios médicos adecuados, propios…, y en su letra d) que no sean administrados directa ni indirectamente por instituciones con fines de lucro”, señala la carta del sindicato.
La SUSESO nunca investigó y Javier Fuenzalida se mantuvo como superintendente de seguridad social hasta octubre de 2008. Tras cuatro años en el cargo, renunció e ingresó a la red de empresas que controla la ACHS. Ahora es gerente general de ESACHS S.A.
LA SUSESO NO FISCALIZA
Supuestamente, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) sólo tiene autorización para atender pacientes particulares en “sus establecimientos”. De acuerdo a su memoria institucional de 2009, eso significaría que la ampliación de sus servicios solamente podría realizarse en las tres clínicas, 97 policlínicos y un hospital que tiene repartidos por el país y sólo cuando tenga el espacio disponible para hacerlo. Pero no es así. Como no hay ninguna ley ni reglamento que permita o impida a las mutuales crear sociedades anónimas o comprar acciones en clínicas privadas, la mutual considera todos los lugares donde posee acciones, es socia o tiene algún tipo de convenio como “sus establecimientos”. Bajo esa lógica fue que en 1986 la ACHS comenzó una ofensiva para impulsar un modelo de negocios que elude la fiscalización y rompe la regla básica que tiene como corporación: el principio de no lucro.
-La creación de empresas relacionadas ha escapado de toda fiscalización. Por esa vía las mutuales se metieron en el campo de las clínicas privadas usando todos los recursos que vienen del seguro obligatorio. Pero no hay fiscalización efectiva. Casi no se sanciona a las mutuales y “desde arriba” llegan instrucciones de que ciertas áreas, como los gastos de administración o de prevención de riesgos, no sean pesquisadas –dice uno de los 18 funcionarios con que cuenta actualmente la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) para fiscalizar a las mutuales.
A diferencia de las mutuales, que como corporaciones están obligadas a reinvertir sus excedentes, las sociedades anónimas pueden repartir sus utilidades entre sus accionistas. Cada vez que una mutual constituye una sociedad, la SUSESO interviene para verificar el origen del capital inicial. Y ahí se acaba la fiscalización. Como las empresas que nacen son sociedades anónimas, la SUSESO no puede fiscalizarlas: pasan al ámbito de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Pero la ley de sociedades anónimas es clara al establecer que sólo son objeto de fiscalización las sociedades anónimas abiertas. Como todas las sociedades donde la ACHS tiene algún tipo de participación son cerradas, carecen de cualquier tipo de control.
-La única forma en que una empresa relacionada con una mutual pueda ser fiscalizada por la SUSESO, es que la mutual posea más del 50% de la participación. Pero eso casi no ocurre –agrega el fiscalizador de la SUSESO.
Muy pocos conocen la red de empresas que controla la ACHS. Mientras que la mayoría de los documentos de la mutual están en bases de datos, las escrituras de las sociedades son guardadas en un archivo aparte al que sólo tiene acceso Alfredo Grasset, fiscal de la ACHS durante los últimos 25 años. CIPER tuvo acceso a sus balances financieros entre 1975 y 2009, y en todos ellos sólo aparecen 31 sociedades donde la ACHS posee acciones en forma directa, con una inversión que en 2009 superó los $13.729 millones. Si se consideran las que figuran en el libro de empresas relacionadas que la mutual publicó el año pasado, la cifra de empresas vinculadas sube a 44. Pero tampoco son todas.
Durante los últimos 25 años, la ACHS ha invertido millonarias sumas, incluso fuera de su giro, para constituir sociedades anónimas, las que a su vez han dado origen a otras sociedades, creando una maraña de relaciones comerciales que se extiende por todo el país. CIPER rastreó en el Diario Oficial todas las conexiones de negocio que se han creado en ese período. En total, en ese registro aparecen una fundación sin fines de lucro y 103 sociedades vinculadas. Algunas son empresas en sociedad con inversionistas privados que operan instalaciones independientes como clínicas particulares, donde se atiende con precios de salud privada. Otras son sociedades anónimas que funcionan en las mismas instalaciones de la ACHS, vendiendo sus servicios como empresa privada pero utilizando las dependencias de la mutual. Mientras que unas funcionan como asociaciones comerciales con socios reales, otras sólo persiguen beneficios tributarios, con socios que sólo sirven de fachada bajo un control exclusivo de la mutual.
EXPANSION SIN LIMITE
La mayoría de los servicios que presta la mutual han sido externalizados. Los exámenes de imagenología se han centralizado principalmente en Sorema S.A., que aparte de funcionar al interior del Hospital del Trabajador de Santiago, es una de las dos empresas donde la ACHS posee más del 50% de participación y a través de la cual ha extendido su presencia en al menos otras ocho sociedades anónimas. Los exámenes de laboratorio están a cargo de Bionet S.A., una sociedad que creó la ACHS junto al grupo controlador de la Clínica Arauco, donde además la mutual tuvo acciones al menos hasta 2006. Los servicios de ambulancias los controla ESACHS S.A., la empresa que actualmente dirige el ex superintendente Fuenzalida. En ésta última la ACHS también posee más de la mitad de las acciones, por lo que la SUSESO puede fiscalizarla: como el 99% de la acciones son de la ACHS y el 1% restante es de Sorema S.A., la ACHS es su única controladora.
Entre las sociedades identificadas por CIPER figura un colegio, ocho inmobiliarias y al menos 23 sociedades creadas para ofrecer servicios de imagenología. Pero de estas últimas, no sólo la ACHS hace uso. También lo hacen las 34 clínicas y centros de salud privada donde la mutual comparte sociedad con su principal competidora (la Mutual de Seguridad), otras clínicas, Isapres o grupos de médicos.
Para expandirse en el mundo de la salud privada, desde 1991 la ACHS ha invertido por varias vías. Una de ellas ha sido la compra de acciones en clínicas que ya existían. Así entró a Clínica Magallanes S.A., Corporación Médica de Arica S.A., Clínica El Loa S.A. y Clínica Los Andes S.A., entre otras. Eso mismo hizo con las empresas del médico y empresario Ernesto del Solar Benavente. A través de Interclínica S.A., Serviclínica S.A. y Servisalud S.A., la ACHS junto a Del Solar han creado en conjunto al menos otras 18 sociedades dedicadas a ofrecer prestaciones de salud a pacientes particulares. Pero la verdadera ofensiva vino de la mano de su principal competidora, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción.
En 1991 las dos mutuales se unieron para crear Hospitales de la Seguridad S.A. (Hoseg S.A.) con un capital inicial de $5.000 millones que aportaron en partes iguales. A través de ella sólo se crearon cuatro sociedades, entre las que se cuentan Clínica Los Coihues S.A. y Clínica Puerto Montt S.A. Aunque estuvo a punto de disolverse en 1999 por problemas entre las dos mutuales, la experiencia de esta primera sociedad terminó en 2006, cuando Hoseg fue absorbida junto a la totalidad de sus activos por la empresa Inmobiliaria Clínicas Regionales S.A. Pero el escenario no cambiaba: al igual que Hoseg, Inmobiliaria Clínicas Regionales era propiedad de la ACHS y la Mutual de Seguridad, y durante los años siguientes la usarían para expandirse aún más. Entre 2003 y 2011, Inmobiliaria Clínicas Regionales S.A. ha participado directa e indirectamente en la creación de otras 20 sociedades anónimas. Para diciembre de 2010, la empresa dirigida por el hijo de Eugenio Heiremans, Fernando Heiremans Bunster, ya contaba con un patrimonio de $28.151 millones (poco más de US$ 60,1 millones).
Al principio, con la incursión de la ACHS en la salud privada parecía que se desataba una guerra. En 1993, la Asociación Gremial de Clínicas, Hospitales y Otros Establecimientos de Salud Privada solicitó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que interviniera a las mutuales. Según la gremial, su ingreso al mercado de la salud privada violaba las leyes de libre competencia, ya que funcionaban como clínicas, pero con los beneficios de ser una mutual. Alegaban que las mutuales actuaban fuera de sus fines y que disponían de un patrimonio garantizado por ley llamado “de afectación”, el que debía administrarse restrictivamente. Pero la FNE, a cargo entonces del abogado Rodrigo Asenjo, rechazó al año siguiente la solicitud por falta de mérito. Según uno de los abogados que alegó contra las mutuales, fue debido a la influencia de Heiremans en el gobierno. Después las clínicas llevaron el juicio hasta la Corte Suprema, pero el fallo final fue a favor de las mutuales.
Luego de la decisión de la Suprema, la agrupación de clínicas decidió no insistir. Seis años después, en 2000, la asociación gremial se dividió en dos: Clínicas de Chile A.G. y la Asociación de Clínicas y Prestadores de Salud Privados A.G. Actualmente, entre las empresas asociadas a la primera figuran Clínica Regional del Elqui S.A., Clínica Regional La Portada de Antofagasta S.A. y Clínica Magallanes S.A. En la segunda, la lista incluye la Clínica San José de Arica –propiedad de Corporación Médica de Arica S.A.– y la red de laboratorios Bionet S.A. Estas cinco empresas forman parte de la red de negocios de la ACHS y en todas ellas figuran como directores o gerentes los mismos ejecutivos de la mutual que han conformado el núcleo de poder que encabezó Eugenio Heiremans durante los últimos 40 años.
EL JUEGO DE LOS CAMBIOS DE SILLAS
El 22 de octubre del año pasado, mientras los medios aún respiraban la efervescencia del dramático rescate de los 33 mineros de la mina San José, los principales diarios financieros del país titularon con una noticia que venía desde la cúpula de la ACHS: después de 52 años como presidente de la mutual, Eugenio Heiremans había renunciado. Tenía 87 años. Junto a él, también se fue el gerente general desde 1985 y segundo al mando, Eduardo Undurraga. Su salida significó el inicio de una pugna interna que, con la salida posterior de varios hombres clave en su estructura, se presentó como el fin del grupo de poder que se mantuvo desde los ’70. Pero sólo fue un movimiento de piezas para dejar a las mismas personas con el control del negocio.
Unas semanas antes de los cambios, la ACHS contrató la asesoría de la consultora Virtus Partners para evaluar sus procesos y estrategias administrativas. La consultora llegó recomendada por el director suplente, Fernán Gazmuri. Entre los documentos que revisaron se cuentan sus balances financieros: todos hechos a la medida y sin ninguna observación que indicara alguna irregularidad. En los últimos años son dos empresas las que se han encargado de esa tarea. Una es KPMG. La otra es Price Waterhouse Coopers, la misma consultora hoy cuestionada por auditar los balances de La Polar.
-Virtus llegó para evaluar la administración. Después de revisar una inmensidad de documentos, resultó que todo lo de atrás estaba mal y que había que cambiar por completo la dirección. Fue entonces que Virtus entró y lo que ahora hay en la ACHS es una doble administración. Y aunque se fueron algunos, lo cierto es que la mayoría de los que estaban desde hace años siguen allí –dijo a CIPER un alto ejecutivo de la mutual que pidió mantener su nombre en reserva.
Por el estilo de dirección que siempre tuvo, la ACHS sin Heiremans era una institución sin cabeza. El mismo día que Heiremans y Undurraga presentaron su dimisión, los directores decidieron que al primero lo reemplazaría Jorge Matetic, uno de los miembros más antiguos del directorio. El cargo de Undurraga lo ocuparía interinamente el fiscal Alfredo Grasset hasta que llegara un nuevo gerente general. Al mismo tiempo, Fernán Gazmuri pasó a ser director titular de la mutual. Esos sólo fueron los primeros pasos en la reestructuración del organigrama.
Los cambios siguieron con la entrada del ex ejecutivo de Corpbanca, Cristóbal Prado, como nuevo gerente general –recomendado por Virtus– y varios despidos. Entre otros, se fueron el gerente de asuntos corporativos, Ángel Mansilla; el gerente de personas, Juan Francisco Urmeneta; el gerente de planificación, Rodolfo Retamales; y el gerente prevención y yerno de Eugenio Heiremans, Martín Fruns. Con sus salidas, parecía que el equipo que acompañó por más de 40 años a Heiremans se alejaba definitivamente de la mutual. Pero los cambios son un mero maquillaje. Mientras que en el directorio siguen los mismos que han estado allí desde hace más de 10 años, tanto los ejecutivos desvinculados como los que siguen en la ACHS aún controlan la enorme máquina de negocios que consolidó la mutual.
A medida que se iban creando sociedades, la ACHS fue instalando a varios de sus hombres en sus directorios y gerencias. En esa lista, el de Eduardo Undurraga fue uno de los nombres que más se repitió. Como una de sus tareas fue representar a la ACHS y algunas de sus empresas relacionadas en la constitución de distintas sociedades, Undurraga llegó a ocupar un asiento en al menos seis directorios. Aunque se fue de la ACHS, sigue ocupando esos cargos.
Mansilla y Retamales tampoco se han desvinculado del todo. El primero aún comparte con Undurraga en el directorio de Clínica Magallanes S.A., además de participar en Clínica Regional La Portada de Antofagasta S.A. y Clínica Regional de Curicó S.A. Por su parte, Retamales figura como director de dos de las clínicas relacionadas a la ACHS y de la Fundación Científica y Tecnológica de la ACHS (Fucyt), donde lo acompaña Martín Fruns.
El cargo que Fruns dejó vacante ahora lo ocupa el antiguo gerente de la ACHS en la II Región, Pedro Cárdenas Olmos, quien además es uno de los directores de Clínica El Loa S.A. Pero Cárdenas no es el único de los ejecutivos de la ACHS que se repartieron en las empresas y que aún son parte de la estructura de la mutual.
El ex senador UDI, Eugenio Cantuarias, entró a trabajar a la ACHS en 1988. El cargo que tiene como director de la empresa pública que controla el Puerto de Talcahuano (cuyo directorio está presidido por el recién renunciado vicepresidente de La Polar, Heriberto Urzúa) no le impide ser además gerente de empresas asociadas de la ACHS, director de Bionet S.A. e Inmobiliaria e Inversiones Clínicas del Sur SpA y presidente de Fucyt y ESACHS S.A. En esta última empresa también aparece el nombre de Mario Bravo, ex gerente de Administración y Finanzas y ahora gerente de clínicas regionales en la mutual y director de otras 13 sociedades, entre las que está Sorema S.A. Además de ellos, al menos otros cinco gerentes de la ACHS poseen cargos directivos en sociedades relacionadas.
El periodista Alejandro Pino Uribe también es director de tres sociedades vinculadas a la mutual. Por 24 años fue gerente de la ACHS en la región de Coquimbo, pero ahora se mudó más al norte. Cuando en agosto de 2010 colapsó la mina San José, Pino fue enviado a Copiapó para hacerse cargo de la gerencia en la III Región, el epicentro del desastre interno que se desató en la mutual.
EL FANTASMA DE LA MINA SAN JOSÉ
Muchos ya los daban por muertos. Incluso el ministro de Minería, Laurence Golborne, dijo que eran pocas las posibilidades de sacar con vida a los 33 desde el fondo de la mina San José. Pero el 22 de agosto de 2010, a dos semanas del derrumbe, la situación cambió. Ese día, una de las sondas que buscaban hacer contacto con los mineros llegó hasta donde estaban atrapados. Minutos más tarde, el Presidente Sebastián Piñera levantó en su mano una bolsa plástica con un mensaje: “Estamos bien el refugio los 33”, decía el papel con letras rojas.
Cuatro días después, la ACHS entregó el informe que le solicitó la comisión investigadora del derrumbe de la Cámara de Diputados. En ese documento, la mutual indica que entre 2006 y el día del accidente se realizaron 88 actividades preventivas en las faenas de la Compañía Minera San Esteban Primera S.A., de las cuales 17 se habían llevado a cabo durante 2010. La última fue dos días antes del derrumbe, el 3 de agosto, cuando se habría realizado un informe técnico sobre los niveles de presión sonora en la mina.
CIPER le consultó a un grupo de mineros de la San José sobre esas actividades preventivas. Uno dijo que nunca vio “a nadie de la ACHS visitando la mina”. Otro indicó que “las charlas de seguridad eran todas arriba, afuera de la faena, en la oficina del jefe de turno”. Y una paramédico, que también trabajó en la ACHS, aseguró que la mutual “se dedicaba a hacer muestras de gases o equipos de protección personal, pero en cuanto a los trabajos internos de la mina, no tenía injerencia”.
En enero de 2011 la comisión investigadora del Congreso despachó su informe final, donde responsabiliza principalmente a los dueños de la mina, “quienes no sólo no adoptaron las medidas de seguridad laboral y de faenas requeridas por la autoridad, sino que intentaron deslindar responsabilidades en los servicios fiscalizadores y luego en los trabajadores”. Pero el mismo documento señala que las responsabilidades también recaen en la ACHS.
De acuerdo a la ley, el principal objetivo que debe tener la ACHS es la prevención de riesgos en el trabajo. Pero el verdadero foco de la mutual está en sus negocios. Y eso no sólo queda demostrado por lo que pasó en la mina San José, sino que por su funcionamiento normal con cualquiera de sus casi 40.000 empresas afiliadas, las que podrán cambiar la situación el próximo martes 28 de junio, cuando se realice la asamblea que definirá el nuevo directorio.
-Muchos ejecutivos de empresas intentan reducir al mínimo la inversión en seguridad de faenas para incrementar sus utilidades. El sistema reacciona ante esta realidad entregando a entidades intermedias, denominadas “mutualidades”, la facultad de promover y supervigilar la adecuación de las faenas laborales de las empresas a la normativa vigente, a fin de mejorar las condiciones de salubridad y seguridad laboral. La relación que existe entre la mutual y la empresa es una comercial, en que la empresa es el contratante y mandante de la mutual, razón por la cual un incremento de exigencias de seguridad laboral planteadas por la mutualidad respectiva podría motivar el cese de su relación contractual con la empresa exigida. Esta situación de “promoción contenida o consensuada” entre mutual y empresa apareja un efecto indeseado para los trabajadores, donde éstos sufren la peor parte: su desprotección –dice el informe final de los parlamentarios.
(*) En esta investigación colaboró el periodista Rodrigo Baires
SINTRISAN DICE: QUE COSAS TIENE LA VIDA MARIANA....A LOS TRABAJADORES LES DAN COMO PREMIO POR BAJAR LOS INDICES DE ACCIDENTABILIDAD UN LLAVERO DE GOMA CON EL LOGO...Y MIENTRAS SE ACCIDENTAN LES DAN UN PARCHE CURITA O LOS MANDAN A VERSE DE FORMA PARTICULAR... O LOS ATENDEN DENTRO DE LA EMPRESA EL FAMOSO PARAMEDICO,, O CUANDO TE ATIENDEN TE DAN LA FAMOSA ALTA CON SEGUIMIENTO, ES DECIR ESTAS ENFERMO PERO PUEDES TRABAJAR.....QUE COSAS TIENE LA VIDA MARIANA CANTABA ALBERTO CORTEZ HACE UN TIEMPO...
lunes, 20 de junio de 2011
Cuotas: La batalla pesquera
Por : Albert Arias Arthur en Opinión Publicado: 20.06.2011
Al momento de analizar los cambios a las políticas de cuotas de pesca, muchos “Chicago Boys” parecen olvidar los fundamentos neoliberales y se oponen a una mayor competencia, reflexiona este experto que asesora a la Asociación de Armadores de Buques Pesqueros y Plantas Procesadoras de Productos del Mar (Anapesca). Mientras los actuales beneficiarios buscan mantener sus derechos de pesca, el gobierno impulsaría un cambio para licitar parte de las cuotas, permitiendo el ingreso de nuevos actores. Una batalla con millonarios intereses que recién comienza.
Un verdadera batalla se está dando en el sector pesquero entre quienes quieren perpetuar el actual sistema de asignación de todos los recursos pesqueros de importancia económica a un pequeño grupo de empresas y quienes buscan que parte de las cuotas de pesca sean licitadas para tener la oportunidad de incrementar su participación o simplemente tener acceso a un porcentaje de cuotas de pesca.
La Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA), que entregó gratuitamente a un reducido número de empresas todos los recursos pesqueros del país, vence el 2012, por lo que una nueva iniciativa legislativa debe ser enviada al parlamento con prontitud. Según lo expresado por el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, el proyecto contendría una parte de las cuotas asignadas mediante licitación pública.
Este enfrentamiento entre los interesados y sus adherentes ha dejado claro que cuando de libertad económica y libre competencia se trata, hasta los más extremos neoliberales pueden dejar atrás sus principios y buscar argumentos para perpetuar la ineficiente entrega gratuita de recursos naturales de todos los chilenos a un pequeño grupo de familias influyentes. Particularmente destacable es el caso del Instituto Libertad y Desarrollo, que ha sido el principal defensor de mantener los privilegios del grupo de beneficiados con las cuotas de pesca, dando argumentos que contravienen toda teoría económica avanzada, lo que hace parecer que a los “Chicago Boys” se les olvidó tomar el curso de Economía II o lo tomaron asistiendo a sólo la mitad de las clases.
Pero este enfrentamiento ha mostrado además que cuando se trata de intereses económicos no hay partidos ni colores políticos. Sin ir más lejos, la ley de LMCA que favoreció a familias abiertamente ligadas a la centro-derecha del país fue impulsada a presión por el Presidente Ricardo Lagos y su ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi. Este último ha sido parte de la actual defensa de quienes quieren quedarse con las cuotas gratuitas a perpetuidad. Es más, en una publicación del grupo de industriales favorecidos con las cuotas, Rodríguez Grossi declara que si alguien quiere entrar al negocio pesquero, lo debe hacer comprando a los actuales dueños de las cuotas –no al Estado, como sería en el caso de la licitación– desconociendo que la ley termina el 2012, con lo cual terminan los derechos de propiedad de esos supuestos dueños, recuperando el Estado el derecho a asignar de los derechos de pesca de la forma más eficiente posible.
En la misma publicación muestran a un pequeño número de parlamentarios tanto de gobierno como de oposición –apodados “la bancada de Asipes” (Asociación de Industriales Pesqueros de la Octava Región), – también argumentando en contra de la licitación, donde destacan su preocupación por los trabajadores y cómo estos podrían ser afectados por la licitación.
Sin embargo, ninguno de ellos se detiene a analizar la actual crisis pesquera y sus consecuencias. En resumen, podemos decir que luego de 11 años de la aplicación de los LMCA las empresas dueñas de las cuotas han tenidos resultados económicos fantásticos pero el empleo es cada vez menor, donde además las organizaciones sindicales están totalmente controladas por el empresariado y los recursos pesqueros han sido sobreexplotados. ¿Qué empuja a este grupo de parlamentarios a querer continuar con este modelo argumentando la defensa de los trabajadores? Hasta ahora podríamos ingenuamente decir que es un misterio.
Por último, es necesario dejar claro las dos posiciones que existen. El primer grupo, quienes han tenido por más de una década la exclusividad y gratuidad de las cuotas, quieren mantener el sistema de esa forma a perpetuidad. El segundo grupo, busca que por lo menos parte de las cuotas se liciten para tener la oportunidad de participar del negocio pesquero. De continuar con el sistema como está, todas las rentas de los recursos pesqueros seguirán en manos de las empresas favorecidas. Muy por el contrario, con la licitación, cada empresa que licite pagará por los recursos pesqueros el valor de mercado de los mismos por lo que el Estado recaudaría parte de las rentas de los recursos pesqueros del país.
SINTRISAN DICE : AQUI VA UNA OPINION MAS CLARITA DE LO QUE ESTA PASANDO, COMO DIJO EL GATO JUANITO ESO ESTA CLARITO COMO EL AGUA..A INFORMARSE ENTONCES Y VER BIEN PORQUE A LA GENTE LA QUIEREN USAR DE ESCUDO PARA SEGUIR PROTEGIENDO A LOS PODEROSOS,, LA PROXIMA LEY DEBE TENER POR SI O POR NO A LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA INCORPORADOS, ENTIENDAN ESTO QUE ES CLAVE, DEBEMOS ESTAR INCLUIDOS EN ESTA LEY ...NO SACAMOS NADA CON DEFENDER LO INDEFENDIBLE,,,POR MIEDO...SI TODA LA VIDA TE HAN MANEJADO CON LA DESINFORMACION, Y CON EL MIEDO ...
Por : Albert Arias Arthur en Opinión Publicado: 20.06.2011
Al momento de analizar los cambios a las políticas de cuotas de pesca, muchos “Chicago Boys” parecen olvidar los fundamentos neoliberales y se oponen a una mayor competencia, reflexiona este experto que asesora a la Asociación de Armadores de Buques Pesqueros y Plantas Procesadoras de Productos del Mar (Anapesca). Mientras los actuales beneficiarios buscan mantener sus derechos de pesca, el gobierno impulsaría un cambio para licitar parte de las cuotas, permitiendo el ingreso de nuevos actores. Una batalla con millonarios intereses que recién comienza.
Un verdadera batalla se está dando en el sector pesquero entre quienes quieren perpetuar el actual sistema de asignación de todos los recursos pesqueros de importancia económica a un pequeño grupo de empresas y quienes buscan que parte de las cuotas de pesca sean licitadas para tener la oportunidad de incrementar su participación o simplemente tener acceso a un porcentaje de cuotas de pesca.
La Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA), que entregó gratuitamente a un reducido número de empresas todos los recursos pesqueros del país, vence el 2012, por lo que una nueva iniciativa legislativa debe ser enviada al parlamento con prontitud. Según lo expresado por el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, el proyecto contendría una parte de las cuotas asignadas mediante licitación pública.
Este enfrentamiento entre los interesados y sus adherentes ha dejado claro que cuando de libertad económica y libre competencia se trata, hasta los más extremos neoliberales pueden dejar atrás sus principios y buscar argumentos para perpetuar la ineficiente entrega gratuita de recursos naturales de todos los chilenos a un pequeño grupo de familias influyentes. Particularmente destacable es el caso del Instituto Libertad y Desarrollo, que ha sido el principal defensor de mantener los privilegios del grupo de beneficiados con las cuotas de pesca, dando argumentos que contravienen toda teoría económica avanzada, lo que hace parecer que a los “Chicago Boys” se les olvidó tomar el curso de Economía II o lo tomaron asistiendo a sólo la mitad de las clases.
Pero este enfrentamiento ha mostrado además que cuando se trata de intereses económicos no hay partidos ni colores políticos. Sin ir más lejos, la ley de LMCA que favoreció a familias abiertamente ligadas a la centro-derecha del país fue impulsada a presión por el Presidente Ricardo Lagos y su ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi. Este último ha sido parte de la actual defensa de quienes quieren quedarse con las cuotas gratuitas a perpetuidad. Es más, en una publicación del grupo de industriales favorecidos con las cuotas, Rodríguez Grossi declara que si alguien quiere entrar al negocio pesquero, lo debe hacer comprando a los actuales dueños de las cuotas –no al Estado, como sería en el caso de la licitación– desconociendo que la ley termina el 2012, con lo cual terminan los derechos de propiedad de esos supuestos dueños, recuperando el Estado el derecho a asignar de los derechos de pesca de la forma más eficiente posible.
En la misma publicación muestran a un pequeño número de parlamentarios tanto de gobierno como de oposición –apodados “la bancada de Asipes” (Asociación de Industriales Pesqueros de la Octava Región), – también argumentando en contra de la licitación, donde destacan su preocupación por los trabajadores y cómo estos podrían ser afectados por la licitación.
Sin embargo, ninguno de ellos se detiene a analizar la actual crisis pesquera y sus consecuencias. En resumen, podemos decir que luego de 11 años de la aplicación de los LMCA las empresas dueñas de las cuotas han tenidos resultados económicos fantásticos pero el empleo es cada vez menor, donde además las organizaciones sindicales están totalmente controladas por el empresariado y los recursos pesqueros han sido sobreexplotados. ¿Qué empuja a este grupo de parlamentarios a querer continuar con este modelo argumentando la defensa de los trabajadores? Hasta ahora podríamos ingenuamente decir que es un misterio.
Por último, es necesario dejar claro las dos posiciones que existen. El primer grupo, quienes han tenido por más de una década la exclusividad y gratuidad de las cuotas, quieren mantener el sistema de esa forma a perpetuidad. El segundo grupo, busca que por lo menos parte de las cuotas se liciten para tener la oportunidad de participar del negocio pesquero. De continuar con el sistema como está, todas las rentas de los recursos pesqueros seguirán en manos de las empresas favorecidas. Muy por el contrario, con la licitación, cada empresa que licite pagará por los recursos pesqueros el valor de mercado de los mismos por lo que el Estado recaudaría parte de las rentas de los recursos pesqueros del país.
SINTRISAN DICE : AQUI VA UNA OPINION MAS CLARITA DE LO QUE ESTA PASANDO, COMO DIJO EL GATO JUANITO ESO ESTA CLARITO COMO EL AGUA..A INFORMARSE ENTONCES Y VER BIEN PORQUE A LA GENTE LA QUIEREN USAR DE ESCUDO PARA SEGUIR PROTEGIENDO A LOS PODEROSOS,, LA PROXIMA LEY DEBE TENER POR SI O POR NO A LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA INCORPORADOS, ENTIENDAN ESTO QUE ES CLAVE, DEBEMOS ESTAR INCLUIDOS EN ESTA LEY ...NO SACAMOS NADA CON DEFENDER LO INDEFENDIBLE,,,POR MIEDO...SI TODA LA VIDA TE HAN MANEJADO CON LA DESINFORMACION, Y CON EL MIEDO ...
En qué consiste el seguro de cesantía?
El seguro de cesantía, creado por la Ley Nº 19.728, de fecha 14 de Mayo del año 2001, consiste en un instrumento que permite al trabajador, sobrellevar de mejor manera la situación de encontrarse cesante, ya que durante un período de tiempo determinado, recibirá beneficios de carácter económico, que lo ayudarán mientras se inserta nuevamente en el ámbito laboral.A partir del 2 de octubre del año 2002, todos los trabajadores que firmen un nuevo contrato de trabajo, tienen derecho al seguro de cesantía en forma automática. Los trabajadores antiguos, pueden optar en forma voluntaria a este seguro.El seguro de cesantía opera a través de una cuenta individual que tiene cada trabajador, de esta forma, al término de la relación laboral, ya sea por renuncia o despido, el trabajador tiene derecho a retirar giros mensuales de su cuenta individual, siempre que tenga a lo menos doce cotizaciones debidamente registradas, continuas o discontinuas. Sin embargo, en el caso de trabajadores contratados a plazo fijo o por obra o faena, basta con acreditar seis meses de cotizaciones, continuas o discontinuas. Finalmente, en el caso de que la separación del trabajador se produzca por “necesidades de la empresa” o “caso fortuito o fuerza mayor”, el trabajador tiene derecho a optar al fondo de cesantía solidario, el cual asegura montos mínimos de retiro.El fondo del seguro de cesantía, se financia con un aporte individual de los trabajadores, que corresponde al 0,6% de sus ingresos imponibles, que se depositan en la cuenta individual, con un aporte de los empleadores, equivalente al 2,4% del ingreso imponible del trabajador, el cual, a su vez, se divide en dos partes: el 1,6% del sueldo imponible que va a la cuenta individual del trabajador y el 0,8% que va al fondo solidario. Además, existe un aporte del Estado, de $8.000 millones que van al fondo solidario de cesantía.Si el trabajador renuncia o es despedido por el empleador, por alguna causal que no le dé derecho a indemnización, tiene derecho a retirar giros desde su cuenta individual, hasta por un plazo máximo de cinco meses.Lo anterior, no obsta a que el trabajador cesante continúe percibiendo los beneficios consistentes en prestaciones de salud y de asignación familiar, que le correspondan.El trabajador deja de percibir los beneficios del seguro de cesantía, si encuentra un nuevo trabajo, sin embargo, en este caso, puede retirar desde su cuenta individual, el monto correspondiente al giro del mes siguiente si hubiere permanecido cesante, o bien, mantener los recursos en su cuenta individual, a fin de poder utilizarlos en el futuro.Si el trabajador fallece, los recursos acumulados en su cuenta individual, pasan a formar parte de su herencia, y se establece un mecanismo sencillo para que los herederos puedan disponer de esos fondos, sin necesidad de tramitar la posesión efectiva.Por último el seguro obligatorio de cesantía es administrado por un solo organismo, especialmente creado al efecto, que es una sociedad anónima denominada “Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A.”, cuyos socios son las siete AFP que operan en el país.
SINTRISAN DICE: lo importante es aprender, mientras nuestras bases esten informadas de lo que acontece estará preparada para defender sus historicos derechos y no será engañada nuevamente,, una pa los vivos,,, dos pa los guasones y el que llega a tres se gana el premio del mas.......
El seguro de cesantía, creado por la Ley Nº 19.728, de fecha 14 de Mayo del año 2001, consiste en un instrumento que permite al trabajador, sobrellevar de mejor manera la situación de encontrarse cesante, ya que durante un período de tiempo determinado, recibirá beneficios de carácter económico, que lo ayudarán mientras se inserta nuevamente en el ámbito laboral.A partir del 2 de octubre del año 2002, todos los trabajadores que firmen un nuevo contrato de trabajo, tienen derecho al seguro de cesantía en forma automática. Los trabajadores antiguos, pueden optar en forma voluntaria a este seguro.El seguro de cesantía opera a través de una cuenta individual que tiene cada trabajador, de esta forma, al término de la relación laboral, ya sea por renuncia o despido, el trabajador tiene derecho a retirar giros mensuales de su cuenta individual, siempre que tenga a lo menos doce cotizaciones debidamente registradas, continuas o discontinuas. Sin embargo, en el caso de trabajadores contratados a plazo fijo o por obra o faena, basta con acreditar seis meses de cotizaciones, continuas o discontinuas. Finalmente, en el caso de que la separación del trabajador se produzca por “necesidades de la empresa” o “caso fortuito o fuerza mayor”, el trabajador tiene derecho a optar al fondo de cesantía solidario, el cual asegura montos mínimos de retiro.El fondo del seguro de cesantía, se financia con un aporte individual de los trabajadores, que corresponde al 0,6% de sus ingresos imponibles, que se depositan en la cuenta individual, con un aporte de los empleadores, equivalente al 2,4% del ingreso imponible del trabajador, el cual, a su vez, se divide en dos partes: el 1,6% del sueldo imponible que va a la cuenta individual del trabajador y el 0,8% que va al fondo solidario. Además, existe un aporte del Estado, de $8.000 millones que van al fondo solidario de cesantía.Si el trabajador renuncia o es despedido por el empleador, por alguna causal que no le dé derecho a indemnización, tiene derecho a retirar giros desde su cuenta individual, hasta por un plazo máximo de cinco meses.Lo anterior, no obsta a que el trabajador cesante continúe percibiendo los beneficios consistentes en prestaciones de salud y de asignación familiar, que le correspondan.El trabajador deja de percibir los beneficios del seguro de cesantía, si encuentra un nuevo trabajo, sin embargo, en este caso, puede retirar desde su cuenta individual, el monto correspondiente al giro del mes siguiente si hubiere permanecido cesante, o bien, mantener los recursos en su cuenta individual, a fin de poder utilizarlos en el futuro.Si el trabajador fallece, los recursos acumulados en su cuenta individual, pasan a formar parte de su herencia, y se establece un mecanismo sencillo para que los herederos puedan disponer de esos fondos, sin necesidad de tramitar la posesión efectiva.Por último el seguro obligatorio de cesantía es administrado por un solo organismo, especialmente creado al efecto, que es una sociedad anónima denominada “Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A.”, cuyos socios son las siete AFP que operan en el país.
SINTRISAN DICE: lo importante es aprender, mientras nuestras bases esten informadas de lo que acontece estará preparada para defender sus historicos derechos y no será engañada nuevamente,, una pa los vivos,,, dos pa los guasones y el que llega a tres se gana el premio del mas.......
domingo, 19 de junio de 2011
Diputada Turres: “Sólo la ley podría obligar a pescadores artesanales a instalar GPS”
Sábado 18 junio 2011 11:59
“La obligación de instalar posicionadores satelitales en las embarcaciones de los pescadores artesanales va en contra de lo establecido en la ley que tramitamos en el Congreso Nacional y que modifica precisamente la ley de pesca; los parlamentarios rechazamos esa obligación. Así, el acuerdo de las autoridades administrativas de exigir posicionador satelital es ilegal, y está generar un conflicto entre los pescadores artesanales y el gobierno”, afirmó la diputada Marisol Turres.
El acuerdo de los Intendentes de la X y la XI regiones y del Subsecretario de Pesca, sobre implementación de zonas contiguas para recursos bentónicos por el período 2011-2013, establece que todas las embarcaciones de la X Región que operen en zonas contiguas, en esas pesquerías, deberán disponer de un posicionador satelital georeferenciado, que debe estar certificado por una consultora o entidad a cargo de la pesca de investigación. El sistema de anclaje y sellado de estos dispositivos, debe ser certificado por la Autoridad Marítima.
“Además, el 22 de marzo esos Intendentes firmaron un anexo que fija como fechas de entrada en vigencia de la obligación de usar el posicionador satelital, el 31 de mayo de 2011 para las naves acarreadoras o transportadoras de más de 25 trg., y el 15 de Agosto de 2011, para la totalidad de los botes y lanchas. Eso va en contra del acuerdo que se había tomado con los pescadores, en el que se dejó en claro que ese implemento se exigiría sólo a las naves de más de 25 trg”, recordó la parlamentaria
“¿Cuál es la ley que faculta a esos Intendentes y al Subsecretario de Pesca para dictar ese tipo de normas?, esa ley no existe”, enfatizó la diputada Turres.
“El gobierno no puede dilatar la solución del problema ni debe transferir la responsabilidad de su solución a Contraloría o los Tribunales. Es necesario que las autoridades involucradas reconozcan que cometieron un error y dejen sin efecto esa obligación de usar posicionador satelital”, agregó Marisol Turres.
“Las autoridades administrativas que generaron el error y el conflicto con los pescadores artesanales de Quellón son quienes deben solucionar el problema. En todo caso, conversaré con los Ministros de Interior y Economía, pues no existe norma legal que obligue el uso de estos posicionadores satelitales,por lo que pediré a esas autoridades que instruyan al Subsecretario de Pesca y a los Intendentes a solucionar este error” afirmó la parlamentaria.“Esta obligación ilegal está generando conflictos sociales innecesarios al gobierno en Chiloé y enrarece las relaciones con los pescadores artesanales de toda la región”, por ello hago un llamado a las autoridades administrativas que originaron este conflicto, a solucionarlo a la brevedad”, finalizó la diputada Marisol Turres.
Sábado 18 junio 2011 11:59
“La obligación de instalar posicionadores satelitales en las embarcaciones de los pescadores artesanales va en contra de lo establecido en la ley que tramitamos en el Congreso Nacional y que modifica precisamente la ley de pesca; los parlamentarios rechazamos esa obligación. Así, el acuerdo de las autoridades administrativas de exigir posicionador satelital es ilegal, y está generar un conflicto entre los pescadores artesanales y el gobierno”, afirmó la diputada Marisol Turres.
El acuerdo de los Intendentes de la X y la XI regiones y del Subsecretario de Pesca, sobre implementación de zonas contiguas para recursos bentónicos por el período 2011-2013, establece que todas las embarcaciones de la X Región que operen en zonas contiguas, en esas pesquerías, deberán disponer de un posicionador satelital georeferenciado, que debe estar certificado por una consultora o entidad a cargo de la pesca de investigación. El sistema de anclaje y sellado de estos dispositivos, debe ser certificado por la Autoridad Marítima.
“Además, el 22 de marzo esos Intendentes firmaron un anexo que fija como fechas de entrada en vigencia de la obligación de usar el posicionador satelital, el 31 de mayo de 2011 para las naves acarreadoras o transportadoras de más de 25 trg., y el 15 de Agosto de 2011, para la totalidad de los botes y lanchas. Eso va en contra del acuerdo que se había tomado con los pescadores, en el que se dejó en claro que ese implemento se exigiría sólo a las naves de más de 25 trg”, recordó la parlamentaria
“¿Cuál es la ley que faculta a esos Intendentes y al Subsecretario de Pesca para dictar ese tipo de normas?, esa ley no existe”, enfatizó la diputada Turres.
“El gobierno no puede dilatar la solución del problema ni debe transferir la responsabilidad de su solución a Contraloría o los Tribunales. Es necesario que las autoridades involucradas reconozcan que cometieron un error y dejen sin efecto esa obligación de usar posicionador satelital”, agregó Marisol Turres.
“Las autoridades administrativas que generaron el error y el conflicto con los pescadores artesanales de Quellón son quienes deben solucionar el problema. En todo caso, conversaré con los Ministros de Interior y Economía, pues no existe norma legal que obligue el uso de estos posicionadores satelitales,por lo que pediré a esas autoridades que instruyan al Subsecretario de Pesca y a los Intendentes a solucionar este error” afirmó la parlamentaria.“Esta obligación ilegal está generando conflictos sociales innecesarios al gobierno en Chiloé y enrarece las relaciones con los pescadores artesanales de toda la región”, por ello hago un llamado a las autoridades administrativas que originaron este conflicto, a solucionarlo a la brevedad”, finalizó la diputada Marisol Turres.
Chile e Islandia: Dos modelos similares donde las cuotas de pesca no han funcionado
Muy parecido a como sucede en nuestro país, en Islandia, donde la industria pesquera es una de las más importantes llegando a aportar el 40% de los ingresos de exportación, el sistema de cuotas pesqueras ha sido durante mucho tiempo un punto fuerte de la discordia en la sociedad islandesa.
18 de Junio, 2011 00:06
Cuando el sistema se implementó en Islandia hace casi 30 años, se tomó la decisión de asignar las mayores cuotas a los que pescaban la mayor cantidad. Con los años, un pequeño grupo de personas han llegado a ser increíblemente ricos sobre la base de la asignación de cuotas.
Sin embargo, en octubre de 2007, un fallo del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sancionó a Islandia por el caso de dos ciudadanos que por no tener historia pesquera, no recibieron cuotas de pesca, pues sólo se les asignaron cuotas a quienes capturaron entre los años 1980 y 1983. Estos pescadores, a quienes se les impidió desarrollar la actividad, elevaron una demanda ante la ONU y debieron ser indemnizados por el estado, es decir, existe un precedente de grave discriminación.
Debido a este precedente principalmente, el gobierno islandés ha comenzado a pensar en una forma de cambiar el sistema de cuotas perpetuas, pues lo ven como un sistema erróneo e injusto. El ministro de Pesca, Jon Bjarnnsson, anunció que, pese a que harán las modificaciones necesarias, se verían obligados a retrasar en 12 meses su plan de recuperar las cuotas de pesca entregadas a perpetuidad, situación a la que obviamente se oponen los dueños de las cuotas, industriales pesqueros y los principales economistas de dicho país.
LA SITUACIÓN ACTUAL CHILENA
En Chile la situación no es muy distinta, salvo porque las cuotas no están asignadas a perpetuidad, sino que sólo por 12 años, entregadas a través de ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA) pero, al igual que en Islandia, se consideraron para la asignación histórica las capturas de un par de años, más la calidad y cantidad de los permisos de pesca, los cuales fueron restringidos para algunos pescadores sin explicación alguna.
Ya han pasado casi 11 años desde la aplicación de la ley LMCA y gran parte de los recursos asignados al sector industrial están en crisis, pese a esto, el resultados de este sistema ha hecho que los dueños de las cuotas pesqueras hayan recibido grandes retornos por el negocio, pues se calcula que el negocio pesquero de los LMCA tiene un valor por sobre los 2000 millones de dólares al año.
Respecto a esta ley y cómo ha influido en la mediana y pequeña industria pesquera Santiago Gacitúa, Gerente General de Anapesca sostiene que “la pequeña y mediana empresa prácticamente desapareció, tanto en la pesca como en el proceso. Nosotros lo vimos claramente en nuestra asociación donde varias de las empresas que pertenecían a Anapesca se vieron forzadas a vender debido a que no podían operar por lo reducido de las asignaciones de cuotas de pesca. Los que ganaron fueron los grandes industriales, quienes se quedaron incluso con las cuotas de pesca de quienes eran los pequeños armadores de la merluza, un grupo que originalmente eran pescadores artesanales y fueron puestos en esa categoría que prácticamente ha desaparecido“
El 2012 deberá estar operando la nueva Ley de Pesca y el ministerio de Economía prepara una nuevo proyecto de ley de asignación de recursos pesqueros, ley que deberá empezar a discutirse prontamente en el Congreso y donde el Ejecutivo ha dejado entrever que priorizará un sistema mixto, donde el 50% será asignado sobre la base de la ley de LMCA y el otro 50% se asignará mediante licitación abierta y transparente, situación que ha generado una férrea oposición en el sector industrial pesquero.
Uno de los principales opositores a la subasta de cuotas de pesca, que pretende implementar el gobierno de Sebastián Piñera, es la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) quienes afirman que los hechos demuestran que el actual sistema de administración ha funcionado y ha sabido ajustarse a los cambios que se han generado. Es más, en un documento elaborado en 2010 por Jorge Quiroz, asesor de Sonapesca, se habla de la exitosa experiencia internacional en asignación de cuotas de pesca por historia y menciona a Islandia, entre otros países, como un ejemplo a seguir, considerando que, actualmente en dicho país, el gobierno se encuentra ideando una fórmula para devolver las cuotas al Estado y buscar un sistema de asignación “más equitativo”.
“La situación en Islandia debería dar luces de lo que claramente no se debe hacer. El entregar cuotas a perpetuidad a un pequeño grupo de grandes empresas tiene el inconveniente que si el sistema falla no hay como volver atrás. En el caso de Islandia, recibió un fallo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU hace varios años, pero recién ahora parece haber consenso de que se debe garantizar el acceso a nuevos actores, pero el tema está en cómo quitarles las cuotas a quienes las han tenido por 30 años y devolverlas al Estado“ aseveró Gacitúa.
Muy parecido a como sucede en nuestro país, en Islandia, donde la industria pesquera es una de las más importantes llegando a aportar el 40% de los ingresos de exportación, el sistema de cuotas pesqueras ha sido durante mucho tiempo un punto fuerte de la discordia en la sociedad islandesa.
18 de Junio, 2011 00:06
Cuando el sistema se implementó en Islandia hace casi 30 años, se tomó la decisión de asignar las mayores cuotas a los que pescaban la mayor cantidad. Con los años, un pequeño grupo de personas han llegado a ser increíblemente ricos sobre la base de la asignación de cuotas.
Sin embargo, en octubre de 2007, un fallo del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sancionó a Islandia por el caso de dos ciudadanos que por no tener historia pesquera, no recibieron cuotas de pesca, pues sólo se les asignaron cuotas a quienes capturaron entre los años 1980 y 1983. Estos pescadores, a quienes se les impidió desarrollar la actividad, elevaron una demanda ante la ONU y debieron ser indemnizados por el estado, es decir, existe un precedente de grave discriminación.
Debido a este precedente principalmente, el gobierno islandés ha comenzado a pensar en una forma de cambiar el sistema de cuotas perpetuas, pues lo ven como un sistema erróneo e injusto. El ministro de Pesca, Jon Bjarnnsson, anunció que, pese a que harán las modificaciones necesarias, se verían obligados a retrasar en 12 meses su plan de recuperar las cuotas de pesca entregadas a perpetuidad, situación a la que obviamente se oponen los dueños de las cuotas, industriales pesqueros y los principales economistas de dicho país.
LA SITUACIÓN ACTUAL CHILENA
En Chile la situación no es muy distinta, salvo porque las cuotas no están asignadas a perpetuidad, sino que sólo por 12 años, entregadas a través de ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA) pero, al igual que en Islandia, se consideraron para la asignación histórica las capturas de un par de años, más la calidad y cantidad de los permisos de pesca, los cuales fueron restringidos para algunos pescadores sin explicación alguna.
Ya han pasado casi 11 años desde la aplicación de la ley LMCA y gran parte de los recursos asignados al sector industrial están en crisis, pese a esto, el resultados de este sistema ha hecho que los dueños de las cuotas pesqueras hayan recibido grandes retornos por el negocio, pues se calcula que el negocio pesquero de los LMCA tiene un valor por sobre los 2000 millones de dólares al año.
Respecto a esta ley y cómo ha influido en la mediana y pequeña industria pesquera Santiago Gacitúa, Gerente General de Anapesca sostiene que “la pequeña y mediana empresa prácticamente desapareció, tanto en la pesca como en el proceso. Nosotros lo vimos claramente en nuestra asociación donde varias de las empresas que pertenecían a Anapesca se vieron forzadas a vender debido a que no podían operar por lo reducido de las asignaciones de cuotas de pesca. Los que ganaron fueron los grandes industriales, quienes se quedaron incluso con las cuotas de pesca de quienes eran los pequeños armadores de la merluza, un grupo que originalmente eran pescadores artesanales y fueron puestos en esa categoría que prácticamente ha desaparecido“
El 2012 deberá estar operando la nueva Ley de Pesca y el ministerio de Economía prepara una nuevo proyecto de ley de asignación de recursos pesqueros, ley que deberá empezar a discutirse prontamente en el Congreso y donde el Ejecutivo ha dejado entrever que priorizará un sistema mixto, donde el 50% será asignado sobre la base de la ley de LMCA y el otro 50% se asignará mediante licitación abierta y transparente, situación que ha generado una férrea oposición en el sector industrial pesquero.
Uno de los principales opositores a la subasta de cuotas de pesca, que pretende implementar el gobierno de Sebastián Piñera, es la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) quienes afirman que los hechos demuestran que el actual sistema de administración ha funcionado y ha sabido ajustarse a los cambios que se han generado. Es más, en un documento elaborado en 2010 por Jorge Quiroz, asesor de Sonapesca, se habla de la exitosa experiencia internacional en asignación de cuotas de pesca por historia y menciona a Islandia, entre otros países, como un ejemplo a seguir, considerando que, actualmente en dicho país, el gobierno se encuentra ideando una fórmula para devolver las cuotas al Estado y buscar un sistema de asignación “más equitativo”.
“La situación en Islandia debería dar luces de lo que claramente no se debe hacer. El entregar cuotas a perpetuidad a un pequeño grupo de grandes empresas tiene el inconveniente que si el sistema falla no hay como volver atrás. En el caso de Islandia, recibió un fallo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU hace varios años, pero recién ahora parece haber consenso de que se debe garantizar el acceso a nuevos actores, pero el tema está en cómo quitarles las cuotas a quienes las han tenido por 30 años y devolverlas al Estado“ aseveró Gacitúa.
EN LOS 10 PRINCIPALES SECTORES
37 Empresas Chilenas Figuran Entre las Top 15
en Ventas de la Región
Las 1.090 compañías latinoamericanas que cotizan en bolsa totalizaron ventas por US$482.612 millones en los primeros tres meses del año, lo que implicó un crecimiento interanual de 20%.
El buen momento reportado por las empresas de la región, que estuvo beneficiado principalmente por las respectivas demandas internas y altos precios de los commodities, también se apreció en los resultados, los que sumaron US$54.214 millones, 33% más que doce meses antes. En el período, además, una gran cantidad de compañías elevaron sus ingresos de explotación (un 77% de ellas), resaltando los incrementos individuales de Vale (que las subió en US$6.387 millones), América Móvil (en US$4.833 millones), Pemex (en US$3.764 millones), Bradesco (en US$3.333 millones) y Petrobras (US$2.694 millones). La empresa chilena que más subió su facturación fue Empresas Copec, anotando un alza de US$2.050 millones.
Participación Chilena
En los últimos años, el protagonismo de las empresas chilenas en la región se ha vuelto bastante llamativo, ostentando actualmente el segundo lugar, después de las brasileras.
En efecto, considerando los diez principales sectores económicos de la región, son 37 las firmas nacionales que se ubican entre las 15 líderes en ventas de esos rubros, sólo superadas por las de Brasil que ocupan 57 lugares.
El rubro con mayor figuración de las chilenas es Agro y Pesca, donde de las 15 empresas con los ingresos de explotación más altos, ocho son nacionales: Corpesca (US$105,4 millones), Compañía Pesquera Camanchaca (US$79,7 millones), Copeval (US$79,5 millones), Multiexport Foods (US$77,1 millones), Sopraval (US$55,2 millones), Iquique-Guanaye (US$49 millones), Anasac (US$48,7 millones) y Pesquera Itata (US$31,3 millones).
Otro sector donde Chile tiene varios representantes es el Forestal, e incluso Copec (US$4.758 millones), Empresas CMPC (US$1.242 millones) y Arauco (US$1.047 millones), se sitúan en los tres primeros lugares del ranking de ventas, seguidas por las brasileras Fibria (US$950 millones) y Suzano Papel (US$649 millones). Igualmente, aparecieron entre las Top-15, Masisa (US$264 millones) e Inforsa (US$45,9 millones).
Relevante también es la participación de las firmas nacionales en el sector Petróleo y Gas y Minero. En el primero figuraron Enap (US$2.528 millones), y sus filiales Enap Refinerías (US$2.489 millones) y Enap Sipetrol (US$87,4 millones), así como Gasco (US$349 millones) y Metrogas (US$192,4 millones). En el segundo, en tanto, resaltaron Codelco, Escondida, SQM y Molymet.
37 Empresas Chilenas Figuran Entre las Top 15
en Ventas de la Región
Las 1.090 compañías latinoamericanas que cotizan en bolsa totalizaron ventas por US$482.612 millones en los primeros tres meses del año, lo que implicó un crecimiento interanual de 20%.
El buen momento reportado por las empresas de la región, que estuvo beneficiado principalmente por las respectivas demandas internas y altos precios de los commodities, también se apreció en los resultados, los que sumaron US$54.214 millones, 33% más que doce meses antes. En el período, además, una gran cantidad de compañías elevaron sus ingresos de explotación (un 77% de ellas), resaltando los incrementos individuales de Vale (que las subió en US$6.387 millones), América Móvil (en US$4.833 millones), Pemex (en US$3.764 millones), Bradesco (en US$3.333 millones) y Petrobras (US$2.694 millones). La empresa chilena que más subió su facturación fue Empresas Copec, anotando un alza de US$2.050 millones.
Participación Chilena
En los últimos años, el protagonismo de las empresas chilenas en la región se ha vuelto bastante llamativo, ostentando actualmente el segundo lugar, después de las brasileras.
En efecto, considerando los diez principales sectores económicos de la región, son 37 las firmas nacionales que se ubican entre las 15 líderes en ventas de esos rubros, sólo superadas por las de Brasil que ocupan 57 lugares.
El rubro con mayor figuración de las chilenas es Agro y Pesca, donde de las 15 empresas con los ingresos de explotación más altos, ocho son nacionales: Corpesca (US$105,4 millones), Compañía Pesquera Camanchaca (US$79,7 millones), Copeval (US$79,5 millones), Multiexport Foods (US$77,1 millones), Sopraval (US$55,2 millones), Iquique-Guanaye (US$49 millones), Anasac (US$48,7 millones) y Pesquera Itata (US$31,3 millones).
Otro sector donde Chile tiene varios representantes es el Forestal, e incluso Copec (US$4.758 millones), Empresas CMPC (US$1.242 millones) y Arauco (US$1.047 millones), se sitúan en los tres primeros lugares del ranking de ventas, seguidas por las brasileras Fibria (US$950 millones) y Suzano Papel (US$649 millones). Igualmente, aparecieron entre las Top-15, Masisa (US$264 millones) e Inforsa (US$45,9 millones).
Relevante también es la participación de las firmas nacionales en el sector Petróleo y Gas y Minero. En el primero figuraron Enap (US$2.528 millones), y sus filiales Enap Refinerías (US$2.489 millones) y Enap Sipetrol (US$87,4 millones), así como Gasco (US$349 millones) y Metrogas (US$192,4 millones). En el segundo, en tanto, resaltaron Codelco, Escondida, SQM y Molymet.