Radiografía a la industria pesquera I
La guerra por la redistribución del mar
Por : Juan Pablo Figueroa en Reportajes de investigación Publicado: 24.11.2011
Desde hace 10 años que el mar chileno y sus recursos tienen dueños. Y hoy están en guerra. La ley que en 2001 repartió entre las empresas de pesca industrial las cuotas de captura, perderá vigencia a fines de 2012. Unos pocos pidieron la redistribución a través de licitaciones; mientras que los grandes quieren mantenerse como están. Entonces partió el lobby. Porque ellos poseen las tajadas más grandes de una torta que les reporta más de US$ 1.200 millones al año, sin pagar impuestos; la misma torta que han sobreexplotado al punto de casi acabar con ella. Por eso hoy les imponen un royalty.
La propuesta del ministro de Economía Pablo Longueira para calmar las aguas era simple: si los grandes industriales pesqueros querían seguir controlando el mar chileno y sus recursos, tenían que llegar a un acuerdo con los pescadores artesanales. Y en el plazo de un mes. Si no lo hacían, el gobierno llevaría a cabo el plan inicial, ese que decía que a partir de 2013 las cuotas individuales de pesca se licitarían. Una licitación que los industriales no podían permitir. Para ellos, esas cuotas, que les aseguran un pedazo de una torta que le reporta a la industria más de US$ 1.200 millones al año, son suyas por derecho. Si no aceptaban, una de las empresas, Lota Protein S.A., habría ganado la guerra. Porque fue esa empresa la que inició la disputa al pedir licitaciones.
¿Por qué Lota Protein pidió cambiar el sistema y bregó por una licitación? Para la mayoría de los protagonistas del sector hubo una sola razón: quiere más de lo que le corresponde hasta ahora. Y como emergían otros actores con la misma postura, decidieron sentarse a dialogar. Confiaron en que tenían la mayoría y al final, llegar a un acuerdo no sería tan difícil.
En el grupo de trabajo participaron 30 personas elegidas por las autoridades del ministerio después de conversar con los representantes de los industriales. Dos de ellas eran miembros del Consejo Nacional de Pesca (CNP) nominados por el Presidente: el ex subsecretario de Pesca, Andrés Couve y Beatriz Corbo, cuya participación fue cuestionada por conflictos de intereses, ya que es hija de Canio Corbo, director de Pesquera Coloso S.A., que forma parte de la sociedad controladora de una de las empresas pesqueras más grandes del país. Había también 14 dirigentes de las dos grandes confederaciones de pescadores artesanales: siete de la Confepach y siete de la Conapach. Por el sector laboral, hubo otros siete representantes de los tripulantes, los oficiales y los trabajadores de plantas procesadoras, todos vinculados a las grandes empresas industriales. Los otros cinco fueron los líderes de las principales asociaciones gremiales industriales: Roberto Izquierdo, Rodrigo Sarquis, Francisco Mujica, Carlos Vial y Sebastián Vera. Ninguno de ellos creía que las subastas eran una opción.
Además de unos pocos pescadores artesanales, Alfredo Irarrázabal, presidente de Pymepes, fue el único de los miembros de la mesa que apoyaba abiertamente la licitación de las cuotas. Por eso fue fácil llegar a un consenso.
Cuando a fines de septiembre por fin se selló el documento con las 27 firmas, las puertas de la sala de reuniones se abrieron y el ministro dijo que el momento era “histórico”, que nunca antes los pescadores industriales con los artesanales se habían puesto de acuerdo. Parecía que las grandes empresas pesqueras habían ganado la guerra por la redistribución del mar. Ahora, dos meses después, dicen que el ex senador Longueira y el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, “perdieron toda credibilidad”.
-Las más altas autoridades de gobierno cambiaron de posición y las bases del diálogo de mala manera. Fuimos presionados para llegar a un arreglo en el cual hicimos concesiones dolorosísimas, y ahora se vuelve todo a fojas cero, pero ya con estas concesiones otorgadas. Entonces, estamos en el peor de los mundos –dijo a La Segunda Roberto Izquierdo, el presidente de Asipes, una de las asociaciones gremiales de industriales pesqueros más grandes y poderosas del país.
Longueira fue el primero en romper el acuerdo y lo hizo a fines de octubre por orden directa del Presidente Sebastián Piñera. El ministro no sólo anunció que el proyecto de ley que debe enviar en las próximas semanas al Congreso incluirá las licitaciones, sino que además, se establecerá un royalty a la pesca que le reportaría al Estado unos US$ 30 millones anuales, prácticamente lo mismo que ya percibe el fisco por las patentes de los barcos (ver recuadro). Precisamente para evitar eso, la industria había cedido en la mesa de trabajo parte de las cuotas que tenían en su poder desde 2001 a los 81.157 pescadores artesanales que figuran registrados en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca). Lo que más les dolió a los industriales fue doblarles su ración de jurel, el principal recurso pesquero del país. Así, los pescadores artesanales quedaron con el derecho a pescar el 10% del jurel que se extrae en Chile. Ese fue el precio de evitar la licitación de las cuotas. Aunque en rigor no fue tan alto, porque al final, gran parte de esos pescados igual irá a parar a sus plantas procesadoras.
“PALOS BLANCOS”
Minutos antes de que el Achernar llegue a Talcahuano y se inicie la descarga de la pesca de su último viaje, ya se han instalado a esperarlo en el puerto dos perros, casi una veintena de gaviotas, cuatro lobos marinos y un enorme camión que apenas traspase la carga desde el barco a su container refrigerado, partirá con aproximadamente 10 toneladas de jurel fresco rumbo a Perú. La nave tiene 17,6 metros de largo, 6,6 de ancho y una capacidad de bodega de 88 toneladas. Por eso, porque es pequeña, aún puede calar en Talcahuano. El azote del tsunami de febrero de 2010 sobre el puerto lo dejó inutilizable para el desembarque de barcos pesqueros industriales. Las instalaciones de SouthPacific Korp S.A. y Pesquera San José S.A., las dos grandes empresas pesqueras que utilizaban ese mismo puerto, quedaron completamente destruidas. De su infraestructura, sólo quedaron ruinas.
Desde entonces que al puerto de Talcahuano sólo llegan naves de pesca artesanal. La mayoría de las pesqueras industriales de la zona centro sur ahora se reparten entre los puertos de San Vicente, Coronel y Lota. Pero eso no significa que hayan desaparecido por completo del principal fondeadero de la VIII Región.
Esteban Salinas llegó temprano ese martes 2 de agosto al puerto de Talcahuano y señaló los barcos que estaban calados en la bahía. Los había de varios tamaños, aunque los más grandes eran como el Achernar. De acuerdo a las exigencias del Sernapesca, para que una embarcación sea considerada como artesanal no puede exceder los 18 metros de eslora ni las 50 toneladas de registro grueso (TRG). Además, debe ser propiedad de un armador artesanal y estar en el RPA, que a diciembre de 2010 contaba con 15.889 naves autorizadas para pescar en el país.
-Pero muchas de ellas son palos blancos. Las grandes empresas les dan créditos a los pescadores artesanales para comprar sus barcos. Así se adueñan también de las cuotas de pesca artesanal. Por ejemplo, ese de allá es de San José. El de al lado es de Pesquera Landes. Y esos dos son de El Golfo y Camanchaca. Casi todas las empresas grandes tienen barcos artesanales. Al final, son los dueños de todo –contaba Salinas mientras señalaba los barcos en el puerto.
Aunque pasó casi 50 años dedicado a la pesca artesanal, Salinas cambió hace poco de actividad. Ahora pasa los días paseando a turistas por la bahía en su pequeño bote y sólo a veces sale a pescar. Dice que le va mejor: que el jurel prácticamente ya ni existe en las aguas chilenas, que la pesca de arrastre (prohibida por ley a los pescadores artesanales) para capturar merluza ha sido excesiva y que la cuota artesanal de sardinas para este año ya está casi agotada. Que prácticamente, lo único que queda para pescar es jibia. Según él, la razón es que “a todos los peces les han dado como huasca”.
El Achernar no escapa a esa relación directa entre pescadores artesanales e industriales. Según el RPA, el barco está registrado con el número 30.822 a nombre de Pedro Ortiz Mickelsen, gerente general de la Sociedad Pesquera Orión Ltda., que en su sitio web lo incluye como una de las tres naves que componen su flota artesanal. Pero una publicación en el Diario Oficial el 2 de enero de 2009 da cuenta de que la nave fue entregada en prenda a Pesquera San José S.A. para garantizarle “el cumplimiento de todas y cualesquiera de la obligaciones que Pedro Andrés Ortiz Mickelsen y la Sociedad Pesquera Orión Ltda., tengan en la actualidad o en el futuro a favor de Pesquera San José S.A., en moneda nacional o extranjera, derivada de toda clase de actos y contratos”. Entre esas obligaciones, de acuerdo a lo que dijo Ortiz en una entrevista al portal Aqua.cl en 2007, está la entrega de la producción de toda su flota para producir harina y aceite de pescado.
Desde 2005, Pesquera San José S.A. ha recibido en prenda al menos unas 20 embarcaciones artesanales. Con ese tipo de convenios la empresa no sólo controla la cuota individual que se le asignó en 2001 cuando se promulgó la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA), sino que suma lo que obtiene de empresas y pescadores artesanales que pescan en un área que las compañías industriales tienen vetada: las primeras cinco millas desde la costa.
Pero Pesquera San José S.A. no es la única que ha dado créditos a pescadores artesanales para aumentar su cuota de captura. Según los registros del Diario Oficial, y sólo por mencionar algunas empresas, en el mismo lapso, la pesquera de capital noruego Lota Protein S.A. ha aceptado en prenda 25 embarcaciones artesanales; SouthPacific Korp S.A. obtuvo la posesión de 12; Corpesca S.A. cuenta con 11 a su favor; y Compañía Pesquera Camanchaca S.A. registra 36 botes que le han sido entregados como garantía. En algunos de los extractos publicados se indica expresamente que toda la captura obtenida en esas naves debe ser entregada a las compañías acreedoras. En todo caso, la pesca que las grandes empresas han obtenido a través de estos contratos con los pescadores artesanales representa sólo una pequeña parte de los recursos pesqueros que se explotan en el país. Todo lo demás ya estaba en su poder hace varios años.
EL GRAN NEGOCIO
Hasta principios del año pasado todo indicaba que el sistema seguiría más o menos igual. Como el 31 de diciembre de 2012 la ley de LMCA quedará sin vigencia, se acabarán las condiciones que regulan la actividad pesquera. Los pescadores artesanales perderán sus cuotas y la exclusividad en las primeras cinco millas y los armadores industriales quedarán sin las cuotas individuales que se les asignó en 2001, cuando se promulgó la norma. El gobierno debe armar un proyecto de ley que la reemplace y evite el caos. Y parecía que sería fácil: la única pelea que se esperaba era la que darían los artesanales: que exigirían una mayor porción de las cuotas. Pero incluso así, el control del mar y sus recursos se mantendrían prácticamente igual a como están hasta ahora. Y para la mayoría de las grandes empresas, eso era más que suficiente.
Desde que se promulgó en 2001 la ley de LMCA, el mar chileno tiene dueños. A mediados de los ’90, la crisis del jurel, el principal y más codiciado recurso marino en el Pacífico Sur, obligó a las autoridades a cambiar el régimen y establecer un sistema de cuotas globales anuales para regular su extracción. Para administrarlo, la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) le asignó a las distintas empresas industriales –los armadores– un porcentaje de esa cuota de acuerdo a sus registros de capturas entre 1997 y 2000 y la capacidad de bodega corregida de las naves a 2001. Eso significó que las compañías que más habían pescado durante los últimos años y las que tenían mayor capacidad de bodega, se adjudicaran los pedazos más grandes de la cuota global, y en consecuencia, las mayores tajadas de una torta millonaria.
En 2010, la industria pesquera extractiva en Chile facturó más de US$ 1.263 millones (unos $644.609.940.000) sólo en exportaciones. Como las cuotas individuales de pesca le aseguran a cada armador industrial el porcentaje que puede pescar de la cuota global cada año, una mayor cuota individual significa una mayor participación en un mercado cerrado y cada vez más concentrado, donde los recursos más importantes son los peces pelágicos: el jurel, la anchoveta y la sardina común. Aunque de eso, casi nada va a parar a la mesa de los chilenos.
El principal producto pesquero del país es la harina de pescado. De todo lo que se pesca en Chile, más del 70% corresponde a capturas pelágicas y, de acuerdo a los registros del Sernapesca, se destina a la reducción más del 73% de los desembarques de jurel y alrededor del 99% de anchoveta y sardina, lo que ha mantenido a Chile desde hace 30 años como el segundo mayor productor mundial de harina de pescado. Y aunque las capturas han disminuido en la última década a niveles críticos por la sobreexplotación, la escasez ha hecho que el precio internacional de ese producto se dispare. Su valor promedió el año pasado los US$ 1.600 por tonelada, lo que implicó que el 42,35% de la facturación por exportaciones pesqueras viniera de la harina. Para julio de este año, la Subpesca informaba que las exportaciones a los 24 países que reciben harina de pescado chilena ya superaban los US$ 244.556.048 (alrededor de $113.215 millones).
Las cifras del mercado son lo bastante jugosas como para que algunos actores del sector pesquero sientan ganas de ingresar o de aumentar su participación. Sobretodo considerando que con la normativa vigente, las empresas no pagan un impuesto por la explotación de los recursos, sino que sólo las patentes de los barcos, lo que le significa al Estado un ingreso anual que promedia los US$ 30 millones, menos de un 2,5% de lo que perciben las empresas. Pero con la ley de LMCA eso es prácticamente imposible: todo el mar chileno y los derechos de explotación de sus recursos están repartidos en unos pocos gigantes pesqueros. Como de todas formas se tenía que discutir la preparación de una nueva ley, el momento era el preciso. Así fue que en marzo de 2010 vino el primer golpe: la guerra por la redistribución de las cuotas individuales había comenzado.
LA BATALLA DE LOTA
Lota Protein S.A. es una empresa pesquera industrial de capital noruego que opera desde 1991 en la bahía de Lota, posee el 1,5% de la pesca industrial de jurel en Chile y quiere más. Para lograrlo, en marzo de 2010 ingresó una consulta al Tribunal de Defensa para la Libre Competencia (TDLC) acusando a la Subpesca de haber actuado de forma ilegal al omitir la licitación de cuotas contemplada en el artículo 27 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), un punto que se incluyó en la norma de 1991 con el apoyo del entonces senador Sebastián Piñera.
El artículo que impulsó el actual Presidente desde su asiento en el Senado hace 20 años, establece la posibilidad de que se licite “el derecho a capturar cada año el equivalente en toneladas al 5% de la cuota global anual de captura” por 10 años. El máximo subastable es el 50% de la cuota global, pero sólo si se trata de excedentes. Como jamás los ha habido, la Subpesca nunca lo ha puesto en práctica. Para Lota Protein S.A., eso es un atentado a la libre competencia, ya que mantiene el acceso cerrado a nuevos actores en una industria donde todas las cuotas se encuentran asignadas y existe un alto nivel de concentración de los recursos en unos pocos competidores. Por eso acudió al TDLC: para que se liciten las cuotas individuales, se modifique su sistema de transferencia y se derogue la institucionalidad completa del sector en una nueva legislación.
-Ellos fueron al TDLC a alegar que las asignaciones habían sido mal hechas y que no había posibilidad de entrar al sector. Pero las cuotas son transferibles y ha habido muchas transacciones de cuotas. Si Lota Protein no ha comprado, es porque no ha querido –asegura Luis Felipe Moncada, gerente general de Asipes.
Días después, la Subpesca le envió su descargo al tribunal antimonopolios. Allí, el subsecretario Pablo Galilea argumentó que la subsecretaría “no se encuentra en la obligación legal de aplicar la medida prevista en el artículo 27 de la LGPA, y por tanto, todas sus consecuencias que de ella derivaba la consultante no se vuelven inevitables, máxime si se considera que tales consecuencias son jurídicamente imposibles”. Por su parte, Asipes hizo entrega de dos oficios, uno firmado por la abogada Olga Feliú (actual presidenta del Colegio de Abogados) y otro con la rúbrica del ex subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil. El primero concluyó que una norma que obligara a la autoridad a licitar los derechos de pesca infringiría el principio de confianza y afectaría “los derechos de propiedad y a desarrollar actividades económicas lícitas garantizados por la Constitución”. En el segundo, Correa Sutil sostenía que al terminar la ley de cuotas, la regulación de la actividad debía hacerse por medio de una ley de quórum calificado.
En junio del año pasado, el TDLC declaró inadmisible la consulta por ser improcedente y citó a todos los que aportaron antecedentes a una audiencia pública el 12 de agosto de 2010. Ese día llegaron representantes de Lota Protein S.A., la Subpesca, Asipes, Sonapesca y la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Todo lo que dijeron fue considerado en el fallo que emitió el TDLC en abril de este año, donde se desestimó la subasta de las cuotas como necesarias para la libre competencia –aunque no la descartó–, se recomendó mantener y perfeccionar el sistema de cuotas individuales y se propuso mejoras en su sistema de transferibilidad.
Parecía ser un triunfo de las grandes empresas asociadas en las dos principales asociaciones gremiales de industriales pesqueros, Sonapesca y Asipes, que pretendían mantener todo como estaba. Pero lo que vino fue una ampliación del campo de batalla hacia los medios de comunicación, donde Lota Protein S.A. se ha enfrentado con el resto de la industria a través de decenas de editoriales y columnas de opinión firmadas por gerentes, académicos y ex autoridades de gobierno que han escrito para ambos bandos explicando tanto las virtudes y defectos de una posible licitación de las cuotas de pesca, como la maldad o la bondad de los que respaldan una u otra posición.
Se ha dicho que la licitación favorecerá la concentración del mercado, la entrada de gigantes extranjeros con sus enormes barcos factoría y la reducción de las cerca de 12.500 plazas de trabajo que genera la industria. Los que la defienden, dicen que precisamente lo hacen porque el mercado ya está altamente concentrado, que eso mismo ha hecho que el desempleo en el sector aumente y que los extranjeros que buscan jurel no van a participar en licitaciones en Chile porque pueden capturarlo gratis en aguas internacionales. Se han dicho verdades y mentiras por ambos lados y en cada bando han sumado adeptos políticos, académicos y entre los pescadores artesanales que dependen de la industria, ya que le venden la mayoría de sus capturas.
Al final, la industria pesquera se dividió entre los que quieren defender lo que ya tienen y consideran un “derecho histórico” y los que ven en la licitación de las cuotas individuales una forma de obtener mayor participación de una torta de la que sólo quedan migas. Por eso cuando el gobierno ingresó al campo de batalla asumiendo una posición, no hizo otra cosa que agitar más las aguas.
LOS ÚLTIMOS DÍAS DE FONTAINE
Al entonces ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, le quedaba sólo un par de meses en el cargo, aunque no lo sabía. Era abril de 2011 cuando les informó a los representantes del sector pesquero que el gobierno ya tenía una fórmula pensada para el proyecto de ley que reemplazará a la ley de LMCA cuando caduque el último día del próximo año. Apenas lo dijo, las grandes empresas pesqueras lo amenazaron con tomar acciones legales. Punto para los de Lota: la administración de Piñera iba por la licitación.
La propuesta inicial que planteó el Ejecutivo a través de Fontaine, hablaba de la posibilidad de subastar hasta el 50% de las cuotas individuales de pesca. Eso implicaba que las grandes empresas perderían la mitad de los derechos de captura que se les asignaron en 2001. La idea era hacerlo por etapas: durante los primeros seis años se licitaría un 10% bianual y el 20% restante se adjudicaría con condicionantes.
-Estas pueden ser la concentración de algunas pesquerías, indicadores de concentración que nos lleven a licitar o excedentes productivos. Es decir, si se aumenta más del 50% de la cuota original, el excedente se licita –dijo el subsecretario Galilea a La Tercera.
La intención del gobierno era que la nueva norma, que debe entrar en vigencia desde el primero de enero de 2013, tuviera una vigencia de al menos 25 años, si es que no terminaba siendo indefinida. Pero los cambios también contemplaban modificar la institucionalidad pesquera. En ese sentido, lo que pretendía el gobierno era reformar el CNP, quitándole atribuciones y así convertirlo en un organismo consultivo y no resolutivo, como lo ha sido hasta ahora. La modificación consistía principalmente en cambiar su composición: si ahora, de los 30 participantes, 17 pertenecen a los grupos interesados (gremios industriales, artesanales y trabajadores pesqueros), el proyecto pretendía que el Consejo esté conformado por científicos y académicos. Así, el organismo funcionaría como apoyo a la Subpesca en materias de investigación.
-Pese a que ésta es la voluntad del gobierno, la autoridad se abre a la opción de cambiar su postura –agregó Galilea.
Eso fue lo que pasó.
LA MESA DE LONGUEIRA
Fontaine desapareció del mapa cuando el 18 de julio Piñera realizó su segundo cambio de gabinete. Además de enroques entre ministerios, el Presidente sacó a dos senadores del Congreso para sentarlos frente a la cabeza de alguna cartera. Uno fue Andrés Chadwick, que pasó a ser vocero del gobierno. El otro fue Pablo Longueira, que como nuevo ministro de Economía se encargaría de llevar adelante la nueva regulación pesquera.
-Creo que el nuevo ministro se va a tomar su tiempo y estudiará el punto. No creo que lo resuelva en una semana. Él va a tener una mirada política –decía Luis Felipe Moncada una semana después del cambio de gabinete.
Las palabras de Moncada fueron como una premonición. Después de reunirse con algunos representantes de los distintos sectores, Longueira decidió juntarlos en una mesa de trabajo que partió el 8 de agosto con una condición: si querían evitar la subasta de las cuotas de pesca en el proyecto de ley que enviará el Ejecutivo, debían llegar a acuerdo en un mes.
Al cumplirse el mes, los miembros de la mesa alcanzaron un primer acuerdo: pedirle al ministro Longueira más plazo. El ministro accedió y el documento con el acuerdo final con 27 firmas de los 30 miembros de la mesa, se presentó el 26 de septiembre. Ese fue el día que Longueira calificó como “histórico”.
Además de comprometerse a conseguir la sustentabilidad de los recursos y a recuperar las pesquerías en estado crítico (nueve de las 17 especies de peces con pesquería en el país están catalogadas por la Subpesca como sobreexplotadas), el acuerdo trató el tema de la distribución de las cuotas. A falta de actores que abogaran por la subasta de las cuotas individuales, la discusión se centró sobre en todo en la repartición de las cuotas industriales y artesanales. Si los primeros cedían en las demandas de los segundos, se ganaban su voto en contra de la licitación. Así fue que los artesanales obtuvieron un aumento en las principales pesquerías.
Si los pescadores artesanales cuentan ahora con un 70% de la cuota global de sardina común, con el acuerdo quedarán con un 78% que les será vigente por los próximos 20 años a contar desde la promulgación de la ley. Ese mismo porcentaje obtuvieron en la pesquería de anchoveta en la zona centro sur, lo que les significó un aumento de un 39,3% en relación a lo que hasta ahora tienen reservado. Y en el caso del jurel, el premio mayor de toda la discusión, pasaron de un 5% a un 10% de la cuota global.
El documento dice que los firmantes respetarán y mantendrán el acuerdo sobre el fraccionamiento y que efectuarán un llamado al Congreso para que igualmente lo valide y respete durante la discusión legislativa. Pero el gobierno lo rompió cuando Longueira anunció que el proyecto que enviará al Congreso incluirá la licitación, aunque sólo para los excedentes pesqueros y no para las cuotas históricas, y además un royalty similar al de la minería para las que no se subasten, que se suma a las patentes que ya pagan las empresas por los barcos. La guerra sigue abierta y apenas el Ejecutivo envíe el proyecto, el campo de batalla será el Parlamento.
En todo caso, lo único que cambia el escenario actual es el royalty. Como ese impuesto es para recursos agotables, su implementación es un reconocimiento implícito por parte de las autoridades de que los peces en Chile se están acabando y que, en definitiva, se van a acabar. Sobretodo si se aprueba el proyecto de ley que ingresó a trámite en la Cámara de Diputados con suma urgencia y que pretende reducir la talla mínima de jurel de 26 a 22 centímetros. Da lo mismo que los artesanales hayan aumentado un poco sus cuotas, ya que de todas formas esas capturas van a parar a la industria. Y como la licitación será de los excedentes y no tocará las cuotas individuales ya otorgadas a los industriales –muy similar a lo contemplado en la legislación vigente–, la propiedad del mar seguirá en manos de unos pocos gigantes pesqueros que se han ido comiendo a los pequeños hasta concentrar en nueve grupos económicos familiares la explotación de los principales recursos marinos del país. O mejor dicho, su sobreexplotación.

El impuesto por el fin de los peces y las nuevas licitaciones
-El objetivo principal del proyecto de ley es la sustentabilidad del recurso pesquero en el país. Introduciremos cambios relevantes y todos los estándares del OCDE –dijo Longueira a El Mercurio sobre el proyecto de ley que deberá enviar al Congreso el próximo lunes 5 de diciembre.
Aunque en un principio se dijo que el royalty sería similar al que existe en la minería, la fórmula que se usará en el sector pesquero es otra. En vez de calcular el impuesto en relación al margen operacional de las empresas y el precio del principal recurso (en el caso de la minería, el cobre), el royalty a la pesca se calculará en base a las cuotas individuales de captura que posean las compañías multiplicado por el precio de venta del recurso extraído.
Hasta ahora, lo único que han pagado las empresas pesqueras por funcionar es la patente de sus barcos autorizados para pescar de acuerdo a su capacidad de captura. Independiente de si estén o no operativas, los armadores deben desembolsar por cada tonelada de registro grueso (TRG) de sus naves: 0,4 unidades tributarias mensuales (UTM) para naves de hasta 80 TRG; de 0,5 UTM para barcos entre 81 y 100 TRG; de 1 UTM para embarcaciones de 101 a 1.200 TRG; y de 1,5 UTM para las que superen las 1.200 TRG. Por este concepto, el año pasado el Fisco percibió ingresos por poco más de US$ 30 millones. Con los cambios que propone el gobierno, a eso se le sumaría el royalty.
En el Ministerio de Economía estiman que el cobro de ese impuesto representaría ingresos al Estado similares a los de las patentes y que en la próxima década debería incrementarse hasta los US$ 40 millones. Pero eso sólo se les cobraría a las empresas que ya tienen cuotas históricas de pesca. Las que obtengan cuotas a través de subastas, no deberán pagarlo.
Las licitaciones que contempla el Ejecutivo sólo se considerarán para pesquerías que operen en condiciones aceptables de sustentabilidad y serán de dos tipos. La primera será por concesiones indefinidas para la explotación de recursos cuya sustentabilidad no se encuentre amenazada. Por lo tanto, ya quedan fuera de esa medida el jurel y las otras ocho especies consideradas por la Subpesca como sobreexplotadas. La segunda entregará permisos de pesca por sólo un año y se llevará a cabo sólo en pesquerías que han presentado mejorías en su biomasa, pero que siguen en riesgo. Ninguna de las empresas que se adjudiquen estas licitaciones pagará royalty, ya que el pago al Estado será el cobro por la concesión otorgada.

Noticia publicada el: 24/11/11
Representante de la Fetrapes manifiesta inquietudes al subsecretario de Pesca
A continuación, reproducimos una carta abierta enviada al subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, por el presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), consejero nacional de pesca y vocero de Chilepesca, Juan Montenegro.
"Señor
Pablo Galilea
Subsecretario de pesca:
Por este medio, el suscrito presidente de la Fetrapes, consejero titular del Consejo Nacional de Pesca y vocero de Chilepesca, vengo a exponer lo siguiente:
a) Que, con fecha 2 de noviembre se ingresó con suma urgencia al Senado el proyecto de ley por parte del Ejecutivo, titulado Análisis de Proyecto de Ley sobre Pesca de Investigación, Pesquerías Artesanales, Manejo de Recursos Bentónicos y Cuota Global de Captura, según consta en el Boletín 8.010-03 del Congreso Nacional.
b) Que este proyecto consta de seis articulos más tres articulos transitorios donde, por un lado, regulariza los permisos de pesca de la pesca artesanal, traspasos de pesca entre artesanales y artesanales, artesanales e industriales y viceversa, crea nave transportadora, permite que la pesca de investigación tenga lucro, o sea, tenga carácter comercial, y baja la talla mínima del jurel para la zona norte del país, desde 22 cm a 26 cm, permitiendo la pesca de juveniles sin llegar a la primera madures.
c) Que con fecha 10 de noviembre envié un correo electrónico donde doy a conocer mi inquietud acerca de por qué este proyecto de ley no pasó por el Consejo Nacional de Pesca, tal como lo obliga la Ley General de Pesca y Acuicultura en su Artículo 149 letra C.
d) Que con fecha viernes 18 de noviembre entre el Presidente de la República, Sebastián Piñera, y el suscrito, se realiza un encuentro donde le di a conocer inquietudes por parte de los trabajadores, tanto sobre el futuro proyecto de ley de pesca, como del proyecto de pesca en cuestión que se encuentra en el Parlamento, especialmente en lo referido a la pesca bajo talla, donde cito textual y resalto que es "pan para hoy y hambre para mañana".
De lo anteriormente expresado, en primer lugar quiero declarar que no se entiende si el Presidente de la Republica, Sebastian Piñera, con sus dichos, deja ver que no está de acuerdo con este tipo de medidas como es bajar la talla del jurel de 26 cm a 22 cm. Me pregunto, ¿quién es el interesado en esta medida y por qué? En segundo lugar, ¿cuál es el fundamento técnico que se tiene como respaldo para proponer una medida como esta?. En tercer punto, ¿por qué no se dio cumplimiento a la ley que recomienda pasar este proyecto por el Consejo Nacional de Pesca y realizar una votación de consulta?. Por ultimo, me pregunto por qué no se ha dado respuesta al documento de fecha anterior (10 de noviembre) conforme con la Ley 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado".

Noticia publicada el: 24/11/11
Chile gana cinco veces más que Perú por cada tonelada de pesca
El ministro de la Producción de Perú, Kurt Burmeo, señaló ante la Comisión de Producción y Mype del Congreso peruano, que la industria pesquera de su país es de poco valor agregado, porque el 90% del volumen capturado se destina a la elaboración de harina y aceite.
Según lo publicado por el Diario Financiero, haciendo una comparación con nuestro país, el ministro señaló que mientras, en el 2010, en Chile se capturaron 580,000 toneladas de especies, que generaron ingresos por US$ 1,263 millones, en Perú se capturaron 4.3 millones de toneladas, generando ingresos por US$ 1,884 millones.
"Esto significa que en Perú cada tonelada métrica (TM) de especie marina vale US$ 439, mientras que en Chile US$ 2,175, casi cinco veces", precisó Burmeo.
Esto se explica -según el ministro- por qué a veces la abundancia no genera incentivos para añadir valor, por lo que su portafolio tomará mayores acciones de control, sobre todo, de la pesca industrial.
Por otro lado, Burneo anunció que ayer miércoles salió en Perú la norma que autoriza el inicio de la segunda temporada de pesca de anchoveta del 2011, hasta por 2,5 millones de TM, y se prolongará hasta enero.

Noticia publicada el: 23/11/11
Presidente de Sindicato de Tripulantes de Talcahuano ve con sorpresa anuncios de ministro
A continuación, reproducimos una carta enviada a nuestro medio, PESCA al día, por el presidente del Sindicato de Tripulantes de Talcahuano, Mario Carrillo Oporto.
"Sres. PESCA al día:
Con sorpresa reaccionamos en nuestra organización al anuncio del ministro de Economía, Pablo Longueira, quien informó que este 5 de diciembre enviará al Congreso el proyecto de Ley de Pesca. Esto significa que, efectivamente, las propuestas sociales presentadas al subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, en la Mesa de Pesca, en la que estuvieron representados los trabajadores de la pesca industrial de Chile, no han sido escuchadas ni menos acogidas.
De hecho, el subsecretario, en la última reunión, se limito a escuchar las diferentes propuestas de todas las organizaciones sindicales de trabajadores industriales (patrones de pesca, oficiales motoristas, tripulantes y personal de plantas ) y luego señalo que el Gobierno en esta materia solo tiene contemplado mantener la actual estructura del Fondo de Administración Pesquero a partir de la fecha de promulgación de la ley, dejando en el más absoluto abandono a todos los trabajadores y trabajadoras que perdieron sus fuentes laborales producto de los efectos del fatídico terremoto del 27 de febrero del 2010, o producto de la drástica disminución de la cuota de jurel para el año 2011. Tampoco se ha considerado a quienes fueron finiquitados producto de las fusiones entre empresas de la Región del Biobío.
Las situaciones antes nombradas fueron mencionadas en innumerables ocasiones al subsecretario de Pesca. Sin embargo, parece ser que para este Gobierno no es prioridad la situación que afecta y afectará a los cientos de trabajadores que fueron despedidos y los que serán desvinculados durante los próximos 25 años.
Nuestra organización, nuevamente, será la más afectada por este "acuerdo" calificado como histórico por el ministro Longueira, el cual debimos aceptar, pues lo consideramos como "lo menos malo" para nosotros, pues la clase política en Chile sufre tal nivel de desaprobación que muchos han alcanzado altos niveles de populismo, por lo cual las ofertas son amplias, lo que finalmente podría traducirse en una perdida mayor a la ya sufrida por la industria, que cede alrededor 110.000 t de sardina y anchoveta a los armadores artesanales de nuestra región.
Un ejemplo de populismo es la petición presentada por los senadores Navarro, Rossi, Rincón y Quintana, quienes promueven la idea de entregar el 100% de las cuotas globales al sector artesanal, lo que se traduce en la desaparición del sector industrial y sus trabajadores.
Por otra parte, el Gobierno presenta al Congreso un proyecto denominado "misceláneo", que en lo medular plantea reconocer a pescadores artesanales ilegales que hubiesen informado desembarques desde el 2008 a la fecha. Además, permite a las empresas de Roberto Angelini bajar la talla mínima del jurel de 26 cm a 22 cm, con lo cual se desconoce lo que el mismo ministro ha planteado en diferentes foros, cuando dice que "el eje de la discusión debe ser el estado de los recursos y su recuperación". Asimismo, posibilita al sector industrial traspasar la totalidad de su cuota al sector artesanal, lo que producirá que esta actividad se convierta en temporal para el personal embarcado de la zona.
Todo lo anterior lo rechazamos tajantemente, por considerar que el Gobierno pretende discutir en el Parlamento un traje a la medida para la industria, sin considerar los efectos que tendrá en los trabajadores y trabajadoras del sector. Este ambiente nos mantiene en estado de alerta. Por eso, llamamos al Gobierno a atender nuestras propuestas en materia social y hacemos extensivo este llamado a los parlamentarios, en especial a los de nuestra zona".
sintrisan dice: vaya vaya parece que recien se estan pegando el alcacha que cuando fue el roa a la mesa pesquera nunca defendio a nadie, en ningun momento ni el ni nadie de los representantes laborales en esa mesa hablaron dela proteccion delos trabajadores, y la famosa mesa de los laborales que se hizo despues y que esta aun funcionando es solo otra estrategia del ministro para mantenerlos acupado buscando soluciones que de ninguna manera pensaba meter en el proyecto de ley de pescva que enytra el 5 de diciembre, lamentamos haber tenido razon al decir desde hace tiempo que la mesa era muy mala para todos, y que todo lo demas era solo un embole, ahora ya lo saben y que esperan para empezar a reaccionar los piensan hacer pedazos y ustedes siguen temerosos... es horla hora se acerca decidete unete y defiendeta no sea oveja no sea cordero que solo tendras ese fin. el matadero...ahora a despertar...

Longueira: Gobierno enviará al Congreso nueva Ley de Pesca a principios de diciembre
"El eje principal del proyecto es la sustentabilidad de estos recursos y para garantizarla requiere cambiar prácticas, formas, instituciones y conductas que han sido reiteradas durante 20 años y que no resisten más", dijo el ministro de Economía.
por Francisca Moreno Schwerter - 21/11/2011 - 13:26
El lunes 5 de diciembre el gobierno enviará al Congreso el proyecto de Ley de Pesca, anunció este mediodía el ministro de Economía, Pablo Longueira."El eje principal del proyecto es la sustentabilidad de estos recursos y para garantizarla requiere cambiar prácticas, formas, instituciones y conductas que han sido reiteradas durante 20 años y que no resisten más", indicó.El titular de Economía detalló que el sector se caracteriza por su informalidad y que esta situación ha acarreado crisis institucionales como la del virus ISA, que paralizó a la industria salmonera.Longueira enfatizó que "no me van a doblar la mano en proponerle al país el proyecto de ley que tenemos que proponerle a los chilenos", agregando que es deber de la autoridad regular el sector, tanto para terminar con las malas prácticas como para aumentar la productividad y el empleo.Segun el ministro, la industria acuícola exporta US$3.000 millones y la extractiva alcanza los US$2.000 millones, mientras que con una regulación adecuada ambos sectores podrían sumar mas de US$ 10.000 en envíos.
REAJUSTE PUBLICOConsultado sobre el reajuste de 9,8% que está pidiendo el sector público, el ministro dijo que "tenemos que ser responsables para pedir reajustes y gastos públicos que nos permitan atender las demandas sociales"."Los chilenos tenemos que aprovechar de aprender un poco de economía cuando vemos el escenario internacional que tenemos", agregó.