Se acaba la fiesta por:Patricio Bañados
Periodista, hombre de radio y ex conductor de televisión.
“El gobierno me roba a mí”. Eso se alcanzó a escuchar fugazmente a un muchacho esposado y tendido boca abajo sobre el pavimento, por ladrón, en una de las tantas noticias sobre delitos que nos presenta noche a noche la televisión.
Me trajo a la memoria un documental sobre la Revolución de los Pingüinos – jamás mostrado en televisión, por supuesto – que pude ver en exhibición privada hace algunos años. En una de sus secuencias la cámara entra con dos estudiantes a la casa de un conocido senador de la Concertación que los ha invitado para tratar el tema. Al entrar al living y ver la decoración, mobiliario, lámparas y tapices, uno le dice al otro en voz apenas audible: “Aquí están nuestros impuestos”.
La clase política, sorda, ciega, y por desgracia no también muda, no logra entender lo que está pasando. Sigue sacando ridículos cálculos electorales que sólo a ella interesan o tratando de sumarse a última hora a movimientos que no fue capaz de iniciar ni anticipar. No logra entender que detrás del descontento que revienta un día por la educación, otro por la ecología, otro por el cobre, se encuentra básicamente la rebelión contra un sistema impuesto a culatazos y que transformó las necesidades básicas de la población en rentables negocios para una clase privilegiada.
La Concertación sigue sin aceptar que ganó muchas elecciones nada más que porque al otro lado estaban los que habían cohonestado la dictadura y para mucha gente era sencillamente imposible votar por ellos.
La derecha, que instaló este régimen gracias al gendarme que le prestó la fuerza armada para hacerlo, y después del plebiscito de 1988 encontró un inesperado aliado en la Concertación para prolongarlo, sigue tratando de convencernos a través de los medios de difusión, que le pertenecen casi sin competencia, que encontró la piedra filosofal. Que lo que es bueno para muy bien pagados ejecutivos y directores, muchos de ellos en empresas creadas con el ahorro de los asalariados, es bueno para el país. Y así una costra de parientes, relaciones de colegio y clubes exclusivos para GCE (gente como ellos), con sus suculentas ganancias, infla engañosamente el ingreso promedio del resto de la población acercándolo a una suma que, se supone, convertiría milagrosamente al país entero en una sociedad desarrollada.
La Concertación sigue sin aceptar que ganó muchas elecciones nada más que porque al otro lado estaban los que habían cohonestado la dictadura y para mucha gente era sencillamente imposible votar por ellos. En la última elección presidencial cayó a un 29% – aunque majaderee con el 49% – de los votos emitidos. Y si sumamos a los muchos que se niegan a participar en lo que ha llegado a ser una componenda entre compadres –uno para ti, uno para mí – aún menos. Pero eso no es lo importante. Lo grave es que abrazó con entusiasmo un sistema impuesto por la fuerza a la ciudadanía, aceptó con fruición un trozo de la torta, desmovilizó a la población con la amenaza del ogro, y mantuvo – si es que no aumentó – la brutal diferencia entre ricos y pobres que hace de Chile una vergüenza.
Ese fatuo maridaje que nos ha gobernado más de veinte años, hoy con toda clase de intereses comunes entrelazados, es incapaz de comprender que está asomando a la luz pública, encontrando por fin una manera de expresarse, un malestar ciudadano latente desde hace largo tiempo y que va mucho más allá de las demandas puntuales que lo aglutinan.

Ley de pesca: el verdadero temor de los trabajadores
Radio del Mar
En el tema de la próxima ley de pesca y la propuesta del Gobierno de licitar hasta un 50% de la cuota, hemos visto que el sector ligado a las empresas de la Sociedad Nacional de Pesca y la Asociación de Industriales Pesqueros de la VIII región se han declarado en contra porque “pondría en riesgo su fuente laboral” y “otros países podrían quedarse con los recursos pesquero
Ley de pesca: el verdadero temor de los trabajadores
6/28/11
Pressenza Pressenza International Press Agency Santiago, 6/28/11 Ambas aseveraciones están erradas, porque terceros países no pueden pescar en aguas nacionales y porque, licitadas o entregadas por historia, el nivel de empleo no depende de quienes sean dueños de las cuotas.
Durante más de una década las cuotas de pesca de los principales recursos pesqueros del país fueron entregados a un pequeño grupo de industriales, quienes se las arreglaron para que los parámetros de asignación les favorecieran.
Eso es lo que hoy, en la discusión contingente, llaman “historia” y fue lo que obligó a los operadores medianos y pequeños dejar el negocio por lo precario de sus asignaciones. La ley que hizo esa asignación posible, la de Límite Máximo de Capturas por Armador (LMCA), vence el 2012 por lo que el nuevo proyecto de ley debería estar en el Congreso durante los próximos meses.
Sobre el supuesto temor del sector laboral por la transnacionalización de los recursos pesqueros chilenos, si se licita, hay que ser claros: quien pesque, sin importar como se asignen las cuotas, debe cumplir con la ley de navegación, por lo que los buques deben tener bandera Chilena, es decir, de propiedad de chilenos.
Ahora, la pregunta que surge es: ¿por qué quienes tienen las cuotas ahora no las han vendido al mejor postor?
Las respuestas podrían ser dos. Primero, el mejor valor lo podrían lograr si se les regalan las cuotas a perpetuidad. Hoy en día les quedan menos de dos años de la actual asignación por lo que su valor sería muy bajo, comparado con una aviso que diga: “se venden cuotas perpetuas todos los recursos pesqueros de Chile ¡Llame ya!”, donde el valor de las cuotas sería pagado al empresariado y no al Estado.
Segundo, al examinar el tema a la luz de lo que dice el Dr. Enrique Golfarb “Estamos ante un caso donde el costo de no vender el derecho es un “costo de oportunidad”, que no duele mayormente y que puede petrificar el acceso al mercado para siempre” y si a esto le sumamos que, como ocurrió en Islandia, podrían venderse entre ellos pequeños montos de cuota a valores altísimos, aumentando el valor de su patrimonio en cuotas por secretaría, el quedarse con las cuotas y continuar bloqueando el acceso a terceros , puede ser un muy buen negocio. Aunque no para el resto de los chilenos, por cierto.
En nuestro país, uno de los principales efectos de la ley de LMCA fue la brutal concentración que afectó fuertemente el empleo y no sólo de la disponibilidad de éste, sino también de la calidad del mismo.
Con tanta mano de obra calificada cesante aumentó la oferta y la concentración disminuyó la demanda, es decir, bajó el valor de los trabajadores del sector, especialmente de flota.
Hoy en día, los que quedan dentro del sistema están muy temerosos de perder sus puestos de trabajo, pero no es por la posibilidad de licitación, sino porque si no dicen lo que los jefes les ordenan decir, pueden ser despedidos.
Es por eso que hoy tenemos organizaciones laborales que están en contra de abrir el acceso a las cuotas de pesca mediante una licitación transparente, debido a que los jefes los usan como escudos para obtener la exclusividad de las cuotas a perpetuidad, luego de lo cual podrán hacer los que quieran con los recursos pesqueros del Estado ¡perdón!, de ellos.
Lo peor de todo es que bajo este modelo, el empleo puede disminuir aun más, si eso es rentable, como hemos visto que hicieron con la excusa del terremoto. (Debemos recordar que con la misma excusa en marzo del año pasado estos mismos industriales pesqueros decían que la única forma de recuperarse, era que les regalaran las cuotas a perpetuidad.)
Si analizamos seriamente el tema, vemos que la preocupación de las organizaciones laborales debería estar enfocada en mejorar el empleo -lo que está relacionado con la cantidad de cuota global disponible- la innovación y la competencia, independientemente de quién es dueño de la cuota de pesca o de la fábrica que lo procesa.
La licitación de cuotas de pesca, justamente, apunta a la competencia e innovación, es decir que quienes sean capaces de desarrollar nuevos productos y por lo tanto, valoren más los recursos pesqueros del país, puedan acceder a ellos y crear actividad económica, lo que se traduce en lo que debería ser el principal interés de los trabajadores: empleo.