Todos queremos ser pescadores
El ingreso per cápita chileno es hoy cercano a los US$ 15.000, medido

en paridad de poder de compra.Esto significa que tenemos un ingreso

equivalente a casi un tercio de aquel de los países desarrollados.La

única manera que lograremos acercarnos a estos últimos

va a ser por la vía de mejorarconsistentemente nuestras políticas

públicas más que ellos con el objeto que la asignación de

recursossea lo más eficiente – competitiva – posible y se corrijan

las externalidades de la mejor manera posible.No hay otro camino.

Lo anterior implicaría, entre otras cosas, que el estado no debería

ceder frente a los grupos de presión cuando los intereses de éstos

se muevan contra los intereses del país. El sector pesquero

y su historia de asignación discrecional de cuotas es uno de

estos casos, por la ineficiencia que conlleva, la injusta

distribución de riqueza que implica y las dañinas señales que

el resto de la economía recibe cuando estas conductas son aceptadas

sin ningún cuestionamiento.
La captura anual de pesca – excluyendo la acuicultura y los productos

de mar no pescados – se ha estado moviendo alrededor de los

3 millones de toneladas anuales, incluyendo la pesca industrial y la

no industrial o artesanal. Sus principales productos son la harina de

pescado, el aceite de pescado y el pescado congelado con una

menor importancia, con ventas agregadas anuales alrededor de los

US$ 800 millones y márgenes de utilidad cercanos al 30% de éstas.

Al día de hoy, los precios de la harina de pescado duplican el

promedio de los últimos 10 años cercano a los US$ 820 por tonelada,

en US$ de hoy, y tal como ocurre usualmente en todos los

mercados de materias primas, sus precios muestran fuertes

variaciones en el tiempo.
Los miembros de la industria pesquera chilena tienen hoy contratos

de captura suscritos con el Estado chileno que expiran el año 2012

y que les asignan de manera individual cuotas y patentes de pesca

por el derecho a explotar sus mares. Estos contratos que tuvieron

un controvertido origen hace casi una década cerraron de hecho el

acceso a la industria pesquera a cualquiera que hubiese querido

hacerlo,salvo que lo hubiese intentado por la vía de negociar

directamente con los actores establecidos ya tenedores de estas

cuotas a un precio de entrada que habría sido superior al que

se habría determinado en un mercado competitivo abierto a todos.

El interés explícito del lobby industrial pesquero es que estas cuotas

por vencer sean renovadas en favor de los mismos actores

establecidos más allá del año 2012 sin mediar ningún proceso de

licitación. A fin de evitar aceptar tal desenlace ineficiente

y discrecional, que podría perfectamente ser replicado de manera

dañina en otros sectores de la economía ‐¿cómo negarse a un

“¿por qué no nosotros?” de manera creíble?‐ se podrían considerar

los siguientes elementos para el diseño de una propuesta de

asignación de recursos en la pesca que fuese eficiente, estable y de l

argo plazo:
1. Existen 3 intereses a conjugar en este cuadro: aquel de la biomasa

de pescados y su explotación eficiente de largo plazo, aquel

de cualquier empresario que estuviese interesado en explotar

esta riqueza pesquera sin comprometer el derecho de otros a explotar

la misma riqueza escasa que a todos compete y aquel del Estado

chileno en la recaudación agregada de patentes e impuestos por la

explotación de sus pescados.
2. Si asumimos que el sistema de cuotas de pesca transferibles –

individual transferable quotas o ITQ´s – permite la protección

y explotación eficiente de la riqueza pesquera, dichas cuotas de
pesca se podrían definir como un derecho a explotar esta

riqueza por un período económicamente razonable de 20 años

y cada año un 5% de la cuota global de pesca chilena –

equivalente hoy a una captura de aproximadamente 150.000

toneladas – sería licitado y adjudicado al postor que ofreciera un

mayor precio por explotar ese derecho. Se daría así origen a una

industria que permanentemente se regeneraría de manera

competitiva y las cuotas serían ahora efectivamente transables

al ser compatibles con la vida económica de barcos y plantas
pesqueras y al poder acceder a escalas mayores de producción

concebidas además con una racionalidad geográfica desde el

punto de vista pesquero. Aún más, para acelerar este período
de transición se podría licitar en el primer año de la implementación

de un esquema como el planteado un 25% de la cuota global de

pesca, distribuido en 5 cuotas de 5% cada una con duraciones

respectivas de 20, 19, 18, 17 y 16 años, asignando individualmente

cada una de éstas al mejor postor en cada caso. Al cabo de

10 años ya estaría adjudicada de manera competitiva un 70% de la

pesca nacional y en 16 años la totalidad de ésta. Al año siguiente, la

primera cuota del nuevo sistema expiraría y sería nuevamente

licitada. El proceso continuaría iterativamente.
3. El precio más alto ofrecido, medido en dólares por tonelada de

derecho de pesca, que se determinaría anualmente en las

licitaciones de cuotas de 5% y por duraciones de 20 años,
correspondería también al precio a pagar por los antiguos tenedores

de cuotas durante el período de transición. En dicho período

ellos podrían ser gradualmente reemplazados por
nuevos entrantes o participar abiertamente en las licitaciones. El

precio mínimo a ofrecer sería equivalente al que paga actualmente

la industria al Estado chileno por la vía de las patentes pesqueras

asociadas a las cuotas.
4. El sector pesquero no industrial o artesanal, que en 2008

capturó pescados en un tonelaje equivalente a un 85% del sector

industrial, sería redefinido para referirse sólo a aquel con una

pequeña cuota discrecional de pesca a la que accederían todas esas

pequeñas y medianas empresas distribuidas a lo largo de la costa

chilena que en los hechos no son industriales, generan empleos a

nivel local y que razonablemente no tienen posibilidad de participar
directamente en el proceso de licitaciones antes mencionado. Estas

pymes pesqueras podrían proveer sus pescados a las pesqueras

industriales en condiciones previamente conocidas o vender

sus productos en la cadena de alimentos más orientada al consumo

doméstico. Además, continuarían exentas del pago de patentes

por esta pesca tal como ocurre hasta el día de hoy.
5. El proceso de licitaciones estaría abierto a todos los que

quisieran participar y establecería de manera clara que

cualquier práctica anticompetitiva, particularmente acuerdos de

colusión, no sólo sería sancionada con elevadas penas de acuerdo

a la legislación antimonopolios chilena sino que además provocaría

la caducidad inmediata de las cuotas de pesca de aquellos que
hubieran participado en éstas. Estas cuotas caducadas serían

nuevamente licitadas bajo el esquema anterior, por la duración

remanente de éstas, así como sería también el caso con
aquellas cuotas no explotadas.
6. El proceso de licitaciones no dependería de ninguna aprobación

a ser dada por las empresas pesqueras existentes para su

implementación y sería un proceso automático, transparente y

perfectamente predecible por todos los actores envueltos.
En otras palabras, un proceso de licitaciones continuo bajo un

escenario competitivo como el previamente propuesto crearía

los incentivos para realizar inversiones y explotar la biomasa

pesquera en una perspectiva de largo plazo y al mismo tiempo

maximizaría los recursos que el Estado chileno captaría por la

vía del cobro de patentes por las cuotas de pesca e impuestos.

El negocio pesquero tendría retornos esperados normales sobre

sus inversiones, corregidos por riesgo, y no existirían

redistribuciones innecesarias de riqueza. Las empresas pesqueras

existentes comenzarían a pagar precios por las cuotas de pesca

determinados competitivamente para continuar en el negocio y

no habría rentas económicas a favor de ellos entregadas

gratuitamente. Estas las captaría ahora el Estadochileno,

dueño del recurso.
Por último, y quizás no menos importante, la señal a todos los

agentes económicos sería clara: como política, a ningún grupo

de interés se le permitiría subordinar el interés del país al suyo.

Aún más,incluso si se asumiera que las cifras económicas de

la industria pesquera no son determinantes mirando al país en su

conjunto, se debe reconocer que quienes participan en ésta sí

lo son, así como sus explicaciones de lo inexplicable. En otras

palabras, la discusión de verdad radicaría más bien en la

aceptación de una racionalidad sin licitaciones competitivas

por parte de grupos económicos supuestamente promotores

del libre mercado que en los montos en sí mismos. Sin embargo,

ambos temas se deben resolver y para ello hay muchos a

quienes les gustaría ser empresarios pesqueros bajo reglas

competitivas.
Manuel Cruzat Valdés
Santiago, Chile
15 de mayo de 2010