Ley de pesca: Los verdaderos gigantes
Por : Albert Arias Arthur en Opinión Publicado: 27.07.2011
Lo único claro en la discusión sobre la nueva Ley de Pesca es que en enero de 2013 debe estar implementada. Lo demás, sobre todo el mecanismo de asignación que tendrán las cuotas de captura, aún es materia de debate. En esta columna, el autor defiende el sistema de licitación que propone la empresa de capital noruego Lota Protein, cuyos opositores la han calificado como “gigante pesquero”. A su juicio, los verdaderos gigantes son otros y están en Chile: los que quieren que todo se mantenga como está y que –según el autor- son los mismos que habrían adquirido sus cuotas individuales de pesca de acuerdo a su nivel de influencia política cuando éstas se determinaron en 2001.
Luego de mi anterior columna, ha surgido una serie de opiniones encontradas acerca de los cambios necesarios al marco regulatorio e institucionalidad pesquera, lo que señala el inicio de la batalla.
Contrario a lo dicho por quienes quieren continuar con el sistema tal como está, la propuesta de licitación de una porción importante de las cuotas de pesca industriales anunciada por el gobierno es apoyada por un amplio espectro de actores. Este apoyo viene, principalmente, de las empresas pesqueras medianas y pequeñas que no pueden acceder a materia prima porque existe un oligopolio que no permite la participación de otros actores. También están los trabajadores que han quedado fuera del sistema debido a la concentración que se ha producido luego de 11 años de vigencia de la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA), que le entregó los derechos de propiedad de las cuotas de pesca mayoritariamente al grupo de empresas que en ese momento tenía mayor influencia sobre el gobierno de la época. Además, debido a esta concentración, también se han sumado voces de la pesca artesanal que ven en la licitación la posibilidad de entrada de otras empresas que demandarán sus productos, y por tanto, visualizan la obtención de mayor poder de negociación y mejores precios.
A los actores del sector que buscan tener acceso a los recursos mediante licitación se les han sumado una decena de académicos y líderes de opinión, que entienden el tema y que han decidido opinar abiertamente desde el punto de vista económico, político y social. Entre otros, académicos de las universidades de Concepción, de Chile, Católica, Adolfo Ibáñez y Alberto Hurtado, además de Yale, en Estados Unidos. A ellos se han sumado académicos de nivel mundial que han sido traídos por los interesados para dar su opinión sobre el tema, como el doctor Torbjorn Tronsen, economista de la Universidad de Tromso, en Noruega, y el doctor Paul Milgrom, de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Este último, experto de renombre mundial en subastas de recursos limitados, vino al país a dictar dos conferencias y dar su recomendación de subasta para un sistema mixto donde se reconociera a quienes han estado en la pesquería, pero además se abra el acceso a quienes quieran invertir en el sector mediante licitación.
Sin embargo, una de las estrategias del sector contrario a la licitación de parte de los recursos pesqueros de forma transparente y bien regulada –además de las descalificaciones propias de la falta de argumentos– ha sido centrar toda la discusión en la xenofobia, apuntando a Lota Protein S.A., la empresa pesquera de capitales noruegos de la familia Koppernaes.
Es cierto que Lota Protein ha aparecido liderando la batalla para lograr un sistema competitivo y transparente, mediante la licitación. Esto principalmente por la consulta que hizo al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) sobre la concentración en el sector pesquero (conozco bien a esta empresa, puesto que trabajé en proyectos con ellos desde la Universidad de Concepción a partir de 1995 y, posteriormente, como parte de su staff hasta el 2001).
Pero ¿quién es este “gigante pesquero que quiere llevarse todos los recursos del país” al que se refieren los que se oponen a la licitación? Para entender mejor las proporciones voy a llevar la base de comparación a la producción de harina de pescado, su principal negocio.
Noruega produce aproximadamente un 20% de la harina de pescado que produce Chile. De acuerdo a lo señalado por quienes se han referido a ellos como “gigantes”, la familia Koppernaes produce el 50%, es decir, el 10% de la producción chilena total. Yo no manejo ese dato y no lo pude encontrar. Pero si lo comparamos con las empresas nacionales, la operación de la familia en cuestión es menor que la de varios de los grandes productores de harina chilenos que quieren que les continúen regalando las cuotas de pesca. Un buen ejemplo es Corpesca, del grupo Angelini, que produce más de cuatro veces lo que producen los supuestos gigantes noruegos. Como la evidencia lo demuestra, los verdaderos gigantes ya están en Chile desde hace mucho.
Lo que es destacable de Lota Protein es que quiere seguir invirtiendo en Chile. Y lo único que pide es una competencia justa, sin tratos especiales. Además, desarrolla la empresa en Lota, una de las localidades más deprimidas del país. Mientras, las compañías que no quieren abrir el acceso mediante la licitación se han fusionado, disminuido la cantidad de puestos de trabajo y conseguido grandes resultados económicos, pero se han ido a invertir ese dinero a otros países, como Perú. Por esto, entre otros motivos, es inexplicable que los dirigentes que dicen representar a los trabajadores se presenten en contra de la licitación, cuando esto va justamente en pro del empleo, porque podría romper la tendencia concentradora y dar la oportunidad al desarrollo e innovación de nuevas empresas.
¿Qué dijo el TDLC sobre el sector pesquero en la consulta promovida por Lota Protein? En lo principal, el TDLC ratifica claramente que la industria se encuentra altamente concentrada. Además, después de las últimas fusiones posteriores a la presentación ante el TDLC, el mercado está aun más concentrado, al punto que cinco empresas controlan cerca del 90% de la cuota de jurel a nivel nacional (antes de la ley del 2001 eran más de 30 empresas).
Otro dato relevante es que ese tribunal concluye que, desde la entrada en vigencia de la ley de LMCA, no ha ingresado al mercado pesquero ninguna empresa nueva distinta de aquellas a quienes les fueron asignadas gratuitamente las cuotas de pesca el año 2001.
Pronto comenzará la discusión de la Ley de Pesca como tal y, con la presentación del proyecto de ley en cuestión, aumentará la presión de los verdaderos gigantes pesqueros para quedarse con todo por secretaría. Pese a todo lo que ese grupo ha presionado, el Gobierno ha tomado la decisión de resistir el embate y avanzar hacia un sistema mixto que incluya la licitación de cuotas de pesca. La licitación garantiza a todos los chilenos que los recursos pesqueros del Estado sean asignados en forma transparente, resguardando siempre que el valor que reciba el Estado por los recursos sea el justo. Lo anterior proporcionará financiamiento para la administración e investigación, permitiendo que el sector sea sustentable, lo que asegurará bienestar para quienes dependen de él.

Parte de entrevista en diario economía y negocios al nuevo ministro de economía Pablo lomgueira-viernes, 22 de julio de 2011Economía y Negocios
¿Cuál será su sello en el Ministerio de Economía?"Queremos que el chileno emprendedor, la clase media, las pymes, sientan que este ministerio tiene una doble función desde el punto de vista de la ciudadanía. Tenemos que defender a los consumidores, es parte de la responsabilidad institucional que tiene este ministerio a través del Sernac, y tenemos, además, que lograr que en Chile tengamos muchos más emprendedores de los que estamos teniendo. Adicionalmente, hay que que abordar una materia que es relevante para el desarrollo sustentable de Chile, que es la innovación, ciencia y tecnología; también necesitamos invertir y avanzar en estas áreas".
Otra de las materias que deberá abordar el nuevo ministro es la normativa que regulará las cuotas pesqueras. Esto, considerando que a fines de 2012 vence la actual legislación que fija los límites máximos de captura por armador. Hasta hace poco la intención del Gobierno era introducir un mecanismo de licitaciones para una porción de la cuota que pesca el segmento industrial, medida que ha causado gran resistencia en la mayoría de las empresas del rubro.-Ya se metió en el tema pesquero(Se ríe). "Vamos de a poco. Entendemos que es un desafío muy complejo. Aquellos que hemos estado en el Poder Legislativo sabemos que, tal vez, es la ley más compleja, porque afecta a un sector entero, tiene realidades muy diversas y adicionalmente el país, que tuvo un sistema de "carrera olímpica" y después pasó a un sistema de cuotas, ha ido depredando en forma muy significativa nuestro recurso. Por lo tanto, hay que actuar con mucha responsabilidad ... y espero que ojalá pensemos en Chile y haya el mayor acuerdo político en esta materia. De lo contrario, lo que nos va a pasar es lo que ya sucedió con el jurel, donde el país en su mejor momento tuvo cuatro millones de toneladas de pesca y hoy sólo explota 300 mil. Hay una responsabilidad muy importante de cuidar el recurso y de asignarlo bien".-Por lo mismo hay una gran presión del sector ..."Hay presiones de todos. Por esta ley presionan los grandes, los medianos y los chicos".

mexico..
Pescadores buscan otras alternativas ante la baja captura de especies
Publicada el Martes, 19 julio 2011
Esperanza Morales
Veracruz, Ver.- Ante la baja en la captura de la pesca en el puerto de Veracruz, integrantes de la cooperativa “Paraíso Tropical” buscan alternativas para subsistir con proyectos alternativos.
Con el apoyo de la Secretaría de Educación de Veracruz y de la Administración Portuaria Integral se capacitan en el cultivo de chile habanero, manejo de viveros y cultivo de mojarra tilapia.
Celso Hernández Aponte, asesor de la Administración Portuaria Integral, informó que son 40 palaperos de la zona norte de la ciudad los que se están capacitando con la ayuda de la institución educativa.
Indicó que los pescadores se ven afectados por la temporada de lluvias y en breve la de nortes, razón por la cual necesitan tener nuevas opciones para cubrir sus necesidades económicas que les permitan llevar sustentos a sus familias.
Explicó que la Administración Portuaria Integral está fungiendo como enlace entre la SEV y los pescadores que solicitaron el apoyo de Unidad de Capacitación Para el Desarrollo Rural, a fin de emprender proyectos e instalar pequeñas empresas y tener ingresos económicos.
Una vez terminada la preparación, se deberán organizar para poder bajar recursos de alguna dependencia federal y poder financiar los proyectos productivos.
Por otra parte, el entrevistado, informó que en el presente verano se imparten cursos sobre el cuidado al entorno a niños de escuelas primarias que se les está enseñando todo lo relacionado al efecto invernadero, cambio climático y separación de residuos, entre otros.
Son 200 niños los que han tomado el taller de ecología que se imparte en coordinación con la regiduría de educación del ayuntamiento de Veracruz, afirmó Hernández Aponte, quien mencionó que las clases durarán cuatro semanas.

Eduardo Bitrán: "La licitación lleva 30 años en la agenda y ahora vemos una gran oportunidad de que se resuelva" El consultor y asesor de la empresa Lota Protein S.A., Eduardo Bitrán, está esperanzado en que la idea que él ha defendido por años, tendiente a licitar las cuotas de pesca del sector industrial, ahora tenga una real oportunidad de ser aplicada en Chile. Explicó a PESCA al día que con la implementación de este sistema no se producirían cambios dramáticos, como se cree, ya que se trataría de un proceso gradual.
De acuerdo con el ex ministro de Obras Públicas, de aprobarse un sistema de subasta, las compañías tradicionales podrían mantener al menos un 50% de sus cuotas por derecho histórico, de acuerdo con lo que establece la normativa vigente, y tendrían que completar su captura mediante la licitación. "De esa forma, estas firmas contarían con una mezcla entre cuotas históricas y otras con un plazo, por ejemplo, de 20 años. Esto va a significar la oportunidad de entrada de empresas que no están en el sector", afirmó.
Precisó que lo anterior no quiere decir que de la noche a la mañana una empresa se quede sin cuotas de captura. "Eso no existe. Lo que sí va a haber es algo más de competencia por el acceso al recurso y eso, desde el punto de vista de la mayor eficiencia y de la equidad, me parece positivo", puntualizó el ex secretario de Estado.
Respecto de los beneficios para el país que involucraría el sistema de subastas, Bitrán sostuvo que "este nuevo modelo constituye un desafío, ya que habría un mayor incentivo a la valorización de los recursos pesqueros e innovación. Lo que uno espera es que empresas capaces de generar más valor agregado tengan una mayor participación y que eso tenga un impacto positivo en términos de cantidad y calidad del empleo. Además, el Estado participaría en mayor medida de los beneficios que genera la actividad pesquera, porque al licitarse las cuotas se le transfieren rentas económicas que generará el sector".
A semanas de que el Gobierno presente su propuesta, el consultor confía en que hay una coyuntura favorable para un nuevo sistema. "Por una parte, se encuentra el ministro de Economía, que está muy comprometido con un criterio de promoción de la eficiencia e, incluso, ha manifestado que un esquema de subasta promueve este punto. Por otro lado, la Concertación también debería estar muy vinculada a la equidad y cercana a un sistema que permita transferir las rentas del recurso, por lo menos de una fracción, a las arcas de la nación para ejecutar programas destinados a los sectores con menos recursos. La licitación lleva 30 años en la agenda y ahora vemos una gran oportunidad de que se resuelva", adujo.
El asesor de Lota Protein destacó también que el sector laboral no debería temer a un cambio de sistema de asignación, ya que, como ha reiterado, el volumen de pesca no depende del sistema de adjudicación y habría un uso para mayor valor agregado, lo que aumentaría el empleo industrial y también en los barcos, pues se requeriría un manejo diferente de la captura a bordo. "Se puede producir transferencia de embarcaciones entre armadores, en forma gradual. Esto no afectaría a los tripulantes. Además, en ningún caso se producirían alteraciones importantes de un día para otro", concluyó.

Las penurias de los que no quedaron atrapados
Se salvan 33, mueren 45:
siniestro balance de los accidentes de la minería chilena en 2010
Por : Gustavo Villarrubia en Reportajes de investigación Publicado: 16.07.2011
Mientras los 33 mineros anuncian una millonaria querella contra el Estado, el 80% de los 241 que tuvieron la fortuna de no quedar atrapados en la mina San José, aún está sin trabajo y con indemnizaciones impagas. Cuando se desató la tragedia, solidarizaron con sus compañeros, colaborando en su rescate. Hoy se sienten traicionados. Y sobre todo olvidados. No son los únicos sepultados por el silencio. En 2010, el año en que 33 se salvaron, otros 45 mineros murieron a pesar de trabajar en un rubro que registra las mayores utilidades. Chile aún no ratifica el Convenio de la OIT sobre seguridad y salud en las minas
El 8 de octubre de 2010, una semana antes de que empezaran a salir los 33 mineros después de su “cautiverio” de 69 días a 700 metros de profundidad, la Compañía Minera San Esteban Primera –dueña de la mina San José- despedía a 241 trabajadores. Muchos de ellos entregaron varios años de trabajo a la mina y habían sido testigos de las muchas veces que las autoridades ordenaban el cierre de faenas por irregularidades en la seguridad del yacimiento. Pero meses más, meses menos, siempre volvían a la producción, incluso después de accidentes fatales.
La propia mina San José exhibía una estadística que al menos ameritaba una mayor fiscalización. Dos trabajadores fallecidos entre 2004 y 2007; dos trabajadores amputados entre 2003 y 2010 y 36 trabajadores heridos producto de accidentes entre 2005 y julio de 2010. Trece de estos últimos fueron provocados por la caída de rocas o planchoneo.
Pero el accidente ocurrido a las 14:05 del 5 de agosto fue muy diferente a los anteriores en el rubro. Porque pocas horas después del desprendimiento de una roca de 3,5 toneladas en una de las galerías de la mina San José, que dejó atrapados a 33 trabajadores a 700 metros bajo tierra, el accidente traspasaba las fronteras del país para ser foco de atención de los principales medios de comunicación internacionales.
La gravedad de lo ocurrido permitió ir más allá de la responsabilidad de os dueños de la mina y sus ejecutivos. Muy pronto desde la Cámara de Diputados apuntarían también a la complicidad de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y a la vista gorda e ineficiencia del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Inspección del Trabajo.
En los 69 días que duró el rescate, se pudo conocer las historias en varios idiomas de esos 33 mineros que permanecieron sepultados en vida. Historias contadas no sólo por los familiares que permanecían fuera en el famoso “Campamento Esperanza”, sino que también por sus propios compañeros de trabajo que se encontraban en el exterior al momento del derrumbe y que, aun así, no abandonaron el lugar del accidente durante esos dos meses, ocupados por el destino de sus compañeros bajo tierra.
Los más antiguos compartieron sus conocimientos sobre las condiciones al interior de la mina. Los de recursos humanos informaron quiénes eran y en qué se desempeñaban cada uno de los accidentados. Personal del casino de la empresa preparó y repartió comida entre familiares y rescatistas. Los trabajadores que salvaron de la tragedia también se dedicaron a consolar a familiares de sus compañeros más cercanos.
-Éramos todos parte de los 33, también nos sentíamos encerrados allá abajo -dice Arturo Segundo Díaz, de 53 años-. Yo trabajaba en maquinaria pesada y seguí trabajando y ayudando arriba con los movimientos de tierra. Nos sacamos la mugre. Es que no podía ser menos, teníamos a nuestros compañeros abajo y nos sentíamos parte de ellos. Eso duró hasta el día en que salieron del hoyo, pero nunca nos dieron ni las gracias. Tengo mucha rabia con esos huevones.
Promesas en el aire
La rabia de Arturo es compartida por muchos de los trabajadores de la Minera San Esteban. Como dice una ex empleada de la mina, “mientras duró todo el reality show del rescate se nos hicieron muchas promesas enfrente de los medios”. Promesas que, agrega, también les formularon el ministro de Minería, Laurence Golborne, y el Presidente Sebastián Piñera.
En público, este último declaró que “el gobierno buscará reincorporar a cada uno de los trabajadores que se quedaron sin trabajo” y que “no habrá impunidad para los responsables y se perseguirán las sanciones contra quienes tenga algún grado de responsabilidad en este accidente, ya que hoy es más simple para los empresarios pagar las multas que corregir los problemas”.
Esos comentarios suscitaron que el empresario Alejandro Bohn, uno de los dueños de la mina, dijera que “responderé con los bienes de la empresa, y con mis bienes personales si es necesario, para recompensar a cada uno de los trabajadores”.
Todas estas promesas se esfumaron a solo una semana del rescate.
-El 17 de octubre se hizo una misa en el lugar donde estuvo el campamento, y a nosotros no nos dejan entrar -comenta Luis Rojas, de 42 años, quien llevaba cinco en la minera San José-. Rápidamente nos organizamos fuera de la carpa donde estaba siendo celebrada la misa e hicimos unas pancartas para llamar la atención de la prensa que decían: “Piñera: para el Show”, “30 días sin plata y sin trabajo” y “Atrapados en la superficie”.
A pesar de su esfuerzo e indignación, solo consiguieron una tímida mención en uno o dos medios. “Esto ha sido un show y lo peor es que nuestros compañeros participaron”, se lamenta Rojas,
Sepultaron 300
A menos de un mes de cumplirse un año del accidente que catapultó a Chile a las portadas de los medios internacionales, ex trabajadores de la Minera San Esteban Primera S. A. se quejan de que esta historia está lejos del final feliz que se intentó presentar al mundo.
Para agosto de 2010, la empresa tenía 397 trabajadores, de los cuales 241 eran de planta, 59 con contratos a plazo fijo y 97 trabajadores de empresas subcontratadas. La mayoría de ellos resultó perjudicada y eso perdura hasta hoy.
-El final de la historia no terminó con la exitosa salida de nuestros 33 compañeros que quedaron enterrados. Sacaron 33 y enterraron 300. Pero esa parte de la historia es la que se está ocultando. Hace poco llegó el ex presidente de Brasil y se le regaló incluso un pedazo de piedra de la mina. Lo que no se le dijo es que sólo el 20% de los ex trabajadores tiene empleo y que el 80% estamos olvidados de autoridades y pasando muchas penurias -comenta a CIPER Bernardo Mondaca, quién trabajo por 25 años para la Minera San Esteban.
Hoy, con 64 años, ha comenzado sus trámites de jubilación. Es el único sustento de las cuatro personas de su familia.
-Es lo único que me queda, ya que después del despido intenté volver a trabajar, pero por mi edad y por no tener estudios no me llaman de ningún lado. He estado muy mal. Que de la noche a la mañana se te corte la única entrada de dinero, es algo que no se lo deseo a nadie –agrega.
La situación de Mondaca no es la única entre los ex trabajadores de la ahora clausurada Mina San José. Son varios los que desde el cierre de la misma se han quedado en la calle y, sobre todo, aquellos que a pesar de tener mucha experiencia en minería por haber trabajado toda su vida en esto, su edad ya no los hace rentable para ninguna empresa.
A pocos días de conmemorarse un año del derrumbe, el problema que sigue enterrado es que el derrumbe de la San José fue un hito en un período en que las empresas del rubro exhiben las mayores utilidades y que en términos de accidentes laborales resultó un año fatal. El 2010 fue el año con más accidentes de la década (200-2010) en la minería: 45 mineros resultaron muertos y 1.322 heridos de distinta gravedad.
Los que quedan en la Plaza de Copiapó
Son las 10:30 de la mañana del lunes 11 de julio. El movimiento en torno a la plaza Prat comienza a agitarse. Varios cientos de personas cruzan a diario en todas las direcciones esta plaza situada en el centro de la ciudad de Copiapó, frente a la Catedral. En el centro se encuentra la hermosa fuente con una estatua en mármol de una mujer, simbolizando la Minería Atacameña.
Es junto a esta estatua que desde hace ya un año los transeúntes copiapinos se han acostumbrado a ver a un grupo de mineros que se encuentran sin trabajo. Las primeras juntas empezaron en octubre del año pasado. Llegaron a reunirse hasta 300 personas con silbatos, megáfonos y pancartas.
“No somos 33, somos 343”. “Sacaron a nuestros compañeros y nos enterraron a nosotros”. Así rezaban las pancartas de quienes recorrían el entorno de la plaza para después terminar frente a la Intendencia. Hoy es diferente: después de casi un año, el número de los que se siguen reuniendo en torno a la estatua de la Minería no llega a 20.
-Es frustrante, y lo peor es que se sigue lucrando con nuestra desgracia. Hemos dado la lucha pero incluso la prensa nos ha dado la espalda. No existimos -dice Bernardo Mondaca, mientras sus compañeros conversan sobre posibilidades de trabajo. También preguntan si se sabe algo del resto del finiquito que aún no se les termina de pagar en su totalidad.
Un grupo de jóvenes que pasa por la plaza saluda a los manifestantes y bromea entre risas:
-Ya poh, ¿cuándo se van a mandar una marcha?
Bromas como esas y la necesidad de ganarse el sustento en lo que sea han hecho que muchos de los ex trabajadores de la San José abandonara las manifestaciones.
La mina del terror
Evelyn Nicole Olmos Munizaga tiene 37 años y toda su experiencia laboral viene de su trabajo en la mina San José, donde se desempeñaba como técnico paramédico. Su aprendizaje fue duro y rápido.
-El problema de la inseguridad en la mina no era nuevo para nosotros. Desde 2004 esta mina presentaba problemas serios. Un mes antes del derrumbe, a partir de 3 de julio de 2010, día del accidente de Gino Cortés, a quién una loza le cortó una pierna, empezamos a ser más majaderos. Incluso fuimos hablar con el gerente de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) en Copiapó y le advertimos que lo de Gino no iba a ser el único accidente si no se tomaban medidas serias. Éste nos respondió que la ACHS no tenía ingerencia en lo que pasaba en el interior de la mina. Nuestros primeros reclamos cayeron en saco roto. Si ellos que son encargados de la seguridad nos dicen que no tienen ingerencia, ¿a quién recurrir? –dice Evelyn.
Estanislao Morales trabajaba para una empresa contratista que prestaba servicios de transporte a la Minera San Esteban. También supo de reclamos directos que no llegaron a buen puerto.
-Mi empresa tenía 30 trabajadores contratados para la mina San José, y nuestro trabajo era prestar servicios de transporte. Yo entré sólo una vez a la mina y después nunca más quise entrar, ya que por el tiempo que llevo trabajando en diferentes minas me di cuenta de que este lugar no era muy seguro.
Si bien Estanislao no era el jefe en terreno y sus trabajadores dependían de un jefe de faena, no era ajeno a los comentarios que hacían sus compañeros acerca de la inseguridad en la mina. La situación lo animó a hacer sus reclamos al jefe de turno.
-Las primeras veces les decía a mis compañeros que se quejaran al jefe de turno, pero yo mismo había sido testigo y objeto de burlas cuando uno iba con quejas. Inmediatamente te menoscababan dando a entender que no eras muy hombre. En otras palabras, te tildaban de maricón. Y claro, a la segunda que te dan ganas de quejarte, te quedas callado y te convences de que no va a pasar nada.
Del grupo de trabajadores de Estanislao Morales, dos estaban dentro de la mina el día del accidente, Daniel Herrera y Carlos Mamani. A pocas horas del derrumbe, Estanislao se hizo presente en la mina y se quedó por dos días. El día 7, cuando toda la esperanza estaba en una de las chimeneas y el plan falló, tuvo un colapso y acabó sufriendo un preinfarto que lo mantuvo hospitalizado tres meses después del rescate.
Salvado por un día
No todos los trabajadores mineros se inhibían de presentar quejas. Algunos preferían ser motejados de cobardes o de poco hombres y, en caso de no ser escuchados, renunciar. Pero como las oportunidades de trabajo no abundan en la región, muchas veces terminaban volviendo a la misma empresa. Así ocurrió con Alfredo Gallardo González, de 24 años, que oficiaba de camionero en la mina San José. Entraba y salía cuatro veces al día. La jornada en que ocurrió el accidente estaba de descanso.
-El 3 de julio, el día en que mi compañero Gino Cortés perdió su pierna a causa de que se desprendió un planchón, yo estaba trabajando y quedé muy impresionado. Esperaba que se tomaran medidas más serias sobre la seguridad, pero todo se limitó a que un jefe de turno nos dio una charla de cinco minutos y eso sería todo. No vino ni la Inspección del Trabajo ni gente de la Mutual de Seguridad, nada. Eso me hizo enojar mucho. A los dueños les interesaba más el metal que el recurso humano. Nosotros éramos números para ellos, así que fui a las oficinas y renuncié. Me llamó mucho la atención que cuando llegué ante la persona de recursos humanos y le comenté por qué estaba renunciando, me dijo: “Es la reacción más cuerda que ha habido a causa del accidente, haces muy bien”. Estuve 15 días buscando trabajo y decidí volver. Hice mi turno de 7 días, me fui a mi casa y al día siguiente ocurrió el derrumbe.
Horacio Vicencio Araya trabajó 12 años en la empresa. Hasta el día de su despido se desempeñaba como presidente del sindicato. Su mirada es crítica respecto al modo en que se han abordado las responsabilidades del accidente del 5 de agosto de 2010.
-Es muy fácil descargar todas las culpas en los dueños de la empresa. Trabajar en esta empresa también tenía sus compensaciones y hay que reconocerlo públicamente. Uno tenía trabajo seguro ya que al ser yacimiento de oro y cobre, no pasaba como en otras mineras que cuando bajaba el precio del cobre, se quedaban muchos sin trabajo; aquí, si no era el cobre, era el oro, y eso nos aseguraba estar siempre con trabajo. La necesidad tiene cara de hereje, se dice, y es verdad, ya que por más que algunos al salir de sus casas se despidieran de su mujer diciendo Pueda ser que hoy no salga, igual iban a trabajar. Creo que esto también demuestra que la responsabilidad al final es compartida incluso entre nosotros como trabajadores.
Su “mala suerte” fue no ser parte de los 33.

Itata y El Golfo acuerdan concretar su fusión
CHILE Monday, July 11, 2011, 23:50
Las compañías Pesquera Itata S.A. y Pesquera El Golfo prevén materializar su fusión entre fines de agosto y principios de septiembre de este año.
Según lo informado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), luego de varios meses de trabajo, ejecutivos de ambas empresas firmaron el acuerdo definitivo para concretar la fusión empresarial.
Según dicho acuerdo, el 54,69% de la empresa combinada quedará en poder de Itata y el 45,21% restante en manos de El Golfo.
Esta decisión deberá ser aprobada en la próxima junta general extraordinaria de accionistas de cada una de las firmas, a fines de julio.
La fusión en proyecto tendrá en el mediano y largo plazo impactos en los resultados de Pesquera Itata S.A. y en el valor de las acciones de la compañía, efectos estos que aún no estamos en condiciones de cuantificar”, comentó al respecto el gerente general de Itata, Gerardo Balbontín.
Además, dijo que en cuanto dispongan de esa información, la proporcionarán “debidamente” al ente regulador, informó Aqua.
Las empresas aclararon que si se ejerciera el derecho a retiro por parte de accionistas con más del 4% de los papeles, la fusión no se producirá.
La gerencia comercial será liderada por Eduardo Goycoolea; la de Administración y Finanzas por Fernando Pirozzi; la de Plantas de Consumo por Enrique Cisternas; la de Operaciones de Pesca por Marcel Moenne; la de Salmones por Nicos Nicolaides; la de Personas por Raúl Hermosilla; y la nueva área de Control de Gestión por Manuel Gallardo, según informó el diario Estrategia.
Ambas compañías esperan consolidar sus negocios en el sector salmonero y cosechar en 2012 unas 50.000 toneladas de salmónidos, es decir, el 7% de lo producido en Chile.

Se acaba la fiesta por:Patricio Bañados
Periodista, hombre de radio y ex conductor de televisión.
“El gobierno me roba a mí”. Eso se alcanzó a escuchar fugazmente a un muchacho esposado y tendido boca abajo sobre el pavimento, por ladrón, en una de las tantas noticias sobre delitos que nos presenta noche a noche la televisión.
Me trajo a la memoria un documental sobre la Revolución de los Pingüinos – jamás mostrado en televisión, por supuesto – que pude ver en exhibición privada hace algunos años. En una de sus secuencias la cámara entra con dos estudiantes a la casa de un conocido senador de la Concertación que los ha invitado para tratar el tema. Al entrar al living y ver la decoración, mobiliario, lámparas y tapices, uno le dice al otro en voz apenas audible: “Aquí están nuestros impuestos”.
La clase política, sorda, ciega, y por desgracia no también muda, no logra entender lo que está pasando. Sigue sacando ridículos cálculos electorales que sólo a ella interesan o tratando de sumarse a última hora a movimientos que no fue capaz de iniciar ni anticipar. No logra entender que detrás del descontento que revienta un día por la educación, otro por la ecología, otro por el cobre, se encuentra básicamente la rebelión contra un sistema impuesto a culatazos y que transformó las necesidades básicas de la población en rentables negocios para una clase privilegiada.
La Concertación sigue sin aceptar que ganó muchas elecciones nada más que porque al otro lado estaban los que habían cohonestado la dictadura y para mucha gente era sencillamente imposible votar por ellos.
La derecha, que instaló este régimen gracias al gendarme que le prestó la fuerza armada para hacerlo, y después del plebiscito de 1988 encontró un inesperado aliado en la Concertación para prolongarlo, sigue tratando de convencernos a través de los medios de difusión, que le pertenecen casi sin competencia, que encontró la piedra filosofal. Que lo que es bueno para muy bien pagados ejecutivos y directores, muchos de ellos en empresas creadas con el ahorro de los asalariados, es bueno para el país. Y así una costra de parientes, relaciones de colegio y clubes exclusivos para GCE (gente como ellos), con sus suculentas ganancias, infla engañosamente el ingreso promedio del resto de la población acercándolo a una suma que, se supone, convertiría milagrosamente al país entero en una sociedad desarrollada.
La Concertación sigue sin aceptar que ganó muchas elecciones nada más que porque al otro lado estaban los que habían cohonestado la dictadura y para mucha gente era sencillamente imposible votar por ellos. En la última elección presidencial cayó a un 29% – aunque majaderee con el 49% – de los votos emitidos. Y si sumamos a los muchos que se niegan a participar en lo que ha llegado a ser una componenda entre compadres –uno para ti, uno para mí – aún menos. Pero eso no es lo importante. Lo grave es que abrazó con entusiasmo un sistema impuesto por la fuerza a la ciudadanía, aceptó con fruición un trozo de la torta, desmovilizó a la población con la amenaza del ogro, y mantuvo – si es que no aumentó – la brutal diferencia entre ricos y pobres que hace de Chile una vergüenza.
Ese fatuo maridaje que nos ha gobernado más de veinte años, hoy con toda clase de intereses comunes entrelazados, es incapaz de comprender que está asomando a la luz pública, encontrando por fin una manera de expresarse, un malestar ciudadano latente desde hace largo tiempo y que va mucho más allá de las demandas puntuales que lo aglutinan.

Ley de pesca: el verdadero temor de los trabajadores
Radio del Mar
En el tema de la próxima ley de pesca y la propuesta del Gobierno de licitar hasta un 50% de la cuota, hemos visto que el sector ligado a las empresas de la Sociedad Nacional de Pesca y la Asociación de Industriales Pesqueros de la VIII región se han declarado en contra porque “pondría en riesgo su fuente laboral” y “otros países podrían quedarse con los recursos pesquero
Ley de pesca: el verdadero temor de los trabajadores
6/28/11
Pressenza Pressenza International Press Agency Santiago, 6/28/11 Ambas aseveraciones están erradas, porque terceros países no pueden pescar en aguas nacionales y porque, licitadas o entregadas por historia, el nivel de empleo no depende de quienes sean dueños de las cuotas.
Durante más de una década las cuotas de pesca de los principales recursos pesqueros del país fueron entregados a un pequeño grupo de industriales, quienes se las arreglaron para que los parámetros de asignación les favorecieran.
Eso es lo que hoy, en la discusión contingente, llaman “historia” y fue lo que obligó a los operadores medianos y pequeños dejar el negocio por lo precario de sus asignaciones. La ley que hizo esa asignación posible, la de Límite Máximo de Capturas por Armador (LMCA), vence el 2012 por lo que el nuevo proyecto de ley debería estar en el Congreso durante los próximos meses.
Sobre el supuesto temor del sector laboral por la transnacionalización de los recursos pesqueros chilenos, si se licita, hay que ser claros: quien pesque, sin importar como se asignen las cuotas, debe cumplir con la ley de navegación, por lo que los buques deben tener bandera Chilena, es decir, de propiedad de chilenos.
Ahora, la pregunta que surge es: ¿por qué quienes tienen las cuotas ahora no las han vendido al mejor postor?
Las respuestas podrían ser dos. Primero, el mejor valor lo podrían lograr si se les regalan las cuotas a perpetuidad. Hoy en día les quedan menos de dos años de la actual asignación por lo que su valor sería muy bajo, comparado con una aviso que diga: “se venden cuotas perpetuas todos los recursos pesqueros de Chile ¡Llame ya!”, donde el valor de las cuotas sería pagado al empresariado y no al Estado.
Segundo, al examinar el tema a la luz de lo que dice el Dr. Enrique Golfarb “Estamos ante un caso donde el costo de no vender el derecho es un “costo de oportunidad”, que no duele mayormente y que puede petrificar el acceso al mercado para siempre” y si a esto le sumamos que, como ocurrió en Islandia, podrían venderse entre ellos pequeños montos de cuota a valores altísimos, aumentando el valor de su patrimonio en cuotas por secretaría, el quedarse con las cuotas y continuar bloqueando el acceso a terceros , puede ser un muy buen negocio. Aunque no para el resto de los chilenos, por cierto.
En nuestro país, uno de los principales efectos de la ley de LMCA fue la brutal concentración que afectó fuertemente el empleo y no sólo de la disponibilidad de éste, sino también de la calidad del mismo.
Con tanta mano de obra calificada cesante aumentó la oferta y la concentración disminuyó la demanda, es decir, bajó el valor de los trabajadores del sector, especialmente de flota.
Hoy en día, los que quedan dentro del sistema están muy temerosos de perder sus puestos de trabajo, pero no es por la posibilidad de licitación, sino porque si no dicen lo que los jefes les ordenan decir, pueden ser despedidos.
Es por eso que hoy tenemos organizaciones laborales que están en contra de abrir el acceso a las cuotas de pesca mediante una licitación transparente, debido a que los jefes los usan como escudos para obtener la exclusividad de las cuotas a perpetuidad, luego de lo cual podrán hacer los que quieran con los recursos pesqueros del Estado ¡perdón!, de ellos.
Lo peor de todo es que bajo este modelo, el empleo puede disminuir aun más, si eso es rentable, como hemos visto que hicieron con la excusa del terremoto. (Debemos recordar que con la misma excusa en marzo del año pasado estos mismos industriales pesqueros decían que la única forma de recuperarse, era que les regalaran las cuotas a perpetuidad.)
Si analizamos seriamente el tema, vemos que la preocupación de las organizaciones laborales debería estar enfocada en mejorar el empleo -lo que está relacionado con la cantidad de cuota global disponible- la innovación y la competencia, independientemente de quién es dueño de la cuota de pesca o de la fábrica que lo procesa.
La licitación de cuotas de pesca, justamente, apunta a la competencia e innovación, es decir que quienes sean capaces de desarrollar nuevos productos y por lo tanto, valoren más los recursos pesqueros del país, puedan acceder a ellos y crear actividad económica, lo que se traduce en lo que debería ser el principal interés de los trabajadores: empleo.

esto es lo que venimos diciendo y pensamos que no estamos locos al querer incorporar dentro de esta LEY DE PESCA, un fondo unico para los trabajadores y los que van quedando en el camino, pues realmente si no peleamos por lo nuestro y por lo que deben luchar los verdaderos representantes de los trabajadores ,es esto y no seguir apoyando incondicionalmente a un modelo a todas luces nefasto y que ha fracasado al no resguardar el recurso, fracasado al no resguardar a sus trabajadores,todos somos parte de todo, todo es culpa de todos, pero sin embargo hay culpables con letras mayusculas de que todo siga igual...vamos al igual que los peces , al exterminio por no preocuparnos de buscar las solución a nuestros problemas y se continua caminando cual cordero al matadero......es por eso que decimos basta, levantate y lucha por lo que es tuyo!

LOS DESAFIAMOS A MIRAR A SU ALREDEDOR, Y USTEDES MISMOS JUZGUEN, CUANDO LEAN UN DIARIO, CUANDO VEAN LAS NOTICIAS Y OBSERVEN CON ATENCION , CUAL ES EL DISCURSO QUE ESTAN TENIENDO LAS DIRIGENCIAS SINDICALES, Y PODRAN DARSE CUENTA QUE CASI TODOS SOLO PELEAN POR PROTEGER LOS DERECHOS HISTORICOS DE LA CUOTA ES DECIR A LOS EMPRESARIOS ,PARA QUE NO PIERDAN NI UN SOLO PESO Y TAMPOCO SUS PRIVILEGIOS, NOSOTROS BUSCAMOS ALGO PARECIDO PARA TODOS , LO QUE DEMUESTRA EN EL VIDEO ES QUE SE PUEDE Y SOLO FALTA LA VOLUNTAD Y LAS GANAS DE QUERER HACER LAS COSAS, PERO MIENTRAS SIGAN APOYANDO A LOS MISMOS DE SIEMPRE QUE LOS ENVUELVEN, CON MENTIRAS, ESTO NO PODRA REALIZARSE , SOLO SI NOS UNIMOS PODREMOS OBTENER LO QUE DESEAMOS....NUESTRO SINDICATO , Y NUESTRA FEDERACION PEDIMOS QUE DENTRO DE LA LEY DE PESCA TENGA UN CONTENIDO SOCIAL, COMO ESTO ,QUE GARANTIZE A LA GENTE QUE VA A QUEDAR EN EL CAMINO, Y ASEGURE A QUIENES PROSIGAN EN SU TRABAJO...VAMOS HABLA CON TU DIRIGENCIA EXIGELES Y HAZLE VER QUE SE PUEDE, EXIGE TUS DERECHOS QUE HAN SIDO VIOLENTADOS POR AÑOS Y AÑOS....EN VEZ DE SEGUIR DEFENDIENDO SIN NADA A CAMBIO PARA LOS TRABAJADORES, PARA LOS VERDADEROS TRABAJADORES QUE MERECEN ESTO Y MUCHO MAS...

CONTINÚA EN CHILE REPUNTE DE LAS EXPORTACIONES PESQUERAS
Jueves, 30 de Junio de 2011 17:19
INFORME DE Subpesca indica que el crecimiento a marzo ha sido
del 44,4 por ciento.
VALPARAISO.- El subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, dio a conocer el último informe sectorial emitido por la institución. En él se indica que el desembarque total estimado a abril del 2011 es de 1,6 millones de toneladas, inferior en un 1,2% al acumulado al mismo periodo del 2010.
De esta cifra, el sector extractivo presentó 1,3 millones de t; mientras que para el sector acuícola se estima que a abril se han registrado 277,7 mil t cosechadas.
Dentro del sector extractivo, el 71,5% de los desembarques corresponden a recursos pelágicos, cifra inferior al 81,6% registrado al mismo periodo del 2010, destacando por su importancia la sardina común, con un 38,4%; anchoveta, con un 32,6%; y el jurel, con un 8,8%.
Respecto a estos recursos, el jurel muestra una baja de 53,4% respecto al mismo periodo del año 2010, mientras que la anchoveta y la sardina común presentan cifras superiores en un 15,6% y 41,7% respecto del mismo periodo.
Los desembarques pelágicos se concentran mayoritariamente en el área V-X regiones con 698,9 mil t (62%), seguido por las regiones XV a II, donde el desembarque en conjunto alcanzó a 355,8 mil t (31,6%); las regiones III y IV por su parte concentraron el 3,3% de los desembarques con 37 mil t.
En cuanto al sector acuícola, la información registrada ante Sernapesca señala que a marzo del presente año las cosechas alcanzaron niveles de 224,1 mil t, cifra 30,2% superior a lo registrado al mismo período del 2010.
Los principales recursos cosechados a nivel nacional, corresponden a Chorito (50,1%), Trucha Arco Iris (17,8%), Salmón del Atlántico (15,7%) y Salmón del Pacífico (13,7%). Las principales regiones donde se registran cosechas corresponden a la X y XI, con 174,3 mil t y 47,1 mil t, respectivamente.
En cuanto al valor de las exportaciones pesqueras y acuícolas, este alcanzó a finales de marzo, los US$1.227 millones, manteniendo el repunte que ha evidenciando el sector durante 2011, ya que supera en un 44,4% lo registrado a igual fecha durante el año 2010 y es superior también al valor promedio del quinquenio 2006-2010, en 76,7%.
Pablo Galilea explicó que la línea de congelado sigue siendo el motor de la recuperación del sector, liderando con amplitud tanto en valor como volumen entre las diversas líneas de proceso y mostrando un importante incremento en ambas dimensiones respecto a marzo de 2010.
Siguen a esta positiva tendencia, aunque con aportes más reducidos, las líneas de fresco refrigerado, ahumado y secado de algas.
Como contrapartida, manifiestan déficit en valor líneas como harina de pescado, conservas y en una menor medida los alginatos.
Cabe mencionar que mientras los congelados aumentaron su valoración en US$307,3 millones, la harina la redujo en US$5,7 millones.
Los principales recursos exportados a marzo del presente año son la Trucha Arcoíris, el Salmon del Pacifico y Salmon del Atlántico, los que muestran alzas en sus valoraciones, representando el 71,4% del total. Este fuerte incremento obedece a un aumento de sus volúmenes exportados, debido al repunte de las cosechas declaradas marzo, destacando el Salmon del Pacifico, que creció un 135% respecto a marzo de 2010.

Seminario en Puerto Montt:
Aseguran que licitación de cuotas de pesca no afectará al sector artesanal
Unos 200 pescadores artesanales de todo el país se reunieron en lo que fue el primer encuentro nacional que permitirá definir posturas y enfrentar los desafíos del sector de cara al fin de la ley 19.713 que caduca el 2012 (Mundo Acuícola).Fecha: 28/06/2011
La información la dio a conocer el jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de Pesca, Felipe Palacios, en el seminario organizado por el Consejo Regional de Pescadores Artesanales, COREPA, en conjunto con la Unión de Federaciones y el Consejo provincial de pescadores de Chiloé.
En la oportunidad, cerca de 200 pescadores artesanales de todo el país se reunieron en lo que fue el primer encuentro nacional que permitirá definir posturas y enfrentar los desafíos del sector de cara al fin de la ley 19.713 que caduca el 2012.
Con las palabras del presidente de la Corepa, Jorge Bustos, se dio inicio al seminario que se extendió por más de cuatro horas y que contó con la presencia de las dos confederaciones nacionales de pescadores artesanales: Conapach y Confepach. “Hoy tenemos la oportunidad de unirnos para no cometer los mismos errores del pasado”, dijo el dirigente, aludiendo a que el fraccionamiento de los recursos es un tema que se debe discutir a la brevedad desde las bases.
En la ocasión, la Subsecretaría de Pesca, a través de su jefe de división jurídica, Felipe Palacios, ratificó lo expresado por el Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, en el sentido que la licitación de cuotas sólo será aplicada al sector industrial y no al artesanal, situación que fue valorada por los dirigentes artesanales y organizadores del seminario.
“El anuncio de la Subpesca nos deja tranquilos, porque este es un tema importante para nuestro sector”, dijo Jorge Bustos, agregando que esto se deberá estudiar junto a todas las demandas del sector artesanal.
Asimismo, el presidente de Confepach, Hugo Arancibia, hizo un llamado a no fijar posturas sobre la licitación industrial.
En la misma línea, la presidenta de Conapach, Zoila Bustamante, argumentó que la licitación no es el tema importante para los artesanales, sino el fraccionamiento que se tiene que producir entre el sector industrial y artesanal.

¿TE QUEJAS POR LAS TOMAS, PAROS, Y CREES QUE SON TODOS COMUNACHOS QUE DEBERÍAN VOLVER A ESTUDIAR? LEA ESTO
de Alumno Delauc, el Viernes, 24 de junio de 2011 a las 11:08

1) Chile es el país con la segunda educación más desigual del planeta (Fuente: OCDE -Organización para la cooperación y desarrollo económicos, compuesto por las mayores economías del mundo... y Chile)

2) Chile tiene los sextos aranceles más caros del mundo -comparados por poder de paridad de compra-, y peor sistema de becas que los otros 5 y ninguna universidad de calidad mundial, a diferencia de los otros 5 (Fuente: OCDE)

3) Hasta paises sudamericanos pueden dar educación gratuita -o de muy bajo costo-, siendo que Chile tiene un mayor PIB per cápita que ellos y es el mayor productor de cobre del mundo, somos, potencialmente, una de las economías más ricas del planeta.

4) "La PSU aumenta la brecha entre colegios municipales y privados", un país con un coeficiente de desigualdad tan extremo como Chile necesita medios de selección acordes con su realidad (Fuente: Emol, OCDE), como medir conocimientos específicos para las carreras a postular y aptitudes para ella, además, según Valentina Quiroga de Educación2020 la PSU estaría hecha para el modo de pensar de los hombres (85% de los puntajes nacionales son hombres).

5) En Chile, el 15% de los recursos para educación los pone el estado y cerca de un 85% las familias. Este monto equivale al 0,3% del PIB, uno de los más bajos del mundo -el promedio en desarrollados es 1,3%-, considerando que casi la mitad de estos recursos van sólo para 4 Universidades del Consejo de rectores, la mayoría está endeudada y atada al autofinanciamiento. En los países desarrollados por lo general es al revés. (Fuente: Education at a Glance -2009- OCDE)

6) Miles de estudiantes se endeudan por millonarias sumas para poder estudiar (créditos), hipotecando su futuro.

7) El 65% de los quintiles más pobres deserta en la Universidad, principalmente por problemas económicos (Fuente: Estudio Sobre las causas de la deserción universitaria». Centro de Microdatos , Dep. de Economía, Universidad de Chile).

8) "56,7% de los jóvenes NO trabaja en lo que estudió" (y se endeudó por ello por unos $20.000.000 que debe pagar), el "mercado de la educación" satura el campo laboral y no regula nada (fuente: EMOL, http://www.buscacarreras.com/)

9) En Chile hay muchos más profesionales que técnicos mientras que en países desarrollados es al revés. El título universitario cada vez se devalúa más. Chile necesita más técnicos y de CALIDAD. La saturación de profesionales de la salud, además, genera problemas de salud pública a nivel nacional por eso muchos países desarrollados ya tienen implementado el "NUMERUS CLAUSUS": restricción en cupos de ingreso en ciertas carreras.

10) El lucro de las universidades es anticonstitucional, además no genera universidades cuyo principal objetivo sea el desarrollo íntegro del país -sino generar utilidades para los dueños-, no posee mayores incentivos para investigación ni desarrollo de tecnologías; destinan millones en publicidad que podrían ser reinvertidos en un 100% en investigación, infraestructura, docencia, etc. Además no pueden ser regulados y lucran con dineros del estado

11) En Chile prácticamente no existen filtros de ingreso en las Universidades, basta pagar. Los sistemas educacionales de los paises desarrollados son meritocráticos (basados en el mérito), en Chile, en cambio, depende de tu capacidad de pago.

12) Las acreditaciones no sirven de nada, no acreditan calidad. Evalúan procesos y no resultados, solo acredita que los egresados de una tal Universidad tengan el perfil que esa misma Universidad define según estime conveniente. Se necesitan sistemas que acrediten resultados e investigación, debe ser una entidad única sin intereses creados, es importante que se defina un perfil estándar para todas las universidades y todas las carreras del país.

Estos daños generados por la dictadura, continuados y profundizados por la Concertación y el actual gobierno de derecha suman daños al país por valores altísimos (si hubiera que ponerle precio serian miles de billones de pesos por lo bajo, junto con un retroceso en el desarrollo de varias décadas), valores que no tienen comparación frente a los destrozos hechos por estudiantes últimamente ni con perder unas semanas de clases.

Ley de pesca: el verdadero temor de los trabajadores
Por Albert Arias
En el tema de la próxima ley de pesca y de la propuesta del Gobierno de licitar hasta un 50% de la cuota, hemos visto que el sector laboral ligado a las empresas que conforman la Sociedad Nacional de Pesca, (Sonapesca) y la Asociación de Industriales Pesqueros de la Octava región (Asipes), se han declarado en contra de la iniciativa porque “pondría en riesgo su fuente laboral” y porque “terceros países podrían quedarse con los recursos pesqueros del país”.
Ambas aseveraciones están erradas, porque terceros países no pueden pescar en aguas nacionales y porque, licitadas o entregadas por historia, el nivel de empleo no depende de quienes sean dueños de las cuotas.
Durante más de una década las cuotas de pesca de los principales recursos pesqueros del país fueron entregados a un pequeño grupo de industriales, quienes se las arreglaron para que los parámetros de asignación les favorecieran.
Eso es lo que hoy, en la discusión contingente, llaman “historia” y fue lo que obligó a los operadores medianos y pequeños dejar el negocio por lo precario de sus asignaciones. La ley que hizo esa asignación posible, la de Límite Máximo de Capturas por Armador (LMCA), vence el 2012 por lo que el nuevo proyecto de ley debería estar en el Congreso durante los próximos meses.
Sobre el supuesto temor del sector laboral por la transnacionalización de los recursos pesqueros chilenos, si se licita, hay que ser claros: quien pesque, sin importar como se asignen las cuotas, debe cumplir con la ley de navegación, por lo que los buques deben tener bandera Chilena, es decir, de propiedad de chilenos.
Ahora, la pregunta que surge es: ¿por qué quienes tienen las cuotas ahora no las han vendido al mejor postor?
Las respuestas podrían ser dos. Primero, el mejor valor lo podrían lograr si se les regalan las cuotas a perpetuidad. Hoy en día les quedan menos de dos años de la actual asignación por lo que su valor sería muy bajo, comparado con una aviso que diga: “se venden cuotas perpetuas todos los recursos pesqueros de Chile ¡Llame ya!”, donde el valor de las cuotas sería pagado al empresariado y no al Estado.
Segundo, al examinar el tema a la luz de lo que dice el Dr. Enrique Golfarb “Estamos ante un caso donde el costo de no vender el derecho es un “costo de oportunidad”, que no duele mayormente y que puede petrificar el acceso al mercado para siempre” y si a esto le sumamos que, como ocurrió en Islandia, podrían venderse entre ellos pequeños montos de cuota a valores altísimos, aumentando el valor de su patrimonio en cuotas por secretaría, el quedarse con las cuotas y continuar bloqueando el acceso a terceros , puede ser un muy buen negocio. Aunque no para el resto de los chilenos, por cierto.
En nuestro país, uno de los principales efectos de la ley de LMCA fue la brutal concentración que afectó fuertemente el empleo y no sólo de la disponibilidad de éste, sino también de la calidad del mismo.
Con tanta mano de obra calificada cesante aumentó la oferta y la concentración disminuyó la demanda, es decir, bajó el valor de los trabajadores del sector, especialmente de flota.
Hoy en día, los que quedan dentro del sistema están muy temerosos de perder sus puestos de trabajo, pero no es por la posibilidad de licitación, sino porque si no dicen lo que los jefes les ordenan decir, pueden ser despedidos.
Es por eso que hoy tenemos organizaciones laborales que están en contra de abrir el acceso a las cuotas de pesca mediante una licitación transparente, debido a que los jefes los usan como escudos para obtener la exclusividad de las cuotas a perpetuidad, luego de lo cual podrán hacer los que quieran con los recursos pesqueros del Estado ¡perdón!, de ellos.
Lo peor de todo es que bajo este modelo, el empleo puede disminuir aun más, si eso es rentable, como hemos visto que hicieron con la excusa del terremoto. (Debemos recordar que con la misma excusa en marzo del año pasado estos mismos industriales pesqueros decían que la única forma de recuperarse, era que les regalaran las cuotas a perpetuidad.)
Si analizamos seriamente el tema, vemos que la preocupación de las organizaciones laborales debería estar enfocada en mejorar el empleo -lo que está relacionado con la cantidad de cuota global disponible- la innovación y la competencia, independientemente de quién es dueño de la cuota de pesca o de la fábrica que lo procesa.
La licitación de cuotas de pesca, justamente, apunta a la competencia e innovación, es decir que quienes sean capaces de desarrollar nuevos productos y por lo tanto, valoren más los recursos pesqueros del país, puedan acceder a ellos y crear actividad económica, lo que se traduce en lo que debería ser el principal interés de los trabajadores: empleo.
Sobre la cantidad de las cuotas de pesca, o por qué hay tan pocas, será el tema de mi próxima columna.
SINTRISAN DICE: MHH COMO DIJO EL CHAPULIN, ¿ QUE COMES QUE ADIVINAS?

El imperio de negocios que la ACHS creó con las cotizaciones de los trabajadores
Por : Juan Pablo Figueroa y Gustavo Villarrubia en Reportajes de investigación Publicado: 24.06.2011
La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) convirtió un pilar del sistema de seguridad social en un millonario negocio. Por ley, su rol es prevenir riesgos laborales y asistir a los trabajadores que se accidenten. Con más de 100 empresas relacionadas, la ACHS hoy compite en el mercado de la salud privada. El modelo de negocios, subsidiado con las cotizaciones que los empresarios pagan para proteger a sus trabajadores, lo creó el mismo grupo que desde hace 40 años controla la mutual con una estructura intocable que se instaló en la cúpula de la red de empresas. Todo puede cambiar el martes 28 de junio, cuando los empresarios elijan al nuevo directorio.
Los sonidos al interior del yacimiento anticipaban lo que ocurriría. Durante esa mañana del 5 de agosto de 2010, varios de los mineros que trabajaban en la mina San José sintieron cómo las paredes crujían. Era un ruido que ya habían oído antes, algo así como un rugido. “La mina empezó a avisar que había problemas”, le diría unos meses después uno de los trabajadores al diputado Carlos Vilches, miembro de la comisión investigadora que indagó lo que allí pasó. Los mineros más experimentados sabían lo que significaba, así que a las 11:00 pidieron permiso a sus jefes para salir. No se los dieron. Tres horas después, el ruido se transformó en un estruendo. 33 hombres quedaron allí, encerrados a 700 metros bajo tierra. No fue uno, sino que tres derrumbes, todos simultáneos. Al mismo tiempo, a 800 kilómetros al sur, en Santiago, otra estructura también colapsaba.
Como la Compañía Minera San Esteban Primera S.A., dueña de la mina San José, es una de sus casi 40.000 empresas afiliadas, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) debía monitorear sus faenas para detectar posibles fallas de seguridad que atentaran contra la vida de sus trabajadores. También era su responsabilidad verificar que los propietarios de la mina modificaran las fallas para que no ocurrieran accidentes. Sin embargo, fallaron: los riesgos ya habían sido detectados y las señales que anticipaban un desastre estaban frescas.
Sólo un mes antes, una roca se desprendió del techo de la misma faena y cayó sobre Gino Cortés, uno de los perforistas de la mina, destruyéndole su pierna izquierda. Tuvieron que amputársela. Y un mes antes de eso le había tocado a otro trabajador, Jorge Galleguillos, aunque él sólo se lesionó la parte baja de su espalda. Ambos tuvieron suerte: entre 1996 y 2007, siete trabajadores murieron en accidentes laborales en los yacimientos de esa compañía.
Lo de Cortés y Galleguillos era sólo un accidente laboral más, como cualquiera de los 254.138 que ocurrieron el año pasado en el país. En cambio, lo de agosto fue distinto. No sólo porque se transformó en una noticia mundial, sino porque dejó en evidencia las falencias históricas que existen en materia de seguridad laboral en Chile, un área donde la ACHS es el principal referente, controla el 53% del mercado y recibe ingresos anuales por casi $204.000 millones (aproximadamente US$ 403 millones).
En los días siguientes, mientras el gobierno hacía intentos desesperados para saber si los 33 mineros seguían vivos, la ACHS desplegaba un enorme mecanismo de control de daños y seguridad. Pero lo que ahora cuidaba era su propia supervivencia. Una enorme carpa, un policlínico, ambulancias y un contingente formado por médicos, psicólogos, prevencionistas y periodistas, todos con los símbolos de la ACHS, llegaron al campamento que se instaló afuera de la mina. Allí donde se concentró el foco de las cámaras con transmisión directa a todo el mundo, la ACHS posicionó su marca como sinónimo de excelencia en seguridad. En los tribunales, uno de sus abogados recogía antecedentes sobre las acciones legales que se preparaban. Había que blindarse ante lo que venía. La ACHS capitalizó la tragedia a través de un excelente manejo comunicacional, un área donde la mutual tiene gran experiencia.
Aunque el de las mutuales es un mercado cerrado donde el ingreso de nuevos competidores está prácticamente bloqueado por ley desde fines de los ‘60, y su cartera de clientes es cautiva, en los últimos diez años la ACHS ha invertido más de $6.635 millones (poco más de US$ 14.000.000) en marketing. Entre 2005 y 2009, el gasto anual en publicidad superó al monto que resulta de la suma de lo que la mutual ha destinado tanto a la compra de insumos médicos como al traslado de pacientes.
Pero fuera de cámaras, para la ACHS el colapso de la mina fue un punto de quiebre. Al mando de Eugenio Heiremans, un empresario que se mantuvo por más de medio siglo como presidente de la mutual, se configuró una estructura de poder que se ha perpetuado mediante influencias políticas, redes comerciales y elecciones de directorio manejadas completamente por su administración. Los hombres que lo acompañaron durante los últimos 40 años, son los mismos que hoy se encuentran al mando de un modelo de negocio que ha logrado mantenerse fuera de toda fiscalización y crecer en un mercado completamente alejado de su objetivo: prevenir riesgos laborales y cubrir la atención médica de los trabajadores que se accidenten.
CIPER investigó la gigantesca red de empresas y sociedades que articularon directores y ejecutivos de la ACHS con los beneficios y capitales que les asegura la ley a las mutuales como administradoras de uno de los logros más importantes de la sociedad chilena en materia de seguridad social: el seguro obligatorio contra accidentes y enfermedades laborales. De ese derecho de los trabajadores, la mutual ha creado una industria que en la última década le ha reportado ingresos por unos $1.464.030 millones (alrededor de US$ 3.101 millones), según sus balances oficiales.
Como la ACHS es una corporación sin fines de lucro, no puede repartir sus excedentes y está obligada reinvertirlos en sí misma. Para evitar esto, la mutual creó una complicada estructura de negocios que se extiende por todo el país. CIPER le hizo una radiografía a ese modelo y logró rastrear al menos 103 sociedades anónimas y una fundación donde la ACHS tiene alguna participación, ya sea directa o a través de otras empresas relacionadas. La maraña de empresas es tan grande y enredada, que resulta difícil definir con certeza hasta dónde se extiende. Algunas son asociaciones comerciales; otras sólo son sociedades de fachada que persiguen beneficios tributarios, a través de las cuales la ACHS, exenta de pagar IVA y gravámenes aduaneros, recupera el IVA que de forma directa no podría.
La estructura de inversiones es controlada por los propios ejecutivos de la mutual, los que ocupan cargos gerenciales y directivos en las empresas relacionadas. A través de ellas externalizó servicios propios que las mutuales entregan por ley y entró a competir en el mercado de la salud privada. También les transfiere equipos y capital. La relación es simple: mientras menos accidentes laborales hay en el país, más invierte la ACHS en infraestructura médica y empresas clínicas que venden servicios a particulares. Un millonario negocio que ha sido subsidiado con lo que los empresarios pagan para proteger a sus trabajadores.
Las mutuales son financiadas por el sector privado. Todas las empresas en Chile están obligadas a pagar mensualmente a la mutual que estén afiliadas una cotización general para cubrir en caso de accidentes de sus trabajadores los tratamientos, rehabilitación y el período de invalidez que corresponda. Ese monto actualmente corresponde al 0,9% del sueldo imponible de sus empleados. El fondo empresarial se complementa con una cotización adicional –que tiene un tope del 3,4% de los sueldos imponibles–, dependiendo del riesgo que signifique para sus trabajadores desempeñarse en una empresa. A ello se agrega una cotización extraordinaria, vigente desde 1998 y que corresponde al 0,05% del sueldo imponible de cada trabajador.
La compañía propietaria de la mina San José estaba afiliada a la ACHS desde 1988. Todos los meses le transfería esos dineros para que velara por la protección de sus trabajadores. Como la mutual se hace cargo de una responsabilidad que para las empresas es una carga, prácticamente no se meten con ella. Ni siquiera cuando deben elegir cada tres años un nuevo directorio para la ACHS: aunque todas sus empresas afiliadas tienen poder de voto, en las elecciones el resultado siempre ha sido el mismo. Algo que podría cambiar el próximo martes 28 de junio.
El derrumbe de la mina San José dejó en evidencia que la ACHS, responsable de la protección de más de dos millones de trabajadores, no cumple su función. Pero el martes 28 de junio sus empresas afiliadas podrán pedir cuentas. Ese día se realizará la elección para definir el directorio del próximo trienio. Si la maquinaria que se ha implementado durante las últimas elecciones –y que hoy está en plena marcha– funciona, el resultado ya está escrito. Al interior de la ACHS todo está dispuesto para que Jorge Matetic, el actual presidente, y los demás directores se mantengan en sus cargos. Así ha funcionado desde hace décadas.
PODER FÁCTICO
El 42% de las empresas en Chile paga mensualmente a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) las cotizaciones para velar por la prevención de riesgos en el trabajo y la cobertura de los accidentes que ocurran. Para eso fue concebida cuando la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) la creó en 1958, época en que la tasa de accidentes laborales bordeaba el 35%. Pero la más grande de las mutuales hace ya varios años que dejó de ser sólo una mutual.
Lo que partió en 1968 con la Ley 16.744 como uno de los puntos clave del sistema de seguridad social chileno, comenzó a mutar hacia un negocio en 1977. Para entonces, la ACHS ya contaba con cerca de 300.000 trabajadores afiliados e ingresos por poco más de $241 millones. Un año antes, “tras profundos estudios”, su directorio decidió abrir sus instalaciones para atender a pacientes particulares. Al principio, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) se lo prohibió. Como su rol exclusivo por ley era la prevención de accidentes laborales y prestar asistencia médica a los trabajadores que se accidenten en sus funciones, las mutuales no podían atender pacientes que no fueran beneficiarios del seguro. En sólo unos meses quedaría en evidencia que la opinión del presidente de la ACHS pesaba mucho más que la negativa de la SUSESO, fiscalizadora de las mutuales.
Eugenio Heiremans fundó la ACHS y fue su presidente hasta 2010, cuando renunció un par de meses antes de morir. En una entrevista publicada en El Mercurio en 1993, el actual ministro de Defensa y entonces diputado de Renovación Nacional, Andrés Allamand, denunció que él era uno de los “poderes fácticos” del empresariado. El escándalo político fue enorme. Allamand pagó por su osadía. Pero lo que Heiremans hizo con la ACHS es una prueba de que sí lo era.
Ya a fines de los años 50, Heiremans se tuteaba con el poder como presidente de la SOFOFA. Después del Golpe de Estado, según su relato, pasó dos semanas reactivando el sector industrial. Para mediados de los ‘70, no sólo era el vicepresidente de Pizarreño, directorio que encabezaba el ex presidente Jorge Alessandri, sino que además era miembro del Consejo de Estado de la Junta Militar. Por eso no le costó mucho revertir el veto de la SUSESO.
En junio de 1977, el Ministerio de Hacienda emitió un decreto ley que permite a las mutuales “extender la atención médica que presten sus establecimientos cuando estén en condiciones para ello”. La norma también las faculta para “celebrar los convenios que sean necesarios”. A partir de este decreto, las mutuales tuvieron el campo libre para atender pacientes particulares utilizando instalaciones que han sido construidas, compradas y mantenidas gracias a las cotizaciones de los trabajadores afiliados, un fondo que por ser parte del régimen de prestaciones de previsión social, es público.
Fue entonces que la ACHS dejó de ser sólo una entidad administradora del fondo empresarial destinado a proteger a los trabajadores de accidentes laborales. Lo que vino no sólo fue una ampliación del giro hacia la salud privada, sino que también el comienzo de un camino que le daría a las mutuales, y principalmente a la ACHS, completo control sobre una industria que actualmente le reporta a las tres mutuales (ACHS, Mutual de Seguridad e Instituto de Seguridad del Trabajador) ingresos anuales por $405.144.000.000 (unos US$ 800 millones). De ese monto, el 53% ingresa a las arcas de la ACHS.
CONTROL TOTAL
-Déjennos manejar a nosotros el negocio y que no existan interferencias. Fiscalicen lo necesario, pero que entren a fiscalizar en la administración, no estoy de acuerdo. Si nos siguen molestando con controles y todo eso, bueno, pasará a manos del Estado y tendrá que administrarlos con la eficiencia que administran los hospitales –señaló Heiremans en una entrevista publicada en El Mostrador a mediados de 2004.
Lo que dijo Heiremans en esa entrevista fue la filosofía que imperó en el sistema durante los 52 años que se mantuvo como presidente de la ACHS y cabeza de una estructura clave en el lobby que hizo de las mutuales una zona prácticamente intocable, tanto desde afuera como también en su concepción interna.
El sistema para elegir el directorio de la ACHS es cualquier cosa menos democrático. Su estructura es paritaria y lo componen seis miembros titulares y seis suplentes. La idea es que allí tengan presencia las empresas afiliadas y sus trabajadores. Los directores que representan a los trabajadores surgen por votación directa de sus representantes en los comités paritarios. Los empresarios deben enviar un voto-poder para elegir a los miembros del directorio que los representarán por períodos de tres años. Pero en vez de poner un nombre en el documento, los empresarios suelen entregar su voto-poder a los agentes de la mutual, que antes de las elecciones se encargan de recogerlos por todo el país. En ese período, que culmina este fin de semana, la prevención queda relegada y las agencias se convierten en captadoras de votos en blanco. La orden que reciben los agentes es que induzcan el voto por la directiva vigente o, que en su defecto, los recopilen en blanco.
Al final el efecto es el mismo: en la ACHS se inscribe el nombre que decidió la dirección. Así, la estructura de poder ha logrado perpetuarse por más de cuatro décadas, consolidando un grupo de ejecutivos que se ha adueñado de la enorme red de negocios que la ACHS ha acumulado a punta de beneficios y un capital asegurado por ley.
De la mano de Heiremans, la ACHS adquirió completo control de su rubro. Aparte de atender pacientes privados en sus instalaciones y de quedar exentos de pagar parte de sus ingresos al sistema de salud público, distintas modificaciones legales de los últimos años de la dictadura dotaron a las mutuales de un enorme poder de negociación que les sirvió de base para hacer crecer su negocio. Una de ellas traspasó la responsabilidad de determinar el grado de incapacidad por accidente o enfermedad laboral desde el Compin a las mutuales. Después se las facultó para definir si sus empresas afiliadas cumplen o no los requisitos para acceder a una rebaja de la cotización adicional. Esto convirtió a las mutuales en juez y parte: con su propia evaluación podían determinar no sólo las pensiones que pagaban a los trabajadores con incapacidad, sino que también la tasa de cotización de las empresas. Ese poder no sería tocado por nadie.
-La modificación de la ley que se hizo durante el régimen militar fue algo que a la larga demostró que no benefició al trabajador y sólo sirvió para engrosar las arcas de las mutuales –dijo a CIPER el ex diputado Patricio Cornejo, quien en 2003 presentó sin éxito un anteproyecto para modificar el sistema de mutuales.
Si al comenzar los ’90 alguien pensó que el poder de Heiremans disminuiría, se equivocó. La ACHS ya contaba con casi un millón de trabajadores afiliados, ingresos anuales sobre los $23.000 millones, una tasa de accidentabilidad constantemente a la baja e inversiones en dos sociedades externas.
Durante los siguientes 20 años, la SUSESO apenas la fiscalizó. Una fuente consultada por CIPER dice que ahí “a Heiremans todos le temían”. Para mantener su estructura y su posición, la ACHS integró a sus filas a distintas autoridades de la Concertación. Algunos se sumaron de forma directa a puestos de gerencia o plana ejecutiva, mientras que otros se instalaron en algunas de las más de cien empresas que forman el intrincado imperio de negocios que la mutual consolidó durante el último cuarto de siglo (ver infografía).
Entre los nombres, se cuentan dos ex ministros de Salud de los gobiernos de la Concertación: Alex Figueroa Muñoz (Eduardo Frei Ruiz-Tagle), fue auditor de unidades médicas de la ACHS; Jorge Jiménez de la Jara (Patricio Aylwin), fue presidente de Clínica Los Coihues S.A; y el ex director del INP, Ernesto Evans, que al dejar su cargo asumió un puesto ejecutivo dentro de la mutual. No son los únicos.
En abril de 2005, el sindicato de trabajadores de la ACHS le envió una carta al entonces superintendente de seguridad social, Javier Fuenzalida Santander. En ese documento, los trabajadores le pedían a la SUSESO que investigara la creciente externalización de servicios que la ACHS venía implementando desde hacía algunos años. Para entonces ya había externalizado los servicios de aseo, lavandería, seguridad y alimentación, así como el transporte de pacientes. Esto último está a cargo de ESACHS S.A., una empresa creada a fines de 2004 donde el directorio y la gerencia están a cargo de ejecutivos de la mutual. Para los trabajadores, era “preocupante que se formen este tipo de empresas que nacen exclusivamente para burlar la ley y lucrarse a costa de un beneficio que deja todo a la lógica del mercado”.
“Creo que es necesario recordarle que el artículo 12 de la Ley 16.744, señala claramente (sobre las mutuales) en su letra b) que dispongan de servicios médicos adecuados, propios…, y en su letra d) que no sean administrados directa ni indirectamente por instituciones con fines de lucro”, señala la carta del sindicato.
La SUSESO nunca investigó y Javier Fuenzalida se mantuvo como superintendente de seguridad social hasta octubre de 2008. Tras cuatro años en el cargo, renunció e ingresó a la red de empresas que controla la ACHS. Ahora es gerente general de ESACHS S.A.
LA SUSESO NO FISCALIZA
Supuestamente, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) sólo tiene autorización para atender pacientes particulares en “sus establecimientos”. De acuerdo a su memoria institucional de 2009, eso significaría que la ampliación de sus servicios solamente podría realizarse en las tres clínicas, 97 policlínicos y un hospital que tiene repartidos por el país y sólo cuando tenga el espacio disponible para hacerlo. Pero no es así. Como no hay ninguna ley ni reglamento que permita o impida a las mutuales crear sociedades anónimas o comprar acciones en clínicas privadas, la mutual considera todos los lugares donde posee acciones, es socia o tiene algún tipo de convenio como “sus establecimientos”. Bajo esa lógica fue que en 1986 la ACHS comenzó una ofensiva para impulsar un modelo de negocios que elude la fiscalización y rompe la regla básica que tiene como corporación: el principio de no lucro.
-La creación de empresas relacionadas ha escapado de toda fiscalización. Por esa vía las mutuales se metieron en el campo de las clínicas privadas usando todos los recursos que vienen del seguro obligatorio. Pero no hay fiscalización efectiva. Casi no se sanciona a las mutuales y “desde arriba” llegan instrucciones de que ciertas áreas, como los gastos de administración o de prevención de riesgos, no sean pesquisadas –dice uno de los 18 funcionarios con que cuenta actualmente la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) para fiscalizar a las mutuales.
A diferencia de las mutuales, que como corporaciones están obligadas a reinvertir sus excedentes, las sociedades anónimas pueden repartir sus utilidades entre sus accionistas. Cada vez que una mutual constituye una sociedad, la SUSESO interviene para verificar el origen del capital inicial. Y ahí se acaba la fiscalización. Como las empresas que nacen son sociedades anónimas, la SUSESO no puede fiscalizarlas: pasan al ámbito de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Pero la ley de sociedades anónimas es clara al establecer que sólo son objeto de fiscalización las sociedades anónimas abiertas. Como todas las sociedades donde la ACHS tiene algún tipo de participación son cerradas, carecen de cualquier tipo de control.
-La única forma en que una empresa relacionada con una mutual pueda ser fiscalizada por la SUSESO, es que la mutual posea más del 50% de la participación. Pero eso casi no ocurre –agrega el fiscalizador de la SUSESO.
Muy pocos conocen la red de empresas que controla la ACHS. Mientras que la mayoría de los documentos de la mutual están en bases de datos, las escrituras de las sociedades son guardadas en un archivo aparte al que sólo tiene acceso Alfredo Grasset, fiscal de la ACHS durante los últimos 25 años. CIPER tuvo acceso a sus balances financieros entre 1975 y 2009, y en todos ellos sólo aparecen 31 sociedades donde la ACHS posee acciones en forma directa, con una inversión que en 2009 superó los $13.729 millones. Si se consideran las que figuran en el libro de empresas relacionadas que la mutual publicó el año pasado, la cifra de empresas vinculadas sube a 44. Pero tampoco son todas.
Durante los últimos 25 años, la ACHS ha invertido millonarias sumas, incluso fuera de su giro, para constituir sociedades anónimas, las que a su vez han dado origen a otras sociedades, creando una maraña de relaciones comerciales que se extiende por todo el país. CIPER rastreó en el Diario Oficial todas las conexiones de negocio que se han creado en ese período. En total, en ese registro aparecen una fundación sin fines de lucro y 103 sociedades vinculadas. Algunas son empresas en sociedad con inversionistas privados que operan instalaciones independientes como clínicas particulares, donde se atiende con precios de salud privada. Otras son sociedades anónimas que funcionan en las mismas instalaciones de la ACHS, vendiendo sus servicios como empresa privada pero utilizando las dependencias de la mutual. Mientras que unas funcionan como asociaciones comerciales con socios reales, otras sólo persiguen beneficios tributarios, con socios que sólo sirven de fachada bajo un control exclusivo de la mutual.
EXPANSION SIN LIMITE
La mayoría de los servicios que presta la mutual han sido externalizados. Los exámenes de imagenología se han centralizado principalmente en Sorema S.A., que aparte de funcionar al interior del Hospital del Trabajador de Santiago, es una de las dos empresas donde la ACHS posee más del 50% de participación y a través de la cual ha extendido su presencia en al menos otras ocho sociedades anónimas. Los exámenes de laboratorio están a cargo de Bionet S.A., una sociedad que creó la ACHS junto al grupo controlador de la Clínica Arauco, donde además la mutual tuvo acciones al menos hasta 2006. Los servicios de ambulancias los controla ESACHS S.A., la empresa que actualmente dirige el ex superintendente Fuenzalida. En ésta última la ACHS también posee más de la mitad de las acciones, por lo que la SUSESO puede fiscalizarla: como el 99% de la acciones son de la ACHS y el 1% restante es de Sorema S.A., la ACHS es su única controladora.
Entre las sociedades identificadas por CIPER figura un colegio, ocho inmobiliarias y al menos 23 sociedades creadas para ofrecer servicios de imagenología. Pero de estas últimas, no sólo la ACHS hace uso. También lo hacen las 34 clínicas y centros de salud privada donde la mutual comparte sociedad con su principal competidora (la Mutual de Seguridad), otras clínicas, Isapres o grupos de médicos.
Para expandirse en el mundo de la salud privada, desde 1991 la ACHS ha invertido por varias vías. Una de ellas ha sido la compra de acciones en clínicas que ya existían. Así entró a Clínica Magallanes S.A., Corporación Médica de Arica S.A., Clínica El Loa S.A. y Clínica Los Andes S.A., entre otras. Eso mismo hizo con las empresas del médico y empresario Ernesto del Solar Benavente. A través de Interclínica S.A., Serviclínica S.A. y Servisalud S.A., la ACHS junto a Del Solar han creado en conjunto al menos otras 18 sociedades dedicadas a ofrecer prestaciones de salud a pacientes particulares. Pero la verdadera ofensiva vino de la mano de su principal competidora, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción.
En 1991 las dos mutuales se unieron para crear Hospitales de la Seguridad S.A. (Hoseg S.A.) con un capital inicial de $5.000 millones que aportaron en partes iguales. A través de ella sólo se crearon cuatro sociedades, entre las que se cuentan Clínica Los Coihues S.A. y Clínica Puerto Montt S.A. Aunque estuvo a punto de disolverse en 1999 por problemas entre las dos mutuales, la experiencia de esta primera sociedad terminó en 2006, cuando Hoseg fue absorbida junto a la totalidad de sus activos por la empresa Inmobiliaria Clínicas Regionales S.A. Pero el escenario no cambiaba: al igual que Hoseg, Inmobiliaria Clínicas Regionales era propiedad de la ACHS y la Mutual de Seguridad, y durante los años siguientes la usarían para expandirse aún más. Entre 2003 y 2011, Inmobiliaria Clínicas Regionales S.A. ha participado directa e indirectamente en la creación de otras 20 sociedades anónimas. Para diciembre de 2010, la empresa dirigida por el hijo de Eugenio Heiremans, Fernando Heiremans Bunster, ya contaba con un patrimonio de $28.151 millones (poco más de US$ 60,1 millones).
Al principio, con la incursión de la ACHS en la salud privada parecía que se desataba una guerra. En 1993, la Asociación Gremial de Clínicas, Hospitales y Otros Establecimientos de Salud Privada solicitó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que interviniera a las mutuales. Según la gremial, su ingreso al mercado de la salud privada violaba las leyes de libre competencia, ya que funcionaban como clínicas, pero con los beneficios de ser una mutual. Alegaban que las mutuales actuaban fuera de sus fines y que disponían de un patrimonio garantizado por ley llamado “de afectación”, el que debía administrarse restrictivamente. Pero la FNE, a cargo entonces del abogado Rodrigo Asenjo, rechazó al año siguiente la solicitud por falta de mérito. Según uno de los abogados que alegó contra las mutuales, fue debido a la influencia de Heiremans en el gobierno. Después las clínicas llevaron el juicio hasta la Corte Suprema, pero el fallo final fue a favor de las mutuales.
Luego de la decisión de la Suprema, la agrupación de clínicas decidió no insistir. Seis años después, en 2000, la asociación gremial se dividió en dos: Clínicas de Chile A.G. y la Asociación de Clínicas y Prestadores de Salud Privados A.G. Actualmente, entre las empresas asociadas a la primera figuran Clínica Regional del Elqui S.A., Clínica Regional La Portada de Antofagasta S.A. y Clínica Magallanes S.A. En la segunda, la lista incluye la Clínica San José de Arica –propiedad de Corporación Médica de Arica S.A.– y la red de laboratorios Bionet S.A. Estas cinco empresas forman parte de la red de negocios de la ACHS y en todas ellas figuran como directores o gerentes los mismos ejecutivos de la mutual que han conformado el núcleo de poder que encabezó Eugenio Heiremans durante los últimos 40 años.
EL JUEGO DE LOS CAMBIOS DE SILLAS
El 22 de octubre del año pasado, mientras los medios aún respiraban la efervescencia del dramático rescate de los 33 mineros de la mina San José, los principales diarios financieros del país titularon con una noticia que venía desde la cúpula de la ACHS: después de 52 años como presidente de la mutual, Eugenio Heiremans había renunciado. Tenía 87 años. Junto a él, también se fue el gerente general desde 1985 y segundo al mando, Eduardo Undurraga. Su salida significó el inicio de una pugna interna que, con la salida posterior de varios hombres clave en su estructura, se presentó como el fin del grupo de poder que se mantuvo desde los ’70. Pero sólo fue un movimiento de piezas para dejar a las mismas personas con el control del negocio.
Unas semanas antes de los cambios, la ACHS contrató la asesoría de la consultora Virtus Partners para evaluar sus procesos y estrategias administrativas. La consultora llegó recomendada por el director suplente, Fernán Gazmuri. Entre los documentos que revisaron se cuentan sus balances financieros: todos hechos a la medida y sin ninguna observación que indicara alguna irregularidad. En los últimos años son dos empresas las que se han encargado de esa tarea. Una es KPMG. La otra es Price Waterhouse Coopers, la misma consultora hoy cuestionada por auditar los balances de La Polar.
-Virtus llegó para evaluar la administración. Después de revisar una inmensidad de documentos, resultó que todo lo de atrás estaba mal y que había que cambiar por completo la dirección. Fue entonces que Virtus entró y lo que ahora hay en la ACHS es una doble administración. Y aunque se fueron algunos, lo cierto es que la mayoría de los que estaban desde hace años siguen allí –dijo a CIPER un alto ejecutivo de la mutual que pidió mantener su nombre en reserva.
Por el estilo de dirección que siempre tuvo, la ACHS sin Heiremans era una institución sin cabeza. El mismo día que Heiremans y Undurraga presentaron su dimisión, los directores decidieron que al primero lo reemplazaría Jorge Matetic, uno de los miembros más antiguos del directorio. El cargo de Undurraga lo ocuparía interinamente el fiscal Alfredo Grasset hasta que llegara un nuevo gerente general. Al mismo tiempo, Fernán Gazmuri pasó a ser director titular de la mutual. Esos sólo fueron los primeros pasos en la reestructuración del organigrama.
Los cambios siguieron con la entrada del ex ejecutivo de Corpbanca, Cristóbal Prado, como nuevo gerente general –recomendado por Virtus– y varios despidos. Entre otros, se fueron el gerente de asuntos corporativos, Ángel Mansilla; el gerente de personas, Juan Francisco Urmeneta; el gerente de planificación, Rodolfo Retamales; y el gerente prevención y yerno de Eugenio Heiremans, Martín Fruns. Con sus salidas, parecía que el equipo que acompañó por más de 40 años a Heiremans se alejaba definitivamente de la mutual. Pero los cambios son un mero maquillaje. Mientras que en el directorio siguen los mismos que han estado allí desde hace más de 10 años, tanto los ejecutivos desvinculados como los que siguen en la ACHS aún controlan la enorme máquina de negocios que consolidó la mutual.
A medida que se iban creando sociedades, la ACHS fue instalando a varios de sus hombres en sus directorios y gerencias. En esa lista, el de Eduardo Undurraga fue uno de los nombres que más se repitió. Como una de sus tareas fue representar a la ACHS y algunas de sus empresas relacionadas en la constitución de distintas sociedades, Undurraga llegó a ocupar un asiento en al menos seis directorios. Aunque se fue de la ACHS, sigue ocupando esos cargos.
Mansilla y Retamales tampoco se han desvinculado del todo. El primero aún comparte con Undurraga en el directorio de Clínica Magallanes S.A., además de participar en Clínica Regional La Portada de Antofagasta S.A. y Clínica Regional de Curicó S.A. Por su parte, Retamales figura como director de dos de las clínicas relacionadas a la ACHS y de la Fundación Científica y Tecnológica de la ACHS (Fucyt), donde lo acompaña Martín Fruns.
El cargo que Fruns dejó vacante ahora lo ocupa el antiguo gerente de la ACHS en la II Región, Pedro Cárdenas Olmos, quien además es uno de los directores de Clínica El Loa S.A. Pero Cárdenas no es el único de los ejecutivos de la ACHS que se repartieron en las empresas y que aún son parte de la estructura de la mutual.
El ex senador UDI, Eugenio Cantuarias, entró a trabajar a la ACHS en 1988. El cargo que tiene como director de la empresa pública que controla el Puerto de Talcahuano (cuyo directorio está presidido por el recién renunciado vicepresidente de La Polar, Heriberto Urzúa) no le impide ser además gerente de empresas asociadas de la ACHS, director de Bionet S.A. e Inmobiliaria e Inversiones Clínicas del Sur SpA y presidente de Fucyt y ESACHS S.A. En esta última empresa también aparece el nombre de Mario Bravo, ex gerente de Administración y Finanzas y ahora gerente de clínicas regionales en la mutual y director de otras 13 sociedades, entre las que está Sorema S.A. Además de ellos, al menos otros cinco gerentes de la ACHS poseen cargos directivos en sociedades relacionadas.
El periodista Alejandro Pino Uribe también es director de tres sociedades vinculadas a la mutual. Por 24 años fue gerente de la ACHS en la región de Coquimbo, pero ahora se mudó más al norte. Cuando en agosto de 2010 colapsó la mina San José, Pino fue enviado a Copiapó para hacerse cargo de la gerencia en la III Región, el epicentro del desastre interno que se desató en la mutual.
EL FANTASMA DE LA MINA SAN JOSÉ
Muchos ya los daban por muertos. Incluso el ministro de Minería, Laurence Golborne, dijo que eran pocas las posibilidades de sacar con vida a los 33 desde el fondo de la mina San José. Pero el 22 de agosto de 2010, a dos semanas del derrumbe, la situación cambió. Ese día, una de las sondas que buscaban hacer contacto con los mineros llegó hasta donde estaban atrapados. Minutos más tarde, el Presidente Sebastián Piñera levantó en su mano una bolsa plástica con un mensaje: “Estamos bien el refugio los 33”, decía el papel con letras rojas.
Cuatro días después, la ACHS entregó el informe que le solicitó la comisión investigadora del derrumbe de la Cámara de Diputados. En ese documento, la mutual indica que entre 2006 y el día del accidente se realizaron 88 actividades preventivas en las faenas de la Compañía Minera San Esteban Primera S.A., de las cuales 17 se habían llevado a cabo durante 2010. La última fue dos días antes del derrumbe, el 3 de agosto, cuando se habría realizado un informe técnico sobre los niveles de presión sonora en la mina.
CIPER le consultó a un grupo de mineros de la San José sobre esas actividades preventivas. Uno dijo que nunca vio “a nadie de la ACHS visitando la mina”. Otro indicó que “las charlas de seguridad eran todas arriba, afuera de la faena, en la oficina del jefe de turno”. Y una paramédico, que también trabajó en la ACHS, aseguró que la mutual “se dedicaba a hacer muestras de gases o equipos de protección personal, pero en cuanto a los trabajos internos de la mina, no tenía injerencia”.
En enero de 2011 la comisión investigadora del Congreso despachó su informe final, donde responsabiliza principalmente a los dueños de la mina, “quienes no sólo no adoptaron las medidas de seguridad laboral y de faenas requeridas por la autoridad, sino que intentaron deslindar responsabilidades en los servicios fiscalizadores y luego en los trabajadores”. Pero el mismo documento señala que las responsabilidades también recaen en la ACHS.
De acuerdo a la ley, el principal objetivo que debe tener la ACHS es la prevención de riesgos en el trabajo. Pero el verdadero foco de la mutual está en sus negocios. Y eso no sólo queda demostrado por lo que pasó en la mina San José, sino que por su funcionamiento normal con cualquiera de sus casi 40.000 empresas afiliadas, las que podrán cambiar la situación el próximo martes 28 de junio, cuando se realice la asamblea que definirá el nuevo directorio.
-Muchos ejecutivos de empresas intentan reducir al mínimo la inversión en seguridad de faenas para incrementar sus utilidades. El sistema reacciona ante esta realidad entregando a entidades intermedias, denominadas “mutualidades”, la facultad de promover y supervigilar la adecuación de las faenas laborales de las empresas a la normativa vigente, a fin de mejorar las condiciones de salubridad y seguridad laboral. La relación que existe entre la mutual y la empresa es una comercial, en que la empresa es el contratante y mandante de la mutual, razón por la cual un incremento de exigencias de seguridad laboral planteadas por la mutualidad respectiva podría motivar el cese de su relación contractual con la empresa exigida. Esta situación de “promoción contenida o consensuada” entre mutual y empresa apareja un efecto indeseado para los trabajadores, donde éstos sufren la peor parte: su desprotección –dice el informe final de los parlamentarios.
(*) En esta investigación colaboró el periodista Rodrigo Baires
SINTRISAN DICE: QUE COSAS TIENE LA VIDA MARIANA....A LOS TRABAJADORES LES DAN COMO PREMIO POR BAJAR LOS INDICES DE ACCIDENTABILIDAD UN LLAVERO DE GOMA CON EL LOGO...Y MIENTRAS SE ACCIDENTAN LES DAN UN PARCHE CURITA O LOS MANDAN A VERSE DE FORMA PARTICULAR... O LOS ATENDEN DENTRO DE LA EMPRESA EL FAMOSO PARAMEDICO,, O CUANDO TE ATIENDEN TE DAN LA FAMOSA ALTA CON SEGUIMIENTO, ES DECIR ESTAS ENFERMO PERO PUEDES TRABAJAR.....QUE COSAS TIENE LA VIDA MARIANA CANTABA ALBERTO CORTEZ HACE UN TIEMPO...