 La relación de la creciente clase burócrata con nuestro mar y la fuente de alimentos marinos que posee, se enmarca en el contexto globalizador capitalista neoliberal y una relación que sigue siendo colonial. Los gobiernos, tanto de la Concertación, esencialmente, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet y el actual Gobierno de la Coalición por el Cambio, de Sebastian Piñera, se han comportado muy fluctuantes respecto de la actividad pesquera dependiendo del patrón internacional con quien se negocia y/o los intereses económicos de los capitalistas pesqueros nacionales.
En el contexto nacional, la administración de las pesquerías ha privilegiado al gran capital industrial, en desmedro de las comunidades costeras dedicadas a la pesca artesanal. Sin embargo, en un contexto internacional, la preferencia del capitalista nacional es dejada a un lado por la preferencia al capital trasnacional. ¿A qué se debe esta situación? Las respuestas a esta pregunta se enmarcan en la simpleza de que “la actividad extractiva pesquera ha sido la moneda de cambio para ingresar en un acuerdo económico internacional otros rubros” como la agricultura, forestal y parte de la manufactura industrial. Esto fue lo que sucedió con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el ingreso de Chile a la O.C.D.E.
Acuerdo CHILE – Unión Europea
El 18 de noviembre del año 2002 se firmó el tratado de libre comercio entre Chile y la Unión Europea. Es menester y necesario destacar la concordancia temporal y la relación vinculativa existente entre el tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea y las negociaciones y lobbies que permitieron la promulgación, el año 2002, de la ley corta de pesca y con ello la privatización de las doce principales pesquerías (poblaciones de recursos pesqueros, por ejemplo: el jurel, la merluza, etc) nacionales entregándoselas a un par de familias privilegiadas. Cabe destacar que el gobierno de Ricardo Lagos fue quien concretó esta ley, que según las palabras del Ex – Senador y Ex – Secretario General del Partido Socialista de Chile Sr: Carlos Altamirano “ha sido el mejor gobierno de Centro de Derecha del último siglo”.
Así, una vez firmado el acuerdo comercial con la Unión Europea se estableció un Protocolo de Inversión Pesquera (P.I.P). Éste, responde a una política de la Comunidad Europea que se inicia en los años 70’ y continúa con el Régimen Comunitario de Pesca y de Acuicultura establecido el año 1992 y ratificado el 4 de junio de 1998. Con éste se produjo una importante reducción y disponibilidad de recursos pesqueros en aguas comunitarias europeas, por lo que se trasladó parte importante de esta enorme flota pesquera hacia otras latitudes, esencialmente, países en desarrollo. Por lo tanto, la firma del TLC con Europa representó una excelente oportunidad de inversión y con ello del crecimiento del negocio pesquero para los capitalistas europeos, principalmente españoles, ya que la biomasa pesquera estaba y sigue agotada en Europa.
El Protocolo de Inversión Pesquera (P.I.P) permitió que empresas de la Comunidad Europea pudiesen adquirir un 51% de las acciones y con ello controlar la gerencia de las empresas pesqueras en Chile y a su vez los capitalistas chilenos podrían controlar la mayoría del capital y gerencia de las empresas pesqueras de la comunidad Europea. No obstante, en Europa ya no quedan recursos pesqueros disponibles. Por su parte, una empresa europea puede obtener tres derechos ligados a la actividad extractiva; a) Derecho a realizar faenas extractivas (derecho a pescar), b) Derecho a utilizar las embarcaciones de la empresa controlada y c) Derecho a extraer la fracción de la cuota para el recurso objetivo de dicha empresa.
Sin embargo, éste es solamente un engranaje de esta maquinaria que tiene por finalidad despojarnos del mar. Así, otro hecho trascendental derivado del T.L.C con la Unión Europea, tiene relación con entregar garantías de operatividad hacia los buques factorías europeos que realizan faenas extractivas frente a nuestras costas. Estas garantías buscan; a) Permitir y facilitar el abastecimiento de tripulantes, insumos y mercancías y b) Utilizar puertos nacionales para que recalen los buques y exporten desde allí.
El primer punto, se relaciona esencialmente con la pesca indiscriminada del recurso Jurel por buques factoría, principalmente, con bandera Española, Holandesa y Rusa. Así, se generó una gran tensión con los empresarios pesqueros nacionales los que ejercieron una continua presión al gobierno de Michelle Bachelet lo que obligó a promulgar medidas legislativas que buscaban regular el abastecimiento de las naves que prestan servicios de apoyo logístico, avituallamiento o preparación de la pesca (tales como transporte de personas, del recurso, insumos o cualquier otro suministro).
El segundo punto, se relaciona esencialmente con la pesca indiscriminada del recurso Albacora. Debido a la limitación de los niveles de captura del pez espada (Albacora) en el Océano Atlántico establecida en los 90’s las pesqueras Europeas, esencialmente españolas, trasladaron sus actividades hacia el Sudeste del Océano Pacifico (Frente a Chile y Perú) y con ello la presión de estos por utilizar los puertos nacionales. Aquello, produjo una enorme tensión con la industria nacional, lo que llevó que la Asociación Nacional de Armadores de Buques Palangreros de Altura de España (ANAPA) a efectuar una denuncia en contra de Chile, la que fue presentada formalmente ante la Comisión Europea el 26 de mayo de 1998, apelando a la libertad de tránsito. Así, el 5 de abril del 2000, la comisión concluye que; si bien comparte el objetivo de conservar la especie, considera que cualquiera de las medidas encaminadas a ese fin deben tomarse de la manera que menos perturbe al comercio y no deben producir una discriminación arbitraria e injustificable. Asimismo, sostuvo que Chile no cumplió con la obligación que tienen los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), ya que equivale a una discriminación injustificable y arbitraria. Además, que la prohibición de desembarcar en los puertos chilenos viola el principio de la libertad de tránsito establecido.
Así, y debido a la “necesidad” de ingresar a la O.C.D.E y a las presiones internacionales el 16 de octubre de 2008 el gobierno de Michelle Bachelet, accedió a impulsar un pre – acuerdo, a escondidas del sector pesquero nacional, que debe ser ratificado por el Congreso Nacional y la Comisión de Pesca del Congreso de la Comunidad Europea. Éste fue consensuado por medio de una reunión entre la Cancillería Chilena y representantes de la Unión Europea. Aquel, buscaba entregar los puertos nacionales de Iquique, Antofagasta y Punta Arenas con la finalidad que buques factorías palangreros europeos pudiesen desembarcar y exportar la Albacora a través de ellos. Sin embargo, el 31 de noviembre del año 2011 la comisión de pesca del parlamento Europeo rechazó el acuerdo, ya que no consideraba el arribo de buques factorías de la comunidad, que capturan el recurso Jurel, los que también quieren ingresar a exportar por puertos nacionales.
Esta solicitud hecha por la Unión Europea de utilizar los puertos nacionales para exportar la Albacora y que sea extendida al Jurel, solamente es resistida desde el Estado chileno, respecto de la sustentabilidad del recurso, es decir, si los barcos factorías Europeos demuestran que extraen recursos que cumplen la legislación nacional respecto de la talla y arte de pesca la puertas serán abiertas. Lo anterior atenta contra todo tipo de soberanía, asimismo, es un golpe fatal hacia las comunidades de pescadores artesanales que viven de la extracción de la Albacora, pues los sitúa en un contexto de competencia comercial mayor, por lo que podría aumentar la cesantía y vulnerabilidad del sector.
Ingreso de Chile a la OCDE
El 11 de enero de 2010 Chile aceptó la invitación para ingresar a la O.C.D.E, instancia que influyó en el diseño de políticas públicas para diferentes sectores nacionales, entre ellos, la actividad extractiva pesquera, porque las decisiones del consejo son legalmente vinculantes. Así, un requisito para ingresar a la O.C.D.E es que el país miembro debe tener una economía de mercado y adherir a los principios de una economía abierta globalizada. De hecho, para el ingreso de Chile como país miembro, el 30 de noviembre de 2007 el Consejo aprobó la hoja de ruta para su adhesión a la Convención de la O.C.D.E. Donde para el caso de nuestro país se incluyeron tres comités que examinarían las políticas nacionales respecto de sectores específicos: la pesca, el acero y la agricultura.
La O.C.D.E plantea que la gestión de la actividad extractiva de la Pesca debe basarse en los instrumentos del mercado, y con ello facilitar el ejercicio de la actividad económica (por ejemplo permitir la utilización de los puertos nacionales para las embarcaciones factorías que operan frente a las costas chilenas). Así, establece que la creación de derechos o permisos de pesca deben caracterizarse por: a) Derecho exclusivo a uso, b) Derecho a los beneficios y c) Derecho a la venta y/o transabilidad.
Por tanto, al parecer, lo que viene a coronar la torta de la internacionalización de los recursos alimentarios presentes en nuestro mar y que a su vez permite retroceder en nuestra soberanía alimentaria, tiene relación con el actual proyecto de Ley de Pesca que modifica la Ley “General de Pesca y Acuicultura” ingresado por el Gobierno de Sebastián Piñera el 14 de diciembre del recién pasado año, por medio, del Boletín N° 8091.
De las propuestas de modificación plasmadas en el Proyecto de Ley la que causa una mayor preocupación y se ajusta a la venta de nuestro mar y de los recursos alimentarios que contiene, se plasma en el inciso primero de la sustitución del articulo N° 31 que plantea que “Las licencias transables de pesca serán divisibles, transferibles, transmisibles, y susceptibles de todo negocio jurídico”.
Aquello, conlleva el inicio del término del proceso de internacionalización y despojo de nuestro mar, pues facilita el arribo de la enorme flota China, Rusa y Europea y con ello, la compra de empresas nacionales con los respectivos derecho a cuota. Asimismo, supone que facilita la utilización de nuestros puertos para el arribo de la flota factoría que operan fuera de las doscientas millas. Así, no habría necesidad de llegar a un juicio internacional (como lo que está sucediendo con la Albacora y se quiere ampliar al Jurel).
Por cuanto, es necesaria una unidad mayor del sector pesquero artesanal, ambientalistas, ecologistas, científicos y todos aquellos que quieran proteger nuestra soberanía alimentaria y con ello nuestro mar altamente productivo de vida.
A recuperar los recursos alimentarios para nuestra gente y con ello realizar nuestra “Soberanía Alimentaria”, derecho colectivo que es necesario incorporar como sentido común entre las personas.
*Ingeniero en Acuicultura y Pesca
Asesor Técnico
Mesa Comunal de Pesca de Lebu
Comuna de Lebu – Provincia de Arauco
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