Proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura: ¿Fomenta o no el desarrollo sustentable?
¿Podemos distinguir cuándo una iniciativa favorece o promociona el desarrollo sustentable de nuestro país y cuándo hace lo contrario? Por Pablo Valenzuela, desde Casa de La Paz
31 de Enero, 2012 11:01
El desarrollo sustentable es un concepto o principio amplio, complejo y popular, lo que produce que muchas iniciativas, proyectos, leyes y políticas quieran vestirse con su traje. Sin embargo, ¿podemos distinguir cuándo una iniciativa favorece o promociona el desarrollo sustentable de nuestro país y cuándo hace lo contrario? Es una tarea difícil, pero existen indicadores que nos pueden ayudar a realizar ese juicio.
El proyecto de ley que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones, es uno de esos proyectos ley que se irrogan la cualidad de promocionar y contribuir al desarrollo sustentable. Es por ello, que en esta columna pretendemos hacer un pequeño aporte al extendido debate que ha generado su discusión, con una mirada desde el desarrollo sustentable.
Primero, para efectos de este artículo utilizaremos el concepto más aceptado de desarrollo sustentable que existe, entendiendo por él: aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Esta definición, generada por la Comisión Brundtland en 1987, contiene dos conceptos claves: el de “necesidad” y el de “limitación”. El primero de ellos se refiere a las de aquellos más pobres y que por tanto es un énfasis en que merecen prioridad. El segundo está impuesto por el estado de desarrollo de la tecnología y organización social sobre el medio ambiente y la habilidad de éste de la satisfacer las necesidades presentes y futuras.
Puesto que es un concepto amplio y complejo, varios autores han tratado de dar luces sobre su contenido normativo. Uno de estos elementos normativos en los cuales hay un amplio consenso es en el de la equidad con las generaciones futuras, pero también –cosa que se nos olvida a menudo- equidad con las generaciones presentes.
¿A qué se refiere esta equidad? A una justa y equitativa repartición de los beneficios provenientes de la explotación y uso de recursos naturales. En este sentido, el desarrollo sustentable clama por dar prioridad a quiénes hoy, tienen menores recursos.
¿Hace aquello el Proyecto de ley? En nuestra opinión no. El proyecto se aleja de esta equidad cuando establece el respeto a ciertos derechos “históricos” que detentarían los actuales titulares de las cuotas de pesca. De esa manera la norma asegura en forma directa el disfrute de beneficios grandes para pocos -y muy pocos- en vez de establecer la existencia de un sistema donde un mayor número de actores pudieran entrar, como podría ser mediante una licitación abierta de los derechos de los ahora, titulares de las cuotas.
A nuestro juicio, el beneficio de una licitación -en cuanto a la sustentabilidad de la norma- se presenta relevante toda vez que se generaría competencia entre los postulantes, los cuales podrían investigar, generar, ofrecer e implementar las mejores técnicas disponibles para realizar la explotación. Vale decir, aquellas que aseguran armonizar, de la mejor manera posible, el uso sustentable y la conservación del recurso con la generación del mayor beneficio actual. El punto negativo de las licitaciones es el que pueden generar mayor depredación al incentivar a los ganadores a querer “cobrarse” el sobrecosto pagado para adjudicarse el derecho, aumentando su voracidad por recursos. Sin embargo, creemos que ello puede solucionarse estableciendo bases claras que fomenten la explotación sustentable del recurso.
Lo relevante es contar con un sistema que no concentre en tan pocas manos tantos beneficios de recursos naturales de todos. En este sentido llama la atención que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad no considerara la manera en la cual la norma disponía que se otorgarían los derechos de explotación, como uno de los puntos clave a debatir cuando el pasado 2 de diciembre se reunió a analizar el mencionado proyecto de ley, según lo ordena la nueva institucionalidad ambiental.
Por otra parte, y tal y como señala la declaración de la Cumbre de Río de 1992 firmada por Chile, un segundo elemento normativo a considerar dentro del desarrollo sustentable, es la construcción de normativas y políticas en materia ambiental con una amplia participación de todos los ciudadanos interesados.
¿Qué hizo a ese respecto este proyecto de ley? Poco y en la dirección equivocada. Ello porque estableció una mesa con actores designados no muy democráticamente, en la cual representantes de los actores implicados, alcanzaron acuerdos sobre los cuales se basó esta iniciativa legal. Sin embargo, estos representantes no tenían un poder equitativo para poder establecer acuerdos justos. Por un lado, estaban los grandes –y muy grandes- titulares de cuotas industriales y por el otro, la asociación de pescadores artesanales, con un poder de incidencia claramente menor (mesa de trabajo pesquera estuvo integrada por 30 personas, entre empresarios, dirigentes de la pesca artesanal y gobierno).
En otras palabras, se mermaron las posibilidades de una real participación. Pero más importante aún ¿Por qué no se invito a toda la ciudadanía a este proceso?, ¿por qué sólo se consideró a quiénes el gobierno estimó conveniente? ¿Acaso ello no representa una discriminación para aquellos ciudadanos y nuevos actores interesados en acceder a esta industria?
De esta manera y con la intención de aportar al debate sobre este proyecto de ley, consideramos que el texto ingresado al Congreso presenta avances en algunos elementos normativos contenidos en el principio del desarrollo sustentable: como el incluir como objeto de la ley el uso sustentable de los recursos, encarnado en el concepto de “rendimiento máximo sostenible” e integrar a actores de distintos campos de conocimiento en los nuevos órganos en la toma de decisiones, entre otros. Sin embargo, a nuestro juicio, el proyecto falla profundamente en lo que respecta a la equidad intra- generacional y en la participación que todo proyecto debe fomentar y asegurar.
Aún estamos a tiempo de mejorarlo.
Pablo Valenzuela
Director Ejecutivo
Fundación Casa de la Paz