Gobierno busca revertir dictamen de la Contraloría que beneficia
operaciones pesqueras de Angelini
Ministerio de Economía ingresó un proyecto que introduce cambios
al artículo 26 de la Ley General de Pesca. Fecha: 15/10/210
El Gobierno busca revertir los efectos del fallo de Contraloría (de fines de mayo pasado) que en la práctica beneficia a las operaciones pesqueras del grupo Angelini en el norte del país; dictamen que permitiría a la empresa del conglomerado, Corpesca, elevar sus cuotas de capturas de jurel hoy limitadas en esa zona.
Es por ello que el Ejecutivo ingresó la semana pasada un proyecto con miras a introducir una modificación a la Ley General de Pesca que establezca la definición de una sola cuota global de capturas pesqueras. El objetivo de la autoridad es que una vez determinada esta última, luego se distribuya entre las distintas unidades pesqueras.
Sin embargo, el dictamen de Contraloría definió el establecimiento de cuatro macrozonas geográficas, que pueden fijar sus cuotas en el marco de sus respectivos Consejos Regionales de Pesca. Esta definición preocupa a las pesqueras de la zona centro-sur del país, contrarias a aumentar la extracción en el norte, ya que sostienen que el jurel corresponde a un solo stock que migra hacia el sur y que en el norte se pesca en tallas menores, antes de completar su ciclo reproductivo.
En tanto, la idea de legislar en torno al proyecto de Economía fue aprobada por unanimidad este miércoles por la Comisión de Intereses Marítimos del Senado, informó El Mercurio.
Visión del Ejecutivo
La asesora de la Subsecretaría de Pesca, María Alicia Baltierra, defiende el criterio de la ley en torno a la definición de una sola cuota global.
"La subsecretaría históricamente ha fijado cuotas globales. Sin embargo, senadores de la I y II Región presentaron un requerimiento (ante Contraloría) en el cual señalaban que la autoridad lo estaba haciendo mal y que debía fijar una cuota por cada unidad de pesquería", explica, recordando el requerimiento que tuvo por término el señalado dictamen de Contraloría.
En este caso, el único camino para el Ejecutivo para volver a un sistema de cuotas globales pasa por modificar la ley, dado que, explica Baltierra, los dictámenes de la Contraloría son vinculantes.
Agrega que de continuar operando con el criterio que fijó el ente fiscalizador en su resolución, la subsecretaría tendría que establecer cuotas por unidad pesquera. Esto, a su juicio, "no es conveniente para la crítica situación que enfrenta el jurel".
Al respecto, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, expuso recientemente un alarmante diagnóstico del estado de algunas de las principales pesquerías del país (el jurel, el congrio dorado y la raya) ante Consejo Nacional de Pesca.
En esa oportunidad, definió a estos recursos en estado de "cuasi extinción". Por ello, anticipó una drástica reducción de las cuotas de captura de estas especies a partir del próximo año.
Los ejes del proyecto
En la práctica, el proyecto del Ejecutivo propone la incorporación de un nuevo inciso segundo al artículo 26 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Este apunta a determinar que en aquellas especies que correspondan a un solo stock o unidad poblacional de peces extraídos por varias unidades pesqueras se establezca una sola cuota global anual.
También propone la incorporación de un artículo transitorio que permita que la asociación entre titulares de cuotas de captura pueda efectuarse entre armadores de distintas unidades pesqueras. Eso sí, limitados al 10% de sus capturas máximas y cuando las pesquerías apunten a la explotación de un mismo stock de peces.
El tope del 10% obedece a necesidades de conservación de ciertas especies, que no hagan aconsejable un traspaso de cuota mayor.
A su vez, la iniciativa establece la obligación de la Subsecretaría de Pesca de realizar, en el plazo de 18 meses, un estudio sobre la talla de primera madurez sexual del jurel con miras a determinar un tamaño aconsejable para su pesca.