TC acoge a tramitación requerimiento contra la Ley de Pesca por inconstitucionalidad
La presentación realizada por senadores de oposición busca revertir la eventual discriminación en que incurrió el proyecto en contra de los pueblos originarios que habitan el borde costero del sur de Chile.
SANTIAGO.- El Tribunal Constitucional (TC) acogió este viernes a tramitación el requerimiento interpuesto por inconstitucionalidad en contra de la Ley de Pesca presentado por un grupo de senadores de oposición encabezados por el PPD, Eugenio Tuma.
Junto con ello, se ofició al Presidente de la República, Sebastián Piñera, para que se abstenga de promulgar esta ley mientras no se resuelva el requerimiento.
De esta forma se busca revertir la discriminación en contra de los pueblos originarios, en particular, contra los mapuches Lafquenches que habitan el borde costero del sur de Chile, ya que durante la tramitación de este proyecto no se respetaron las normas del convenio 169 que impone al Estado la obligación de realizar consultas y de proteger los derechos de estos pueblos.
Por ello, durante la este semana el senador Tuma se reunión con dirigentes del sector y con los alcaldes de las comunas de Tirúa y Puerto Saavedra quienes manifestaron su profunda preocupación por las consecuencias que traerá la llamada "Ley Longueira" para los Lafquenches.
El parlamentario indicó que "a través de este requerimiento quisimos hacer presente la abierta discriminación de la Ley de Pesca al negar los derechos ancestrales de los pueblos indígenas y garantizar derechos históricos de las empresas pesqueras. En la tramitación de esta ley el gobierno ha vulnerado los tratados internacionales que obligan a nuestro país en materia indígena".
"Los mapuches Lafquenches han sido discriminados en cuanto al acceso a los derechos. La cantidad de recursos que se entregan a las pesqueras agrupadas en siete familias es abismaste con respecto a la protección de los derechos de los pueblos originarios. Toda la Ley de Pesca y los beneficios entregados a los industriales está basada en un reconocimiento histórico a quienes durante los últimos 40 años están haciendo uso y han depredad los recursos marítimos y sin embargo a quienes ancestralmente han cuidado y protegido estos recursos se les excluye", dijo.
El Tribunal Constitucional tiene un plazo de 10 días hábiles a contar del jueves 20 de diciembre para pronunciarse, plazo que se puede prorrogar por 10 días hábiles más por única vez.
