Martes 10 de enero de 2012 05:00
A propósito del Consejo Nacional de Pesca
En declaraciones efectuadas por el Sr. subsecretario de Pesca...
Andrés Couve
En declaraciones efectuadas por el Sr. subsecretario de Pesca, se responsabiliza al Consejo Nacional de Pesca (CNP) y a los sectores artesanal e industrial de la situación de los recursos pesqueros. Sorprenden estas acusaciones genéricas en relación al estado de las pesquerías sin realizar un análisis específico de cada una. En el caso del jurel, durante la última década ha sufrido una presión descontrolada por una flota de medio centenar de buques fábrica extranjeros, que ha operado sin sujeción a norma alguna, contribuyendo de esta forma decisivamente a la disminución de su biomasa. El Sr. subsecretario apunta al CNP como el gran responsable, sin considerar que éste no tiene facultades para proponer ni modificar las cuotas de pesca, sino sólo para aceptarlas o rechazarlas en cuyo caso, rige la cuota del año anterior disminuida en un 20%. Tampoco tiene ninguno de sus estamentos por sí solo la capacidad para imponer su voluntad. La eliminación de las facultades resolutivas del CNP traspasándolas a un panel de expertos nombrado por el presidente de la República implica el término de la participación sectorial, de la necesaria fiscalización de las medidas de administración pesquera emanadas de la autoridad y del indispensable equilibrio en un sector en el que es inconveniente que la autoridad concentre todo el poder. El CNP se transformará en un organismo consultivo que perderá relevancia y, en la práctica, al poco andar, desaparecerá y con ello el Ejecutivo perderá un valioso colaborador. Tendrá que enfrentar directamente los reclamos y peticiones de los actores. 
Se agrega a la burocracia un nuevo organismo, el panel de expertos, que le costará al Estado $300 millones anuales, integrado por cinco profesionales, teóricos de escritorio inhabilitados por ley de tener cercanía alguna con el sector pesquero, cuya principal función la realiza hoy gratuita e idóneamente, reconocida por la propia Subsecretaría de Pesca, el Comité Científico-Técnico, quien analiza la información y propuestas de los organismos de investigación y recomienda los rangos de cuotas de captura. ¿Por qué no se refuerza y legaliza este comité en vez de crear otro organismo paralelo? 
Las causas del estado de los recursos hay que buscarlas en otro lado, no en el CNP. Primero en la incomprensible falta de información, como ha quedado demostrado en la última sesión del consejo donde, por ejemplo, la cuota de Congrio Dorado no se pudo aprobar en primera votación al detectarse vacíos de información en los análisis presentados, en circunstancias que la ley vigente dispone el uso del pago de patentes pesqueras para la investigación, lo que en la práctica se burla disminuyendo este aporte, que en el último año significó sólo el 14% de los US$ 34 millones recaudados. ¿De quién es esta responsabilidad, del CNP o del Estado?
Segundo, la falta de fiscalización en el cumplimiento de las cuotas y de las prácticas pesqueras, que debiera hacer Sernapesca y para lo cual no ha habido voluntad política pues es más fácil dejar hacer para evitarse problemas. Múltiples son los ejemplos de faltas graves de oportuna y eficaz fiscalización y la respuesta es la misma: no hay suficiente presupuesto, ¿de quién es esta responsabilidad, del CNP o del Estado?
Si hay alguien que, en parte importante es responsable del descuido en el manejo de los recursos pesqueros es por cierto el Estado de Chile, entendido como Nación, que no ha cumplido su tarea de velar por la conservación de sus recursos ni por defender adecuadamente su patrimonio pesquero en el ámbito internacional. Indudablemente se requieren cambios y ajustes a un sector hoy muy diferente al de los años 90, en que la pesca artesanal ha elevado su participación del 11 al 53% de las capturas y en que la acuicultura concentra hoy el 60% de las exportaciones pesqueras.Más que buscar culpables y satanizar al CNP, como el chivo expiatorio de todos los males, hay que reconocer la responsabilidad del Estado y su incomprensible desatención a este sector de la economía, que da empleo directo a 120 mil chilenos presentes en todas las regiones del país.