Felices y Forrados 7 propuestas / Comisión del Senado para mej...
¿Sabías que te jubilarías con $178.700 en promedio? ¿Quieres conocer los secretos de las AFPs?
domingo, 20 de enero de 2013
LEY DE PESCA PLATAFORMA SOCIAL
Artículo 26 B.- Antes del vencimiento de las licencias transables de
pesca clase A, a solicitud del titular, arrendatario o mero tenedor de las
licencias transables de pesca, mediante decreto supremo fundado se asignarán
según la legislación vigente, siempre que el solicitante o los titulares previos
no hayan incurrido en un lapso de 10 años en uno o más de los siguientes
hechos:
c)
El reiterado incumplimiento grave de las normas laborales y de seguridad social
con sus trabajadores. Se tendrán como vulneraciones de este tipo, los atrasos u
omisiones en el pago de remuneraciones, cotizaciones previsionales o de salud
que excedan tres períodos mensuales o la existencia de cuatro o más condenas
ejecutoriadas por infracciones a los derechos del trabajador sobre
remuneraciones, feriados, protección a la maternidad, sindicalización y
prácticas antisindicales en el plazo de siete años.
Para
los efectos de este artículo, si en un período de 10 años, el titular de la
licencia transable de pesca, no cuenta con ninguna sentencia condenatoria
ejecutoriada o resolución ejecutoriada, no se contabilizarán las infracciones
por las cuales haya sido condenado durante el período
anterior.
El
acto administrativo que niegue la solicitud del inciso primero deberá ser
notificado al peticionario por carta certificada. Este último dispondrá de un
plazo de 30 días contado desde la fecha del despacho de la notificación, para
reclamar de esa resolución ante el Ministro, el que resolverá dentro de igual
plazo. Esta última decisión no será susceptible de recurso administrativo
alguno.
En el artículo 173:
1.Reemplázase,
en el inciso primero, el texto que va a continuación de la palabra “financiar”, hasta su
punto aparte (.), que se sustituye por dos puntos (:), por el
siguiente:
“a)Proyectos de investigación pesquera y de
acuicultura.
b) Programas de vigilancia, fiscalización y
administración de las actividades pesqueras.
c) Programas y proyectos de fomento y desarrollo a
la pesca artesanal.
d)
Programa de reinserción laboral para ex trabajadores de la industria pesquera
que hayan perdido su trabajo como consecuencia de la aplicación de esta ley y no
imputable al trabajador, y becas de estudios para los hijos de dichos ex
trabajadores durante el período que dure la reinserción y según las reglas que
establece el reglamento. Ambos programas tendrán una vigencia de hasta tres años
a contar de la entrada en vigencia de esta ley.
e) Acciones de capacitación tanto para trabajadores que se encuentren
contratados en la industria pesquera como para ex trabajadores de la industria
pesquera que hayan perdido su trabajo como consecuencia de esta ley y no
imputable al trabajador, las que se ejecutarán en conformidad a algunos de los
programas señalados en el artículo 46 de la ley Nº 19.518. Para estos fines se
celebrarán convenios entre la Subsecretaría y el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo, debiendo éste último implementarlas priorizando a los
trabajadores del sector industrial antes señalado. Además con cargo de este
fondo se financiarán becas de estudios para los hijos de dichos ex trabajadores
durante el periodo que dure el programa de capacitación y según las reglas que
se establezcan en el reglamento.
f) Programas de estudios técnicos de nivel superior destinados a trabajadores
que se encuentren contratados en la industria pesquera y ex trabajadores de la
industria pesquera que hayan perdido su trabajo como consecuencia de la
aplicación de la ley y no imputable al trabajador, la que no podrá exceder de 4
semestres; para la realización de estudios técnicos de nivel superior y becas de
estudios para los hijos de dichos ex trabajadores durante el periodo que dure el
programa de estudios y según las reglas del reglamento.
g) Programas de apoyo social destinados a ex trabajadores de la industria
pesquera extractiva o de procesamiento, que hayan perdido su trabajo como
consecuencia de la aplicación de esta ley y por causal no imputable al
trabajador, siempre que tengan más de 55 años de edad y 15 años de antigüedad en
el sector, a lo menos, y que no sean beneficiarios de alguna pensión estatal o
jubilación anticipada o por enfermedad, para lo cual se estará a la información
que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social proveerá a través de los
servicios que corresponda. Estos beneficios no serán reembolsables y sólo se
entregarán de forma anual, por un máximo de tres años, de acuerdo al
procedimiento que establezca el reglamento, priorizándose en su entrega a
aquellas personas que acrediten mayor vulnerabilidad social. En todo caso, este
beneficio no podrá exceder de 40 unidades de fomento anual por cada trabajador
beneficiario.
i) Programas o proyectos de promoción del consumo de recursos
hidrobiológicos.
j) Programas de recuperación de las pesquerías para pescadores
artesanales, tripulantes de naves especiales y trabajadores de
planta.”.
Transitorio
Artículo séptimo.- Los programas de reinserción laboral a que hace
referencia la letra d) del artículo 173 que se incorpora en la Ley General de
Pesca a través de la presente ley, se podrán aplicar por el plazo de un año, a
contar de la entrada en vigencia de la presente ley, a los trabajadores que
hayan perdido su trabajo con posterioridad al 27 de febrero de 2010, por causas
no imputables a su voluntad.
miércoles, 9 de enero de 2013
| RECOMENDACIONES INTERNACIONALES ORIENTARÍAN AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A FRENAR LEY DE PESCA |
 La Ley de Pesca vulnera derechos a los recursos, territorios de los pueblos indígenas y el derecho a al desarrollo y a las economías propias, además de haber sido aprobada sin ser consultada previamente. El TC tiene una gran oportunidad de rectificar la historia reciente de desconocimiento y violación de los derechos indígenas y obligaciones internacionales del Estado de Chile en materia de Derechos Humanos.
Santiago de Chile, 07 de enero de 2012. (Radio del Mar)— El Tribunal Constitucional (TC), que revisa los vicios que contiene la recién aprobada la Ley de Pesca que privatiza el patrimonio pesquero nacional, tal como lo han recomendado organismos internacionales, oficinas estatales nacionales y en una situación similar a lo obrado por otros Tribunales de estas características en países de América Latina, debería anular esta ley privatizadora porque el parlamento no ha realizado la consulta a los Pueblos Originarios tal como lo obliga el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que en nuestro país es Ley de la República.
Esta es la posición que tienen organizaciones ciudadanas, comunidades indígenas, pescadores y los 11 senadores –incluidos el presidente y vicepresidente del senado-, y más de 30 diputados que presentaron requerimientos al TC reclamando la inconstitucionalidad de la denominada “Ley Longueira”.
Además, organizaciones han afirmado que el hecho que el TC haya acogido como admisibles estos reclamos evidencia el proceso y el contexto desprolijo y viciado en que se aprobó esta normativa. Pero además toda esta discusión también de muestra las extensas redes de la industria pesquera en la institucionalidad y clase política del país, ya que a pesar que en el senado no se inhabilitaron cuatro senadores con intereses en empresas pesqueras, en el TC ya dos ministros se han inhabilitado para decidir sobre estas materias debido a sus vínculos en discusiones anteriores sobre estos temas.
En este contexto Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoceanos y coordinador de la Alianza por la Defensa del Mar, dijo que lo que demuestra que “el Tribunal Constitucional haya declarado admisible el requerimiento sobre la no consulta obligatoria a los pueblos originarios, violando con ello el convenio 169 de la OIT y la legislación nacional, junto a la inhabilitación de dos de sus ministros, constituyen una poderosa señal de la importancia que le ha dado este tribunal a las denuncias sobre el espurio trámite que aprobó la nueva ley de privatización pesquera”.
El Director de Ecoceanos agregó que “el decreto de audiencia pública para que las organizaciones ciudadanas, de la pesca artesanal y pueblos originarios expongan sus argumentos ante el Tribunal Constitucional, evidencian a su vez la importancia que tiene la presión y movilización pública informada, así como el amplio rechazo ciudadano y de sectores del parlamento frente de esta impresentable ley".
La audiencia a la que se refiere Cárdenas se realizará este miércoles 9 de enero y serán escuchados todos los interesados que hayan presentado escritos hasta las 17 horas de hoy lunes 7 de enero.
El TC revisa dos materias de la Ley de Pesca que están enfrentándose a los derechos consagrados por la Constitución de la República. Primero porque esta Ley porque viola el principio consagrado en la Constitución de igualdad ante la ley y porque no se ha realizado la Consulta a los Pueblos Originarios que obliga el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Respecto a este último punto, Sergio Millaman, del Grupo de Trabajo por los derechos Colectivos del Pueblo Mapuche afirmó que “esperamos que el Tribunal haga respetar el Convenio169, y siente precedentes claros del deber del parlamento de defender las derechos de los pueblos indígenas”.
“Una decisión que limite los alcances del Convenio169 desprestigiaría aún más al Estado Chile ante la comunidad internacional”, afirmó Millaman.
El representante de este grupo de análisis sobre temas indígenas agregó que “la Ley de Pesca vulnera derechos a los recursos, territorios de los pueblos indígenas y el derecho a al desarrollo y a las economías propias, además de haber sido aprobada sin ser consultada previamente. El TC tiene una gran oportunidad de rectificar la historia reciente de desconocimiento y violación de los derechos indígenas y obligaciones internacionales del Estado de Chile en materia de Derechos Humanos”.
Recomendaciones nacionales e internacionales
Frente a esto el INDH en su Boletín N° 8091-21 del 17 de agosto de 2012 afirmó que “toda medida legislativa o administrativa debe ser consultada cuando ésta afecta la propiedad, uso u ocupación, y/o explotación de los recursos naturales, en este caso de los marinos, que hace parte del hábitat de los pueblos indígenas, y el Estado debe garantizar el ejercicio de ese derecho”.
Y en Colombia hace unos meses la Corte Constitucional anuló una recién aprobada Ley porque no se había realizado la Consulta a los Pueblos Originarios. La Corte Constitucional de Colombia luego de hacer el control constitucional de la ley 1518 de abril de 2012, aprobatoria del “Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales”, de 1991, comúnmente conocido como UPOV 91, declaró que esta ley es inexequible, es decir la dejó sin efecto, por no haber sido consultada previamente a las comunidades indígenas y afrocolombianas.
La adhesión al Convenio UPOV 91, fue una de las obligaciones adquiridas por Colombia al suscribir el Acuerdo Comercial TLC con Estados Unidos, y esta ley fue aprobada sin ser consultada con la sociedad y especialmente con las poblaciones rurales directamente más afectadas.
La Corte procedió a revisar su constitucionalidad, por ser un convenio internacional, el cual tiene un control automático por parte de la Corte, y abrió un periodo de intervención ciudadana, para que allegaran pruebas sobre su legalidad. Muchas personas, entidades y organizaciones de todo el país y del exterior, enviaron a la Corte documentos escritos y audiovisuales, como prueba de los efectos nocivos que la ley 1518 puede generar en el país, junto con más de 7000 firmas, solicitándole a la Corte que la declarara inexequible.*****FIN*****
fuente: ECOCEANOS
|
martes, 8 de enero de 2013
Acusan estafa hacia gremio pesquero
El diputado Pedro Velásquez denuncia que
trabajadores de Coquimbo fueron engañados por una supuesta consultora
Hasta el Juzgado de Garantía de Coquimbo llegó el diputado Pedro Velásquez,
con la abogada Claudia Abufom (ex candidata a concejala) en compañía de
trabajadores del rubro pesquero de Coquimbo para interponer una querella por
estafa a 600 personas del gremio de la pesca.
El parlamentario explica que hace 4 años salió una ley que permitía entregar capacitaciones, bonos de reconocimiento por años trabajados, jubilaciones anticipadas, entre otros beneficios, a aquellos empleados que resultaron desempleados tras la crisis que atravesaba la actividad.
Fue así que llegó la consultora Geogenia de Talcahuano, liderada por una mujer llamada Dorka Benavides, a ofrecerles la obtención de estos beneficios por el monto de $50 mil por cada miembro del gremio.
Sin embargo, tras el depósito grupal de $30 millones, ningún integrante del gremio ha recibido lo prometido.
“Los han tenido con el ‘cuento del tío’ todo este tiempo”, lamenta Velásquez indicando que la misma consultora habría estafado a más de 3 mil personas a nivel nacional.
“Vi muchas cosas anómalas, nos mentían. Hay que aclarar la verdad”, expresa Miriam Rivera, una de las víctimas.
“Lo más grave es que se rieron de la gente humilde”, opinó la abogada Abufom.
Se pedirá al Ministerio del Trabajo y la Subsecretaría de Pesca que tome cartas en el asunto.
sintrisan dice: O TRA VEZ LA DORKA , ESPERAMOS QUE NUESTROS SOCIOS QUE CAYERON EN SU RED PUEDAN SALIR Y ACLARAR SU SITUACIÓN ALGUNOS CALLAN POR TEMOR DE SER TIMADOS Y NO HACEN NADA, A VECES POR TENER PLATA FÁCIL ESPERANDO SENTADO EN EL SILLÓN SIN LUCHAR , ES LO QUE LES MOTIVO A DAR DINERO SIN GARANTÍAS..
El parlamentario explica que hace 4 años salió una ley que permitía entregar capacitaciones, bonos de reconocimiento por años trabajados, jubilaciones anticipadas, entre otros beneficios, a aquellos empleados que resultaron desempleados tras la crisis que atravesaba la actividad.
Fue así que llegó la consultora Geogenia de Talcahuano, liderada por una mujer llamada Dorka Benavides, a ofrecerles la obtención de estos beneficios por el monto de $50 mil por cada miembro del gremio.
Sin embargo, tras el depósito grupal de $30 millones, ningún integrante del gremio ha recibido lo prometido.
“Los han tenido con el ‘cuento del tío’ todo este tiempo”, lamenta Velásquez indicando que la misma consultora habría estafado a más de 3 mil personas a nivel nacional.
“Vi muchas cosas anómalas, nos mentían. Hay que aclarar la verdad”, expresa Miriam Rivera, una de las víctimas.
“Lo más grave es que se rieron de la gente humilde”, opinó la abogada Abufom.
Se pedirá al Ministerio del Trabajo y la Subsecretaría de Pesca que tome cartas en el asunto.
sintrisan dice: O TRA VEZ LA DORKA , ESPERAMOS QUE NUESTROS SOCIOS QUE CAYERON EN SU RED PUEDAN SALIR Y ACLARAR SU SITUACIÓN ALGUNOS CALLAN POR TEMOR DE SER TIMADOS Y NO HACEN NADA, A VECES POR TENER PLATA FÁCIL ESPERANDO SENTADO EN EL SILLÓN SIN LUCHAR , ES LO QUE LES MOTIVO A DAR DINERO SIN GARANTÍAS..
sábado, 5 de enero de 2013
Tribunal Constitucional admite recurso contra Ley de Pesca
Dos recursos de inconstitucionalidad fueron admitidos por el TC, relacionados con el convenio 169, que exige una consulta obligatoria e informada hacia pueblos indígenas. Con ello, el Gobierno se ve imposibilitado de promulgar el polémico proyecto.
jueves, 3 de enero de 2013
Trabajadores inician “tregua” tras bloqueo de pesquera Food Corp en Coronel
Jueves 3 enero 2013 | 17:30
Imagen: Sintrifood | Facebook
NOTICIAS RELACIONADAS
Los trabajadores comenzaron la acción de protesta el 31 de diciembre, y continúan por no llegar a un acuerdo con la empresa. A raíz de ello, este jueves cerraron los accesos a la planta en Coronel, para que los demás trabajadores no puedan ingresar.
David Aedo, presidente del sindicato, manifestó que piden un sueldo digno, ya que la empresa les ofreció un salario fijo muy bajo para los esfuerzos que hacen en alta mar. “Las ganancias de Food Corp son millonarias y nos ofrecen sueldos miserables”, puntualizó el vocero.
Durante este jueves, los dirigentes se reunieron con el gerente de flota de la compañía, quien se comprometió a una solución para este viernes, principalmente por sus salarios y días de descanso.
De esta forma, David Aedo indicó que desde la empresa se les pidió una “tregua” a la espera de esta respuesta a sus demandas, aunque siguen alertas, criticando una reacción tardía desde la gerencia.
Sintrifood | Facebook
Sintrifood | Facebook
martes, 1 de enero de 2013
Ley de Pesca: “Creemos que se aprobó un muy mal proyecto para el país”
Gerente de Anapesca A.G, Santiago Gacitúa, dio a conocer la opinión que tienen como asociación sobre la Ley de Pesca que se aprobó en el Parlamento.
219 Lecturas
31 de Diciembre, 2012 01:12
Comentar
Luego de unos días ajetreados para el rubro pesquero en Chile, el Gerente de Anapesca A.G, Santiago Gacitúa, dio a conocer en una entrevista, la opinión que tienen como asociación sobre la Ley de Pesca que se aprobó en el Parlamento, los procesos y modificaciones que sufrió y las influencias ejercidas, todas situaciones que no los dejaron para nada conformes, pues, según declaró, una vez más se favoreció a los que manejan en el sistema y que han llevado a la sobrexplotación de los recursos.
· Como Asociación, ¿qué opinión les merece lo sucedido el miércoles con la ley de pesca?
Era de esperar la aprobación, después de que algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana en el Senado le entregaran el respaldo al proyecto del Gobierno, no era mucho lo que se podía hacer, pues el ministro Longueira tenía los votos. Creemos que se aprobó un muy mal proyecto para el país, que sólo favorece a quienes manejan este sistema.
· El ministro Longueira dijo hace unos días que Chile ganaba con una ley que estabilizaba al sector, ¿qué le responde usted?
De que lo estabiliza claro, si se entrega las cuotas de pesca a privilegiados y estos no tendrán que competir con nadie por los recursos pesqueros de todos los chilenos, es muy estable para ellos. Sin embargo, no estabiliza el sector como un todo. Los trabajadores de la industria que les pagaron hasta 100 mil pesos diarios para venir a gritar a favor del regalo de las cuotas para sus empleadores, serán los primeros en sufrir los efectos. Para ellos lo que se viene es un período de mayor inestabilidad. Con la sobreexplotación, y sin existir competencia, seguirán las fusiones de las empresas, lo que se traduce en menos puestos de trabajo.
· ¿En qué posición quedan los artesanales y los pueblos originarios con la aprobación de esta ley?
Con cada cambio que le han hecho a la ley de pesca, han dejado a la pesca artesanal más vulnerable, lo que en el futuro terminará en que todas sus cuotas serán manejadas por la industria. En el caso de los pueblos originarios, ni siquiera fueron considerados, el Gobierno y la derecha no permitieron su incorporación desconociendo sus derechos ancestrales sobre los recursos pesqueros. Esta ley afectará muy negativamente a las comunidades costeras.
· Pero las autoridades dicen que beneficia a los artesanales, ¿quién tergiversa la información entonces?
A estas alturas ya todos los chilenos lo tienen claro. En política, los Gobiernos cuentan la parte de la historia que suena bonita para tratar de convencer a la opinión pública que lo que se hace es por el bien común y ese ha sido el caso de la ley de pesca. La verdad es que los artesanales que ganan, son los que ya tienen dinero y que son prácticamente parte de las grandes empresas industriales. Pero el pescador real no logra mejoras que sean tangibles, con suerte unos kilos más de pescado, pero ahora deberá pagar patente, certificación de capturas y posicionador satelital. En el fondo queda al desamparo total.
· ¿Qué opina de los senadores DC que "negociaron" con el Gobierno en el segundo trámite?
Todos saben que hay una parte de la DC que tiene vínculos muy fuertes con las empresas pesqueras, al igual que la UDI. Lamentablemente, al no existir transparencia en el financiamiento de la política, este tipo de votaciones a favor de entregar privilegios a unos pocos en desmedro del resto de la ciudadanía, seguirán ocurriendo.
· ¿Cree que presentando un requerimiento al TC, este organismo pueda hacer algo concreto?
Como un periodista escribió, claramente ya no podemos confiar en los Gobierno o el Parlamento, por lo que es de esperar que el Tribunal Constitucional defienda el interés país. Sin embargo, luego de la demostración del control que tienen las grandes empresas sobre el poder político del país, se puede esperar cualquier cosa.
· Una vez que esta ley se promulgue, ¿qué sucederá de aquí a 5 o 10 años más con los recursos que ya están sobrexplotados?
Hay que tener claro que esta ley realmente no cambia nada respecto de la protección de los recursos pesqueros. Se cambian nombres y re ordenan funciones, pero seguirán los mismos poderes fácticos dictando cuánto se pesca. Qué mejor ejemplo que el caso de las pesquerías colapsadas, que en esta ley, aunque estén en la peor de las condiciones, permite que se siga pescando, lo que es una aberración. La frescura de estos privilegiados, ahora dueños de las cuotas de pesca es tanta, que pusieron en la ley, vía indicación del Gobierno, que en caso de que los recursos estén colapsados ellos y sólo ellos pueden seguir pescando. Es decir, se reservan el especial derecho a rematar los recursos cuando éstos ya no se puedan mejorar, esto es lo que le llaman “the chilean way”.
miércoles, 26 de diciembre de 2012
Ley de Pesca
Del descrédito parlamentario a la desobediencia civil
Chile, como país oceánico se ubica en el Pacífico suroriental, una de las cinco áreas marinas más productivas y con mayor biodiversidad del planeta. Sus 3,6 millones de kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales superan cinco veces su superficie terrestre. En sus 4.200 kms. de costa expuesta y 30.000 kms. de costa protegida -especialmente en los archipiélagos y fiordos de Chiloé y en las regiones de Aysén y Magallanes-, se asientan 436 caletas que albergan a 81.000 pescadores artesanales y sus familias, las que conviven con 57.000 trabajadores de la flota industrial y plantas procesadoras.
La pesca extractiva, junto a las actividades de acuicultura, generan producciones que superan los 3.000 millones de dólares anuales. Estas se destinan casi en un 90% a satisfacer las demandas del mercado internacional. Chile es el séptimo país en volumen de desembarque de recursos hidrobiológicos, principalmente peces, moluscos, crustáceos y algas. A su vez, es uno de los principales elaboradores de harina de pescado y el segundo productor mundial de salmones y truchas cultivadas.
Sin embargo, esta gran riqueza marina nunca ha estado al servicio de los intereses y necesidades de la sociedad chilena y sus comunidades costeras, debido al modelo extractivista-exportador de tipo “minero”, impuesto en los últimos cincuenta años por el cartel de la pesca al amparo de la dictadura militar y los sucesivos gobiernos civiles bajo la lógica negociadora binominal. Ejemplo de ello es que Chile es uno de los países cuya población tiene uno de los menores consumos de pescado por habitante: 7 kgs. al año. Esto lo sitúa bajo el consumo promedio mundial, 17 kgs. por habitante al año.
Cinco décadas de saqueo industrial han llevado al colapso y la sobreexplotación al 68% de las principales pesquerías nacionales administradas bajo el sistema de cuotas individuales transferibles. Ejemplo de esta dramática situación lo constituye el jurel (Trachurus murphiyii), principal pesquería nacional, cuya captura ha caído desde los 4,5 millones de toneladas en 1995, a 252 mil toneladas en 2012. A ello se unen los altos niveles de concentración económica, exclusión social y creciente transnacionalización que presenta el sector pesquero y de acuicultura.
En diciembre de 2011 el gobierno de Sebastián Piñera, a través de su ministro de Economía, Pablo Longueira, ingresó a trámite legislativo el proyecto para modificar la actual Ley de Pesca y Acuicultura que regula el sistema de cuotas individuales transferibles de pesca (CIT), acordado transitoriamente por 10 años entre el gobierno de Ricardo Lagos y los grandes empresarios pesqueros, el cual caduca el 31 de diciembre del 2012.
Esta ley tramitada en tiempo récord, le ha quitado al Estado la propiedad sobre los recursos marinos. En su reemplazo reconoce excluyentes “derechos históricos” y privilegios monopólicos al empresariado pesquero industrial, entregándole licencias de pesca de 20 años renovables por igual periodo, las cuales podrán ser vendidas, compradas, arrendadas, hipotecadas y heredadas, al pasar a engrosar el patrimonio de las siete familias que conforman el cartel de la pesca en Chile .
Los cuatro conglomerados industriales beneficiados son: Orizon, Blumar, Camanchaca Pesca Sur S.A. y Food Corp, propiedad de las familias Angelini, Lecaros, Sarquis, Yaconi-Santa Cruz, Stenjel, Izquierdo y Mogster (Noruega). A ellas hay que agregar las transnacionales Nipon Suissan Kaisha (Japón) en alianza con la familia Del Río, y PescaNova (España), que dominan las pesquerías demersales en las regiones del centro y extremo sur del país.
La Ley Longueira constituye una expropiación de bienes públicos, con lo cual se privatiza uno de los últimos sectores de la economía. Resulta paradojal que sean los hijos políticos de Pinochet, juramentados en Chacarillas en 1977 -Longueira, Larroulet, Chadwick, Melero y Larraín-, quienes han impulsado en el Parlamento, amparados por el binominalismo y el apoyo casi en bloque del Partido Demócrata Cristiano, este proyecto, cuyas bases se encuentran en la fallida ley de privatización pesquera que elaboró en 1989 el almirante José Toribio Merino. También Longueira y la UDI contaron con el apoyo de sectores del PS, como los senadores Fulvio Rossi y Juan Pablo Letelier.
La nueva Ley de Pesca entrega al cartel de la pesca el goce exclusivo de la renta de 740 millones de dólares anuales que generan las pesquerías chilenas. Según valores presentados por la Subsecretaría de Pesca, el Estado, a través de la ley 19.713, ha entregado de manera gratuita durante los últimos 12 años rentas por más de 8.900 millones de dólares a la industria, sin que exista un mecanismo transparente de asignación, ni una justa recaudación para el Estado por la utilización de recursos que son bienes comunes.
La Ley Longueira busca profundizar el enfoque extractivista-exportador, fortalecer los procesos de concentración económica y de articulación entre el sector pesquero y de acuicultura con bancos y corredoras de Bolsa, eliminar el papel del Estado en la propiedad de los peces y los procesos de uso y acceso a los recursos marinos, transfiriendo dicho rol a los mercados secundarios de compra, venta y arriendo de cuotas individuales de pesca y de concesiones de acuicultura. Con ello se dará inicio a la fase especulativa en la pesca chilena, donde tendrán más valor los papeles de cuotas de pesca en las corredoras de Bolsa y bancos, que la existencia física del recurso pez en el agua.
La inusual tramitación en tiempo récord que ha tenido el proyecto de Longueira adolece de serios vicios de forma y fondo. Entre ellos destacan la participación en la discusión y votación de senadores-accionistas de las empresas pesqueras y el no haber realizado la consulta obligatoria previa a los pueblos originarios (mapuche, lafkenche, huilliche, rapanui y kaweskar). Con ello, el gobierno y el Parlamento han violado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual fue ratificado por el Estado, siendo por lo tanto ley de la República a partir de 2009, por lo cual la Ley Longueira se vuelve impugnable.
Ante la aprobación de la Ley Longueira impuesta en el Parlamento, a los ciudadanos de a pie y a los pescadores artesanales y pueblos originarios sólo nos queda la movilización social y pasar a una nueva etapa: la desobediencia civil pacífica ante la promulgación de leyes injustas, impuestas por senadores con conflictos de intereses y un Parlamento y clase política cuestionados en su legitimidad por, a lo menos, un 61% de la ciudadanía. Las últimas movilizaciones en rechazo a la Ley Longueira han encontrado unidos a la Fech, Confech, Aces, Federación Nacional de Sindicatos Bancarios, Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), organizaciones de los pueblos mapuche-lafkenche y Alianza Ciudadana para la Defensa del Mar, entre otras expresiones del sentir ciudadano. La Identidad Lafkenche y el recién electo alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, han señalado que para los mapuche-lafkenches, la Ley Longueira no tiene validez, lo cual se suma al llamado a la desobediencia civil de la Condepp, la cual agrupa a 50 mil pescadores. La Ley Longueira se está transformando en el ícono de la resistencia popular y ciudadana contra lo peor del sistema político chileno.
JUAN CARLOS CARDENAS N.
Médico veterinario
Director ejecutivo Centro Ecoceanos
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 772, 7 de diciembre, 2012)
Diputado Vallespín: requerimiento ante el TC por la Ley de Pesca sólo cambiaría parte de la reforma
Lunes 24 diciembre 2012 | 19:09
Publicado por Mariela Reyne | La Información es de Luis Villegas · 89 visitas
Imagen: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (c)
El diputado Patricio Vallespín advirtió que el requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional la Ley de Pesca, sólo modificaría parte de la reforma y no la legislación completa.
El parlamentario demócrata cristiano por la región de Los Lagos, ejemplificó con la reclamación de los pueblos originarios ante la confección de esta ley, ya que acusan que no se les consultó para legislar, según lo establece el convenio 169 de la OIT.
En este sentido, Vallespín aclaró que este tipo de requerimientos podría modificar aquellos aspectos de la legislación pesquera que sólo afectan los intereses directos de las comunidades, pero en ningún caso se podría producir un veto a toda la normativa.
00:00
00:23
Agregó, que en el caso de la consulta no realizada a los pueblos originarios, el Gobierno tiene un tema pendiente, puesto que es responsabilidad del Ejecutivo llevar a cabo este tipo de acciones cuando así lo establecen los convenios internacionales que suscribe Chile.
00:00
00:26
Cabe señalar que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre este requerimiento durante la segunda semana de enero, aunque este plazo podría incluso prorrogarse por única vez por otros 10 días hábiles.
domingo, 23 de diciembre de 2012
Pescadores artesanales de Osorno esperan que se realicen modificaciones a Ley de Pesca
Domingo 23 diciembre 2012 | 16:14
Publicado por Daniel Medina | La Información es de Dennys Salazar · 45 visitas
NOTICIAS RELACIONADAS
A la espera del fallo del Tribunal Constitucional se encuentran pescadores artesanales de la provincia de Osorno ante el requerimiento presentado en el marco de la Ley de Pesca y Acuicultura.
La acción elaborada por diez senadores opositores al actual estado del proyecto de ley finalmente paralizó su tramitación, con miras a que se consideren tres indicaciones presentadas durante su trámite en el Congreso pero que fueron rechazadas finalmente.
La acción elaborada por diez senadores opositores al actual estado del proyecto de ley finalmente paralizó su tramitación, con miras a que se consideren tres indicaciones presentadas durante su trámite en el Congreso pero que fueron rechazadas finalmente.
La primera es la consulta a los pueblos originarios con base en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, a los cuales se suman que los recursos pesqueros no sean a perpetuidad para el sector industrial y que además deba pagar por ellos, tal como lo informó Rubén Casanova, presidente de Fedepesca en la región de Los Lagos.
00:00
00:30
El dirigente de la pesca artesanal hizo ver que además el proyecto de ley presentaría serias inconsistencias, sobre todo en cuando a la explotación de los recursos, sobreevaluando incluso la cantidad actualmente existente.
00:00
00:28
Por ello es que aclaró que no están contra el proyecto de ley, reconociendo que se debe realizar una reforma a la actual ley de pesca, pero enfatizó en que en las condiciones actuales de la iniciativa sólo saldrá de él una mayor desigualdad para los pescadores y la ciudadanía chilena. Este caso no se daría para los grandes grupos empresariales, asegurando que éstos serán los grandes beneficiados.
http://www.biobiochile.cl/2012/12/23/pescadores-artesanales-de-osorno-esperan-que-se-realicen-modificaciones-a-ley-de-pesca.shtml