avisos

compañeros hay un plazo para postulaciones a emprendimiento para quienes deseen postular contactarse con este numero 9 3 5 8 6 8 7 5 hay plazo hasta el 8 de enero asi que a juntar de nuevo los papeles y hacerla corta
la directiva

martes, 16 de octubre de 2012

viernes, 12 de octubre de 2012

Fetrapes afirmó que "propuesta de senador Horvath apoyada por Presidente Piñera se ocupa de la plataforma social"

 

A continuación reproducimos una columna de opinión enviada a PESCA al día por el presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros y Ramas Afines de la Zona Centro Sur de Chile (Fetrapes), Juan Montenegro:

"En la discusión de la ley de pesca en el Senado han salido dos posturas para desentrampar la discusión del proyecto, una propuesta de salida patrocinada por el senado Antonio Horvath (RN), presidente de la Comisión de Pesca, y Sebastián Piñera, Presidente de la República; y la otra la patrocinada por los senadores Osain sabag (DC) y Fulvio Rossi (PS), además del ministro de Economía, Pablo Longueira, donde esta última no es otra que el apoyo cerrado a la llamada ‘Ley Longueira".

Desde el punto de vista de los trabajadores de la industria pesquera existe grandes diferencias para la propuesta Longueira-Rossi-Sabag, ya que esta se enfoca en programas de reinserción laboral con capacitaciones vía Sence (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo), emprendimiento y becas de estudios para hijos de trabajadores, programas de estudios para ex-trabajadores que deseen y puedan realizar una carrera de cuatro semestres y capacitación para trabajadores activos; todo enmarcado en la Ley 19.518 estatuto de capacitación y empleo, lo que los trabajadores consideramos una burla, ya que estos ofrecimientos los contemplan los diversos mecanismos de estudio y emprendimiento del país.

Por su parte, la postura Horvath-Piñera contemplará un fondo social para los trabajadores del sector pesquero industrial, con fondos generales de la nación, provenientes del Fondo de Administración Pesquero (FAP) y recursos provenientes de la licitación, cuyo objeto será la formación y desarrollo de competencias, la independencia financiera de las organizaciones sindicales y la reconversión laboral, la capacitación y el reconocimiento del trabajo pesado. Además, se contempla para los trabajadores embarcados la problemática provisional personal embarcado el regreso a la marina mercante, determinar las enfermedades por área de trabajo para los trabajadores de la industria pesquera en general, evaluación de personal embarcado por la Comisión de Sanidad Naval, donde esta última sin satisfacer todas las necesidades de los trabajadores sí se hace cargo de algunas como lo es el tema provisional del sector embarcado faltando la extensión de estos beneficios al sector de tierra.

Aunque parezca extraño, pero esta es la realidad de la política chilena: la izquierda Sabag-Rossi alineándose con Longueira, mientras que por la derecha Horvath y Piñera oriéntandose por la izquierda, es decir, ‘un país al revés".

Por último, los trabajadores de la industria exigimos que sea cual sea el mecanismo de administración, dejen de burlarse de la gente y ofrecer la que ya se tiene y que sea el sector en conjunto con el Estado sea el que se haga cargo de la protección de los trabajadores, ya que la industria con la sobreexplotación y la depredación, y el Estado con su proteccionismo de las empresas tiene los recursos pesqueros en estado de colapso y, por último, así como para justificar la entrega de los recursos a la industria miran ejemplos del exterior, de igual forma deben mirar que Chile es uno de los pocos, por no decir el único, que no se hace cargo de los daños colaterales que genera este mecanismo de administración".

Gobierno aceptaría limitar las cuotas pesqueras

Con el fin de que la nueva ley de pesca en trámite rija en 2013, el gobierno está consensuando con los congresistas de la comisión ad hoc gran parte de los temas conflictivos. Esto, mientras espera la votación en general, que debería ser la próxima semana.
Frente a la postura mayoritaria en torno a que las cuotas de pesca no deberían ser entregadas a perpetuidad, el gobierno propuso que las licencias transables duren 25 años. "Queríamos que duraran duez años, pero estamos negociando, supongo que vamos a llegar a algo entre 20 y 25 años", dijo el senador Fulvio Rossi (PS).
De igual manera, el presidente de la Comisión de Pesca, senador Antonio Horvath (RN), manifestó que en 25 años se logra recuperar la inversión, y en el año 23 se examinaría la caducidad o renovación. Así informó El Mercurio.
También han llegado a acuerdo en el dominio del recurso. "Los recursos son de todos los chilenos y la administración le corresponde al Estado", subrayó Horvath.

Vicepresidente del Senado solicitó al Ejecutivo prorrogar Ley de Pesca en dos años

"Todo evidencia de que una prórroga por dos años es lo más adecuado para hacer una nueva ley de pesca y no un "mamarracho" de ley como el actual proyecto de ley "larga"", así lo afirmó el vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro (en la foto), al referirse a la iniciativa, en segundo trámite, que se encuentra en condiciones de ser analizada por la Sala del Senado.
Precisó que la prioridad debiera ser "contar con una norma que efectivamente garantice la protección de los recursos y evite la concentración económica cada vez mayor del sector", según se publica en la página oficial del Senado (www.senado.cl).
Por ello, aseveró que "en este escenario y pese a que incluso voté en contra de la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA), lo más conveniente para todos sería prorrogar su videncia por un par de años para profundizar aquellos aspectos que esta ley no resuelve".
Sostuvo que "cuando uno escucha al ministro de Economía, Pablo Longueira, escucha los mismos argumentos que daban hace una década los ex ministros y subsecretarios Rodríguez Grossi y Felipe Sandoval, cuando aseguraban que la Ley de LMCA garantizaba la sustentabilidad de los recursos".
Sin embargo, "es cosa de ver el actual estado de las pesquerías para darse cuenta de la falsedad de un argumento biológico que se pretende sostener con medidas de administración y de explotación que van en el sentido contrario. Esta ley, aunque la quieren hacer parecer verde, mezcla criterios de conservación con medidas de comercialización, por lo que el resultado será el mismo".
El problema -añadió- "es que si se acaban los peces los industriales pueden poner el candado a sus plantas y dedicarse a sus muchos otros negocios. Sin embargo, para los artesanales y los trabajadores de la industria el escenario es crítico. Ellos sí necesitan la sustentabilidad de los recursos, de manera que la pesca siga siendo una actividad económica que genere empleo. Pero ni la concentración del sector en cada vez menos manos, ni los permisos perpetuos garantizan eso. Lo que se requiere son medidas reales de conservación y abrir el sector a una verdadera competencia que permita al Estado recaudar, con menos pesca iguales o mayores recursos, para ir en apoyo de quienes serán perjudicados con esta ley".

Fuente: PESCA al día
ESTOS DIPUTADOS VOTARON EN CONTRA DE PLATAFORMA SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES POR ENDE FIJATE POR QUIEN VOTAS CUANDO APAREZCA ABRAZANDO A LOS NUEVOS CONSEJALES Y ALCALDES, NO SEAN BURROS...

Solicitan inhabilitación de senadores en votación de Ley de pesca

Uno de los legisladores es el Senador Alejandro García Huidobro el que posee acciones en una empresa ligada a Corpesca.
Imagen de Loreto Morales
253 Lecturas
12 de Octubre, 2012 00:10
El Consejo Nacional de Defensa de la Pesca  solicitó la inhabilitación de algunos legisladores de la cámara alta ante sus nexos con empresas y corporaciones ligadas a las siete instituciones y familias que se verían beneficiadas en caso de ser aprobada la llamada “Ley Longueira”.
Entre los mencionados se encuentra el Senador por la región de O’Higgins, Alejandro García Huidobro, quien posee acciones en la empresa Navarino S.A., sociedad dedicada a la ejecución y explotación de actividades navieras y pesqueras, entre otras y la que está directamente relacionada con Corpesca.
El presidente del Consejo Nacional de Defensa de la Pesca, Nelson Estrada, exigió al presidente de la Cámara Alta, mediante una carta, la inhabilitación de los senadores que tendrían intereses creados ante esta votación que se encuentra en su segunda fase de trámite tras ser aprobada la idea de legislar desde la Cámara del Senado el pasado 4 de octubre.
 Otros legisladores a los que también se les exige la inhabilitación
 Tras esta votación, varias voces se alzaron en contra de quienes tendría intereses creados de ser aprobada esta ley. Además de Alejandro García Huidobro (UDI), se solicita la inhabilitación de los senadores Carlos Larraín (RN), Jovino Novoa (UDI) y Andrés Zaldívar (DC), por sus vinculaciones e inversiones con empresas relacionados con el giro pesquero.
Los otros senadores que tendrían intereses creados en esta moción son el senador Larraín quien declaró inversiones en la empresa pesquera Coloso y es accionista de Copec, principal empresa del grupo Angelini. Novoa, en tanto, declara participar en Inversiones y Mandatos S.A, sociedad que cuenta con participación en Comercial Nahuelbuta Ltda. dedicada a la exportación de productos del mar, indicó Nelson Estrada, presidente del Consejo Nacional de Defensa de la Pesca.
El representante de Condepp, aseguró que Andrés Zaldívar, tiene una relación  de parentesco que lo une al grupo Angelini y al director de Corpesca, Manuel Felipe Zaldívar Larraín.
Estrada señala que de esta forma, con los votos de estos legisladores, se podrían ver favorecidos tanto sus patrimonios como el de sus familiares.
 Reacción del senador García Huidobro
 Al ser consultado por los intereses que mantendría en que sea aprobada la Ley de Pesca debido a sus inversiones en la empresa Navarino S.A, el senador Alejandro García Huidobro señaló enfático “Con suerte yo tendré 50 mil pesos en acciones en Navarino, lo que no tiene ninguna importancia”.
De la misma forma continuó aseverando que “Las acciones de Navarino me las regaló mi abuelita cuando nací. Creo que recibo mil pesos al año por esas acciones, es un chiste, por lo que es absurda la solicitud de inhabilitación”, aseguró el legislador.
El senador finalizó señalando que “la verdad es que voy a averiguar cuántas acciones tengo en Navarino, porque en realidad no tengo idea”.

martes, 25 de septiembre de 2012

Chile: La guerra contra los trabajadores

por Luis Mesina*
Lunes, 24 de Septiembre de 2012 23:50

Luis Mesina Luis Mesina

El 90% de los trabajadores crea la riqueza en Chile, el resto, un 5% cumple el papel de capataces (altas jefaturas y gerentes) y el otro 5%, el más rico, es una casta parasitaria que vive a costa de la mayoría.

  • En las AFP, en las Isapres, en las Farmacias, en los Bancos,  en la Universidades, en las Clínicas, en el Retail, en los Supermercados, en las Mineras, en las Forestales, en la Energía, en las Telecomunicaciones, en los Recursos Pesqueros y Marítimos, en fin, en todas las áreas de la economía y de la sociedad se nos estafa, se nos asalta, se nos humilla.
Según las últimas encuestas, un 75% de los trabajadores percibe ingresos inferiores a los 350 mil pesos mensuales (USD 741). Otro 15%, según una reciente investigación percibe ingresos que fluctúan entre los 350 mil y 1 millón 600 mil pesos brutos al mes (USD 741 - USD 3.390). En este 15% se ubican los funcionarios públicos, los trabajadores de la minería,  del sector financiero, del comercio, los profesores, los trabajadores de la salud municipalizada y privada, etc. Estos grupos socioeconómicos son los llamados “clase media”. Hogares conformados en su mayoría por cuatro personas, muchos de ellos monoparentales donde las mujeres asumen como jefas de hogar. Este estrato altamente endeudado se ha hecho muy vulnerable a la estrategia abusiva de los empresarios.
Este 90% de los trabajadores crea la riqueza en Chile, el resto, un 5% cumple el papel de capataces (altas jefaturas y gerentes) y el otro 5%, el más rico, es una casta parasitaria que vive a costa de la mayoría de los chilenos.
La corrupción, un arma predilecta del empresariado criollo.
El caso de La Polar es una muestra de la conducta empresarial, otro, el de las 3 cadenas farmacéuticas que luego de ser descubiertas en colusión y quedando en la más absoluta impunidad, sus dueños volvieron a la carga, esta vez, ocultando los productos genéricos para colocarse al servicio de los grandes laboratorios que son en definitiva quienes premian a vendedores, químicos farmacéuticos y médicos por la venta de los productos más caros. Es decir, una cadena de atropellos de las que son víctimas los enfermos. Estos dueños duermen tranquilos sabiendo que están estafando a personas enfermas y pobres. Lucran con la vida de los seres humanos.
Los empresarios chilenos en su gran mayoría han ido obteniendo su riqueza sobre la más absoluta ilegitimidad. La concentración escandalosa de la riqueza en pocas manos permite que nuestro país aparezca en el ranking de Forbes con cinco familias multimillonarias, superando a países ricos como  Japón, Canadá y Australia.
¿Pero, qué es lo que ha hecho posible esta profunda desigualdad?
Son varios los factores: la institucionalidad política (Constitución Política, Sistema Binominal, etc.);  el modelo de “desarrollo económico”, que cifró en el mercado la herramienta de distribución del ingreso, despojando al Estado del rol tutelar de los derechos fundamentales de las personas y que permitió la concentración de la economía, eliminando de paso,  la negociación colectiva como herramienta de redistribución del ingreso. Estos ejes esenciales, que en el caso económico, además, implicó la expropiación ilegítima del Sistema de Seguridad Social el año 1981, con que contaban los chilenos, para colocar el cuantioso ahorro previsional de propiedad de los trabajadores al servicio y empoderamiento de los grupos económicos. Estos hechos explican en parte la profunda desigualdad existente en Chile heredada de la Dictadura y que los gobiernos de la Concertación cautelaron, corrigieron y profundizaron.
   Estos factores, a los que se suman la privatización de la Salud, de la Educación, de la Energía y un largo etcétera, requieren para su perpetuidad de un nuevo “hombre y mujer”. Precisan de individuos carentes de derechos y para tal propósito  es fundamental ir construyendo mediante toda una arquitectura institucional, diseñada por los grupos de poder y aplicada a través de las múltiples instituciones de que dispone el Estado para contar con personas acríticas, irreflexivas, competitivas, ambiciosas, movidas sólo por el afán de lucro, carentes de  solidaridad. Esta nueva “moral” que se impone desde los poderosos, explica en parte, el porqué de tanta estafa, el porqué  de tanto abuso. Lo que se intenta instalar es una “nueva moral” y, por tanto, un nuevo hombre y mujer, portadores de valores individuales, contrarios por esencia a lo colectivo.  
Esta nueva moral que instalan los empresarios en Chile
Un parte considerable de los empresarios se declara católico, los más poderosos pertenecen al “Opus Dei” o a los “Legionarios de  Cristo”, ésta última congregación se ha hecho conocida por los abusos sexuales que han cometido sus máximas autoridades. Su “sacrosanta” moral, es decir, su conducta diaria, sus actos, consiste como mínimo en la asistencia a misa dominical, ahí exculpan su pecados. Algunos, han instalado en los bancos y grandes empresas, “capillas” para que los trabajadores se encomienden diariamente al más allá y se olviden de sus derechos terrenales.  Su moral, o sea su costumbre, les hace “caritativos”, dan limosna generosa a los mendigos, aportan principalmente mucho dinero al Hogar de Cristo y, privilegian ideológicamente en sus donaciones –que entre otras cosas descuentan de impuestos-,  a instituciones vinculadas a su fe y a su ideología. Así por ejemplo, la Universidad de Los Andes, perteneciente al Opus Dei ha sido la más favorecida con estas donaciones, en desmedro de instituciones públicas como la Universidad de Chile,  o sea donaciones con la plata de todos los chilenos.
Esta nueva  moral instala en las grandes empresas la idea de que todos los trabajadores somos una “gran familia”, trabajadores y, gerentes y accionistas, aunque en algunos bancos por ejemplo un trabajador respecto de un alto director reciba un ingreso 400 veces inferior. Se promueve la idea que es a través de la empresa, donde podemos conseguirlo todo, que de nada vale la organización colectiva de los trabajadores (sindicato). Esa idea tan propia del liberalismo, de que individualmente se puede conseguir y mejorar la situación personal, es contraria por el vértice a las concepciones humanistas y éticas que entienden que el “Ser Humano” es ante todo, persona y, que para  alcanzar esa categoría, requiere y hace falta  tener garantizados ciertos derechos esenciales que resultan imposibles de alcanzar y desarrollar en el campo individual, pues es la sociedad quien debe garantizarlos a través del Estado. Si el Estado está dominado mayoritariamente por instituciones pertenecientes a los grupos empresariales es claro que los derechos fundamentales no serán garantizados.
La necesidad de corromper
La actual conducta empresarial lo que oculta es la transgresión a principios fundantes de la sociedad chilena. En efecto, los chilenos hace algunas décadas éramos portadores  de una ética irreprochable; en todos los planos. Por ejemplo, la “honradez”, entendida como el acto de no apropiarse de aquello que no le pertenecía era un valor compartido por la gran mayoría de los chilenos. Especial importancia adquiría esta dimensión, si se trataba de un trabajador bancario o del sistema financiero, pues debía ser una persona con una alta probidad. Igual exigencia corría para el conjunto de trabajadores del sector público y privado. Y aunque los empresarios,  nunca promovieron estos principios, en general, la sociedad de antaño estaba cubierta ante los delincuentes de “cuello y corbata”. Existía una suerte de convención, un juicio social contra quien atentara contra este principio, principio que además, se fomentaba en la escuela, en la familia, desde niños.
La remuneración variable como arma de corrupción (los incentivos perversos)
¿Qué ocurre hoy? Los empresarios en todos los rubros, requieren para sus fines cambiar esta moral. Comenzaron cambiando ciertos principios de la esencia del capitalismo;  traspasaron el riesgo del negocio y el costo del funcionamiento a los usuarios, a los clientes a los trabajadores. Por ejemplo, los estudiantes que trabajan empaquetando en los supermercados y en el Retail no reciben sueldo, viven de la propina de los clientes, son contratados por “fundaciones” que les cobran por trabajar y éstas les prestan el servicio a los Retail. No cuentan con previsión y los empresarios se desentienden de su salud, de sus accidentes laborales, en fin, se desligan de todo, sólo se preocupan de extraer su fuerza de trabajo, su humanidad.
Esta estrategia se ha ido instalando a través de una política denominada “meritocracia” que consiste fundamentalmente en que cada trabajador obtiene su remuneración a través de su “esfuerzo individual”, por merito propio. Tanto en el sector privado como público, se trata de medir cada cierto tiempo a las personas y determinar si cumplen con ciertos objetivos, cuyos criterios y objetivos los determinan unilateralmente los altos ejecutivos, gerentes o directores de servicio, pasando a llevar aspectos valóricos importantes de la vida de los chilenos.
Así por ejemplo, en una Clínica Privada un médico deberá rendir en función de un estándar que los dueños de esa clínica establecieron. Entonces hará funcionar el “cronometro” y despachará a los pacientes, enfermos por cierto, a una velocidad impuesta por el dueño del negocio, atrás quedará el diagnóstico clínico (anamnesis). Poco importará el juramento hipocrático y el carácter ético de su disciplina y la responsabilidad ante el ser humano. Importará más si puede “atender” diez pacientes en diez minutos y, si además, puede otorgarles medicamentos cuyos laboratorios luego lo premiaran por los servicios prestados.
Las Farmacias chilenas cuyo número medido por habitantes es la más grande del mundo, pueden ubicarse en casi todas las esquinas más importantes de las ciudades del país. Acaparan todo, concentran el monopolio de los precios de los medicamentos operando como un verdadero cartel delictual contra las pequeñas farmacias de barrio. Se coluden con los laboratorios y obligan a los vendedores a transgredir la ética para vender productos que están acompañados de incentivos económicos y cuyo costo, en algunos casos es veinte veces más caro. La vergüenza y deterioro moral de estas prácticas se expresa en que un profesional de la talla de un Químico Farmacéutico deba transgredir aspectos esenciales de su ética para favorecer la avaricia del capital.
En síntesis, el médico, el químico farmacéutico y los vendedores son víctimas de la Industria Farmacéutica, algunas de ellas vinculadas con los bancos y fervientes devotos del Opus Dei.
Pero eso no es todo, en los Retail, en el Comercio  y en los bancos, los directores de estas compañías y sus altos gerentes también aplican incentivos perversos.       Se trata de contar con empleados cuyo sueldo es bajísimo, inferior al mínimo, y que a través de  comisiones pueden ir mejorando sus ingresos.
En qué se ha convertido esta política remuneracional. En la estafa y abuso institucional.
Los Gerentes y Directores por cierto no lo reconocerán. Es por todo conocido que los créditos, por ejemplo, llevan aparejado seguros, y que una parte importante de las utilidades se obtienen por las comisiones y por las tasas usureras que se cobran. Las famosas ventas atadas no pasó de ser una mera propaganda, pues en la práctica se continúa operando de la misma forma. Las cientos de denuncias de falsificaciones de repactaciones es una práctica habitual que transgrede la conducta de las personas honestas, debido a esta nueva moral: la de engañar, la de estafar.
La disyuntiva para los trabajadores que se extiende cada vez más es: engañar a los consumidores para conseguir metas y alcanzar una remuneración acorde y digna, o, mantener firmeza en los principios y terminar perdiendo el empleo.
A eso han llevado estos empresarios “modernos” la ética de la ciudadanía. “Códigos de Conducta” que instalan en todas las empresas transmitiendo un discurso de honestidad, pero, al mismo tiempo, presionando a los trabajadores por alcanzar resultados y objetivos al precio que sea, inclusive transgrediendo las propias normas que ellos mismos han creado.
La Corrupción a lo largo de la historia la acometen los poderosos, los ricos
Los últimos acontecimientos que llamaron la atención en la desigualdad con la que son tratados las personas, lo constituyen los movimientos huelguísticos donde los trabajadores demandan mejoras económicas y son tratados como verdaderos delincuentes. El caso de Konecta donde desesperadamente los trabajadores se  tomaron la línea 5 del Metro, los esposaron como delincuentes,  en contraposición a los ladrones de La Polar y de las Farmacias.
Ese es el Chile que se está construyendo.
La moral de los señores poderosos contra la gran mayoría de chilenos que debe comenzar a transgredir sus propios valores para dar paso a esta “nueva moral” de los empresarios que concentran todo el poder económico en detrimento de la inmensa mayoría que vive con salarios miserables. Esto explica porqué Chile es uno de los países más injustos del mundo.
Chile tiene 17 millones de habitantes un PIB de US$272.119 millones. Ingreso per cápita U$$15.000 y cinco multimillonarios.
Australia tiene 22 millones de habitantes un PIB US$1.585.964 millones. Ingreso per cápita US$68.916 y cuatro multimillonarios.
Canadá tiene 34 millones de habitantes un PIB de US$1.804.575 millones. Ingreso per cápita US$51.689 y tres multimillonarios.
Japón tiene 128 millones de habitantes un PIB US$5.980.997 millones. Ingreso per cápita US$46.973 y dos multimillonarios
A pesar de las inmensas diferencias entre estos cuatro países, Chile cuenta con más supermillonarios; con un porcentaje considerablemente mayor de pobreza; con la desigualdad más alta en distribución del ingreso y, la jornada laboral, que ayuda a entender  el nivel de intensidad del trabajo,  en esos tres países es inferior a las 39 horas semanales, en Chile es de 45 horas.
*Luis Mesina es el secretario general de la Confederación de Trabajadores Bancarios de Chile, única multisindical del sector.

martes, 11 de septiembre de 2012

Ley de Pesca: Para dejar un mar desierto y a millones sin alimento; hay que hacer una ley E-mail
Escrito por Lester Chavez Campbell (resumen.cl)   
El nuevo Proyecto de Ley de Pesca que impulsa el Gobierno, que según las palabras del Propio Sebastián Piñera “viene a cambiar el paradigma sobre el cual se ha basado la explotación de los recursos pesqueros chilenos durante los últimos 15 años”, al igual que las leyes anteriores tiene por objetivo garantizar el Uso Sustentable de los Recursos Pesqueros. Sin embargo, es menester analizarlo un poco.
Este Proyecto plantea que la administración de los recursos pesqueros debe basarse en el “principio precautorio”, es decir, que en los casos en los cuales no se cuente con la información técnica suficiente de una población, deben tomarse medidas precautorias sobre las decisiones de administración de los recursos pesqueros. Por ejemplo, disminuir un porcentaje de una cuota global de captura.
Sin embargo, sepan ustedes que cada vez son menos los recursos para la investigación pesquera, de hecho, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), es una instancia que se creó en los años 60’s con la finalidad de fomentar la incipiente actividad pesquera, no obstante, en el actual escenario de sobreexplotación y colapso de las pesquerías, no tiene mayor sentido. Asimismo, el Fondo de Investigación Pesquera (FIP) que es el encargado de realizar los estudios para el manejo de pesquerías, cada vez cuenta con menores ingresos. Por ejemplo; el año 2010 se solicitaron 117 estudios y se ejecutaron solamente 9, hasta agosto del año 2011 se solicitaron 58 estudios y se financiaron solamente 9 de ellos.
En este contexto, el Proyecto de Ley propone crear un equipo de asesores técnicos, denominado “panel de expertos” con la finalidad de que estos estimen, por ejemplo, la magnitud de las cuotas de captura. En la actualidad, la última decisión la tiene el Consejo Nacional de Pesca y Consejos Zonales de Pesca. Aquello, es un avance, dado, que la presión que hacían en estas instancias, tanto, el sector Industrial como Artesanal (aunque considerando que éste último posee solamente el 25% de la cuota de los peces que se capturan con esta medida de administración), producían un aumento de las cuotas de captura la que se acentuaba en época de elecciones.
Una de las principales tareas del “panel de expertos” es determinar el Punto Biológico de Referencia, es decir, aquella tasa de explotación ejercida sobre una población de recursos para que ésta se mantenga en el tiempo, planteándose que este punto debe coincidir con el máximo rendimiento de la población. No obstante, dado, la inevitable incerteza de la cantidad real de recursos presentes en el mar y los ciclos a los cuales están sujetos, por ejemplo, con la aparición del fenómeno del NIÑO o la NIÑA, éstas no deben ser manejadas en su punto de máximo rendimiento, sino, en “Puntos de Referencia Objetivo” es decir, plantearse una discusión respecto de qué es lo que se espera del manejo de una población de recursos pesqueros y la finalidad de la extracción. Por ejemplo, dar prioridad a la alimentación nacional.
Pesca Artesanal, condenada
Respecto de las regulaciones dirigidas hacia el sector pesquero artesanal, se plantea como una enorme solución el establecimiento de la franja de una milla como reserva para las embarcaciones menores de 12 metros de eslora. Sin embargo, a excepción de la pesquería de la Sardina, el actual estado de sobreexplotación de los recursos pesqueros produce que en la milla en cuestión no es posible extraer una importante cantidad de ejemplares que posibilite un ingreso económico a los pescadores artesanales. De hecho, en el Puerto de Lebu, las embarcaciones de las magnitudes señaladas extraen recursos recurrentemente fuera de las 5 millas de reserva para la pesca artesanal y hasta unas 30 millas de la costa.
Por cuanto, en vez de encerrar más a los pescadores artesanales a la costa, se debiera ampliar la franja reserva, por lo menos a unas 10 millas marinas. No obstante, aquello no es propuesto en el Proyecto de Ley.
Una de las medidas que más conflicto ha causado es la incorporación de un posicionador satelital en las embarcaciones pesqueras artesanales de más de 12 metros de eslora. Sin embargo, esto hay que analizarlo en un contexto de agotamiento de los recursos pesqueros y la regionalización que se aplica a los pescadores artesanales. Así, uno de los principales problemas de esto es el hecho que en el actual estado de escasez de los recursos pesqueros, muchas veces obliga a los pescadores artesanales a buscar caladeros fuera de la región de operación permanente a la que están determinados por la normativa.
Para proteger al pescador artesanal que capturan recursos para el consumo humano directo, aquella medida debe implementarse en las embarcaciones pesqueras sardineras y anchoveteras que destinan sus productos a la industria reductora de harina de pescado.
Es necesario comprender que la actividad extractiva pesquera artesanal es completamente diferente entre las categorías que establece la Ley de Pesca, tanto, en torno a la sustentabilidad de los recursos y el nivel de ingresos económicos. Así, la categoría denominada “Pescadores Propiamente Tal”, que agrupa a tripulantes, marinos, motoristas, patrones de pesca, etc. no debe estar zonificada a la región de operación permanente, es decir, debe considerarse la posibilidad que éstos se trasladen, al igual que cualquier otro trabajador nacional, por todo el país. De hecho, con esta medida no se pone en riesgo la sustentabilidad de los recursos pesqueros.
Otra modificación hacia el sector pesquero artesanal, es el cobro de una patente de 0,4 UTM por TRG (cálculo a partir del largo, ancho y alto de una embarcación) con lo cual se permitiría el ejercicio de la actividad. Así, una embarcación artesanal que por normativa debe tener un máximo de 50 TRG deberá pagar al año un total de 791.000 pesos. Si bien a la actividad industrial se aplica un mayor cobro por concepto de patente, no son comparables los niveles de ingresos de ambas actividades extractivas. De hecho, el Estado solo recauda un 1,5% de las ventas anuales del sector. Por cuanto, es menester, aplicar un Royalty a la actividad extractiva industrial, lo cual no es considerado en el Proyecto de Ley.
Los peces gordos se quedan con la pesca, indefinidamente
Respecto de la pesca industrial, las principales modificaciones que se plantea en el Proyecto de Ley, tienen relación con el acceso a ésta. De hecho, propone que en las pesquerías que se administren con una cuota global de captura, se crearán tres tipos de licencias “transables” de pesca. Licencias Clase A, Clase B y Clase C. Las licencias transables clase A y B serán entregadas en forma indefinida y la clase C serán anuales. Además, éstas serán divisibles, transferibles, trasmisibles y sujetas a cualquier tipo de negocio jurídico.
Las licencias Clase A serán entregadas a las industrias que ya tienen participación en la actividad extractiva, bajo el criterio “el que tiene mantiene”, es decir, las 10 familias dueñas del 80% de los recursos pesqueros, seguirán usufructuando de su control. Las licencias Clase B, buscan una licitación, que en lo concreto no tiene mayor sustento. De hecho, se plantea que cuando se extraiga un 15% menos que el límite máximo de rendimiento estimado, este remanente se licitarán y con ello aparecerán las licencias clase C, no obstante, las principales pesquerías están en colapso y sobreexplotadas, por cuanto, difícilmente podrán ser licitadas, ya que no existirá un remanente.
Así, simplemente, se busca perpetuar y facilitar el negocio a las grandes empresas y con ello permitir y posibilitar el arribo del gran capital trasnacional, esencialmente, Europeo y Chino, facilitado por los tratados de libre comercio ya firmados, que en la actualidad operan fuera de las 200 millas marinas y que han manifestado un notorio interes de operar en Chile (recordemos que poseemos uno de los cinco mares más productivos de vida del mundo y las costas de estos países ya están colapsadas).
Otra modificación que ha causado un impacto importante, tiene relación con la división de la cuota global de las doce principales pesquerías nacionales entre el sector Industrial y el sector Artesanal. Solamente un aumento de participación significativa se avanzó en el recurso Sardina Común (con la que hacen harina), pues a la industria le conviene aquello, ya que disminuye su inversión en embarcaciones y no les significa un mayor riesgo. La industria pesquera maneja el precio de compra de la sardina e incluso asignan préstamos a armadores artesanales para la construcción de embarcaciones, con lo que controla todo el proceso.
En el caso del Jurel, se obtuvo un aumento de un 5%, es decir, el sector artesanal tendría un 10% de la cuota y el industrial un 90%. En la Merluza Común un 40% artesanal y 60% industrial. Merluza del Sur un 60% artesanal y 40% industrial. Congrio Dorado, tal cual como es actualmente. Estas divisiones se proponen para un periodo de 20 años, sin embargo,  es fundamental disminuir aquel periodo de evaluación a 10 años.
Además, se plantea que se protegerá  del ingreso a las 5 millas de las embarcaciones industriales, sin embargo desde la Quinta Región hacia el sur, buscando proteger los intereses de los grandes grupos económicos que operan en el norte del país, liderados por la familia Angelini, que extraen la sardina que se distribuye dentro de esta franja de reserva y que se utiliza exclusivamente para fabricar harina.
Asimismo, el Proyecto de Ley no restringe la utilización de artes de pesca como el Arrastre, en el cual existe un consenso entre la comunidad especializada que es uno de los artes de pesca más destructivos utilizados en la actualidad.
En resumen, el Proyecto de Ley busca en lo concreto facilitar el negocio a los grandes capitalistas de la actividad industrial y facilitar el arribo del gran capital Internacional. Asimismo, plantea una potencial licitación que en lo concreto no se podrá realizar y encierra cada vez más al sector pesquero artesanal nacional.
Además, no es capaz de incorporar una visión normativa diferenciada hacia en el sector extractivo artesanal, por ejemplo, facilitar la operación en aquellos que extraen recursos para el consumo humano directo y violando incluso a la constitución, en lo relativo a la zonificación de los trabajadores de la pesca artesanal. Tampoco incorpora al mundo Mapuche Lafkenche. En definitiva, el Proyecto de Ley es un retroceso para nuestra soberanía y un brutal despojo de una fuente de alimentos para todo Chile.
*Asesor Técnico, Mesa Comunal de Pesca de Lebu
Un colonialismo que amenaza. “INTERNACIONALIZACIÓN Y LA PESCA COMO MONEDA DE CAMBIO” E-mail
Escrito por Lester Chavez Campbell (resumen.cl)   
Jueves, 24 de Mayo de 2012 00:00
La relación de la creciente clase burócrata con nuestro mar y la fuente de alimentos marinos que posee, se enmarca en el contexto globalizador capitalista neoliberal y una relación que sigue siendo colonial. Los gobiernos, tanto de la Concertación, esencialmente, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet y el actual Gobierno de la Coalición por el Cambio, de Sebastian Piñera, se han comportado muy fluctuantes respecto de la actividad pesquera dependiendo del patrón internacional con quien se negocia y/o los intereses económicos de los capitalistas pesqueros nacionales.
En el contexto nacional, la administración de las pesquerías ha privilegiado al gran capital industrial, en desmedro de las comunidades costeras dedicadas a la pesca artesanal. Sin embargo, en un contexto internacional, la preferencia del capitalista nacional es dejada a un lado por la preferencia al capital trasnacional. ¿A qué se debe esta situación? Las respuestas a esta pregunta se enmarcan en la simpleza de que “la actividad extractiva pesquera ha sido la moneda de cambio para ingresar en un acuerdo económico internacional otros rubros” como la agricultura, forestal y parte de la manufactura industrial. Esto fue lo que sucedió con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el ingreso de Chile a la O.C.D.E.
Acuerdo CHILE – Unión Europea
El 18 de noviembre del año 2002 se firmó el tratado de libre comercio entre Chile y la Unión Europea. Es menester y necesario destacar la concordancia temporal y la relación vinculativa existente entre el tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea y las negociaciones y lobbies que permitieron la promulgación, el año 2002, de la ley corta de pesca y con ello la privatización de las doce principales pesquerías (poblaciones de recursos pesqueros, por ejemplo: el jurel, la merluza, etc) nacionales entregándoselas a un par de familias privilegiadas. Cabe destacar que el gobierno de Ricardo Lagos fue quien concretó esta ley, que según las palabras del Ex – Senador y Ex – Secretario General del Partido Socialista de Chile Sr: Carlos Altamirano “ha sido el mejor gobierno de Centro de Derecha del último siglo”.
Así, una vez firmado el acuerdo comercial con la Unión Europea se estableció un Protocolo de Inversión Pesquera (P.I.P). Éste, responde a una política de la Comunidad Europea que se inicia en los años 70’ y continúa con el Régimen Comunitario de Pesca y de Acuicultura establecido el año 1992 y ratificado el 4 de junio de 1998. Con éste se produjo una importante reducción y disponibilidad de recursos pesqueros en aguas comunitarias europeas, por lo que se trasladó parte importante de esta enorme flota pesquera hacia otras latitudes, esencialmente, países en desarrollo. Por lo tanto, la firma del TLC con Europa representó una excelente oportunidad de inversión y con ello del crecimiento del negocio pesquero para los capitalistas europeos, principalmente españoles, ya que la biomasa pesquera estaba y sigue agotada en Europa.
El Protocolo de Inversión Pesquera (P.I.P) permitió  que empresas de la Comunidad Europea pudiesen adquirir un 51% de las acciones y con ello controlar la gerencia de las empresas pesqueras en Chile y a su vez los capitalistas chilenos podrían controlar la mayoría del capital y gerencia de las empresas pesqueras de la comunidad Europea. No obstante, en Europa ya no quedan recursos pesqueros disponibles. Por su parte, una empresa europea puede obtener tres derechos ligados a la actividad extractiva; a) Derecho a realizar faenas extractivas (derecho a pescar), b) Derecho a utilizar las embarcaciones de la empresa controlada y c) Derecho a extraer la fracción de la cuota para el recurso objetivo de dicha empresa.
Sin embargo, éste es solamente un engranaje de esta maquinaria que tiene por finalidad despojarnos del mar. Así, otro hecho trascendental derivado del T.L.C con la Unión Europea, tiene relación con entregar garantías de operatividad hacia los buques factorías europeos que realizan faenas extractivas frente a nuestras costas. Estas garantías buscan; a) Permitir y facilitar el abastecimiento de tripulantes, insumos y mercancías y b) Utilizar puertos nacionales para que recalen los buques y exporten desde allí.
El primer punto, se relaciona esencialmente con la pesca indiscriminada del recurso Jurel por buques factoría, principalmente, con bandera Española, Holandesa y Rusa. Así, se generó una gran tensión con los empresarios pesqueros nacionales los que ejercieron una continua presión al gobierno de Michelle Bachelet lo que obligó  a promulgar medidas legislativas que buscaban regular el abastecimiento de las naves que prestan servicios de apoyo logístico, avituallamiento o preparación de la pesca (tales como transporte de personas, del recurso, insumos o cualquier otro suministro).
El segundo punto, se relaciona esencialmente con la pesca indiscriminada del recurso Albacora. Debido a la limitación de los niveles de captura del pez espada (Albacora) en el Océano Atlántico establecida en los 90’s las pesqueras Europeas, esencialmente españolas, trasladaron sus actividades hacia el Sudeste del Océano Pacifico (Frente a Chile y Perú) y con ello la presión de estos por utilizar los puertos nacionales. Aquello, produjo una enorme tensión con la industria nacional, lo que llevó que la Asociación Nacional de Armadores de Buques Palangreros de Altura de España (ANAPA) a efectuar una denuncia en contra de Chile, la que fue presentada formalmente ante la Comisión Europea el 26 de mayo de 1998, apelando a la libertad de tránsito. Así, el 5 de abril del 2000, la comisión concluye que; si bien comparte el objetivo de conservar la especie, considera que cualquiera de las medidas encaminadas a ese fin deben tomarse de la manera que menos perturbe al comercio y no deben producir una discriminación arbitraria e injustificable. Asimismo, sostuvo que Chile no cumplió con la obligación que tienen los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC),  ya que equivale a una discriminación injustificable y arbitraria. Además, que la prohibición de desembarcar en los puertos chilenos viola el principio de la libertad de tránsito establecido.
Así, y debido a la “necesidad” de ingresar a la O.C.D.E y a las presiones internacionales el 16 de octubre de 2008 el gobierno de Michelle Bachelet, accedió a impulsar un pre – acuerdo, a escondidas del sector pesquero nacional, que debe ser ratificado por el Congreso Nacional y la Comisión de Pesca del Congreso de la Comunidad Europea. Éste fue consensuado por medio de una reunión entre la Cancillería Chilena y representantes de la Unión Europea. Aquel, buscaba entregar los puertos nacionales de Iquique, Antofagasta y Punta Arenas con la finalidad que buques factorías palangreros europeos pudiesen desembarcar y exportar la Albacora a través de ellos. Sin embargo, el 31 de noviembre del año 2011 la comisión de pesca del parlamento Europeo rechazó el acuerdo, ya que no consideraba el arribo de buques factorías de la comunidad, que capturan el recurso Jurel, los que también quieren ingresar a exportar por puertos nacionales.
Esta solicitud hecha por la Unión Europea de utilizar los puertos nacionales para exportar la Albacora y que sea extendida al Jurel, solamente es resistida desde el Estado chileno, respecto de la sustentabilidad del recurso, es decir, si los barcos factorías Europeos demuestran que extraen recursos que cumplen la legislación nacional respecto de la talla y arte de pesca la puertas serán abiertas. Lo anterior atenta contra todo tipo de soberanía, asimismo, es un golpe fatal hacia las comunidades de pescadores artesanales que viven de la extracción de la Albacora, pues los sitúa en un contexto de competencia comercial mayor, por lo que podría aumentar la cesantía y vulnerabilidad del sector.
Ingreso de Chile a la OCDE
El 11 de enero de 2010 Chile aceptó la invitación para ingresar a la O.C.D.E, instancia que influyó en el diseño de políticas públicas para diferentes sectores nacionales, entre ellos, la actividad extractiva pesquera, porque las decisiones del consejo son legalmente vinculantes. Así, un requisito para ingresar a la O.C.D.E es que el país miembro debe tener una economía de mercado y adherir a los principios de una economía abierta globalizada. De hecho, para el ingreso de Chile como país miembro, el 30 de noviembre de 2007 el Consejo aprobó la hoja de ruta  para su adhesión a la Convención de la O.C.D.E. Donde para el caso de nuestro país se incluyeron tres comités que examinarían las políticas nacionales respecto de sectores específicos: la pesca, el acero y la agricultura.
La O.C.D.E plantea que la gestión de la actividad extractiva de la Pesca debe basarse en los instrumentos del mercado, y con ello facilitar el ejercicio de la actividad económica (por ejemplo permitir la utilización de los puertos nacionales para las embarcaciones factorías que operan frente a las costas chilenas). Así, establece que la creación de derechos o permisos de pesca deben caracterizarse por: a) Derecho exclusivo a uso, b) Derecho a los beneficios y c) Derecho a la venta y/o transabilidad.
Por tanto, al parecer, lo que viene a coronar la torta de la internacionalización de los recursos alimentarios presentes en nuestro mar y que a su vez permite retroceder en nuestra soberanía alimentaria, tiene relación con el actual proyecto de Ley de Pesca que modifica la Ley “General de Pesca y Acuicultura” ingresado por el Gobierno de Sebastián Piñera el 14 de diciembre del recién pasado año, por medio, del Boletín N° 8091.
De las propuestas de modificación plasmadas en el Proyecto de Ley la que causa una mayor preocupación y se ajusta a la venta de nuestro mar y de los recursos alimentarios que contiene, se plasma en el inciso primero de la sustitución del articulo N°  31 que plantea que “Las licencias transables de pesca serán divisibles, transferibles, transmisibles, y susceptibles de todo negocio jurídico”.
Aquello, conlleva el inicio del término del proceso de internacionalización y despojo de nuestro mar, pues facilita el arribo de la enorme flota China, Rusa y Europea y con ello, la compra de empresas nacionales con los respectivos derecho a cuota. Asimismo, supone que facilita la utilización de nuestros puertos para el arribo de la flota factoría que operan fuera de las doscientas millas. Así, no habría necesidad de llegar a un juicio internacional (como lo que está sucediendo con la Albacora y se quiere ampliar al Jurel).
Por cuanto, es necesaria una unidad mayor del sector pesquero artesanal, ambientalistas, ecologistas, científicos y todos aquellos que quieran proteger nuestra soberanía alimentaria y con ello nuestro mar altamente productivo de vida.
A recuperar los recursos alimentarios para nuestra gente y con ello realizar nuestra “Soberanía Alimentaria”, derecho colectivo que es necesario incorporar como sentido común entre las personas.
 *Ingeniero en Acuicultura y Pesca
Asesor Técnico
Mesa Comunal de Pesca de Lebu
Comuna de Lebu – Provincia de Arauco

sábado, 8 de septiembre de 2012

Paradoja: Los chilenos consumen pescado de Vietnam E-mail
Escrito por Eduardo Fernandez Villa   
Miércoles, 05 de Septiembre de 2012 03:25
altGerente de Pymepes, entidad que agrupa a 40 pymes y plantas de proceso señaló en Comisión de Pesca del Senado, que la denomina Ley Longueira, no sólo está llevando a la extinción al sector, sino que impidiendo que los chilenos consuman pescado nacional y de calidad.

Sostuvo  que una forma de revertir esta situación, es considerar la moción presentada por 16 Senadores que les entrega un 10% de la licitación de la cuota industrial.  


04 de septiembre de 2012. En presentación realizada a la Comisión de Pesca del Senado, el gerente de Pymepes A.G, Alfredo Irarrázaval, señaló que la denominada Ley Longueira no sólo lleva a la extinción del sector, sino que impide que en el país se consuma pescado chileno de calidad.

Al respecto indicó, el representante de 40 pymes y plantas de proceso nacionales, “las autoridades de gobierno están privilegiando la importación de conservas desde Asia, como Vietnam, Tailandia y Marruecos, y la producción de harina, de la gran industria, para alimentar pollos y cerdos”. Agregó que, tal como lo ha reconocido el Subsecretario de Pesca,  “este tipo de políticas son las culpables que en Chile las familias consuman al año a penas 7kg. per cápita del vital alimento, en contraste con lo que ocurre en Perú, donde consumen 22 kgs.”, señaló Irarrázaval.

Por esta razón, y dado que la ley Longueira no incluye ninguna indicación a favor del sector, en contraste con lo que prometió el Presidente Piñera en su campaña, “exigimos que el  Senado nos dé la oportunidad de crecer y desarrollarnos, y no aumentar el  67%  de pymes del Biobío que  han tenido que cerrar por no tener acceso a la pesca”, puntualizó. 

De esta manera solicitan que los parlamentarios, consideren la moción presentada por 16 senadores y que a través de la licitación de la cuota industrial, entrega el 10% de ésta a las pequeñas empresas para su explotación. “Con esta medida se cumplirá  la palabra que nos dio el Presidente Piñera, y las pymes podremos emprender en la pesca, además de entregar valor agregado a nuestros productos, para que los chilenos consuman pescado de calidad”, concluyó  Alfredo Irarrázaval.

jueves, 6 de septiembre de 2012

Aceleración de Ley Longueira incumple compromisos con regiones y anula participación de Pueblos Originarios

Ilustración: Harol Bustos / El Ciudadano.
Una maniobra política ejercida por el Gobierno logró que la Comisión de Pesca y Acuicultura del Senado acordara votar esta semana la idea de legislar en general del proyecto de Ley de Pesca en la Sala, incumpliendo los compromisos de sesionar en regiones y vulnerando el Convenio 169 de la OIT. Esto, poque se apronta a hacer avanzar la aprobación de la Ley de privatización de los peces y no realizar antes la consulta a los Pueblos Originarios a la cual está obligada.
El senador democratacristiano y representante histórico de los intereses de los grandes industriales pesqueros de la Región del Bio-Bio, Hosaín Sabag, aprovechó la ausencia del senador Antonio Horvath, presidente de la Comisión de Pesca y Acuicultura, para imponer la voluntad del gobierno de agilizar la tramitación del proyecto de “Ley Longueira”.
Mientras el senador independiente Carlos Bianchi insistía en la importancia de dar cumplimiento a los compromisos de sesionar en regiones, Sabag, quien actuó como presidente accidental de la instancia, señalaba que era complicado, porque difícilmente podrían asistir todos los integrantes, debido a la agenda legislativa.
Así, quedo establecido que sólo luego que se vote el proyecto en general en la Sala, la Comisión de Pesca sesionará en regiones, pero tendría un plazo aproximado de dos semanas para presentar indicaciones al proyecto. Es decir, los senadores llegarían a acuerdos para aprobar la privatización del patrimonio pesquero nacional y luego viajarán a regiones, con la decisión tomada. La consulta a los Pueblos Originarios no fue abordada en el encuentro.  
La oscura maniobra se fraguó en la sesión de la Comisión de Pesca y Acuicultura del Senado realizada el lunes 3 de septiembre, cuando no asistieron el presidente de instancia legislativa Antonio Horvath, y el senador socialista Fulvio Rossi. Fue entonces cuando Sabag y el senador designado por la derecha Alejandro García-Huidobro, decidieron en una peculiar decisión por unanimidad entre ambos avanzar en la privatización del patrimonio pesquero nacional, sin antes consultar a los Pueblos Originarios y sesionar en las regiones.
Con esta maniobra la opinión de las regiones y lo obligatoria consulta a los Pueblos Originarios quedan absolutamente sin valora.
SENADORES INDUSTRIALESEl presidente accidental de la instancia, senador Hosaín Sabag, aseguró que “el proyecto de ley debe estar despachado con todos sus trámites legislativos a más tardar a fines de diciembre”.
Agregó que “en los próximos días, votaremos la idea de legislar de la iniciativa y una vez que vaya a la Sala y se apruebe en general, se abrirá el plazo para presentar indicaciones que esperamos no sea más allá de quince días. Entonces en ese plazo, esperamos que podamos ir a dos a tres regiones para conocer en terreno la opinión de los actores involucrados”.
A su vez, el integrante de la instancia, senador Alejandro García-Huidobro manifestó que “por unanimidad en la Comisión de Pesca acordamos que en los próximos días se votará la idea de legislar. Durante la sesión escuchamos a distintos sectores con el fin de ir formando un criterio y realizar todas las investigaciones necesarias para lo que será la futura ley “larga” de Pesca”.

jueves, 16 de agosto de 2012

INFORMAMOS QUE  EL NUMERO DEL SINDICATO 82876687  YA NO SE ENCUENTRA OPERATIVO PUES FUE ROBADO.... Y A LAS PERSONAS QUE TRATAN DE COMUNICARSE CON NOSOTROS ES TRATADO EN FORMA DESCORTÉS Y GROSERA, POR QUIEN REALIZO ESTE ACCIÓN, ROGAMOS  Y PEDIMOS ESCUSAS POR EL MAL RATO QUE PUDIEREN PASAR Y NO REALICEN LLAMADAS A TAL FONO , PRÓXIMAMENTE DAREMOS A CONOCER NUEVO TELÉFONO DEL SINDICATO...
LA DIRECTIVA "SINTRISAN".-

domingo, 5 de agosto de 2012

Juan Carlos Cárdenas, director de Ecocéanos: la Ley de Pesca significa la privatización absoluta del mar

 
Ha sido un tenaz opositor a la ley de pesca, recientemente aprobada en la Cámara de Diputados. Acusa al ministro Longueira de privatizar el mar y responsabiliza a los gobiernos de Lagos y Bachelet de pavimentar el camino. Sobre esta ley y sus consecuencias conversó con DILEMAS.
 
¿Cuáles son tus reparos al proyecto de ley de pesca recientemente aprobado en la Cámara de Diputados?
El proyecto fue presentado por el ministro y candidato presidencial Pablo Longueira, en conjunto con las grandes compañías pesqueras. Fue elaborado entre cuatro paredes y como traje a la medida para las siete familias que dominan el sector pesquero en Chile a través de cuatro grandes conglomerados que crearon el año pasado. Ellas controlan el 92% de las cuotas globales de pesca. Cabe señalar que Chile es el sexto país pesquero más importante del mundo en volumen de captura, y este sector genera alrededor de tres mil millones de dólares al año en exportaciones de recursos pesqueros.
 
Este proyecto, llamado “Ley Longueira”, representa un golpe al proyecto original de Piñera, impulsado por el anterior Ministro de Economía, Fontaine. En el se entregaba gratuitamente y a perpetuidad el 50% de las cuotas a las grandes compañías, pero el Estado se reservaba el 50% restante para licitarlo y permitir el ingreso de nuevas empresas al negocio, entre ellas las del propio Piñera. Pero además el Estado podría obtener algo de las rentas que generan los recursos pesqueros del país, porque hasta el día de hoy el 100% de esas rentas se las apropian las siete familias.
 
Se habla del “derecho histórico” que tienen estos grandes conglomerados… 
En el 2002, el entonces Presidente Lagos, como parte de la agenda pro-crecimiento y para obtener el respaldo del gran empresariado, decide reconocer el “derecho histórico” a las compañías que han invertido desde hace cincuenta años en el sector pesquero. Es cierto, han invertido, pero han recuperado la inversión mil veces y son responsables de que hoy día el 70% de las pesquerías en este país estén colapsadas o sobre explotadas. Es decir se benefició a los depredadores de los recursos pesqueros.
 
Las principales pesquerías han colapsado por sobre explotación. El sector empresarial pesquero, es rentista y tiene una visión de extracción minera de los recursos. Los extrae y los transforma en capital financiero, reubicándolos en otro sector. Usan el sector pesquero para una capitalización rápida y les da lo mismo la conservaciónLagos, plantea que hay que dar seguridad jurídica a estas empresas para que puedan seguir invirtiendo, y plantea crear un sistema de entrega de cuotas individuales de pesca de carácter transferible. Para ello recurre a estadísticas oficiales, pero absolutamente falseadas, en las cuales las compañías advertidas que venía este proceso, comenzaron a sobre declarar capturas los años anteriores, para aparecer con más volumen de la torta pesquera. Eso mientras a los pescadores artesanales se les decía que no lo hicieran porque después les iban a cobrar más impuestos. Por eso los artesanales sub declaraban lo que permitió a los industriales hacerse con el 90% de las cuotas de captura.
 
La modificación propuesta por Lagos duraba 10 años
Ese proyecto generó gran tensión y una fuerte resistencia de los pescadores artesanales, de las comunidades costeras y también de las ONG más cercanas al movimiento social, impidiendo el primer intento de Frei -en dos oportunidades lo bloqueamos-. Lagos aprendió la lección y ordenó a los Diputados y Senadores de la Concertación tras su proyecto, amenazándolos que de oponerse no serían nominados como candidato a las próximas elecciones. Salvo tres senadores y un par de diputados, todo el resto se alineó, luego Lagos habló con la Alianza y les pidió que ordenaran su sector y en 15 días aprobaron la modificación. 
 
Hábilmente les dijo: “esto va a ser temporal, vamos a ver cómo funciona este tipo de privatización en dos aspectos: conservación de los recursos y empleo y en diez años más -que finalizan en Diciembre-, vamos a ver la duración de estas cuotas y que lo que deberán pagar quienes obtengan estas cuotas, es decir, patentes, un royalty…” Lo que hizo fue dejar los temas “peludos” para más adelante.
 
¿Y cuál fue el resultado…?
Que las principales pesquerías colapsaron por sobre explotación. El sector empresarial pesquero, es rentista y tiene una visión de extracción minera de los recursos. Los extrae y los transforma en capital financiero, reubicándolos en otro sector. Usan el sector pesquero para una capitalización rápida y les da lo mismo la conservación. Hoy tenemos 70% de las principales pesquerías, colapsadas o sobre explotadas. Lo dijo el mismo ministro Fontaine en el 2010: “hay muchos actores en el sector y está sobreexplotada la pesquería, esto hay que ordenarlo y reducir los actores presentes y tener más eficiencia en la pesca”. Frente a esto reaccionaron las siete familias y organizaciones como la Sociedad Nacional de la Pesca y la Asociación de Industriales Pesqueros de la Octava Región, amenazando con recurrir a los tribunales. 
 
¿Volviendo al proyecto Longueira, cómo se gesta la aprobación?
Al día siguiente de asumir Longueira como Ministro de Economía, dice “aquí cambió la cosa, no se va a licitar nada porque el 100% de las pesquerías del país pertenecen a estas siete familias que han hecho una gran inversión histórica en los últimos cincuenta años”. 
 
Entonces negocia con la dirigencia de la CONFFEPACH y la CONAPACH y amenaza con licitar las cuotas artesanales, aun cuando no podría hacerlo legalmente, si no respaldan este proyecto y no se oponen a la licitación. Les ofrece que se junten con las grandes compañías y a cambio les daría un pequeño traspaso del porcentaje de cuotas, algo así como US 34 millones, para los dueños de las pequeñas pesqueras artesanales.
 
Tras un mes de negociaciones se firma un acuerdo de la mesa pesquera el 26 de septiembre de 2011. Con este acuerdo y el apoyo de los grandes empresarios pesqueros y el respaldo de las grandes confederaciones de la pesca artesanal, Longueira lanza un proyecto Express. En marzo comienza la negociación en las comisiones de la Cámara de Diputdos, realizándose unas 140 sesiones para ir empujando el proyecto y el 19 de julio pasado en una sesión maratónica de diecisiete horas el ministro logra el despacho de 300 observaciones, ¿Como lo hace? Toma el control de la Comisión de Pesca y dirige el proceso de votación junto con Larroulet, armando paquetes de observaciones en los cuales coloca la que él quiere aprobar con otras que responden al interés de otros sectores y dice, ¿uds. quieren esto?, tienen que aprobar esto otro y en diecisiete horas despacha trescientas observaciones.
El sistema de cuotas individuales transferibles de pesca significa que se puedan vender, comprar, arrendar en las corredoras de bolsas y en los bancos, con lo que se entra a la tercera fase de la pesquería, que es la pesquería especulativa. Como los grandes empresarios perciben que los recursos pesqueros van en caída libre por la sobre explotación, aunque todavía son recursos muy valiosos, en el futuro en los próximos cinco años, será más valioso tener los papeles de las cuotas de pesca para poder vender o comprarlas. En el futuro habrá más papeles de cuota de pesca tranzándose, que peces en el mar, esa es la última fase de disociación entre
 
Lo que aprobó la Cámara de Diputados es la idea de legislar, pero rechazó muchas indicaciones, como la licitación
El primer artículo que se vota, incorporado por la Comisión de Defensa de la Pesca Artesanal, que es la nueva confederación que reune 50 mil pescadores, decía que el Estado seguía siendo el dueño de los recursos pesqueros del país, y que los podía entregar en concesión por tiempo limitado finalizado el cual no se generaba ningún derecho de propiedad. Entonces Longueira y Larroulet operan con los parlamentarios de derecha, luego llegan a acuerdos con sectores de la Concertación y dicen, este punto necesita quórum calificado, hacen la primera votación y el resultado es de 50 a favor y 50 en contra, por lo que no alcanza el quórum y es rechazado. Seis diputados de la Concertación no asisten a la votación, curiosamente, o se parean con otros que están ahí y no votan para que no obtengan el quórum necesario.
 
¿Cuáles diputados?
Accorsi que el día anterior había hecho un discurso contra la privatización pesquera y no vota, Latorre de la DC, Alinco que no va a votar ese punto curiosamente, entonces uno piensa, que la influencia de estas grandes empresas, el dinero que manejan, parece que tienen efecto, porque como dicen los mexicanos “un cañonazo de US 34 millones no lo resiste cualquiera”. 
 
¿Cuáles son las consecuencias de esta aprobación?
Primero, se rechaza y se elimina el rol del Estado como dueño de los recursos pesqueros del país; segundo, se rechaza la posibilidad de licitar parte de las cuotas pesqueras lo que está contemplado en la ley que se está derogando, articulo 27 año 91; tercero, se reduce el área de protección de los pescadores artesanales de 5 millas a una milla; cuarto, se permite las operaciones de las flotas pesqueras de arrastre y de cerco en las áreas costeras, que son operaciones altamente destructivas pues no son selectivas; quinto, al sector pesquero artesanal lo constriñe en una región.
 
¿Qué es el sistema de cuotas individuales transferibles?
El sistema de cuotas individuales transferibles de pesca significa que se puedan vender, comprar, arrendar en las corredoras de bolsas y en los bancos, con lo que se entra a la tercera fase de la pesquería, que es la pesquería especulativa. Como los grandes empresarios perciben que los recursos pesqueros van en caída libre por la sobre explotación, aunque todavía son recursos muy valiosos, en el futuro en los próximos cinco años, será más valioso tener los papeles de las cuotas de pesca para poder vender o comprarlas. En el futuro habrá más papeles de cuota de pesca tranzándose, que peces en el mar, esa es la última fase de disociación entre la existencia de recursos físicos y la existencia de un instrumento de transferencia comercial especulativa.
 
¿Tu dirías que se privatiza el mar con esta ley definitivamente?
Absolutamente. Con la presidenta Bachelet comenzó el proceso de privatización de todo el borde costero. El 9 o 10 de marzo, el último proyecto que firmó entrega concesiones de acuicultura a las empresas salmoneras principalmente, para que las utilicen como hipotecas frente a sus deudas con el sector bancario. Esto significa entregar el borde costero y la columna de agua a las grandes empresas. Si estas no pueden pagar, recordemos que tienen US 2.000 millones en deuda luego de la crisis del virus de Anemia Infecciosa del Salmón (ISA), los bancos se harán cargo de las concesiones y podrán venderlas al mejor postor. 
 
Bachelet privatizó el litoral, ahora Piñera y Longueira privatizan los recursos pesqueros, pero el que gatilló todo eso es Lagos el 2002.
 
Hemos visto grandes movilizaciones radicales, tú dices que hubo vueltas de campana, vueltas de chaqueta, cooptaciones…….
Longueira impulsó un proceso de clientelismo del sector pesquero, que como dije comenzó con Lagos, se profundizó con Bachelet, convirtiendo a los pescadores en clientes del Estado, brindándoles préstamos, embarcaciones, capacitación e infraestructura, a cambio del voto, del apoyo político, apuntando especialmente hacia los dirigentes de las dos grandes confederaciones, CONAPACH y CONFEPACH. Por eso estos tipos firman un acuerdo con Longueira que este lo muestra a todos lados diciendo: “mi proyecto de ley tiene respaldo social”.
 
¡Y entonces quienes son los que luchan ahora?
Los que luchan son el sector de la pesca artesanal que frente a la traición de los dirigentes de estas grandes agrupaciones crean la Comisión Nacional de Defensa del Patrimonio Artesanal, cuya primera expresión es la movilización en Aysén. Esa gran movilización ciudadana es iniciada por los pescadores artesanales pertenecientes a la Comisión Nacional y que han estado a la cabeza de las movilizaciones en Chiloé, en Puerto Montt, en Concepción, en Maule, en Antofagasta. Uno de los costos del proyecto Longueira es la división del sector pesquero artesanal que hace unos 10 años atrás era una de las organizaciones sindicales más fuertes, tanto a nivel nacional como mundial. 
 
Ahora este acuerdo deja de lado a los pueblos originarios. Se dividieron las cuotas de pesca y no queda ni un kilo para los lafquenches, los huilliches o mapuches. Ellos tienen derecho a acceder a los recursos pesqueros. También resultan afectadas las PYMEs pesqueras, empresas pequeñas que no tienen flotas sino que compran a los pescadores artesanales y luego procesan en sus plantas. Una parte importante de su producción está destinada al consumo interno. Si los artesanales no tienen cuotas entonces desaparecen, por eso están luchando contra el proyecto porque los deja sin materia prima. 
 
¿Aparte de favorecer al gran empresariado pesquero que otros objetivos busca Longueira con este proyecto? 
Longueira está pavimentando su candidatura presidencial gracias al financiamiento que piensa obtener de las 7 grandes familias beneficiadas. Longueira se puede parar frente al conjunto de la derecha y mostrar como un logro político terminar con una de las reformas y privatizaciones pendientes de Pinochet y disponer del dinero para hacer la campaña. 
 
Ahora la iniciativa tiene que pasar al Senado ¿crees que hay posibilidades de revertir algo?
En el Senado puede pasar algo diferente a lo sucedido en la Cámara de Diputados, ya hay 15 senadores que firmaron un documento de oposición al proyecto Longueira. También cabe considerar que la discusión del proceso se dará muy cerca de las elecciones que vienen y a partir de Agosto cada senador, cada alcalde se convertirá en un pirata que luchará por los votos y por lo tanto se habrá espacio para la oposición. Aparte que Longueira está generando un nivel de rechazo tácito por la amenaza que significa para muchos de estos sectores, incluso de la propia derecha. 
 
A lo anterior, hay que sumar el proceso de construcción de una gran alianza ciudadana para oponerse a la privatización del mar y la eliminación de la pesca artesanal y los derechos ciudadanos. Un gran frente, donde va a estar la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Pesqueros, pescadores artesanales, la FECH, sectores progresistas de la Iglesia, sectores de científicos y académicos de universidades, los pueblos indígenas también. En Queule se van a reunir organizaciones representantes de lafkenches y huilliches, junto con académicos de la U. de Concepción y sectores de ONGs para ir construyendo esta alianza de oposición. 
 
Creemos que así como las movilizaciones de pescadores gatillaron la movilización del conjunto de la sociedad de Aysén, en esta nueva fase de lucha contra el proyecto Longueira podría gatillar un proceso de transformación política, pero desde las bases, desde la sociedad, contra un proyecto expropiatorio que representa a la dictadura en la actualidad.
 
El proyecto Longueira es extremadamente educativo en lo político y obliga a que todos los sectores salgan a la calle. En el sector de la pesca artesanal si pierden esta pelea desaparecen y se verán en la obligación de transformase de productores libres, autónomos, de comunidades con identidad cultural, en mano de obra barata y temporera para la industria pesquera, para la salmonicultura o las actividades de turismo. No van a tener acceso a los recursos y tendrán que vender los pocos porcentajes de cuotas que disponen a la industria y transformarse en trabajadores de las grandes empresas.