…que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha y viceversa… Despojo de nuestro mar y sus recursos alimentarios. Escrito por Lester Chavez Campbell (resumen.cl)
PARTE II: “INTERNACIONALIZACIÓN Y LA PESCA COMO MONEDA DE CAMBIO”
La relación de la creciente clase burócrata con nuestro mar y la fuente alimentos marinos que posee, se enmarca en el contexto globalizador capitalista neoliberal y un notorio razonamiento de “colonizado”. Si citamos un dicho popular para comprender mejor ésta sería; “que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha y viceversa”. Así, los gobiernos tanto de la Concertación, esencialmente, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet y el actual Gobierno de la Coalición por el Cambio de Sebastian Piñera se han comportado muy fluctuantes respecto de la actividad pesquera dependiendo del patrón de fundo internacional de turno con quien se negocia y/o los intereses económicos de los capitalistas pesqueros nacionales.
En el contexto nacional, la administración de las pesquerías ha privilegiado al gran capital industrial, en desmedro de las comunidades costeras dedicadas a la pesca artesanal. Aquello, se visualiza en el sector pesquero industrial debido a que poseen; a) la prioridad en el derecho a pescar, b) la prioridad al acceso preferencial de la captura, c) el 75% de la repartición de las cuotas globales de captura y d) la benevolencia a utilizar artes y/o aparejos de pesca de menor costo económico, a sabiendas del daño ambiental que provoca.
Sin embargo, en un contexto internacional, la preferencia del gran capitalista nacional es dejada a un lado por la tentativa del enorme capital trasnacional. De hecho, han sido los empresarios industriales pesqueros nacionales, por medio de la Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA), los que han trabado las negociaciones de diferentes tratados de libre comercio, tanto con países desarrollados como con bloques internacionales.
Entonces, ¿A qué se debe esta situación?. ¿A qué se debe este vaivén de la burocracia chilena?. ¿Cuál es la vinculación productiva histórica con los capitalistas nacionales?. Las respuestas a estas preguntas se enmarcan en la simpleza de que “la actividad extractiva pesquera ha sido la moneda de cambio para ingresar en un acuerdo económico internacional otras actividades productivas” como la agricultura, forestal y parte de la manufactura industrial. Esto fue lo que sucedió con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el ingreso de Chile a la O.C.D.E.
Lo anterior, no solamente marca un grave asunto que perjudica a enormes comunidades costeras que viven de la Pesca Artesanal, sino que también a los habitantes de nuestro país en general, debido, que se crea un marco normativo que tanto directa como indirectamente nos ha despojado de nuestro mar y de los sanos alimentos que contiene. De hecho, en Chile entre los años 1995 y 2003 la disponibilidad de de carnes terrestres aumentó un 20,6%, sin embargo, la disponibilidad de pescados y/o mariscos disminuyo un 33%, asimismo, en el año 1995 se exportaba el 85% de la producción y el año 2003 el 90% de la producción pesquera nacional1. Así, se desarrolla una percepción cotidiana en las personas que tiende a no visualizar en el mar una fuente de alimentos necesaria de incorporar en la dieta de las personas. ¿Usted ha visto en la televisión un comercial que diga “coma pescado” así como se nos invita a comer cerdo, pollo, hamburguesas, tomar y comer leche?. La respuesta más probable es NO.
De este despojo y desconocimiento del mar como fuente de alimentación se ha aprovechado la industria de la carne terrestre y la de la comida rápida para crearnos hábitos alimenticios que tiene enormes consecuencias en la salud de la población, por ejemplo; el 21% de los niños que cursan el primer año básico de enseñanza poseen obesidad2, el 62% de la población posee sobre peso y/o obesidad y los problemas cardiovasculares son la principal causa de muerte por enfermedades no transmisibles3. Asimismo, se estima que el costo de vida de una persona obesa aumenta entre un 17% y 54% respecto de una persona con un índice de masa corporal normal, estos, se manifiestan esencialmente en; consultas médicas, farmacia, exámenes y ausentismo laboral4.
Los principales tratados comerciales internacionales que amenazan y ponen en riesgo nuestra soberanía alimentaria son el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el Ingreso de Chile a la O.C.D.E. Leamos con atención un poco:
Acuerdo CHILE – Unión Europea
El 18 de noviembre del año 2002 se firmó el tratado de libre comercio entre Chile y la Unión Europea. Durante el desarrollo de las negociaciones y según la prensa nacional las materias pesqueras fueron la principal traba, de hecho, la Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA) fue la principal organización que puso obstáculos a la concreción del acuerdo económico, dado el interés de los capitalistas europeos de operar dentro de la Zona Económica Exclusiva nacional e ingresar a los puertos chilenos.
Es menester y necesario destacar la concordancia temporal y la relación vinculativa existente entre el tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea y las negociaciones y lobbies que permitieron la promulgación, el año 2002, de la ley corta de pesca y con ello la privatización de las doce principales pesquerías nacionales entregándoselas a un par de familias privilegiadas que impulso el gobierno de Ricardo Lagos, que según las palabras del Ex – Senador y Ex – Secretario General del Partido Socialista de Chile Sr: Carlos Altamirano “ha sido el mejor gobierno de Centro de Derecha del último siglo”.
Así, una vez firmado el acuerdo comercial con la Unión Europea se estableció un Protocolo de Inversión Pesquera (P.I.P). Éste, responde a una política de la Comunidad Europea que se inicia en los años 70’. De hecho, el 20 de diciembre de 1992 se estableció un Régimen Comunitario de Pesca y de Acuicultura, el que fue modificado por el Acta de Adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia y por el Reglamento (CE) Nº1181/98 del Consejo, de 4 de junio de 19985, es decir, cuatro años antes de la firma del tratado de libre comercio. Con ello se produjo una importante reducción y disponibilidad de recursos pesqueros en aguas comunitarias europeas, por lo que se trasladaron las flotas pesqueras hacia otras latitudes, esencialmente países en desarrollo. De hecho, actualmente el 80% de los productos pesqueros que abastecen el mercado europeo proviene de capturas realizadas en aguas no comunitarias, esencialmente, América Latina y África.
El país de la Comunidad Europea que posee mayores intereses en la actividad pesquera es España, que es uno de los principales destinos de las exportaciones pesqueras chilenas. El ingreso de España a la comunidad europea en el año 1986 supone un punto de inflexión en la relación de la Comunidad con América Latina ya que ésta ultima estuvo fuera de la agenda comunitaria, así, desde la integración de España, América Latina ha ido cobrando un mayor peso relativo en la política comercial convencional de la Unión Europea6. España abastece el 33% de los productos pesqueros que se destinan al mercado europeo, además, en la fecha de las negociaciones del tratado de libre comercio poseía una enorme flota inactiva, es decir, no tiene pesca debido al cierre de los principales caladeros de extracción pesquera. Por lo tanto, la firma de éste representa una excelente oportunidad de inversión y de hacer crecer el negocio para los capitalistas pesqueros europeos y principalmente españoles ya que la biomasa pesquera está agotada en Europa.
El Protocolo de Inversión Pesquera (P.I.P) permite que empresas de la Comunidad Europea, según lo definido en su artículo 131, posean una parte de la mayoría del capital de acciones ordinarias y con ello controlar la gerencia de las empresas pesqueras en Chile, a su vez los capitalistas chilenos podrán controlar la mayoría del capital y gerencia de las empresas pesqueras de la comunidad Europea siempre y cuando la legislación de ese estado miembro de la comunidad así lo permita. No obstante, en Europa ya no quedan recursos pesqueros disponibles.
Entonces, a través de este Protocolo de Inversión Pesquera (P.I.P) una empresa europea, por medio, del control de una pesquera que opera en Chile, podrá obtener tres derechos ligados a la actividad extractiva;
Derecho a realizar faenas extractivas (derecho a pescar).
Derecho a utilizar las embarcaciones de la empresa controlada.
Derecho a extraer la fracción de la cuota para el recurso objetivo de dicha empresa.
Así, con tan solo un contrato de compra (que depende de la acumulación del capital de la empresa europea) se obtienen derechos de pesca que consolida a nuestro país como un recipiente de recursos naturales que pueden ser explotados a nivel internacional, independiente de nuestra soberanía alimentaria, por quien posea suficiente dinero para ello.
Sin embargo, el Protocolo de Inversión Pesquera (P.I.P), es solamente un engranaje de esta maquinaria que tiene por finalidad despojarnos del mar. Así, otro hecho trascendental derivado del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, tiene relación con entregar garantías de operatividad hacia los buques factorías europeos que realizan faenas extractivas frente a nuestras costas. Estas garantías buscan;
Permitir y facilitar el abastecimiento de tripulantes, insumos y mercancías.
Utilizar puertos nacionales para que recalen los buques y exporten desde allí.
El primer punto, se relaciona esencialmente con la pesca indiscriminada del recurso Jurel (Tranchurus picturatus murphyi) por buques factoría principalmente con bandera Española, Holandesa y Rusa. Así, se generó una gran tensión con los empresarios pesqueros nacionales quienes por medio de la Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA) ejercieron una continua presión al gobierno de Michelle Bachellet. Motivo de ello el año 2004 se promulgó el Decreto Supremo N° 123, que regula las faenas pesqueras extractivas en alta mar. Sin embargo, debido al continuo proceso de abastecimiento desde los puertos nacionales hacia los buques factoría que operan fuera de las 200 millas, el 31 de enero del 2010 se amplió el marco regulatorio del Decreto Supremo N° 123 por el Decreto Supremo N° 329, con la finalidad de regular el abastecimiento de las naves que presten servicios de apoyo logístico, avituallamiento o preparación de la pesca (tales como transporte de personas, del recurso, insumos o cualquier otro suministro). Así, éstas ahora deberán solicitar acceso a puerto, el que será otorgado cuando las embarcaciones cumplan con la normativa local, por ejemplo, respecto de las tallas mínimas de captura7.
El Decreto Supremo N° 329, apareció en esencia debido a las conclusiones de la reunión de la Organización Regional del Pacífico Sur (ORP) realizada en noviembre de 2009 en Nueva Zelanda, en la que estipuló que se permitirá la operación de un mayor número de naves extranjeras en alta mar, sin límites de cuotas, hasta que entre en vigencia la nueva organización denominada “Organización de Manejo Pesquero Regional para el Pacífico Sur (SPRFMO)”, lo que debiese ocurrir no antes de tres años. Con la medida implementada se estima que se elevaría desde 34 barcos (principalmente de Rusia, China y la Unión Europea) a 56 naves factorías extranjeros operando en alta mar frente a las costas chilenas.
El segundo punto, se relaciona esencialmente con la pesca indiscriminada del recurso Albacora (Xiphias gladius). Todo comienza en los años 90’s cuando la Comisión Internacional para la Convención del Atún Atlántico, de la que es parte la Unión Europea, recomendó limitar la captura del pez espada (Albacora) en el Océano Atlántico. Esto impulso a las pesquerías españolas a trasladar sus actividades hacia el Sudeste del Océano Pacifico (Frente a Chile y Perú). Como respuesta a ello y debido a la presión del sector pesquero nacional el Estado chileno, el año 1999 promulga el Decreto Supremo N° 598 que reconoce que los ejemplares capturados del Pez Espada o Albacora (Xiphias gladius) pertenecen a la misma población que habita en la Zona Económica Exclusiva, por lo que las medidas de conservación nacional (talla mínima y regulación del arte de pesca) son aplicables. Por tanto, se prohíbe el desembarque de capturas de la especie pez espada, o de productos derivados de éstas, provenientes de alta mar, cuando se hubieren obtenido en contravención a las medidas de conservación nacional. Aquello, obligo a las naves factorías europeas a desembarcar en países como Perú o Ecuador.
Por su parte la Asociación Nacional de Armadores de Buques Palangreros de Altura de España (ANAPA) efectuó una denuncia en contra de Chile, la que fue presentada formalmente ante la Comisión Europea el 26 de mayo de 1998, apelando a la libertad de tránsito. Sobre esa base, el denunciante solicitó a la Comisión que tomara las medidas necesarias para convencer a Chile que anulara estas medidas. La Comisión estimó que la denuncia contenía pruebas suficientes para justificar la iniciación de un procedimiento de investigación comunitario con arreglo al artículo 8 del Reglamento (CE) N3286/94 del Consejo. En consecuencia dicho procedimiento se inició el 10 de julio de 1998.
Así, el 5 de abril del 2000, la comisión concluye que; si bien comparte el objetivo de conservar la especie, considera que cualquiera de las medidas encaminadas a ese fin deben tomarse de la manera que menos perturbe al comercio y no deben producir una discriminación arbitraria e injustificable. Asimismo, sostuvo que Chile no cumplió con la obligación que tienen los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en orden a emprender serios esfuerzos para negociar medios consensuales de protección y conservación de los recursos marinos vivos con todos los miembros interesados, en vez de tomar medidas unilaterales y discriminatorias, por lo que se considera que la aplicación de las medidas chilenas equivale a una discriminación injustificable y arbitraria. Además, que la prohibición de desembarcar en los puertos chilenos viola el principio de la libertad de tránsito establecido.
Al parecer, debido a la necesidad de ingresar a la O.C.D.E y a las presiones internacionales el 16 de octubre de 2008 el gobierno de Michelle Bachellet, accedió a impulsar un pre – acuerdo, a escondidas del sector pesquero nacional, que debe ser ratificado por el congreso Nacional y la Comisión de Pesca del Congreso de la Comunidad Europea. Éste fue consensuado por medio de una reunión entre la Cancillería Chilena y representantes de la Unión Europea. Aquel busca poder utilizar los puertos nacionales de Iquique, Antofagasta y Punta Arenas con la finalidad que los buques factorías palangreros europeos puedan desembarcar y exportar la Albacora por ellos siempre y cuando se cumplan requisitos para conservar la especie, asimismo, se crea un comité científico internacional (en conjunto con la Unión Europea) para la pesquería de la Albacora. Sin embargo, el 31 de noviembre del año 2011 la comisión de pesca del parlamento Europeo rechaza el acuerdo ya que no considera el arribo de buques de la comunidad europea que capturan el recurso Jurel (Tranchurus picturatus murphyi) que también quieren ingresar a desembarcar por puertos nacionales.
Esta solicitud hecha por la Unión Europea de utilizar los puertos nacionales para desembarcar la Albacora y que sea extendida al Jurel, solamente es resistida desde el Estado chileno, respecto de la sustentabilidad del recurso, es decir, si los barcos factorías Europeos demuestran que extraen recursos que cumplen la legislación nacional respecto de la talla y arte de pesca la puertas serán abiertas. Lo anterior atenta contra todo tipo de soberanía, asimismo, es un golpe fatal hacia las comunidades de pescadores artesanales que viven de la extracción de la Albacora ya que los sitúa en un contexto de competencia comercial mayor, por lo que podría aumentar la cesantía y vulnerabilidad del sector.
No obstante lo anterior y sin su perjuicio, la comunidad Europea tratará de ingresar y con ello utilizar los puertos nacionales. De hecho, ya incorporaron un reclamo formar ante la Organización Mundial de Comercio (O.M.C). Además, el capricho por parte de la clase burócrata y los burgueses nacionales de ingresar a la O.C.D.E les hace olvidarse del mar y con ello tomar pre – acuerdos sin consulta a los actores, por lo tanto, seguir utilizando el mar como moneda de cambio.
Ingreso de Chile a la OCDE
El 15 de diciembre del año 2009 el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (O.C.D.E) decidió por unanimidad invitar a Chile a ser su miembro 31. Con la firma del acuerdo para su ingreso el 11 de enero del 2010, Chile acepto dicha invitación. Ahora, si bien la O.C.D.E, en el papel no es un espacio que permite acuerdos concretos de comerciales de libre comercio, por medio, del lobbie los representantes de los diversos países miembros pueden hacerlo. Sin perjuicio de aquello, es un espacio que influye en el diseño de políticas públicas para diferentes sectores nacionales entre ellos la actividad extractiva pesquera ya que las decisiones del consejo son legalmente vinculantes.
Así, un requisito para ingresar a la O.C.D.E es que el país miembro debe tener una economía de mercado y adherir a los principios de una economía abierta globalizada. Para el ingreso de Chile como país miembro el 30 de noviembre de 2007 el Consejo aprobó la hoja de ruta de para su adhesión a la Convención de la O.C.D.E. Donde para el caso de Chile se incluyeron tres comités que examinarían las políticas nacionales respecto de sectores específicos: la pesca, el acero y la agricultura8.
La O.C.D.E plantea que la gestión de la actividad extractiva de la Pesca debe basarse en los instrumentos del mercado, y con ello facilitar el ejercicio de la actividad económica (por ejemplo permitir la utilización de los puertos nacionales para las embarcaciones factorías que operan frente a las costas chilenas). Así, establece que la creación de derechos o permisos de pesca deber caracterizarse por: a) Derecho exclusivo a uso, b) Derecho a los beneficios y c) Derecho a la venta y/o transabilidad.9
Por tanto, al parecer, lo que viene a coronar la torta y permite retroceder en el resguardo de nuestro mar tiene relación con el actual proyecto de Ley de Pesca que modifica la Ley “General de Pesca y Acuicultura” ingresado por el Gobierno de Sebastian Piñera el 14 de diciembre del recién pasado año, por medio, del Boletín N° 8091.
De las propuestas de modificación plasmadas en el Proyecto de Ley la que causa una mayor preocupación y se ajusta a la venta de nuestro mar y de los recursos alimentarios que contiene, se plasma en el inciso primero de la sustitución del articulo N° 31 que plantea que “Las licencias transables de pesca serán divisibles, transferibles, transmisibles, y susceptibles de todo negocio jurídico”.
Aquello, conlleva el inicio del término del proceso de internacionalización y despojo de nuestro mar ya facilita el arribo de la enorme flota China, Rusa y Europea y con ello la compra de empresas nacionales con los respectivos derecho a cuota. Asimismo, supone que facilita la utilización de nuestros puertos para el arribo de la flota factoría que operan fuera de las decientas millas, ya que ésta pertenece a las grandes empresas pesqueras internacionales que gustosas comprarían las licencias de pesca. Así, no habría necesidad de llegar a un juicio internacional (como lo que está sucediendo con la Albacora y se quiere ampliar al Jurel).
Por cuanto, es necesaria una unidad mayor del sector pesquero artesanal, ambientalistas, ecologistas, científicos y todos aquellos que quieran proteger nuestra soberanía alimentaria y con ello nuestro altamente productivo mar. A recuperar los recursos alimentarios para nuestra gente y con ello realizar nuestra “Soberanía Alimentaria”, derecho colectivo que es necesario incorporar como sentido común entre las personas.
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(1)Mendoza Carolina, Pinheiro Anna C y Amigo Hugo, 2007. Evolución de la Situación Alimentaria en Chile. Revista Chilena de Nutrición. Vol 34, N° 1.
[2] Rodríguez Lorena, 2007. Situación nutricional del escolar y adolecente en Chile. Revista Chilena de Pediatría. Vol 78(5): 523 – 533.
[3] Mendoza Carolina, Pinheiro Anna C y Amigo Hugo, 2007. Evolución de la Situación Alimentaria en Chile. Revista Chilena de Nutrición. Vol 34, N° 1.
[4] Zárate Aldo, Crestto Marco, Maiz Alberto, Ravest Gonzalo, Pino Maria Ines, Valdivia Gonzalo, Moreno Manuel y Villarroel Luis, 2009. Influencia de la obesidad en los costos en salud y en el ausentismo laboral de causa medica en una cohorte de trabajadores. Revista Medica Chilena. Vol 137: 337 – 334.
(5) Canales Patricia y Loiseau Virginie, 2002. ADMINISTRACIÓN DE LAS PESQUERIAS Y EL SISTEMA DE MANEJO DE CUOTAS EN LA UNION EUROPEA, FRANCIA, ESPAÑA Y ARGENTINA. Serie de Estudios de Anticipación, Biblioteca del Congreso Nacional. Valparaíso, Chile.
[6] Blanc Altemir, 2005. Los Tres Pilares del Acuerdo de Asociación Chile – Unión Europea: Diálogo Político, Cooperación y Comercio. Revista de Estudios Internacionales.
[7] Fitch Ratings, 2010. Informe Sectorial del Sector Pesca y Acuicultura Chileno. Santiago, 2010.
[8] Sáez Raul, 2010. La O.C.D.E y el Ingreso de Chile. Estudios Internacionales, Instituto de Estudios Internacionales – Universidad de Chile. 166: 93 – 122.
[9] Beltrand Le galo, 2003. ¿Por qué es difícil para los gobiernos para avanzar hacia la uso de mercado de las herramientas en la pesca?. División de Pesca de la OCDE. XV Conferencia Anual EAFE, Brest, 14 a 16 de mayo 2003.Fitch Ratings, 2010. Informe Sectorial del Sector Pesca y Acuicultura Chileno. Santiago, 2010.
martes, 14 de febrero de 2012
…y ese mar que tranquilo te baña, ¿A quién le promete el futuro esplendor?
Escrito por Lester Chavez Campbell
Sábado, 31 de Diciembre de 2011 16:48
HISTORIA DE UN DESPOJO. PARTE I
Una estrofa de la canción nacional, aquella, que a muchos les hace hinchar el pecho, dice textualmente: “Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor”. Bueno, en cuanto a lo tranquilo hay que preguntárselo a los científicos del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) que dijeron posterior al terremoto del 27/F del 2010, con una peligrosa y espantosa seguridad de verdad, ¡NO HAY MAREMOTO!. No obstante, como todos sabemos si hubo. De hecho, producto de éste en la comuna de Constitución murieron más de un centenar de personas y en la localidad de Dichato (Comuna de Tomé, Provincia de Concepción) murieron 25 personas. O quizás; también hay que preguntárselo a las miles de familias que aun están damnificadas entre la quinta y novena región y que todavía, y por lo menos por un año más vivirán en campamentos, llamados coloquialmente aldeas. Sin embargo, lo que nos interesa en este escrito tiene relación con el FUTURO ESPLENDOR. Así, a modo de responder la pregunta ¿A quien el mar le promete y asegura un futuro esplendor?. Pongamos atención en lo siguiente. Para comprender el cómo los diferentes gobiernos, desde la vuelta a la “democracia”, han privilegiado a uno pocos con las enormes riquezas inherentes en nuestro mar, que en conjunto con el que baña las costas de Perú son unos de los cinco mares más productivos del mundo debido a la presencia del régimen oceanográfico de la Surgencia, debemos primero situarnos en el contexto de la sobre – explotación de los recursos pesqueros en Chile. La sobre – explotación, a mi juicio, se relaciona con la concatenación de tres variables; a) el Modelo Económico Exportador, b) la desvinculación entre “lo político y lo técnico” y c) la utilización de artes y aparejos de pesca que aceleran la sobre explotación. El modelo económico exportador se basa esencialmente en producir para la exportación. Lo que es potenciado con los continuos tratados de libre comercio que suscriben quienes nos “gobiernan”. Así, aparece una demanda que en la práctica adquiere ribetes de infinitud, imagínense lo que significa tratar de abastecer con alimentos marinos los mercados de China y la India. Esta enorme demanda repercute aumentando la presión de producción hacia las fuentes de alimentación, tanto n el mar como en la tierra. El problema, es que en el mar no se tiene la certeza de cuál es la biomasa real de un recurso en particular, por cuanto, las poblaciones marinas deben ser manejadas con criterios precautorios. No obstante, la Ley N° 18.892 “General de Pesca y Acuicultura” no establece aquello. Lo anterior debe ser concatenado con la grosera y peligrosa desvinculación existente entre “lo político y lo técnico”. Así, si bien los técnicos, utilizando métodos científicos avalados internacionalmente, estiman una cuota global anual de extracción de un recurso en particular, la última palabra la tiene el Consejo Nacional de Pesca (integrado por; 3 altos cargos públicos políticos de confianza del Gobierno de Turno, 7 consejeros delegados por el Gobierno de turno, 7 representantes de los empresarios, 7 representantes de los sindicatos laborales de las empresas productoras y de transformación y 5 representantes de los pescadores artesanales) los que bajo la tentativa de satisfacer el enorme mercado internacional ampliaban en forma directa las cuotas anuales de pesca. Asimismo, hay que adicionar el hecho que todavía se sigue utilizando artes y aparejos de pesca que aceleran la sobre – explotación de los recursos marinos. De ellos los sistemas y redes de arrastre son el que produce un mayor impacto negativo, por; a) la escaza selectividad respecto de la especie objetivo y la talla en los individuos de los recursos capturados, b) el daño que produce al ambiente marino al generar en su operación una alteración físico – químico – biológico al entrar en contacto con el fondo de manera permanente, elevando el sedimento existente allí y destruyendo a su paso y sin distinción hábitat y nichos ecológicos y c) el daño que produce a la cadena trófica al acelerar la tendencia a la sobre – explotación de un determinado recurso y su fauna acompañante, por la captura incidental y el incentivo a la práctica de descarte. De hecho, en la pesca con arrastre para la Merluza Común, se captura incidentalmente alrededor de 92 especies en total. De las cuales 42 especies son peces, 24 son tiburones y rayas, 4 son cefalópodos como la jibia y 19 son crustáceos, estrellas y esponjas. Así, una vez reconocido el estado de sobre – explotación de las principales pesquerías nacionales, en el año 2002 el gobierno, del Militante del Partido Socialista de Chile, Ricardo Lagos Escobar, que según las palabras del Ex – Senador y Ex – Secretario General del Partido Socialista de Chile Sr: Carlos Altamirano “ha sido el mejor gobierno de Centro de Derecha del último siglo” privatizo las 12 principales pesquerías nacionales (Jurel, Anchoveta, Sardina Española, Sardina Común, Merluza Común, Merluza de Cola, Merluza Austral, Merluza de Tres Aletas, Congrio Dorado, Camarón Naylon, Langostino Colorado y Langostino Amarillo) entregándoselas en ese entonces a 8 empresas nacionales y 2 extranjeras. Sin embargo, dado la condición de sobre – explotación y colapso de pesquerías como el Jurel y la Merluza Común, en la actualidad y por medio del proceso de fusión empresarial son 5 empresas nacionales y 2 trasnacionales extranjeras. En el Norte de Chile, desde el límite con Perú hasta el límite sur de la cuarta región, se extraen con cuota tres especies de peces; la Anchoveta, la Sardina Española y el Jurel. La extracción de ellos está dominada por tres empresas que en conjunto se llevan el 80,2% de la cuota industrial. Estas son (promedio entre el 2007 y 2011); a) CORPESCA S.A, perteneciente al grupo Angelini, con el 50,4% de la cuota industrial para peces en esta zona, b) Pesquera Camanchaca S.A (Actualmente fusionada con Pesquera Bío – Bío S.A), perteneciente a las familias Fernández, Meléndez y Stengel, con el 15,7% de la cuota industrial para peces en esta zona y c) Pesquera ORIZÓN S.A (fusión entre pesquera SPK S.A y Pesquera San José S.A) perteneciente al grupo Angelini y las familias Lecaros Meléndez y Jorge Matetik, con el 5,4% de la cuota industrial para peces en esta zona. De los recursos mencionados destaca la extracción de la Anchoveta, en donde solamente CORPESCA S.A posee una cuota anual que supera las 800.000 toneladas, volumen de extracción que es más del doble del que se entrega al sector pesquero artesanal del país y representa cerca del 70% de la cuota de extracción para esa especie a nivel nacional. Captura que es destinada en un ciento por ciento a producir Harina de Pescado, de hecho, es la principal empresa exportadora de Harina de Pescado del mundo produciendo cerca del 6% de la oferta mundial. Para la zona comprendida entre el límite norte de la quinta región de Valparaiso y el límite norte de la Isla Grande de Chiloé (Región de Los Lagos), se extraen con cuota seis especies de peces; el Jurel, la Anchoveta, la Sardina Común, la Merluza de Cola y la Merluza Común. La extracción de ellos está dominada por cuatro empresas que se llevan en conjunto el 50,2% de la cuota industrial para peces. Estas son (promedio entre el 2007 y 2011); a) Pesquera Bluemar S.A (fusión entre Pesquera El Golfo S.A y Pesquera Itata S.A) perteneciente a las familias Santa Cruz, Yaconi y Sarquis, con el 16,0% de la cuota industrial para peces en esta zona, b) Pesquera ORIZÓN S.A (fusión entre Pesquera S.P.K S.A y Pesquera San José S.A) perteneciente al grupo Angelini y las familias Lecaros Meléndez y Jorge Matetik, con el 13,8% de la cuota industrial para peces en esta zona, c) Pesquera Camanchaca S.A (Actualmente fusionada con Pesquera Bío – Bío S.A), perteneciente a las familias Fernández, Meléndez y Stengel, con el 12,9% de la cuota industrial para peces en esta zona y d) Pesquera Alimentos Marinos S.A (ALIMAR), perteneciente al grupo Izquierdo – Meléndez, con un 7,5% de la cuota industrial para peces en esta zona. Para la zona comprendida entre el límite norte de la Isla Grande de Chiloé (Región de Los Lagos) y el límite sur de la XII región de Magallanes, se extraen con cuota cuatro especies de peces; la Merluza de Tres Aletas, el Congrio Dorado, Merluza Austral, Merluza de Cola. La extracción de ellos está dominada por dos empresas trasnacionales que en conjunto se llevan el 80,7% de la cuota industrial para peces. Estas son (promedio entre el 2007 y 2011); a) Empresa de Desarrollo Pesquero (EMDEPES) S.A, perteneciente a la empresa Japonesa Nippon Suisan Kaisha, la que controla el 63,4% de la cuota industrial para peces en esta zona, de hecho, posee el control de la Merluza de Cola y la Merluza de Tres Aletas, donde, para este último recurso pesquero posee el 98% de la cuota industrial nacional para esta especie y b) Pesca Chile S.A, filial chilena de la trasnacional española Pesca Nova S.A la que devora los mares de 21 países. Ésta empresa posee el control del 17,3% de la cuota industrial para peces en esta zona, de hecho, controla la pesquería del Congrio Dorado y la Merluza Austral. Otro hecho trascendental para comprender la continuidad de la relación con el mar que han tenido los diferentes “gobiernos” nacionales, es la Privatización del Mar ocurrido durante el gobierno de la militante del Partido Socialista de Chile, Michelle Bachelet Jeria (más de 35 años después que otro presidente y miembro del Partido Socialista de Chile nacionalizara la Industrial del Cobre). La privatización del mar se relaciona con el colapso de la industria salmonera que se concentra en la zona sur del país. Éste se explica esencialmente por los elevados costos de producción que hacían recurrir al crédito de la banca y las malas prácticas ambientales y sanitarias, que se manifestó con fuerza con la aparición del virus ISA. Así, durante el año 2009 se modificó la Ley N° 18.892 “General de Pesca y Acuicultura” por la Ley N° 20.434 sustituyendo el articulo N° 81 e incorporando el articulo N° 81 bis. Aquella modificación permite que las empresas samoneras dueñas de una concesión de acuicultura puedan amortizar la deuda acumulada con la banca (que ascendía a mas de 2.000 millones de dólares, donde, el gobierno de Chile le entregó a los salmoneros 400 millones de dólares para pagar en parte la deuda y con ello poder repactar). Esta amortización se realizaba por medio de hipotecar las concesiones de acuicultura con la banca, lo que no es menor considerando el cada vez es mayor interés y competencia por obtener un espacio de mar. Lo que viene a coronar el despojo de nuestro mar es el Proyecto de Ley que modifica la “Ley General de Pesca y Acuicultura” propuesto por el actual gobierno de Sebastian Piñera Echeñique. Éste ingresó a la Comisión de Pesca y Acuicultura el pasado 14 de diciembre, por medio, del Boletín N° 8091. Dentro de las modificaciones que incorpora, la de mayor preocupación es la que se plasma en el inciso primero de la sustitución del articulo N° 31 que plantea que “Las licencias transables de pesca serán divisibles, transferibles, transmisibles, y susceptibles de todo negocio jurídico”. La incorporación de este articulo conlleva un enorme estimulo que facilita una mayor acumulación de la actividad extractiva pesquera industrial, además, del arribo de capitales extranjeros (facilitado por los tratados de libre comercio firmados por Chile) con la finalidad de usufructuar con los recursos pesqueros nacionales por medio de la compra de las licencias transables, obteniendo con ello; el derecho a pescar y la cuota ligada a las embarcaciones. Por cuanto, en tan solo diez años se nos ha despojado de nuestro mar y los recursos pesqueros que contiene. Asimismo, nuevamente nos hemos transformado en un recipiente de recursos naturales explotables y aprovechables por cualquiera que tenga un maletín lo suficientemente cargado de capital financiero, sea éste compatriota o extranjero.
A recuperar los recursos alimentarios para nuestra gente y con ello realizar nuestra “Soberanía Alimentaria”, derecho colectivo que es necesario incorporar como sentido común entre las personas.
Escrito por Lester Chavez Campbell
Sábado, 31 de Diciembre de 2011 16:48
HISTORIA DE UN DESPOJO. PARTE I
Una estrofa de la canción nacional, aquella, que a muchos les hace hinchar el pecho, dice textualmente: “Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor”. Bueno, en cuanto a lo tranquilo hay que preguntárselo a los científicos del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) que dijeron posterior al terremoto del 27/F del 2010, con una peligrosa y espantosa seguridad de verdad, ¡NO HAY MAREMOTO!. No obstante, como todos sabemos si hubo. De hecho, producto de éste en la comuna de Constitución murieron más de un centenar de personas y en la localidad de Dichato (Comuna de Tomé, Provincia de Concepción) murieron 25 personas. O quizás; también hay que preguntárselo a las miles de familias que aun están damnificadas entre la quinta y novena región y que todavía, y por lo menos por un año más vivirán en campamentos, llamados coloquialmente aldeas. Sin embargo, lo que nos interesa en este escrito tiene relación con el FUTURO ESPLENDOR. Así, a modo de responder la pregunta ¿A quien el mar le promete y asegura un futuro esplendor?. Pongamos atención en lo siguiente. Para comprender el cómo los diferentes gobiernos, desde la vuelta a la “democracia”, han privilegiado a uno pocos con las enormes riquezas inherentes en nuestro mar, que en conjunto con el que baña las costas de Perú son unos de los cinco mares más productivos del mundo debido a la presencia del régimen oceanográfico de la Surgencia, debemos primero situarnos en el contexto de la sobre – explotación de los recursos pesqueros en Chile. La sobre – explotación, a mi juicio, se relaciona con la concatenación de tres variables; a) el Modelo Económico Exportador, b) la desvinculación entre “lo político y lo técnico” y c) la utilización de artes y aparejos de pesca que aceleran la sobre explotación. El modelo económico exportador se basa esencialmente en producir para la exportación. Lo que es potenciado con los continuos tratados de libre comercio que suscriben quienes nos “gobiernan”. Así, aparece una demanda que en la práctica adquiere ribetes de infinitud, imagínense lo que significa tratar de abastecer con alimentos marinos los mercados de China y la India. Esta enorme demanda repercute aumentando la presión de producción hacia las fuentes de alimentación, tanto n el mar como en la tierra. El problema, es que en el mar no se tiene la certeza de cuál es la biomasa real de un recurso en particular, por cuanto, las poblaciones marinas deben ser manejadas con criterios precautorios. No obstante, la Ley N° 18.892 “General de Pesca y Acuicultura” no establece aquello. Lo anterior debe ser concatenado con la grosera y peligrosa desvinculación existente entre “lo político y lo técnico”. Así, si bien los técnicos, utilizando métodos científicos avalados internacionalmente, estiman una cuota global anual de extracción de un recurso en particular, la última palabra la tiene el Consejo Nacional de Pesca (integrado por; 3 altos cargos públicos políticos de confianza del Gobierno de Turno, 7 consejeros delegados por el Gobierno de turno, 7 representantes de los empresarios, 7 representantes de los sindicatos laborales de las empresas productoras y de transformación y 5 representantes de los pescadores artesanales) los que bajo la tentativa de satisfacer el enorme mercado internacional ampliaban en forma directa las cuotas anuales de pesca. Asimismo, hay que adicionar el hecho que todavía se sigue utilizando artes y aparejos de pesca que aceleran la sobre – explotación de los recursos marinos. De ellos los sistemas y redes de arrastre son el que produce un mayor impacto negativo, por; a) la escaza selectividad respecto de la especie objetivo y la talla en los individuos de los recursos capturados, b) el daño que produce al ambiente marino al generar en su operación una alteración físico – químico – biológico al entrar en contacto con el fondo de manera permanente, elevando el sedimento existente allí y destruyendo a su paso y sin distinción hábitat y nichos ecológicos y c) el daño que produce a la cadena trófica al acelerar la tendencia a la sobre – explotación de un determinado recurso y su fauna acompañante, por la captura incidental y el incentivo a la práctica de descarte. De hecho, en la pesca con arrastre para la Merluza Común, se captura incidentalmente alrededor de 92 especies en total. De las cuales 42 especies son peces, 24 son tiburones y rayas, 4 son cefalópodos como la jibia y 19 son crustáceos, estrellas y esponjas. Así, una vez reconocido el estado de sobre – explotación de las principales pesquerías nacionales, en el año 2002 el gobierno, del Militante del Partido Socialista de Chile, Ricardo Lagos Escobar, que según las palabras del Ex – Senador y Ex – Secretario General del Partido Socialista de Chile Sr: Carlos Altamirano “ha sido el mejor gobierno de Centro de Derecha del último siglo” privatizo las 12 principales pesquerías nacionales (Jurel, Anchoveta, Sardina Española, Sardina Común, Merluza Común, Merluza de Cola, Merluza Austral, Merluza de Tres Aletas, Congrio Dorado, Camarón Naylon, Langostino Colorado y Langostino Amarillo) entregándoselas en ese entonces a 8 empresas nacionales y 2 extranjeras. Sin embargo, dado la condición de sobre – explotación y colapso de pesquerías como el Jurel y la Merluza Común, en la actualidad y por medio del proceso de fusión empresarial son 5 empresas nacionales y 2 trasnacionales extranjeras. En el Norte de Chile, desde el límite con Perú hasta el límite sur de la cuarta región, se extraen con cuota tres especies de peces; la Anchoveta, la Sardina Española y el Jurel. La extracción de ellos está dominada por tres empresas que en conjunto se llevan el 80,2% de la cuota industrial. Estas son (promedio entre el 2007 y 2011); a) CORPESCA S.A, perteneciente al grupo Angelini, con el 50,4% de la cuota industrial para peces en esta zona, b) Pesquera Camanchaca S.A (Actualmente fusionada con Pesquera Bío – Bío S.A), perteneciente a las familias Fernández, Meléndez y Stengel, con el 15,7% de la cuota industrial para peces en esta zona y c) Pesquera ORIZÓN S.A (fusión entre pesquera SPK S.A y Pesquera San José S.A) perteneciente al grupo Angelini y las familias Lecaros Meléndez y Jorge Matetik, con el 5,4% de la cuota industrial para peces en esta zona. De los recursos mencionados destaca la extracción de la Anchoveta, en donde solamente CORPESCA S.A posee una cuota anual que supera las 800.000 toneladas, volumen de extracción que es más del doble del que se entrega al sector pesquero artesanal del país y representa cerca del 70% de la cuota de extracción para esa especie a nivel nacional. Captura que es destinada en un ciento por ciento a producir Harina de Pescado, de hecho, es la principal empresa exportadora de Harina de Pescado del mundo produciendo cerca del 6% de la oferta mundial. Para la zona comprendida entre el límite norte de la quinta región de Valparaiso y el límite norte de la Isla Grande de Chiloé (Región de Los Lagos), se extraen con cuota seis especies de peces; el Jurel, la Anchoveta, la Sardina Común, la Merluza de Cola y la Merluza Común. La extracción de ellos está dominada por cuatro empresas que se llevan en conjunto el 50,2% de la cuota industrial para peces. Estas son (promedio entre el 2007 y 2011); a) Pesquera Bluemar S.A (fusión entre Pesquera El Golfo S.A y Pesquera Itata S.A) perteneciente a las familias Santa Cruz, Yaconi y Sarquis, con el 16,0% de la cuota industrial para peces en esta zona, b) Pesquera ORIZÓN S.A (fusión entre Pesquera S.P.K S.A y Pesquera San José S.A) perteneciente al grupo Angelini y las familias Lecaros Meléndez y Jorge Matetik, con el 13,8% de la cuota industrial para peces en esta zona, c) Pesquera Camanchaca S.A (Actualmente fusionada con Pesquera Bío – Bío S.A), perteneciente a las familias Fernández, Meléndez y Stengel, con el 12,9% de la cuota industrial para peces en esta zona y d) Pesquera Alimentos Marinos S.A (ALIMAR), perteneciente al grupo Izquierdo – Meléndez, con un 7,5% de la cuota industrial para peces en esta zona. Para la zona comprendida entre el límite norte de la Isla Grande de Chiloé (Región de Los Lagos) y el límite sur de la XII región de Magallanes, se extraen con cuota cuatro especies de peces; la Merluza de Tres Aletas, el Congrio Dorado, Merluza Austral, Merluza de Cola. La extracción de ellos está dominada por dos empresas trasnacionales que en conjunto se llevan el 80,7% de la cuota industrial para peces. Estas son (promedio entre el 2007 y 2011); a) Empresa de Desarrollo Pesquero (EMDEPES) S.A, perteneciente a la empresa Japonesa Nippon Suisan Kaisha, la que controla el 63,4% de la cuota industrial para peces en esta zona, de hecho, posee el control de la Merluza de Cola y la Merluza de Tres Aletas, donde, para este último recurso pesquero posee el 98% de la cuota industrial nacional para esta especie y b) Pesca Chile S.A, filial chilena de la trasnacional española Pesca Nova S.A la que devora los mares de 21 países. Ésta empresa posee el control del 17,3% de la cuota industrial para peces en esta zona, de hecho, controla la pesquería del Congrio Dorado y la Merluza Austral. Otro hecho trascendental para comprender la continuidad de la relación con el mar que han tenido los diferentes “gobiernos” nacionales, es la Privatización del Mar ocurrido durante el gobierno de la militante del Partido Socialista de Chile, Michelle Bachelet Jeria (más de 35 años después que otro presidente y miembro del Partido Socialista de Chile nacionalizara la Industrial del Cobre). La privatización del mar se relaciona con el colapso de la industria salmonera que se concentra en la zona sur del país. Éste se explica esencialmente por los elevados costos de producción que hacían recurrir al crédito de la banca y las malas prácticas ambientales y sanitarias, que se manifestó con fuerza con la aparición del virus ISA. Así, durante el año 2009 se modificó la Ley N° 18.892 “General de Pesca y Acuicultura” por la Ley N° 20.434 sustituyendo el articulo N° 81 e incorporando el articulo N° 81 bis. Aquella modificación permite que las empresas samoneras dueñas de una concesión de acuicultura puedan amortizar la deuda acumulada con la banca (que ascendía a mas de 2.000 millones de dólares, donde, el gobierno de Chile le entregó a los salmoneros 400 millones de dólares para pagar en parte la deuda y con ello poder repactar). Esta amortización se realizaba por medio de hipotecar las concesiones de acuicultura con la banca, lo que no es menor considerando el cada vez es mayor interés y competencia por obtener un espacio de mar. Lo que viene a coronar el despojo de nuestro mar es el Proyecto de Ley que modifica la “Ley General de Pesca y Acuicultura” propuesto por el actual gobierno de Sebastian Piñera Echeñique. Éste ingresó a la Comisión de Pesca y Acuicultura el pasado 14 de diciembre, por medio, del Boletín N° 8091. Dentro de las modificaciones que incorpora, la de mayor preocupación es la que se plasma en el inciso primero de la sustitución del articulo N° 31 que plantea que “Las licencias transables de pesca serán divisibles, transferibles, transmisibles, y susceptibles de todo negocio jurídico”. La incorporación de este articulo conlleva un enorme estimulo que facilita una mayor acumulación de la actividad extractiva pesquera industrial, además, del arribo de capitales extranjeros (facilitado por los tratados de libre comercio firmados por Chile) con la finalidad de usufructuar con los recursos pesqueros nacionales por medio de la compra de las licencias transables, obteniendo con ello; el derecho a pescar y la cuota ligada a las embarcaciones. Por cuanto, en tan solo diez años se nos ha despojado de nuestro mar y los recursos pesqueros que contiene. Asimismo, nuevamente nos hemos transformado en un recipiente de recursos naturales explotables y aprovechables por cualquiera que tenga un maletín lo suficientemente cargado de capital financiero, sea éste compatriota o extranjero.
A recuperar los recursos alimentarios para nuestra gente y con ello realizar nuestra “Soberanía Alimentaria”, derecho colectivo que es necesario incorporar como sentido común entre las personas.
viernes, 10 de febrero de 2012
¿Acuerdo pesquero o acuerdo entre empresas pesqueras?
Por : Albert Arias Arthur en Opinión Publicado: 04.10.2011
Después de más de un mes de trabajo, la mesa que formó el ministro Pablo Longueira para elaborar una nueva Ley de Pesca llegó a acuerdo: la idea inicial del gobierno de licitar el 50% de las cuotas industriales se echó atrás y el único cambio se traduce en pequeñas concesiones para los pescadores artesanales. El columnista cuestiona la validez del acuerdo afirmando que la base de la nueva legislación pesquera fue definida por los privados para que no afecte sus intereses en la industria. Arias compara el acuerdo con lo que decían de los autos Lada en su tiempo: “al único que le gusta es al dueño”.
A principios de la semana pasada el ministro de Economía, Pablo Longueira, terminó el proceso de acuerdos en la Mesa Pesquera para repartir las cuotas globales de pesca entre artesanales e industriales por los próximos 20 años. Lo curioso es que durante todo el resto de la semana partidarios del acuerdo en cuestión estaban muy nerviosos y se dedicaron a “sacarlo de gira”. Se fueron al Congreso a mostrárselo a los parlamentarios y salieron en cada uno de los medios de prensa destacando lo fantástico que es el acuerdo para todos y que, según ellos, con esto se habría evitado la licitación del 50% de la fracción industrial de las cuotas de pesca. Pero si el acuerdo es tan bueno, ¿por qué están tratando de convencer de que realmente es así? Bueno, me suena a lo que decían de los autos Lada en su tiempo: “al único que le gusta es al dueño”.
“El acuerdo no contiene nada para el sector laboral, pero los dirigentes laborales estaban en la mesa y han salido celebrando el acuerdo. Incluso lo hicieron después de que los industriales dijeran que tendrán que hacer “ajustes” (léase más despidos). Claramente, este grupo no estaba preocupado de los trabajadores, sino más bien de quedar bien con sus empleadores”.
Partamos por la conformación de la “Mesa Pesquera”. Los integrantes se dividen en dos: los industriales, que no quieren que se transparente la asignación mediante licitaciones abiertas -permitiendo competencia y entrada de terceros-; y dirigentes artesanales, los que fueron convencidos de que si les aplicaban la licitación a la fracción industrial se les aplicaría a ellos también para así obligarlos a llegar a un acuerdo. En este punto muchos dirán, “pero también estuvieron presentes los trabajadores y miembros del Consejo Nacional de Pesca”. La verdad es que a ellos los incluyo en el grupo de los industriales porque o bien trabajan para ellos o persiguen los mismos intereses. Ah!, y luego de una serie de reclamos, invitaron al representante de las pymes pesqueras, al que no dejaron incluir nada en el acuerdo y al final el propio subsecretario de Pesca lo increpó por no querer firmar un acuerdo que no contenía nada para ellos.
Ahora, si el lector algo ha escuchado de este tema en la prensa se preguntará: ¿qué tiene que ver la distribución entre artesanales e industriales con no licitar la fracción correspondiente a estos últimos para romper la concentración? La verdad es que ¡nada! Es más, al leer el acuerdo, este no contiene nada sobre el no licitar parte de la cuota industrial. Es por eso que los miembros de la mesa han salido remarcando que ese era su objetivo, para darlo por hecho, pero como lo dije antes, no hay nada de eso en el acuerdo. Sin embargo, aunque así fuera, una apertura de un mercado a terceros, por definición, no puede ser decidida por aquellos que quieren que el mercado se mantenga cerrado.
Lo otro curioso es que el acuerdo no contiene nada para el sector laboral, pero los dirigentes laborales estaban en la mesa y han salido celebrando el acuerdo. Incluso lo hicieron después de que los industriales dijeran que tendrán que hacer “ajustes” (léase más despidos). Claramente, este grupo de dirigentes laborales eternos no estaba preocupado de los trabajadores, sino más bien de quedar bien con sus empleadores, lo que lograron con creces.
En resumen, el acuerdo pesquero no es más que la transferencia de pequeños porcentajes de cuota del sector industrial al artesanal, pero en cantidades mínimas que no afectan a la industria. Me permito hacer un análisis breve de esta transferencia de cuotas. En la mayoría de las pesquerías en las cuales se acordó transferir cuota a los artesanales, son pesquerías cuyas cuotas globales se han establecido por sobre lo recomendado por los científicos, e incluso, por sobre lo que es posible pescar. Entonces, entregarles más cuotas a los artesanales no tiene ningún efecto real. Es simplemente un número en un papel.
La única pesquería en la que sí existió una transferencia real fue en la de sardina y anchoveta. Sin embargo, esta pesquería -que está casi totalmente dentro de las 5 millas- debería ser totalmente artesanal. Es más, la asignación al sector industrial de parte de esa pesquería se hizo, en la ley de 2001, sobre la base de la historia de pesca de los años previos al posicionador satelital, cuando los barcos industriales pescaban dentro de las cinco millas en forma ilegal.
“En la mayoría de las pesquerías en las cuales se acordó transferir cuota a los artesanales, son pesquerías cuyas cuotas globales se han establecido por sobre lo recomendado por los científicos, e incluso, por sobre lo que es posible pescar”.
Entonces, ¿por qué los dirigentes de los pescadores artesanales firmaron el acuerdo? Quizá la mejor forma de responder esta pregunta sería recurrir a la historia. A finales de los ’90, cuando la industria presentó el primer proyecto que les asignaba cuotas individuales, dentro de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), existía un grupo que misteriosamente apoyó la iniciativa industrial. Como los pescadores de dicha confederación no estaban de acuerdo con esos dirigentes, y así lo defendieron, este grupo se fue y creó la Confepach (lo mismo que la otra pero ésta es de federaciones), la cual “negoció” con la industria para apoyar su proyecto. Entonces, la respuesta a la pregunta sería más o menos la misma: los dirigentes “negociaron” con la industria, claro que esta vez uno de los dirigentes también era pescador, por lo que no firmó. Esto hace pensar que hasta ahora no todo está dicho en ese acuerdo. Todavía queda ver la respuesta de los pescadores, base de las organizaciones.
Finalmente, y sumado a todo lo anterior, un acuerdo entre privados llevado por el Gobierno al Congreso para ser ley sin posibilidad de cambios estaría totalmente en contra de la razón por la cual el Parlamento existe y cuyos miembros están ahí justamente para refrendar las iniciativas como representantes del pueblo. De no ser así, se demostraría que la actual administración ha decidido cambiar de hecho lo establecido en la Constitución en su artículo 4: “Chile es una República democrática”.
Por : Albert Arias Arthur en Opinión Publicado: 04.10.2011
Después de más de un mes de trabajo, la mesa que formó el ministro Pablo Longueira para elaborar una nueva Ley de Pesca llegó a acuerdo: la idea inicial del gobierno de licitar el 50% de las cuotas industriales se echó atrás y el único cambio se traduce en pequeñas concesiones para los pescadores artesanales. El columnista cuestiona la validez del acuerdo afirmando que la base de la nueva legislación pesquera fue definida por los privados para que no afecte sus intereses en la industria. Arias compara el acuerdo con lo que decían de los autos Lada en su tiempo: “al único que le gusta es al dueño”.
A principios de la semana pasada el ministro de Economía, Pablo Longueira, terminó el proceso de acuerdos en la Mesa Pesquera para repartir las cuotas globales de pesca entre artesanales e industriales por los próximos 20 años. Lo curioso es que durante todo el resto de la semana partidarios del acuerdo en cuestión estaban muy nerviosos y se dedicaron a “sacarlo de gira”. Se fueron al Congreso a mostrárselo a los parlamentarios y salieron en cada uno de los medios de prensa destacando lo fantástico que es el acuerdo para todos y que, según ellos, con esto se habría evitado la licitación del 50% de la fracción industrial de las cuotas de pesca. Pero si el acuerdo es tan bueno, ¿por qué están tratando de convencer de que realmente es así? Bueno, me suena a lo que decían de los autos Lada en su tiempo: “al único que le gusta es al dueño”.
“El acuerdo no contiene nada para el sector laboral, pero los dirigentes laborales estaban en la mesa y han salido celebrando el acuerdo. Incluso lo hicieron después de que los industriales dijeran que tendrán que hacer “ajustes” (léase más despidos). Claramente, este grupo no estaba preocupado de los trabajadores, sino más bien de quedar bien con sus empleadores”.
Partamos por la conformación de la “Mesa Pesquera”. Los integrantes se dividen en dos: los industriales, que no quieren que se transparente la asignación mediante licitaciones abiertas -permitiendo competencia y entrada de terceros-; y dirigentes artesanales, los que fueron convencidos de que si les aplicaban la licitación a la fracción industrial se les aplicaría a ellos también para así obligarlos a llegar a un acuerdo. En este punto muchos dirán, “pero también estuvieron presentes los trabajadores y miembros del Consejo Nacional de Pesca”. La verdad es que a ellos los incluyo en el grupo de los industriales porque o bien trabajan para ellos o persiguen los mismos intereses. Ah!, y luego de una serie de reclamos, invitaron al representante de las pymes pesqueras, al que no dejaron incluir nada en el acuerdo y al final el propio subsecretario de Pesca lo increpó por no querer firmar un acuerdo que no contenía nada para ellos.
Ahora, si el lector algo ha escuchado de este tema en la prensa se preguntará: ¿qué tiene que ver la distribución entre artesanales e industriales con no licitar la fracción correspondiente a estos últimos para romper la concentración? La verdad es que ¡nada! Es más, al leer el acuerdo, este no contiene nada sobre el no licitar parte de la cuota industrial. Es por eso que los miembros de la mesa han salido remarcando que ese era su objetivo, para darlo por hecho, pero como lo dije antes, no hay nada de eso en el acuerdo. Sin embargo, aunque así fuera, una apertura de un mercado a terceros, por definición, no puede ser decidida por aquellos que quieren que el mercado se mantenga cerrado.
Lo otro curioso es que el acuerdo no contiene nada para el sector laboral, pero los dirigentes laborales estaban en la mesa y han salido celebrando el acuerdo. Incluso lo hicieron después de que los industriales dijeran que tendrán que hacer “ajustes” (léase más despidos). Claramente, este grupo de dirigentes laborales eternos no estaba preocupado de los trabajadores, sino más bien de quedar bien con sus empleadores, lo que lograron con creces.
En resumen, el acuerdo pesquero no es más que la transferencia de pequeños porcentajes de cuota del sector industrial al artesanal, pero en cantidades mínimas que no afectan a la industria. Me permito hacer un análisis breve de esta transferencia de cuotas. En la mayoría de las pesquerías en las cuales se acordó transferir cuota a los artesanales, son pesquerías cuyas cuotas globales se han establecido por sobre lo recomendado por los científicos, e incluso, por sobre lo que es posible pescar. Entonces, entregarles más cuotas a los artesanales no tiene ningún efecto real. Es simplemente un número en un papel.
La única pesquería en la que sí existió una transferencia real fue en la de sardina y anchoveta. Sin embargo, esta pesquería -que está casi totalmente dentro de las 5 millas- debería ser totalmente artesanal. Es más, la asignación al sector industrial de parte de esa pesquería se hizo, en la ley de 2001, sobre la base de la historia de pesca de los años previos al posicionador satelital, cuando los barcos industriales pescaban dentro de las cinco millas en forma ilegal.
“En la mayoría de las pesquerías en las cuales se acordó transferir cuota a los artesanales, son pesquerías cuyas cuotas globales se han establecido por sobre lo recomendado por los científicos, e incluso, por sobre lo que es posible pescar”.
Entonces, ¿por qué los dirigentes de los pescadores artesanales firmaron el acuerdo? Quizá la mejor forma de responder esta pregunta sería recurrir a la historia. A finales de los ’90, cuando la industria presentó el primer proyecto que les asignaba cuotas individuales, dentro de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), existía un grupo que misteriosamente apoyó la iniciativa industrial. Como los pescadores de dicha confederación no estaban de acuerdo con esos dirigentes, y así lo defendieron, este grupo se fue y creó la Confepach (lo mismo que la otra pero ésta es de federaciones), la cual “negoció” con la industria para apoyar su proyecto. Entonces, la respuesta a la pregunta sería más o menos la misma: los dirigentes “negociaron” con la industria, claro que esta vez uno de los dirigentes también era pescador, por lo que no firmó. Esto hace pensar que hasta ahora no todo está dicho en ese acuerdo. Todavía queda ver la respuesta de los pescadores, base de las organizaciones.
Finalmente, y sumado a todo lo anterior, un acuerdo entre privados llevado por el Gobierno al Congreso para ser ley sin posibilidad de cambios estaría totalmente en contra de la razón por la cual el Parlamento existe y cuyos miembros están ahí justamente para refrendar las iniciativas como representantes del pueblo. De no ser así, se demostraría que la actual administración ha decidido cambiar de hecho lo establecido en la Constitución en su artículo 4: “Chile es una República democrática”.
Radiografía a la industria pesquera I
La guerra por la redistribución del mar
Por : Juan Pablo Figueroa en Reportajes de investigación Publicado: 24.11.2011
Desde hace 10 años que el mar chileno y sus recursos tienen dueños. Y hoy están en guerra. La ley que en 2001 repartió entre las empresas de pesca industrial las cuotas de captura, perderá vigencia a fines de 2012. Unos pocos pidieron la redistribución a través de licitaciones; mientras que los grandes quieren mantenerse como están. Entonces partió el lobby. Porque ellos poseen las tajadas más grandes de una torta que les reporta más de US$ 1.200 millones al año, sin pagar impuestos; la misma torta que han sobreexplotado al punto de casi acabar con ella. Por eso hoy les imponen un royalty.
La propuesta del ministro de Economía Pablo Longueira para calmar las aguas era simple: si los grandes industriales pesqueros querían seguir controlando el mar chileno y sus recursos, tenían que llegar a un acuerdo con los pescadores artesanales. Y en el plazo de un mes. Si no lo hacían, el gobierno llevaría a cabo el plan inicial, ese que decía que a partir de 2013 las cuotas individuales de pesca se licitarían. Una licitación que los industriales no podían permitir. Para ellos, esas cuotas, que les aseguran un pedazo de una torta que le reporta a la industria más de US$ 1.200 millones al año, son suyas por derecho. Si no aceptaban, una de las empresas, Lota Protein S.A., habría ganado la guerra. Porque fue esa empresa la que inició la disputa al pedir licitaciones.
¿Por qué Lota Protein pidió cambiar el sistema y bregó por una licitación? Para la mayoría de los protagonistas del sector hubo una sola razón: quiere más de lo que le corresponde hasta ahora. Y como emergían otros actores con la misma postura, decidieron sentarse a dialogar. Confiaron en que tenían la mayoría y al final, llegar a un acuerdo no sería tan difícil.
En el grupo de trabajo participaron 30 personas elegidas por las autoridades del ministerio después de conversar con los representantes de los industriales. Dos de ellas eran miembros del Consejo Nacional de Pesca (CNP) nominados por el Presidente: el ex subsecretario de Pesca, Andrés Couve y Beatriz Corbo, cuya participación fue cuestionada por conflictos de intereses, ya que es hija de Canio Corbo, director de Pesquera Coloso S.A., que forma parte de la sociedad controladora de una de las empresas pesqueras más grandes del país. Había también 14 dirigentes de las dos grandes confederaciones de pescadores artesanales: siete de la Confepach y siete de la Conapach. Por el sector laboral, hubo otros siete representantes de los tripulantes, los oficiales y los trabajadores de plantas procesadoras, todos vinculados a las grandes empresas industriales. Los otros cinco fueron los líderes de las principales asociaciones gremiales industriales: Roberto Izquierdo, Rodrigo Sarquis, Francisco Mujica, Carlos Vial y Sebastián Vera. Ninguno de ellos creía que las subastas eran una opción.
Además de unos pocos pescadores artesanales, Alfredo Irarrázabal, presidente de Pymepes, fue el único de los miembros de la mesa que apoyaba abiertamente la licitación de las cuotas. Por eso fue fácil llegar a un consenso.
Cuando a fines de septiembre por fin se selló el documento con las 27 firmas, las puertas de la sala de reuniones se abrieron y el ministro dijo que el momento era “histórico”, que nunca antes los pescadores industriales con los artesanales se habían puesto de acuerdo. Parecía que las grandes empresas pesqueras habían ganado la guerra por la redistribución del mar. Ahora, dos meses después, dicen que el ex senador Longueira y el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, “perdieron toda credibilidad”.
-Las más altas autoridades de gobierno cambiaron de posición y las bases del diálogo de mala manera. Fuimos presionados para llegar a un arreglo en el cual hicimos concesiones dolorosísimas, y ahora se vuelve todo a fojas cero, pero ya con estas concesiones otorgadas. Entonces, estamos en el peor de los mundos –dijo a La Segunda Roberto Izquierdo, el presidente de Asipes, una de las asociaciones gremiales de industriales pesqueros más grandes y poderosas del país.
Longueira fue el primero en romper el acuerdo y lo hizo a fines de octubre por orden directa del Presidente Sebastián Piñera. El ministro no sólo anunció que el proyecto de ley que debe enviar en las próximas semanas al Congreso incluirá las licitaciones, sino que además, se establecerá un royalty a la pesca que le reportaría al Estado unos US$ 30 millones anuales, prácticamente lo mismo que ya percibe el fisco por las patentes de los barcos (ver recuadro). Precisamente para evitar eso, la industria había cedido en la mesa de trabajo parte de las cuotas que tenían en su poder desde 2001 a los 81.157 pescadores artesanales que figuran registrados en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca). Lo que más les dolió a los industriales fue doblarles su ración de jurel, el principal recurso pesquero del país. Así, los pescadores artesanales quedaron con el derecho a pescar el 10% del jurel que se extrae en Chile. Ese fue el precio de evitar la licitación de las cuotas. Aunque en rigor no fue tan alto, porque al final, gran parte de esos pescados igual irá a parar a sus plantas procesadoras.
“PALOS BLANCOS”
Minutos antes de que el Achernar llegue a Talcahuano y se inicie la descarga de la pesca de su último viaje, ya se han instalado a esperarlo en el puerto dos perros, casi una veintena de gaviotas, cuatro lobos marinos y un enorme camión que apenas traspase la carga desde el barco a su container refrigerado, partirá con aproximadamente 10 toneladas de jurel fresco rumbo a Perú. La nave tiene 17,6 metros de largo, 6,6 de ancho y una capacidad de bodega de 88 toneladas. Por eso, porque es pequeña, aún puede calar en Talcahuano. El azote del tsunami de febrero de 2010 sobre el puerto lo dejó inutilizable para el desembarque de barcos pesqueros industriales. Las instalaciones de SouthPacific Korp S.A. y Pesquera San José S.A., las dos grandes empresas pesqueras que utilizaban ese mismo puerto, quedaron completamente destruidas. De su infraestructura, sólo quedaron ruinas.
Desde entonces que al puerto de Talcahuano sólo llegan naves de pesca artesanal. La mayoría de las pesqueras industriales de la zona centro sur ahora se reparten entre los puertos de San Vicente, Coronel y Lota. Pero eso no significa que hayan desaparecido por completo del principal fondeadero de la VIII Región.
Esteban Salinas llegó temprano ese martes 2 de agosto al puerto de Talcahuano y señaló los barcos que estaban calados en la bahía. Los había de varios tamaños, aunque los más grandes eran como el Achernar. De acuerdo a las exigencias del Sernapesca, para que una embarcación sea considerada como artesanal no puede exceder los 18 metros de eslora ni las 50 toneladas de registro grueso (TRG). Además, debe ser propiedad de un armador artesanal y estar en el RPA, que a diciembre de 2010 contaba con 15.889 naves autorizadas para pescar en el país.
-Pero muchas de ellas son palos blancos. Las grandes empresas les dan créditos a los pescadores artesanales para comprar sus barcos. Así se adueñan también de las cuotas de pesca artesanal. Por ejemplo, ese de allá es de San José. El de al lado es de Pesquera Landes. Y esos dos son de El Golfo y Camanchaca. Casi todas las empresas grandes tienen barcos artesanales. Al final, son los dueños de todo –contaba Salinas mientras señalaba los barcos en el puerto.
Aunque pasó casi 50 años dedicado a la pesca artesanal, Salinas cambió hace poco de actividad. Ahora pasa los días paseando a turistas por la bahía en su pequeño bote y sólo a veces sale a pescar. Dice que le va mejor: que el jurel prácticamente ya ni existe en las aguas chilenas, que la pesca de arrastre (prohibida por ley a los pescadores artesanales) para capturar merluza ha sido excesiva y que la cuota artesanal de sardinas para este año ya está casi agotada. Que prácticamente, lo único que queda para pescar es jibia. Según él, la razón es que “a todos los peces les han dado como huasca”.
El Achernar no escapa a esa relación directa entre pescadores artesanales e industriales. Según el RPA, el barco está registrado con el número 30.822 a nombre de Pedro Ortiz Mickelsen, gerente general de la Sociedad Pesquera Orión Ltda., que en su sitio web lo incluye como una de las tres naves que componen su flota artesanal. Pero una publicación en el Diario Oficial el 2 de enero de 2009 da cuenta de que la nave fue entregada en prenda a Pesquera San José S.A. para garantizarle “el cumplimiento de todas y cualesquiera de la obligaciones que Pedro Andrés Ortiz Mickelsen y la Sociedad Pesquera Orión Ltda., tengan en la actualidad o en el futuro a favor de Pesquera San José S.A., en moneda nacional o extranjera, derivada de toda clase de actos y contratos”. Entre esas obligaciones, de acuerdo a lo que dijo Ortiz en una entrevista al portal Aqua.cl en 2007, está la entrega de la producción de toda su flota para producir harina y aceite de pescado.
Desde 2005, Pesquera San José S.A. ha recibido en prenda al menos unas 20 embarcaciones artesanales. Con ese tipo de convenios la empresa no sólo controla la cuota individual que se le asignó en 2001 cuando se promulgó la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA), sino que suma lo que obtiene de empresas y pescadores artesanales que pescan en un área que las compañías industriales tienen vetada: las primeras cinco millas desde la costa.
Pero Pesquera San José S.A. no es la única que ha dado créditos a pescadores artesanales para aumentar su cuota de captura. Según los registros del Diario Oficial, y sólo por mencionar algunas empresas, en el mismo lapso, la pesquera de capital noruego Lota Protein S.A. ha aceptado en prenda 25 embarcaciones artesanales; SouthPacific Korp S.A. obtuvo la posesión de 12; Corpesca S.A. cuenta con 11 a su favor; y Compañía Pesquera Camanchaca S.A. registra 36 botes que le han sido entregados como garantía. En algunos de los extractos publicados se indica expresamente que toda la captura obtenida en esas naves debe ser entregada a las compañías acreedoras. En todo caso, la pesca que las grandes empresas han obtenido a través de estos contratos con los pescadores artesanales representa sólo una pequeña parte de los recursos pesqueros que se explotan en el país. Todo lo demás ya estaba en su poder hace varios años.
EL GRAN NEGOCIO
Hasta principios del año pasado todo indicaba que el sistema seguiría más o menos igual. Como el 31 de diciembre de 2012 la ley de LMCA quedará sin vigencia, se acabarán las condiciones que regulan la actividad pesquera. Los pescadores artesanales perderán sus cuotas y la exclusividad en las primeras cinco millas y los armadores industriales quedarán sin las cuotas individuales que se les asignó en 2001, cuando se promulgó la norma. El gobierno debe armar un proyecto de ley que la reemplace y evite el caos. Y parecía que sería fácil: la única pelea que se esperaba era la que darían los artesanales: que exigirían una mayor porción de las cuotas. Pero incluso así, el control del mar y sus recursos se mantendrían prácticamente igual a como están hasta ahora. Y para la mayoría de las grandes empresas, eso era más que suficiente.
Desde que se promulgó en 2001 la ley de LMCA, el mar chileno tiene dueños. A mediados de los ’90, la crisis del jurel, el principal y más codiciado recurso marino en el Pacífico Sur, obligó a las autoridades a cambiar el régimen y establecer un sistema de cuotas globales anuales para regular su extracción. Para administrarlo, la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) le asignó a las distintas empresas industriales –los armadores– un porcentaje de esa cuota de acuerdo a sus registros de capturas entre 1997 y 2000 y la capacidad de bodega corregida de las naves a 2001. Eso significó que las compañías que más habían pescado durante los últimos años y las que tenían mayor capacidad de bodega, se adjudicaran los pedazos más grandes de la cuota global, y en consecuencia, las mayores tajadas de una torta millonaria.
En 2010, la industria pesquera extractiva en Chile facturó más de US$ 1.263 millones (unos $644.609.940.000) sólo en exportaciones. Como las cuotas individuales de pesca le aseguran a cada armador industrial el porcentaje que puede pescar de la cuota global cada año, una mayor cuota individual significa una mayor participación en un mercado cerrado y cada vez más concentrado, donde los recursos más importantes son los peces pelágicos: el jurel, la anchoveta y la sardina común. Aunque de eso, casi nada va a parar a la mesa de los chilenos.
El principal producto pesquero del país es la harina de pescado. De todo lo que se pesca en Chile, más del 70% corresponde a capturas pelágicas y, de acuerdo a los registros del Sernapesca, se destina a la reducción más del 73% de los desembarques de jurel y alrededor del 99% de anchoveta y sardina, lo que ha mantenido a Chile desde hace 30 años como el segundo mayor productor mundial de harina de pescado. Y aunque las capturas han disminuido en la última década a niveles críticos por la sobreexplotación, la escasez ha hecho que el precio internacional de ese producto se dispare. Su valor promedió el año pasado los US$ 1.600 por tonelada, lo que implicó que el 42,35% de la facturación por exportaciones pesqueras viniera de la harina. Para julio de este año, la Subpesca informaba que las exportaciones a los 24 países que reciben harina de pescado chilena ya superaban los US$ 244.556.048 (alrededor de $113.215 millones).
Las cifras del mercado son lo bastante jugosas como para que algunos actores del sector pesquero sientan ganas de ingresar o de aumentar su participación. Sobretodo considerando que con la normativa vigente, las empresas no pagan un impuesto por la explotación de los recursos, sino que sólo las patentes de los barcos, lo que le significa al Estado un ingreso anual que promedia los US$ 30 millones, menos de un 2,5% de lo que perciben las empresas. Pero con la ley de LMCA eso es prácticamente imposible: todo el mar chileno y los derechos de explotación de sus recursos están repartidos en unos pocos gigantes pesqueros. Como de todas formas se tenía que discutir la preparación de una nueva ley, el momento era el preciso. Así fue que en marzo de 2010 vino el primer golpe: la guerra por la redistribución de las cuotas individuales había comenzado.
LA BATALLA DE LOTA
Lota Protein S.A. es una empresa pesquera industrial de capital noruego que opera desde 1991 en la bahía de Lota, posee el 1,5% de la pesca industrial de jurel en Chile y quiere más. Para lograrlo, en marzo de 2010 ingresó una consulta al Tribunal de Defensa para la Libre Competencia (TDLC) acusando a la Subpesca de haber actuado de forma ilegal al omitir la licitación de cuotas contemplada en el artículo 27 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), un punto que se incluyó en la norma de 1991 con el apoyo del entonces senador Sebastián Piñera.
El artículo que impulsó el actual Presidente desde su asiento en el Senado hace 20 años, establece la posibilidad de que se licite “el derecho a capturar cada año el equivalente en toneladas al 5% de la cuota global anual de captura” por 10 años. El máximo subastable es el 50% de la cuota global, pero sólo si se trata de excedentes. Como jamás los ha habido, la Subpesca nunca lo ha puesto en práctica. Para Lota Protein S.A., eso es un atentado a la libre competencia, ya que mantiene el acceso cerrado a nuevos actores en una industria donde todas las cuotas se encuentran asignadas y existe un alto nivel de concentración de los recursos en unos pocos competidores. Por eso acudió al TDLC: para que se liciten las cuotas individuales, se modifique su sistema de transferencia y se derogue la institucionalidad completa del sector en una nueva legislación.
-Ellos fueron al TDLC a alegar que las asignaciones habían sido mal hechas y que no había posibilidad de entrar al sector. Pero las cuotas son transferibles y ha habido muchas transacciones de cuotas. Si Lota Protein no ha comprado, es porque no ha querido –asegura Luis Felipe Moncada, gerente general de Asipes.
Días después, la Subpesca le envió su descargo al tribunal antimonopolios. Allí, el subsecretario Pablo Galilea argumentó que la subsecretaría “no se encuentra en la obligación legal de aplicar la medida prevista en el artículo 27 de la LGPA, y por tanto, todas sus consecuencias que de ella derivaba la consultante no se vuelven inevitables, máxime si se considera que tales consecuencias son jurídicamente imposibles”. Por su parte, Asipes hizo entrega de dos oficios, uno firmado por la abogada Olga Feliú (actual presidenta del Colegio de Abogados) y otro con la rúbrica del ex subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil. El primero concluyó que una norma que obligara a la autoridad a licitar los derechos de pesca infringiría el principio de confianza y afectaría “los derechos de propiedad y a desarrollar actividades económicas lícitas garantizados por la Constitución”. En el segundo, Correa Sutil sostenía que al terminar la ley de cuotas, la regulación de la actividad debía hacerse por medio de una ley de quórum calificado.
En junio del año pasado, el TDLC declaró inadmisible la consulta por ser improcedente y citó a todos los que aportaron antecedentes a una audiencia pública el 12 de agosto de 2010. Ese día llegaron representantes de Lota Protein S.A., la Subpesca, Asipes, Sonapesca y la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Todo lo que dijeron fue considerado en el fallo que emitió el TDLC en abril de este año, donde se desestimó la subasta de las cuotas como necesarias para la libre competencia –aunque no la descartó–, se recomendó mantener y perfeccionar el sistema de cuotas individuales y se propuso mejoras en su sistema de transferibilidad.
Parecía ser un triunfo de las grandes empresas asociadas en las dos principales asociaciones gremiales de industriales pesqueros, Sonapesca y Asipes, que pretendían mantener todo como estaba. Pero lo que vino fue una ampliación del campo de batalla hacia los medios de comunicación, donde Lota Protein S.A. se ha enfrentado con el resto de la industria a través de decenas de editoriales y columnas de opinión firmadas por gerentes, académicos y ex autoridades de gobierno que han escrito para ambos bandos explicando tanto las virtudes y defectos de una posible licitación de las cuotas de pesca, como la maldad o la bondad de los que respaldan una u otra posición.
Se ha dicho que la licitación favorecerá la concentración del mercado, la entrada de gigantes extranjeros con sus enormes barcos factoría y la reducción de las cerca de 12.500 plazas de trabajo que genera la industria. Los que la defienden, dicen que precisamente lo hacen porque el mercado ya está altamente concentrado, que eso mismo ha hecho que el desempleo en el sector aumente y que los extranjeros que buscan jurel no van a participar en licitaciones en Chile porque pueden capturarlo gratis en aguas internacionales. Se han dicho verdades y mentiras por ambos lados y en cada bando han sumado adeptos políticos, académicos y entre los pescadores artesanales que dependen de la industria, ya que le venden la mayoría de sus capturas.
Al final, la industria pesquera se dividió entre los que quieren defender lo que ya tienen y consideran un “derecho histórico” y los que ven en la licitación de las cuotas individuales una forma de obtener mayor participación de una torta de la que sólo quedan migas. Por eso cuando el gobierno ingresó al campo de batalla asumiendo una posición, no hizo otra cosa que agitar más las aguas.
LOS ÚLTIMOS DÍAS DE FONTAINE
Al entonces ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, le quedaba sólo un par de meses en el cargo, aunque no lo sabía. Era abril de 2011 cuando les informó a los representantes del sector pesquero que el gobierno ya tenía una fórmula pensada para el proyecto de ley que reemplazará a la ley de LMCA cuando caduque el último día del próximo año. Apenas lo dijo, las grandes empresas pesqueras lo amenazaron con tomar acciones legales. Punto para los de Lota: la administración de Piñera iba por la licitación.
La propuesta inicial que planteó el Ejecutivo a través de Fontaine, hablaba de la posibilidad de subastar hasta el 50% de las cuotas individuales de pesca. Eso implicaba que las grandes empresas perderían la mitad de los derechos de captura que se les asignaron en 2001. La idea era hacerlo por etapas: durante los primeros seis años se licitaría un 10% bianual y el 20% restante se adjudicaría con condicionantes.
-Estas pueden ser la concentración de algunas pesquerías, indicadores de concentración que nos lleven a licitar o excedentes productivos. Es decir, si se aumenta más del 50% de la cuota original, el excedente se licita –dijo el subsecretario Galilea a La Tercera.
La intención del gobierno era que la nueva norma, que debe entrar en vigencia desde el primero de enero de 2013, tuviera una vigencia de al menos 25 años, si es que no terminaba siendo indefinida. Pero los cambios también contemplaban modificar la institucionalidad pesquera. En ese sentido, lo que pretendía el gobierno era reformar el CNP, quitándole atribuciones y así convertirlo en un organismo consultivo y no resolutivo, como lo ha sido hasta ahora. La modificación consistía principalmente en cambiar su composición: si ahora, de los 30 participantes, 17 pertenecen a los grupos interesados (gremios industriales, artesanales y trabajadores pesqueros), el proyecto pretendía que el Consejo esté conformado por científicos y académicos. Así, el organismo funcionaría como apoyo a la Subpesca en materias de investigación.
-Pese a que ésta es la voluntad del gobierno, la autoridad se abre a la opción de cambiar su postura –agregó Galilea.
Eso fue lo que pasó.
LA MESA DE LONGUEIRA
Fontaine desapareció del mapa cuando el 18 de julio Piñera realizó su segundo cambio de gabinete. Además de enroques entre ministerios, el Presidente sacó a dos senadores del Congreso para sentarlos frente a la cabeza de alguna cartera. Uno fue Andrés Chadwick, que pasó a ser vocero del gobierno. El otro fue Pablo Longueira, que como nuevo ministro de Economía se encargaría de llevar adelante la nueva regulación pesquera.
-Creo que el nuevo ministro se va a tomar su tiempo y estudiará el punto. No creo que lo resuelva en una semana. Él va a tener una mirada política –decía Luis Felipe Moncada una semana después del cambio de gabinete.
Las palabras de Moncada fueron como una premonición. Después de reunirse con algunos representantes de los distintos sectores, Longueira decidió juntarlos en una mesa de trabajo que partió el 8 de agosto con una condición: si querían evitar la subasta de las cuotas de pesca en el proyecto de ley que enviará el Ejecutivo, debían llegar a acuerdo en un mes.
Al cumplirse el mes, los miembros de la mesa alcanzaron un primer acuerdo: pedirle al ministro Longueira más plazo. El ministro accedió y el documento con el acuerdo final con 27 firmas de los 30 miembros de la mesa, se presentó el 26 de septiembre. Ese fue el día que Longueira calificó como “histórico”.
Además de comprometerse a conseguir la sustentabilidad de los recursos y a recuperar las pesquerías en estado crítico (nueve de las 17 especies de peces con pesquería en el país están catalogadas por la Subpesca como sobreexplotadas), el acuerdo trató el tema de la distribución de las cuotas. A falta de actores que abogaran por la subasta de las cuotas individuales, la discusión se centró sobre en todo en la repartición de las cuotas industriales y artesanales. Si los primeros cedían en las demandas de los segundos, se ganaban su voto en contra de la licitación. Así fue que los artesanales obtuvieron un aumento en las principales pesquerías.
Si los pescadores artesanales cuentan ahora con un 70% de la cuota global de sardina común, con el acuerdo quedarán con un 78% que les será vigente por los próximos 20 años a contar desde la promulgación de la ley. Ese mismo porcentaje obtuvieron en la pesquería de anchoveta en la zona centro sur, lo que les significó un aumento de un 39,3% en relación a lo que hasta ahora tienen reservado. Y en el caso del jurel, el premio mayor de toda la discusión, pasaron de un 5% a un 10% de la cuota global.
El documento dice que los firmantes respetarán y mantendrán el acuerdo sobre el fraccionamiento y que efectuarán un llamado al Congreso para que igualmente lo valide y respete durante la discusión legislativa. Pero el gobierno lo rompió cuando Longueira anunció que el proyecto que enviará al Congreso incluirá la licitación, aunque sólo para los excedentes pesqueros y no para las cuotas históricas, y además un royalty similar al de la minería para las que no se subasten, que se suma a las patentes que ya pagan las empresas por los barcos. La guerra sigue abierta y apenas el Ejecutivo envíe el proyecto, el campo de batalla será el Parlamento.
En todo caso, lo único que cambia el escenario actual es el royalty. Como ese impuesto es para recursos agotables, su implementación es un reconocimiento implícito por parte de las autoridades de que los peces en Chile se están acabando y que, en definitiva, se van a acabar. Sobretodo si se aprueba el proyecto de ley que ingresó a trámite en la Cámara de Diputados con suma urgencia y que pretende reducir la talla mínima de jurel de 26 a 22 centímetros. Da lo mismo que los artesanales hayan aumentado un poco sus cuotas, ya que de todas formas esas capturas van a parar a la industria. Y como la licitación será de los excedentes y no tocará las cuotas individuales ya otorgadas a los industriales –muy similar a lo contemplado en la legislación vigente–, la propiedad del mar seguirá en manos de unos pocos gigantes pesqueros que se han ido comiendo a los pequeños hasta concentrar en nueve grupos económicos familiares la explotación de los principales recursos marinos del país. O mejor dicho, su sobreexplotación.
El impuesto por el fin de los peces y las nuevas licitaciones
-El objetivo principal del proyecto de ley es la sustentabilidad del recurso pesquero en el país. Introduciremos cambios relevantes y todos los estándares del OCDE –dijo Longueira a El Mercurio sobre el proyecto de ley que deberá enviar al Congreso el próximo lunes 5 de diciembre.
Aunque en un principio se dijo que el royalty sería similar al que existe en la minería, la fórmula que se usará en el sector pesquero es otra. En vez de calcular el impuesto en relación al margen operacional de las empresas y el precio del principal recurso (en el caso de la minería, el cobre), el royalty a la pesca se calculará en base a las cuotas individuales de captura que posean las compañías multiplicado por el precio de venta del recurso extraído.
Hasta ahora, lo único que han pagado las empresas pesqueras por funcionar es la patente de sus barcos autorizados para pescar de acuerdo a su capacidad de captura. Independiente de si estén o no operativas, los armadores deben desembolsar por cada tonelada de registro grueso (TRG) de sus naves: 0,4 unidades tributarias mensuales (UTM) para naves de hasta 80 TRG; de 0,5 UTM para barcos entre 81 y 100 TRG; de 1 UTM para embarcaciones de 101 a 1.200 TRG; y de 1,5 UTM para las que superen las 1.200 TRG. Por este concepto, el año pasado el Fisco percibió ingresos por poco más de US$ 30 millones. Con los cambios que propone el gobierno, a eso se le sumaría el royalty.
En el Ministerio de Economía estiman que el cobro de ese impuesto representaría ingresos al Estado similares a los de las patentes y que en la próxima década debería incrementarse hasta los US$ 40 millones. Pero eso sólo se les cobraría a las empresas que ya tienen cuotas históricas de pesca. Las que obtengan cuotas a través de subastas, no deberán pagarlo.
Las licitaciones que contempla el Ejecutivo sólo se considerarán para pesquerías que operen en condiciones aceptables de sustentabilidad y serán de dos tipos. La primera será por concesiones indefinidas para la explotación de recursos cuya sustentabilidad no se encuentre amenazada. Por lo tanto, ya quedan fuera de esa medida el jurel y las otras ocho especies consideradas por la Subpesca como sobreexplotadas. La segunda entregará permisos de pesca por sólo un año y se llevará a cabo sólo en pesquerías que han presentado mejorías en su biomasa, pero que siguen en riesgo. Ninguna de las empresas que se adjudiquen estas licitaciones pagará royalty, ya que el pago al Estado será el cobro por la concesión otorgada.
La guerra por la redistribución del mar
Por : Juan Pablo Figueroa en Reportajes de investigación Publicado: 24.11.2011
Desde hace 10 años que el mar chileno y sus recursos tienen dueños. Y hoy están en guerra. La ley que en 2001 repartió entre las empresas de pesca industrial las cuotas de captura, perderá vigencia a fines de 2012. Unos pocos pidieron la redistribución a través de licitaciones; mientras que los grandes quieren mantenerse como están. Entonces partió el lobby. Porque ellos poseen las tajadas más grandes de una torta que les reporta más de US$ 1.200 millones al año, sin pagar impuestos; la misma torta que han sobreexplotado al punto de casi acabar con ella. Por eso hoy les imponen un royalty.
La propuesta del ministro de Economía Pablo Longueira para calmar las aguas era simple: si los grandes industriales pesqueros querían seguir controlando el mar chileno y sus recursos, tenían que llegar a un acuerdo con los pescadores artesanales. Y en el plazo de un mes. Si no lo hacían, el gobierno llevaría a cabo el plan inicial, ese que decía que a partir de 2013 las cuotas individuales de pesca se licitarían. Una licitación que los industriales no podían permitir. Para ellos, esas cuotas, que les aseguran un pedazo de una torta que le reporta a la industria más de US$ 1.200 millones al año, son suyas por derecho. Si no aceptaban, una de las empresas, Lota Protein S.A., habría ganado la guerra. Porque fue esa empresa la que inició la disputa al pedir licitaciones.
¿Por qué Lota Protein pidió cambiar el sistema y bregó por una licitación? Para la mayoría de los protagonistas del sector hubo una sola razón: quiere más de lo que le corresponde hasta ahora. Y como emergían otros actores con la misma postura, decidieron sentarse a dialogar. Confiaron en que tenían la mayoría y al final, llegar a un acuerdo no sería tan difícil.
En el grupo de trabajo participaron 30 personas elegidas por las autoridades del ministerio después de conversar con los representantes de los industriales. Dos de ellas eran miembros del Consejo Nacional de Pesca (CNP) nominados por el Presidente: el ex subsecretario de Pesca, Andrés Couve y Beatriz Corbo, cuya participación fue cuestionada por conflictos de intereses, ya que es hija de Canio Corbo, director de Pesquera Coloso S.A., que forma parte de la sociedad controladora de una de las empresas pesqueras más grandes del país. Había también 14 dirigentes de las dos grandes confederaciones de pescadores artesanales: siete de la Confepach y siete de la Conapach. Por el sector laboral, hubo otros siete representantes de los tripulantes, los oficiales y los trabajadores de plantas procesadoras, todos vinculados a las grandes empresas industriales. Los otros cinco fueron los líderes de las principales asociaciones gremiales industriales: Roberto Izquierdo, Rodrigo Sarquis, Francisco Mujica, Carlos Vial y Sebastián Vera. Ninguno de ellos creía que las subastas eran una opción.
Además de unos pocos pescadores artesanales, Alfredo Irarrázabal, presidente de Pymepes, fue el único de los miembros de la mesa que apoyaba abiertamente la licitación de las cuotas. Por eso fue fácil llegar a un consenso.
Cuando a fines de septiembre por fin se selló el documento con las 27 firmas, las puertas de la sala de reuniones se abrieron y el ministro dijo que el momento era “histórico”, que nunca antes los pescadores industriales con los artesanales se habían puesto de acuerdo. Parecía que las grandes empresas pesqueras habían ganado la guerra por la redistribución del mar. Ahora, dos meses después, dicen que el ex senador Longueira y el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, “perdieron toda credibilidad”.
-Las más altas autoridades de gobierno cambiaron de posición y las bases del diálogo de mala manera. Fuimos presionados para llegar a un arreglo en el cual hicimos concesiones dolorosísimas, y ahora se vuelve todo a fojas cero, pero ya con estas concesiones otorgadas. Entonces, estamos en el peor de los mundos –dijo a La Segunda Roberto Izquierdo, el presidente de Asipes, una de las asociaciones gremiales de industriales pesqueros más grandes y poderosas del país.
Longueira fue el primero en romper el acuerdo y lo hizo a fines de octubre por orden directa del Presidente Sebastián Piñera. El ministro no sólo anunció que el proyecto de ley que debe enviar en las próximas semanas al Congreso incluirá las licitaciones, sino que además, se establecerá un royalty a la pesca que le reportaría al Estado unos US$ 30 millones anuales, prácticamente lo mismo que ya percibe el fisco por las patentes de los barcos (ver recuadro). Precisamente para evitar eso, la industria había cedido en la mesa de trabajo parte de las cuotas que tenían en su poder desde 2001 a los 81.157 pescadores artesanales que figuran registrados en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca). Lo que más les dolió a los industriales fue doblarles su ración de jurel, el principal recurso pesquero del país. Así, los pescadores artesanales quedaron con el derecho a pescar el 10% del jurel que se extrae en Chile. Ese fue el precio de evitar la licitación de las cuotas. Aunque en rigor no fue tan alto, porque al final, gran parte de esos pescados igual irá a parar a sus plantas procesadoras.
“PALOS BLANCOS”
Minutos antes de que el Achernar llegue a Talcahuano y se inicie la descarga de la pesca de su último viaje, ya se han instalado a esperarlo en el puerto dos perros, casi una veintena de gaviotas, cuatro lobos marinos y un enorme camión que apenas traspase la carga desde el barco a su container refrigerado, partirá con aproximadamente 10 toneladas de jurel fresco rumbo a Perú. La nave tiene 17,6 metros de largo, 6,6 de ancho y una capacidad de bodega de 88 toneladas. Por eso, porque es pequeña, aún puede calar en Talcahuano. El azote del tsunami de febrero de 2010 sobre el puerto lo dejó inutilizable para el desembarque de barcos pesqueros industriales. Las instalaciones de SouthPacific Korp S.A. y Pesquera San José S.A., las dos grandes empresas pesqueras que utilizaban ese mismo puerto, quedaron completamente destruidas. De su infraestructura, sólo quedaron ruinas.
Desde entonces que al puerto de Talcahuano sólo llegan naves de pesca artesanal. La mayoría de las pesqueras industriales de la zona centro sur ahora se reparten entre los puertos de San Vicente, Coronel y Lota. Pero eso no significa que hayan desaparecido por completo del principal fondeadero de la VIII Región.
Esteban Salinas llegó temprano ese martes 2 de agosto al puerto de Talcahuano y señaló los barcos que estaban calados en la bahía. Los había de varios tamaños, aunque los más grandes eran como el Achernar. De acuerdo a las exigencias del Sernapesca, para que una embarcación sea considerada como artesanal no puede exceder los 18 metros de eslora ni las 50 toneladas de registro grueso (TRG). Además, debe ser propiedad de un armador artesanal y estar en el RPA, que a diciembre de 2010 contaba con 15.889 naves autorizadas para pescar en el país.
-Pero muchas de ellas son palos blancos. Las grandes empresas les dan créditos a los pescadores artesanales para comprar sus barcos. Así se adueñan también de las cuotas de pesca artesanal. Por ejemplo, ese de allá es de San José. El de al lado es de Pesquera Landes. Y esos dos son de El Golfo y Camanchaca. Casi todas las empresas grandes tienen barcos artesanales. Al final, son los dueños de todo –contaba Salinas mientras señalaba los barcos en el puerto.
Aunque pasó casi 50 años dedicado a la pesca artesanal, Salinas cambió hace poco de actividad. Ahora pasa los días paseando a turistas por la bahía en su pequeño bote y sólo a veces sale a pescar. Dice que le va mejor: que el jurel prácticamente ya ni existe en las aguas chilenas, que la pesca de arrastre (prohibida por ley a los pescadores artesanales) para capturar merluza ha sido excesiva y que la cuota artesanal de sardinas para este año ya está casi agotada. Que prácticamente, lo único que queda para pescar es jibia. Según él, la razón es que “a todos los peces les han dado como huasca”.
El Achernar no escapa a esa relación directa entre pescadores artesanales e industriales. Según el RPA, el barco está registrado con el número 30.822 a nombre de Pedro Ortiz Mickelsen, gerente general de la Sociedad Pesquera Orión Ltda., que en su sitio web lo incluye como una de las tres naves que componen su flota artesanal. Pero una publicación en el Diario Oficial el 2 de enero de 2009 da cuenta de que la nave fue entregada en prenda a Pesquera San José S.A. para garantizarle “el cumplimiento de todas y cualesquiera de la obligaciones que Pedro Andrés Ortiz Mickelsen y la Sociedad Pesquera Orión Ltda., tengan en la actualidad o en el futuro a favor de Pesquera San José S.A., en moneda nacional o extranjera, derivada de toda clase de actos y contratos”. Entre esas obligaciones, de acuerdo a lo que dijo Ortiz en una entrevista al portal Aqua.cl en 2007, está la entrega de la producción de toda su flota para producir harina y aceite de pescado.
Desde 2005, Pesquera San José S.A. ha recibido en prenda al menos unas 20 embarcaciones artesanales. Con ese tipo de convenios la empresa no sólo controla la cuota individual que se le asignó en 2001 cuando se promulgó la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA), sino que suma lo que obtiene de empresas y pescadores artesanales que pescan en un área que las compañías industriales tienen vetada: las primeras cinco millas desde la costa.
Pero Pesquera San José S.A. no es la única que ha dado créditos a pescadores artesanales para aumentar su cuota de captura. Según los registros del Diario Oficial, y sólo por mencionar algunas empresas, en el mismo lapso, la pesquera de capital noruego Lota Protein S.A. ha aceptado en prenda 25 embarcaciones artesanales; SouthPacific Korp S.A. obtuvo la posesión de 12; Corpesca S.A. cuenta con 11 a su favor; y Compañía Pesquera Camanchaca S.A. registra 36 botes que le han sido entregados como garantía. En algunos de los extractos publicados se indica expresamente que toda la captura obtenida en esas naves debe ser entregada a las compañías acreedoras. En todo caso, la pesca que las grandes empresas han obtenido a través de estos contratos con los pescadores artesanales representa sólo una pequeña parte de los recursos pesqueros que se explotan en el país. Todo lo demás ya estaba en su poder hace varios años.
EL GRAN NEGOCIO
Hasta principios del año pasado todo indicaba que el sistema seguiría más o menos igual. Como el 31 de diciembre de 2012 la ley de LMCA quedará sin vigencia, se acabarán las condiciones que regulan la actividad pesquera. Los pescadores artesanales perderán sus cuotas y la exclusividad en las primeras cinco millas y los armadores industriales quedarán sin las cuotas individuales que se les asignó en 2001, cuando se promulgó la norma. El gobierno debe armar un proyecto de ley que la reemplace y evite el caos. Y parecía que sería fácil: la única pelea que se esperaba era la que darían los artesanales: que exigirían una mayor porción de las cuotas. Pero incluso así, el control del mar y sus recursos se mantendrían prácticamente igual a como están hasta ahora. Y para la mayoría de las grandes empresas, eso era más que suficiente.
Desde que se promulgó en 2001 la ley de LMCA, el mar chileno tiene dueños. A mediados de los ’90, la crisis del jurel, el principal y más codiciado recurso marino en el Pacífico Sur, obligó a las autoridades a cambiar el régimen y establecer un sistema de cuotas globales anuales para regular su extracción. Para administrarlo, la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) le asignó a las distintas empresas industriales –los armadores– un porcentaje de esa cuota de acuerdo a sus registros de capturas entre 1997 y 2000 y la capacidad de bodega corregida de las naves a 2001. Eso significó que las compañías que más habían pescado durante los últimos años y las que tenían mayor capacidad de bodega, se adjudicaran los pedazos más grandes de la cuota global, y en consecuencia, las mayores tajadas de una torta millonaria.
En 2010, la industria pesquera extractiva en Chile facturó más de US$ 1.263 millones (unos $644.609.940.000) sólo en exportaciones. Como las cuotas individuales de pesca le aseguran a cada armador industrial el porcentaje que puede pescar de la cuota global cada año, una mayor cuota individual significa una mayor participación en un mercado cerrado y cada vez más concentrado, donde los recursos más importantes son los peces pelágicos: el jurel, la anchoveta y la sardina común. Aunque de eso, casi nada va a parar a la mesa de los chilenos.
El principal producto pesquero del país es la harina de pescado. De todo lo que se pesca en Chile, más del 70% corresponde a capturas pelágicas y, de acuerdo a los registros del Sernapesca, se destina a la reducción más del 73% de los desembarques de jurel y alrededor del 99% de anchoveta y sardina, lo que ha mantenido a Chile desde hace 30 años como el segundo mayor productor mundial de harina de pescado. Y aunque las capturas han disminuido en la última década a niveles críticos por la sobreexplotación, la escasez ha hecho que el precio internacional de ese producto se dispare. Su valor promedió el año pasado los US$ 1.600 por tonelada, lo que implicó que el 42,35% de la facturación por exportaciones pesqueras viniera de la harina. Para julio de este año, la Subpesca informaba que las exportaciones a los 24 países que reciben harina de pescado chilena ya superaban los US$ 244.556.048 (alrededor de $113.215 millones).
Las cifras del mercado son lo bastante jugosas como para que algunos actores del sector pesquero sientan ganas de ingresar o de aumentar su participación. Sobretodo considerando que con la normativa vigente, las empresas no pagan un impuesto por la explotación de los recursos, sino que sólo las patentes de los barcos, lo que le significa al Estado un ingreso anual que promedia los US$ 30 millones, menos de un 2,5% de lo que perciben las empresas. Pero con la ley de LMCA eso es prácticamente imposible: todo el mar chileno y los derechos de explotación de sus recursos están repartidos en unos pocos gigantes pesqueros. Como de todas formas se tenía que discutir la preparación de una nueva ley, el momento era el preciso. Así fue que en marzo de 2010 vino el primer golpe: la guerra por la redistribución de las cuotas individuales había comenzado.
LA BATALLA DE LOTA
Lota Protein S.A. es una empresa pesquera industrial de capital noruego que opera desde 1991 en la bahía de Lota, posee el 1,5% de la pesca industrial de jurel en Chile y quiere más. Para lograrlo, en marzo de 2010 ingresó una consulta al Tribunal de Defensa para la Libre Competencia (TDLC) acusando a la Subpesca de haber actuado de forma ilegal al omitir la licitación de cuotas contemplada en el artículo 27 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), un punto que se incluyó en la norma de 1991 con el apoyo del entonces senador Sebastián Piñera.
El artículo que impulsó el actual Presidente desde su asiento en el Senado hace 20 años, establece la posibilidad de que se licite “el derecho a capturar cada año el equivalente en toneladas al 5% de la cuota global anual de captura” por 10 años. El máximo subastable es el 50% de la cuota global, pero sólo si se trata de excedentes. Como jamás los ha habido, la Subpesca nunca lo ha puesto en práctica. Para Lota Protein S.A., eso es un atentado a la libre competencia, ya que mantiene el acceso cerrado a nuevos actores en una industria donde todas las cuotas se encuentran asignadas y existe un alto nivel de concentración de los recursos en unos pocos competidores. Por eso acudió al TDLC: para que se liciten las cuotas individuales, se modifique su sistema de transferencia y se derogue la institucionalidad completa del sector en una nueva legislación.
-Ellos fueron al TDLC a alegar que las asignaciones habían sido mal hechas y que no había posibilidad de entrar al sector. Pero las cuotas son transferibles y ha habido muchas transacciones de cuotas. Si Lota Protein no ha comprado, es porque no ha querido –asegura Luis Felipe Moncada, gerente general de Asipes.
Días después, la Subpesca le envió su descargo al tribunal antimonopolios. Allí, el subsecretario Pablo Galilea argumentó que la subsecretaría “no se encuentra en la obligación legal de aplicar la medida prevista en el artículo 27 de la LGPA, y por tanto, todas sus consecuencias que de ella derivaba la consultante no se vuelven inevitables, máxime si se considera que tales consecuencias son jurídicamente imposibles”. Por su parte, Asipes hizo entrega de dos oficios, uno firmado por la abogada Olga Feliú (actual presidenta del Colegio de Abogados) y otro con la rúbrica del ex subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil. El primero concluyó que una norma que obligara a la autoridad a licitar los derechos de pesca infringiría el principio de confianza y afectaría “los derechos de propiedad y a desarrollar actividades económicas lícitas garantizados por la Constitución”. En el segundo, Correa Sutil sostenía que al terminar la ley de cuotas, la regulación de la actividad debía hacerse por medio de una ley de quórum calificado.
En junio del año pasado, el TDLC declaró inadmisible la consulta por ser improcedente y citó a todos los que aportaron antecedentes a una audiencia pública el 12 de agosto de 2010. Ese día llegaron representantes de Lota Protein S.A., la Subpesca, Asipes, Sonapesca y la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Todo lo que dijeron fue considerado en el fallo que emitió el TDLC en abril de este año, donde se desestimó la subasta de las cuotas como necesarias para la libre competencia –aunque no la descartó–, se recomendó mantener y perfeccionar el sistema de cuotas individuales y se propuso mejoras en su sistema de transferibilidad.
Parecía ser un triunfo de las grandes empresas asociadas en las dos principales asociaciones gremiales de industriales pesqueros, Sonapesca y Asipes, que pretendían mantener todo como estaba. Pero lo que vino fue una ampliación del campo de batalla hacia los medios de comunicación, donde Lota Protein S.A. se ha enfrentado con el resto de la industria a través de decenas de editoriales y columnas de opinión firmadas por gerentes, académicos y ex autoridades de gobierno que han escrito para ambos bandos explicando tanto las virtudes y defectos de una posible licitación de las cuotas de pesca, como la maldad o la bondad de los que respaldan una u otra posición.
Se ha dicho que la licitación favorecerá la concentración del mercado, la entrada de gigantes extranjeros con sus enormes barcos factoría y la reducción de las cerca de 12.500 plazas de trabajo que genera la industria. Los que la defienden, dicen que precisamente lo hacen porque el mercado ya está altamente concentrado, que eso mismo ha hecho que el desempleo en el sector aumente y que los extranjeros que buscan jurel no van a participar en licitaciones en Chile porque pueden capturarlo gratis en aguas internacionales. Se han dicho verdades y mentiras por ambos lados y en cada bando han sumado adeptos políticos, académicos y entre los pescadores artesanales que dependen de la industria, ya que le venden la mayoría de sus capturas.
Al final, la industria pesquera se dividió entre los que quieren defender lo que ya tienen y consideran un “derecho histórico” y los que ven en la licitación de las cuotas individuales una forma de obtener mayor participación de una torta de la que sólo quedan migas. Por eso cuando el gobierno ingresó al campo de batalla asumiendo una posición, no hizo otra cosa que agitar más las aguas.
LOS ÚLTIMOS DÍAS DE FONTAINE
Al entonces ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, le quedaba sólo un par de meses en el cargo, aunque no lo sabía. Era abril de 2011 cuando les informó a los representantes del sector pesquero que el gobierno ya tenía una fórmula pensada para el proyecto de ley que reemplazará a la ley de LMCA cuando caduque el último día del próximo año. Apenas lo dijo, las grandes empresas pesqueras lo amenazaron con tomar acciones legales. Punto para los de Lota: la administración de Piñera iba por la licitación.
La propuesta inicial que planteó el Ejecutivo a través de Fontaine, hablaba de la posibilidad de subastar hasta el 50% de las cuotas individuales de pesca. Eso implicaba que las grandes empresas perderían la mitad de los derechos de captura que se les asignaron en 2001. La idea era hacerlo por etapas: durante los primeros seis años se licitaría un 10% bianual y el 20% restante se adjudicaría con condicionantes.
-Estas pueden ser la concentración de algunas pesquerías, indicadores de concentración que nos lleven a licitar o excedentes productivos. Es decir, si se aumenta más del 50% de la cuota original, el excedente se licita –dijo el subsecretario Galilea a La Tercera.
La intención del gobierno era que la nueva norma, que debe entrar en vigencia desde el primero de enero de 2013, tuviera una vigencia de al menos 25 años, si es que no terminaba siendo indefinida. Pero los cambios también contemplaban modificar la institucionalidad pesquera. En ese sentido, lo que pretendía el gobierno era reformar el CNP, quitándole atribuciones y así convertirlo en un organismo consultivo y no resolutivo, como lo ha sido hasta ahora. La modificación consistía principalmente en cambiar su composición: si ahora, de los 30 participantes, 17 pertenecen a los grupos interesados (gremios industriales, artesanales y trabajadores pesqueros), el proyecto pretendía que el Consejo esté conformado por científicos y académicos. Así, el organismo funcionaría como apoyo a la Subpesca en materias de investigación.
-Pese a que ésta es la voluntad del gobierno, la autoridad se abre a la opción de cambiar su postura –agregó Galilea.
Eso fue lo que pasó.
LA MESA DE LONGUEIRA
Fontaine desapareció del mapa cuando el 18 de julio Piñera realizó su segundo cambio de gabinete. Además de enroques entre ministerios, el Presidente sacó a dos senadores del Congreso para sentarlos frente a la cabeza de alguna cartera. Uno fue Andrés Chadwick, que pasó a ser vocero del gobierno. El otro fue Pablo Longueira, que como nuevo ministro de Economía se encargaría de llevar adelante la nueva regulación pesquera.
-Creo que el nuevo ministro se va a tomar su tiempo y estudiará el punto. No creo que lo resuelva en una semana. Él va a tener una mirada política –decía Luis Felipe Moncada una semana después del cambio de gabinete.
Las palabras de Moncada fueron como una premonición. Después de reunirse con algunos representantes de los distintos sectores, Longueira decidió juntarlos en una mesa de trabajo que partió el 8 de agosto con una condición: si querían evitar la subasta de las cuotas de pesca en el proyecto de ley que enviará el Ejecutivo, debían llegar a acuerdo en un mes.
Al cumplirse el mes, los miembros de la mesa alcanzaron un primer acuerdo: pedirle al ministro Longueira más plazo. El ministro accedió y el documento con el acuerdo final con 27 firmas de los 30 miembros de la mesa, se presentó el 26 de septiembre. Ese fue el día que Longueira calificó como “histórico”.
Además de comprometerse a conseguir la sustentabilidad de los recursos y a recuperar las pesquerías en estado crítico (nueve de las 17 especies de peces con pesquería en el país están catalogadas por la Subpesca como sobreexplotadas), el acuerdo trató el tema de la distribución de las cuotas. A falta de actores que abogaran por la subasta de las cuotas individuales, la discusión se centró sobre en todo en la repartición de las cuotas industriales y artesanales. Si los primeros cedían en las demandas de los segundos, se ganaban su voto en contra de la licitación. Así fue que los artesanales obtuvieron un aumento en las principales pesquerías.
Si los pescadores artesanales cuentan ahora con un 70% de la cuota global de sardina común, con el acuerdo quedarán con un 78% que les será vigente por los próximos 20 años a contar desde la promulgación de la ley. Ese mismo porcentaje obtuvieron en la pesquería de anchoveta en la zona centro sur, lo que les significó un aumento de un 39,3% en relación a lo que hasta ahora tienen reservado. Y en el caso del jurel, el premio mayor de toda la discusión, pasaron de un 5% a un 10% de la cuota global.
El documento dice que los firmantes respetarán y mantendrán el acuerdo sobre el fraccionamiento y que efectuarán un llamado al Congreso para que igualmente lo valide y respete durante la discusión legislativa. Pero el gobierno lo rompió cuando Longueira anunció que el proyecto que enviará al Congreso incluirá la licitación, aunque sólo para los excedentes pesqueros y no para las cuotas históricas, y además un royalty similar al de la minería para las que no se subasten, que se suma a las patentes que ya pagan las empresas por los barcos. La guerra sigue abierta y apenas el Ejecutivo envíe el proyecto, el campo de batalla será el Parlamento.
En todo caso, lo único que cambia el escenario actual es el royalty. Como ese impuesto es para recursos agotables, su implementación es un reconocimiento implícito por parte de las autoridades de que los peces en Chile se están acabando y que, en definitiva, se van a acabar. Sobretodo si se aprueba el proyecto de ley que ingresó a trámite en la Cámara de Diputados con suma urgencia y que pretende reducir la talla mínima de jurel de 26 a 22 centímetros. Da lo mismo que los artesanales hayan aumentado un poco sus cuotas, ya que de todas formas esas capturas van a parar a la industria. Y como la licitación será de los excedentes y no tocará las cuotas individuales ya otorgadas a los industriales –muy similar a lo contemplado en la legislación vigente–, la propiedad del mar seguirá en manos de unos pocos gigantes pesqueros que se han ido comiendo a los pequeños hasta concentrar en nueve grupos económicos familiares la explotación de los principales recursos marinos del país. O mejor dicho, su sobreexplotación.
El impuesto por el fin de los peces y las nuevas licitaciones
-El objetivo principal del proyecto de ley es la sustentabilidad del recurso pesquero en el país. Introduciremos cambios relevantes y todos los estándares del OCDE –dijo Longueira a El Mercurio sobre el proyecto de ley que deberá enviar al Congreso el próximo lunes 5 de diciembre.
Aunque en un principio se dijo que el royalty sería similar al que existe en la minería, la fórmula que se usará en el sector pesquero es otra. En vez de calcular el impuesto en relación al margen operacional de las empresas y el precio del principal recurso (en el caso de la minería, el cobre), el royalty a la pesca se calculará en base a las cuotas individuales de captura que posean las compañías multiplicado por el precio de venta del recurso extraído.
Hasta ahora, lo único que han pagado las empresas pesqueras por funcionar es la patente de sus barcos autorizados para pescar de acuerdo a su capacidad de captura. Independiente de si estén o no operativas, los armadores deben desembolsar por cada tonelada de registro grueso (TRG) de sus naves: 0,4 unidades tributarias mensuales (UTM) para naves de hasta 80 TRG; de 0,5 UTM para barcos entre 81 y 100 TRG; de 1 UTM para embarcaciones de 101 a 1.200 TRG; y de 1,5 UTM para las que superen las 1.200 TRG. Por este concepto, el año pasado el Fisco percibió ingresos por poco más de US$ 30 millones. Con los cambios que propone el gobierno, a eso se le sumaría el royalty.
En el Ministerio de Economía estiman que el cobro de ese impuesto representaría ingresos al Estado similares a los de las patentes y que en la próxima década debería incrementarse hasta los US$ 40 millones. Pero eso sólo se les cobraría a las empresas que ya tienen cuotas históricas de pesca. Las que obtengan cuotas a través de subastas, no deberán pagarlo.
Las licitaciones que contempla el Ejecutivo sólo se considerarán para pesquerías que operen en condiciones aceptables de sustentabilidad y serán de dos tipos. La primera será por concesiones indefinidas para la explotación de recursos cuya sustentabilidad no se encuentre amenazada. Por lo tanto, ya quedan fuera de esa medida el jurel y las otras ocho especies consideradas por la Subpesca como sobreexplotadas. La segunda entregará permisos de pesca por sólo un año y se llevará a cabo sólo en pesquerías que han presentado mejorías en su biomasa, pero que siguen en riesgo. Ninguna de las empresas que se adjudiquen estas licitaciones pagará royalty, ya que el pago al Estado será el cobro por la concesión otorgada.
domingo, 5 de febrero de 2012
SINTRISAN INFORMA A SUS SOCIOS PARA QUE PIENSEN REALMENTE CUANTO VALE SU TRABAJO, A SABER:
En el caso de Chile, Fundación Terram estimó el valor de la renta en las pesquerías pelágicas en torno a US$1.000 millones1 . Éste sería el valor patrimonial asociado a la asignación de los LMCA, en consecuencia, existe un valor económico claro para aquellos a quienes se les asigna inicialmente los LMCA.No se trata de beneficios intangibles asociados al cambio en un marco regulatorio, sino un beneficio económico directo y transferible, equivalente a la privatización de una empresa pública. Otorgar los LMCA a aquellos que históricamente han capturado los peces
es equivalente a privatizar una empresa pública y cederle gratuitamente los derechos a los que la administraban.
En consecuencia, todos aquellos que tengan intereses directos o indirectos en cualquier empresa pesquera tendrán un beneficio pecuniario directo. Lo anterior se deja en evidencia observando la evolución de las acciones de las empresas pesqueras y las distintas acciones legislativas.
UN EJEMPLO ; Pesquera Itata acciones de 1999 antes de los LMC a nov del 2002
En el caso de Chile, Fundación Terram estimó el valor de la renta en las pesquerías pelágicas en torno a US$1.000 millones1 . Éste sería el valor patrimonial asociado a la asignación de los LMCA, en consecuencia, existe un valor económico claro para aquellos a quienes se les asigna inicialmente los LMCA.No se trata de beneficios intangibles asociados al cambio en un marco regulatorio, sino un beneficio económico directo y transferible, equivalente a la privatización de una empresa pública. Otorgar los LMCA a aquellos que históricamente han capturado los peces
es equivalente a privatizar una empresa pública y cederle gratuitamente los derechos a los que la administraban.
En consecuencia, todos aquellos que tengan intereses directos o indirectos en cualquier empresa pesquera tendrán un beneficio pecuniario directo. Lo anterior se deja en evidencia observando la evolución de las acciones de las empresas pesqueras y las distintas acciones legislativas.
UN EJEMPLO ; Pesquera Itata acciones de 1999 antes de los LMC a nov del 2002
SINTRISAN DICE: ESA ES LA COSA MARIPOSA , TODO ESTO ES EL NEGOCIO, AHORA LO QUE ESTA SUCEDIENDO ES QUE NO QUIEREN PERDER NADA, LAS ACCIONES, EL PAPEL LE VALEN MAS QUE TODOS LOS BARCOS QUE HEMOS NAVEGADO A TRAVES DE ESTOS AÑOS, AHORA LAS CUOTAS LAS ESTAN QUERIENDO A PERPETUIDAD PERO ESO NO SIGNIFICA Y QUE LES QUEDE CLARO QUE VAN A TENER PEGA HASTA QUE JUBILEN O HASTA QUE LES AGUANTE EL CUERO DENTRO DEL POZO DE RED, PUES EL PROYECTO DEL GOBIERNO DICE:
2° transitorio,los actuales titulares de los Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA) de la ley 19.713 van a recibir licencias tipo A, a perpetuidad
Dentro de las modificaciones que incorpora, la de mayor preocupación es la que se plasma en el inciso primero de la sustitución del articulo N° 31 que plantea que "Las licencias transables de pesca serán divisibles, transferibles, transmisibles, y susceptibles de todo negocio jurídico". La incorporación de este articulo con lleva un enorme estimulo que facilita una mayor acumulación de la actividad extractiva pesquera industrial, además, del arribo de capitales extranjeros (facilitado por los tratados de libre comercio firmados por Chile) con la finalidad de usufructuar con los recursos pesqueros nacionales por medio de la compra de las licencias transables, obteniendo con ello; el derecho a pescar y la cuota ligada a las embarcaciones.Por cuanto, en tan solo diez años se nos ha despojado de nuestro mar y los recursos pesqueros que contiene. Asimismo, nuevamente nos hemos transformado en un recipiente de recursos naturales explotables y aprovechables por cualquiera que tenga un maletín lo suficientemente cargado de capital financiero, sea éste compatriota o extranjero
CON ESTO LES DEBERIA QUEDAR CLARO QUE LOS QUE PROFESAN CONTRA LAS VENIDAS DE BARCOS EXTRANJEROS SOLO ESTAN DEFENDIENDO LO SUYO, Y POR BAJO CUERDA ESTAN HACIENDO SUS NEGOCIOS. IGUAL CON LOS EXTRANJEROS, RECORDEMOS QUE HACE POCO SAN JOSE VENDIO A MITSUBUTCHI CENTRO EN EL SUR DÁNDOLES CONCESION ACUICOLA O SEA MAR Y TIERRA CHILENO A JAPON.
AHORA CHILE EN ULTIMO ENCUENTRO DE ORP REALIZADO EN SANTIAGO HACE MENOS DE UNA SEMANA,FUSTIGÓ A PERÚ POR PASARSE DE LA CUOTA, PERU ALEGA QUE DENTRO DE SUS 200 MILLAS NO DEBERIA SER CUESTIONADO, PUES ES MAR TERRITORIAL, Y LO QUE DEBERIA CONTAR ES LA PESCA EN ALTAMAR NO LO QUE SUPUESTAMENTE ESTA DENTRO DE SU TERRITORIO.CON RESPECTO A ESTO REPRODUCIREMOS UNA DECLARACION DEL SUBSECRETARIO DE PESCA DE CHILE QUE NOS DEJA PERPLEJOS :
"(No lo está cumpliendo) debido a que en su mar territorial creen que pueden hacer lo que quieran", afirmó Pablo Galilea, subsecretario de Pesca de Chile, en el diario sureño La Tercera.
Tambien dice el Periodico Peruano con respecto a las ORP: Solo por excepción, si el Estado costero da su expreso consentimiento, se aplican también a las aguas jurisdiccionales",
POR LA BOCA MUERE EL PEZ: O SEA EL SUBSECRETARIO ESTA CONFIRMANDO NUESTRAS SOSPECHAS, CHILE CONSINTIÓ QUE EXTRANJEROS SE METIERAN DENTRO DEL MAR TERRITORIAL POR AMARRAR LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (OCDE)
O SEA QUE CHILE NO PUEDE ADMINISTRAR SUS RECURSOS DENTRO DE SU TERRITORIO,
CREEMOS QUE CHILE PERDIO EL RUMBO,Y NO ESTA DEFENDIENDO LOS INTERESES DE TODOS LOS CHILENOS, ES DECIR CON ESTO SE COMPRUEBA QUE OTROS PAISES CONTROLAN LO QUE NUESTRO MAR NOS PUEDE O NO NOS PUEDE DAR,CREEMOS QUE LA PESCA EN ALTAMAR BIEN DEBE TENER SUS ESTANDARES Y UNA ORP, PERO NO SE PUEDE UNO METERSE EN LA CASA AJENA,PUES ESOS PAISES,LA UNION EUROPEA NADIE LOS CONTROLA,A CHINA,RUSIA,EEUU ACASO NOSOTROS TENEMOS INGERENCIA EN SUS DECISIONES?,O LOS VAS A OBLIGAR A RESPETARTE PARA NADA!!! Entre los años 2000 y 2010, Chile descargó en sus puertos el 72% del total de jurel extraído en el Pacífico Sur. Eso es lo que se esta peleando en las ORP, EL DERECHO DE PODER SEGUIR PESCANDO EL PORCENTAJE PARA LAS FAMILIAS QUE SE APODERARON DEL MAR CHILENO CON LA AYUDA DE SENADORES QUE VOTARON EL 2000 TENIENDO NEGOCIOS DENTRO DEL SECTOR,ES ABERRANTE LO QUE ESTA PASANDO!! LO PEOR ES QUE LA CIUDADANIA Y NUESTROS PROPIOS COMPAÑEROS NO QUIEREN DESPERTAR,SIGUEN CIEGOS Y SORDOS A LOS MISMOS DIRIGENTES QUE A TRAVES DE LOS AÑOS LOS HAN MANEJADO COMO CORDEROS AL MATADERO, EL MANEJO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ES ASFIXIANTE PARAQUIENES QUEREMOS EXPRESAR LA INCOMODA VERDAD.
HOY ENTRO PESCA A NUESTRAS COSTAS DE REGULAR TAMAÑO, LAS CUOTAS ESTAN EN ALGUNAS PESQUERAS YA CASI LISTAS Y ENTONCES VENDRAN A PEDIR MAS CUOTAS, PERO POR LA POLITICA QUE ESTAN USANDO DE DESPRESTIGIAR AL PAIS VECINO NO LO PODRAN HACER, ASI COMO VEMOS LAS COSAS PERU ES MAS NACIONALISTA QUE CHILE Y DEFIENDE SUS COSTAS,SUS TRABAJADORES Y SUS RECURSOS MUCHO MEJOR QUE CHILE.
PENSAMOS EN VERDAD LO QUE UN PRESIDENTE DIJO :
" LO PRIMERO QUE HAY QUE NACIONALIZAR ANTES QUE NINGUN RECURSO NATURAL, ES EL ESTADO."
SINDICATO DE TRIPULANTES EVENTUALES DE LA 8ª REGION "SINTRISAN"
DOMINGO 5 DE FEBRERO 2012
http://sintrisan.blogspot.com/
( FUENTES: Terram, diario Gestión Perú, Diario Resumen)
miércoles, 1 de febrero de 2012
Proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura: ¿Fomenta o no el desarrollo sustentable?
¿Podemos distinguir cuándo una iniciativa favorece o promociona el desarrollo sustentable de nuestro país y cuándo hace lo contrario? Por Pablo Valenzuela, desde Casa de La Paz
31 de Enero, 2012 11:01
El desarrollo sustentable es un concepto o principio amplio, complejo y popular, lo que produce que muchas iniciativas, proyectos, leyes y políticas quieran vestirse con su traje. Sin embargo, ¿podemos distinguir cuándo una iniciativa favorece o promociona el desarrollo sustentable de nuestro país y cuándo hace lo contrario? Es una tarea difícil, pero existen indicadores que nos pueden ayudar a realizar ese juicio.
El proyecto de ley que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones, es uno de esos proyectos ley que se irrogan la cualidad de promocionar y contribuir al desarrollo sustentable. Es por ello, que en esta columna pretendemos hacer un pequeño aporte al extendido debate que ha generado su discusión, con una mirada desde el desarrollo sustentable.
Primero, para efectos de este artículo utilizaremos el concepto más aceptado de desarrollo sustentable que existe, entendiendo por él: aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Esta definición, generada por la Comisión Brundtland en 1987, contiene dos conceptos claves: el de “necesidad” y el de “limitación”. El primero de ellos se refiere a las de aquellos más pobres y que por tanto es un énfasis en que merecen prioridad. El segundo está impuesto por el estado de desarrollo de la tecnología y organización social sobre el medio ambiente y la habilidad de éste de la satisfacer las necesidades presentes y futuras.
Puesto que es un concepto amplio y complejo, varios autores han tratado de dar luces sobre su contenido normativo. Uno de estos elementos normativos en los cuales hay un amplio consenso es en el de la equidad con las generaciones futuras, pero también –cosa que se nos olvida a menudo- equidad con las generaciones presentes.
¿A qué se refiere esta equidad? A una justa y equitativa repartición de los beneficios provenientes de la explotación y uso de recursos naturales. En este sentido, el desarrollo sustentable clama por dar prioridad a quiénes hoy, tienen menores recursos.
¿Hace aquello el Proyecto de ley? En nuestra opinión no. El proyecto se aleja de esta equidad cuando establece el respeto a ciertos derechos “históricos” que detentarían los actuales titulares de las cuotas de pesca. De esa manera la norma asegura en forma directa el disfrute de beneficios grandes para pocos -y muy pocos- en vez de establecer la existencia de un sistema donde un mayor número de actores pudieran entrar, como podría ser mediante una licitación abierta de los derechos de los ahora, titulares de las cuotas.
A nuestro juicio, el beneficio de una licitación -en cuanto a la sustentabilidad de la norma- se presenta relevante toda vez que se generaría competencia entre los postulantes, los cuales podrían investigar, generar, ofrecer e implementar las mejores técnicas disponibles para realizar la explotación. Vale decir, aquellas que aseguran armonizar, de la mejor manera posible, el uso sustentable y la conservación del recurso con la generación del mayor beneficio actual. El punto negativo de las licitaciones es el que pueden generar mayor depredación al incentivar a los ganadores a querer “cobrarse” el sobrecosto pagado para adjudicarse el derecho, aumentando su voracidad por recursos. Sin embargo, creemos que ello puede solucionarse estableciendo bases claras que fomenten la explotación sustentable del recurso.
Lo relevante es contar con un sistema que no concentre en tan pocas manos tantos beneficios de recursos naturales de todos. En este sentido llama la atención que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad no considerara la manera en la cual la norma disponía que se otorgarían los derechos de explotación, como uno de los puntos clave a debatir cuando el pasado 2 de diciembre se reunió a analizar el mencionado proyecto de ley, según lo ordena la nueva institucionalidad ambiental.
Por otra parte, y tal y como señala la declaración de la Cumbre de Río de 1992 firmada por Chile, un segundo elemento normativo a considerar dentro del desarrollo sustentable, es la construcción de normativas y políticas en materia ambiental con una amplia participación de todos los ciudadanos interesados.
¿Qué hizo a ese respecto este proyecto de ley? Poco y en la dirección equivocada. Ello porque estableció una mesa con actores designados no muy democráticamente, en la cual representantes de los actores implicados, alcanzaron acuerdos sobre los cuales se basó esta iniciativa legal. Sin embargo, estos representantes no tenían un poder equitativo para poder establecer acuerdos justos. Por un lado, estaban los grandes –y muy grandes- titulares de cuotas industriales y por el otro, la asociación de pescadores artesanales, con un poder de incidencia claramente menor (mesa de trabajo pesquera estuvo integrada por 30 personas, entre empresarios, dirigentes de la pesca artesanal y gobierno).
En otras palabras, se mermaron las posibilidades de una real participación. Pero más importante aún ¿Por qué no se invito a toda la ciudadanía a este proceso?, ¿por qué sólo se consideró a quiénes el gobierno estimó conveniente? ¿Acaso ello no representa una discriminación para aquellos ciudadanos y nuevos actores interesados en acceder a esta industria?
De esta manera y con la intención de aportar al debate sobre este proyecto de ley, consideramos que el texto ingresado al Congreso presenta avances en algunos elementos normativos contenidos en el principio del desarrollo sustentable: como el incluir como objeto de la ley el uso sustentable de los recursos, encarnado en el concepto de “rendimiento máximo sostenible” e integrar a actores de distintos campos de conocimiento en los nuevos órganos en la toma de decisiones, entre otros. Sin embargo, a nuestro juicio, el proyecto falla profundamente en lo que respecta a la equidad intra- generacional y en la participación que todo proyecto debe fomentar y asegurar.
Aún estamos a tiempo de mejorarlo.
Pablo Valenzuela
Director Ejecutivo
Fundación Casa de la Paz
¿Podemos distinguir cuándo una iniciativa favorece o promociona el desarrollo sustentable de nuestro país y cuándo hace lo contrario? Por Pablo Valenzuela, desde Casa de La Paz
31 de Enero, 2012 11:01
El desarrollo sustentable es un concepto o principio amplio, complejo y popular, lo que produce que muchas iniciativas, proyectos, leyes y políticas quieran vestirse con su traje. Sin embargo, ¿podemos distinguir cuándo una iniciativa favorece o promociona el desarrollo sustentable de nuestro país y cuándo hace lo contrario? Es una tarea difícil, pero existen indicadores que nos pueden ayudar a realizar ese juicio.
El proyecto de ley que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones, es uno de esos proyectos ley que se irrogan la cualidad de promocionar y contribuir al desarrollo sustentable. Es por ello, que en esta columna pretendemos hacer un pequeño aporte al extendido debate que ha generado su discusión, con una mirada desde el desarrollo sustentable.
Primero, para efectos de este artículo utilizaremos el concepto más aceptado de desarrollo sustentable que existe, entendiendo por él: aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Esta definición, generada por la Comisión Brundtland en 1987, contiene dos conceptos claves: el de “necesidad” y el de “limitación”. El primero de ellos se refiere a las de aquellos más pobres y que por tanto es un énfasis en que merecen prioridad. El segundo está impuesto por el estado de desarrollo de la tecnología y organización social sobre el medio ambiente y la habilidad de éste de la satisfacer las necesidades presentes y futuras.
Puesto que es un concepto amplio y complejo, varios autores han tratado de dar luces sobre su contenido normativo. Uno de estos elementos normativos en los cuales hay un amplio consenso es en el de la equidad con las generaciones futuras, pero también –cosa que se nos olvida a menudo- equidad con las generaciones presentes.
¿A qué se refiere esta equidad? A una justa y equitativa repartición de los beneficios provenientes de la explotación y uso de recursos naturales. En este sentido, el desarrollo sustentable clama por dar prioridad a quiénes hoy, tienen menores recursos.
¿Hace aquello el Proyecto de ley? En nuestra opinión no. El proyecto se aleja de esta equidad cuando establece el respeto a ciertos derechos “históricos” que detentarían los actuales titulares de las cuotas de pesca. De esa manera la norma asegura en forma directa el disfrute de beneficios grandes para pocos -y muy pocos- en vez de establecer la existencia de un sistema donde un mayor número de actores pudieran entrar, como podría ser mediante una licitación abierta de los derechos de los ahora, titulares de las cuotas.
A nuestro juicio, el beneficio de una licitación -en cuanto a la sustentabilidad de la norma- se presenta relevante toda vez que se generaría competencia entre los postulantes, los cuales podrían investigar, generar, ofrecer e implementar las mejores técnicas disponibles para realizar la explotación. Vale decir, aquellas que aseguran armonizar, de la mejor manera posible, el uso sustentable y la conservación del recurso con la generación del mayor beneficio actual. El punto negativo de las licitaciones es el que pueden generar mayor depredación al incentivar a los ganadores a querer “cobrarse” el sobrecosto pagado para adjudicarse el derecho, aumentando su voracidad por recursos. Sin embargo, creemos que ello puede solucionarse estableciendo bases claras que fomenten la explotación sustentable del recurso.
Lo relevante es contar con un sistema que no concentre en tan pocas manos tantos beneficios de recursos naturales de todos. En este sentido llama la atención que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad no considerara la manera en la cual la norma disponía que se otorgarían los derechos de explotación, como uno de los puntos clave a debatir cuando el pasado 2 de diciembre se reunió a analizar el mencionado proyecto de ley, según lo ordena la nueva institucionalidad ambiental.
Por otra parte, y tal y como señala la declaración de la Cumbre de Río de 1992 firmada por Chile, un segundo elemento normativo a considerar dentro del desarrollo sustentable, es la construcción de normativas y políticas en materia ambiental con una amplia participación de todos los ciudadanos interesados.
¿Qué hizo a ese respecto este proyecto de ley? Poco y en la dirección equivocada. Ello porque estableció una mesa con actores designados no muy democráticamente, en la cual representantes de los actores implicados, alcanzaron acuerdos sobre los cuales se basó esta iniciativa legal. Sin embargo, estos representantes no tenían un poder equitativo para poder establecer acuerdos justos. Por un lado, estaban los grandes –y muy grandes- titulares de cuotas industriales y por el otro, la asociación de pescadores artesanales, con un poder de incidencia claramente menor (mesa de trabajo pesquera estuvo integrada por 30 personas, entre empresarios, dirigentes de la pesca artesanal y gobierno).
En otras palabras, se mermaron las posibilidades de una real participación. Pero más importante aún ¿Por qué no se invito a toda la ciudadanía a este proceso?, ¿por qué sólo se consideró a quiénes el gobierno estimó conveniente? ¿Acaso ello no representa una discriminación para aquellos ciudadanos y nuevos actores interesados en acceder a esta industria?
De esta manera y con la intención de aportar al debate sobre este proyecto de ley, consideramos que el texto ingresado al Congreso presenta avances en algunos elementos normativos contenidos en el principio del desarrollo sustentable: como el incluir como objeto de la ley el uso sustentable de los recursos, encarnado en el concepto de “rendimiento máximo sostenible” e integrar a actores de distintos campos de conocimiento en los nuevos órganos en la toma de decisiones, entre otros. Sin embargo, a nuestro juicio, el proyecto falla profundamente en lo que respecta a la equidad intra- generacional y en la participación que todo proyecto debe fomentar y asegurar.
Aún estamos a tiempo de mejorarlo.
Pablo Valenzuela
Director Ejecutivo
Fundación Casa de la Paz
Ley de pesca 31/01/2012 OPINION DIARIO LA TERCERA
Señor director:
Recibimos con entusiasmo y asombro el anuncio de la Subsecretaría de Pesca en relación al inicio de una campaña que promueve el consumo de pescado y otros productos del mar.
La Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile y sus más de 50 mil adherentes a lo largo de todo el país apoyamos la iniciativa y ofrecemos nuestra ayuda para que esta sea la primera de muchas instancias en que la ciudadanía perciba el valor de nuestra labor.
Sin embargo, el proyecto de Ley de Pesca que se discute en el Congreso implica la muerte de la pesca artesanal en Chile. ¿Cómo se explica que esta ley permita al sector industrial disponer a perpetuidad de las costas de todo el país para que vía pesca de arrastre se obtengan los peces para fabricar harina de pescado de exportación? No está de más recordar que el 70% del consumo de pescados y mariscos a nivel nacional se obtiene de las manos de los pescadores artesanales.
Si la voluntad del gobierno es incentivar el consumo de productos marinos, debiera cumplir su promesa y promover una ley que permita la subsistencia de la pesca artesanal, su desarrollo y progreso, aplicando criterios de sustentabilidad, equidad y justicia sobre este recurso que pertenece a todos los chilenos.
Nelson Estrada, Jorge BustosComisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile
Señor director:
Recibimos con entusiasmo y asombro el anuncio de la Subsecretaría de Pesca en relación al inicio de una campaña que promueve el consumo de pescado y otros productos del mar.
La Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile y sus más de 50 mil adherentes a lo largo de todo el país apoyamos la iniciativa y ofrecemos nuestra ayuda para que esta sea la primera de muchas instancias en que la ciudadanía perciba el valor de nuestra labor.
Sin embargo, el proyecto de Ley de Pesca que se discute en el Congreso implica la muerte de la pesca artesanal en Chile. ¿Cómo se explica que esta ley permita al sector industrial disponer a perpetuidad de las costas de todo el país para que vía pesca de arrastre se obtengan los peces para fabricar harina de pescado de exportación? No está de más recordar que el 70% del consumo de pescados y mariscos a nivel nacional se obtiene de las manos de los pescadores artesanales.
Si la voluntad del gobierno es incentivar el consumo de productos marinos, debiera cumplir su promesa y promover una ley que permita la subsistencia de la pesca artesanal, su desarrollo y progreso, aplicando criterios de sustentabilidad, equidad y justicia sobre este recurso que pertenece a todos los chilenos.
Nelson Estrada, Jorge BustosComisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile
Chile se queja por sobreexplotación del jurel y critican al Perú
( diario el comercio,Perú)
Ministro de Economía chileno dijo que “varios Estados” no cumplen medidas para la protección de esa especie, que está al borde de la extinción
Lunes 30 de enero de 2012 - 11:13 pm
(Flickr/Kano photo)
Santiago de Chile (AP). Chile se quejó el lunes por la sobreexplotación extranjera del jurel en las aguas del Pacífico Sur, que han llevado a la especie al borde la extinción, al disminuir su biomasa en un 90% durante los últimos 20 años.
Mientras la reunión pesquera se desarrollaba en un hotel de un acomodado barrio de la ciudad, en el exterior un grupo de adherentes a la organización medioambientalista Greenpeace extendió un gigantesco cartel con la leyenda “Salven al jurel”.
La queja fue expresada por el ministro de Economía, Pablo Longueira, al intervenir en la Tercera Conferencia Preparatoria para el establecimiento de la Comisión de la Organización Regional del Pacífico Sur, ORP.
“Nos sentimos profundamente decepcionados del bajo nivel de cumplimiento de las medidas adoptadas por varios Estados”, dijo el Ministro.
Afirmó que Chile cumplió en un 100% las medidas que limitaban a un 60% la captura de la especie con relación a lo extraído el 2010. “Solo algunos Estados han cumplido la reducción de captura, sin embargo, otros (la) han aumentando indiscriminadamente”.
GREENPEACE CUESTIONA A PERÚSegún el portavoz local de Greenpeace, Samuel Leiva, la cita en la que participan países latinoamericanos y de la Unión Europea, es vital para la protección del jurel, “pero el incumplimiento de las medidas y las denuncias de información de capturas falsas hacen peligrar los acuerdos de manejo de los recursos pesqueros en el océano más grande del mundo, justamente violando el objetivo de las negociaciones, lo que ha puesto al recurso en una muy difícil posición”.
Leiva, que es delegado a la reunión, dijo que una de las denuncias falsas aluden a la flota rusa, la que en conjunto con Perú informó de capturas de 40.000 toneladas por parte del buque factoría Lafayette, cifra que fue puesta en duda por Greenpeace y por una reciente inspección de la Comunidad Europea.
Según la organización ambientalista, una reciente inspección por parte de la Comunidad Europea puso en tela de juicio la veracidad de este informe de Rusia y Perú.
“Rechazamos cualquier incumplimiento a las medidas de manejo que se han tratado de implementar porque ponen una mayor presión sobre un recurso que se encuentra al borde del colapso. Lamentablemente Perú, Ecuador, Rusia, China y Corea no lo ven de esa manera”, declaró Leiva.
PERÚ RESPONDEAnte las acusaciones y críticas, el presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería de Perú, Richard Inurritegui, aseguró que “hay un error de concepto porque el Perú sí ha cumplido lo acordado en las medidas interinas, ya que estas se aplican sólo en alta mar”.
Según las medidas adoptadas en la anterior conferencia, en Colombia, las cuotas se pueden dividir entre lo capturado en alta mar y en la Zona Económica Exclusiva, ZEE, pero hay países como Perú que la interpretan como que la cuota rige sólo en aguas internacionales.
Inurritegui dijo que “un Estado puede dar su consentimiento o no para que se aplique la pesca en la ZEE”.
En el pasado la captura del jurel era la principal captura chilena, pero en la actualidad se redujo en un 90% en las últimas dos décadas.
Según estudios citados por Greenpeace, en una década a partir de los noventa la biomasa del jurel se redujo en un 75% y en la última década la captura bajó de 2,3 millones de toneladas a poco más de 500.000 toneladas.
La cita en la que varios países buscan la ratificación de la Convención para la Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros en el Alta Mar del Océano pacífico Sur, sesionará diariamente hasta el próximo viernes
sintrisan dice: el año pasado por falta de jureles no se completo la cuota, eso de que los empresarios se pusieron verdes eclogistas es mas falso que la cuota historica realizada a traves de los años donde saliamos apescar afuera y se declaraba adentro, o cuando se realizan las bicicletas interzonales a traves de chile, o no?
( diario el comercio,Perú)
Ministro de Economía chileno dijo que “varios Estados” no cumplen medidas para la protección de esa especie, que está al borde de la extinción
Lunes 30 de enero de 2012 - 11:13 pm
(Flickr/Kano photo)
Santiago de Chile (AP). Chile se quejó el lunes por la sobreexplotación extranjera del jurel en las aguas del Pacífico Sur, que han llevado a la especie al borde la extinción, al disminuir su biomasa en un 90% durante los últimos 20 años.
Mientras la reunión pesquera se desarrollaba en un hotel de un acomodado barrio de la ciudad, en el exterior un grupo de adherentes a la organización medioambientalista Greenpeace extendió un gigantesco cartel con la leyenda “Salven al jurel”.
La queja fue expresada por el ministro de Economía, Pablo Longueira, al intervenir en la Tercera Conferencia Preparatoria para el establecimiento de la Comisión de la Organización Regional del Pacífico Sur, ORP.
“Nos sentimos profundamente decepcionados del bajo nivel de cumplimiento de las medidas adoptadas por varios Estados”, dijo el Ministro.
Afirmó que Chile cumplió en un 100% las medidas que limitaban a un 60% la captura de la especie con relación a lo extraído el 2010. “Solo algunos Estados han cumplido la reducción de captura, sin embargo, otros (la) han aumentando indiscriminadamente”.
GREENPEACE CUESTIONA A PERÚSegún el portavoz local de Greenpeace, Samuel Leiva, la cita en la que participan países latinoamericanos y de la Unión Europea, es vital para la protección del jurel, “pero el incumplimiento de las medidas y las denuncias de información de capturas falsas hacen peligrar los acuerdos de manejo de los recursos pesqueros en el océano más grande del mundo, justamente violando el objetivo de las negociaciones, lo que ha puesto al recurso en una muy difícil posición”.
Leiva, que es delegado a la reunión, dijo que una de las denuncias falsas aluden a la flota rusa, la que en conjunto con Perú informó de capturas de 40.000 toneladas por parte del buque factoría Lafayette, cifra que fue puesta en duda por Greenpeace y por una reciente inspección de la Comunidad Europea.
Según la organización ambientalista, una reciente inspección por parte de la Comunidad Europea puso en tela de juicio la veracidad de este informe de Rusia y Perú.
“Rechazamos cualquier incumplimiento a las medidas de manejo que se han tratado de implementar porque ponen una mayor presión sobre un recurso que se encuentra al borde del colapso. Lamentablemente Perú, Ecuador, Rusia, China y Corea no lo ven de esa manera”, declaró Leiva.
PERÚ RESPONDEAnte las acusaciones y críticas, el presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería de Perú, Richard Inurritegui, aseguró que “hay un error de concepto porque el Perú sí ha cumplido lo acordado en las medidas interinas, ya que estas se aplican sólo en alta mar”.
Según las medidas adoptadas en la anterior conferencia, en Colombia, las cuotas se pueden dividir entre lo capturado en alta mar y en la Zona Económica Exclusiva, ZEE, pero hay países como Perú que la interpretan como que la cuota rige sólo en aguas internacionales.
Inurritegui dijo que “un Estado puede dar su consentimiento o no para que se aplique la pesca en la ZEE”.
En el pasado la captura del jurel era la principal captura chilena, pero en la actualidad se redujo en un 90% en las últimas dos décadas.
Según estudios citados por Greenpeace, en una década a partir de los noventa la biomasa del jurel se redujo en un 75% y en la última década la captura bajó de 2,3 millones de toneladas a poco más de 500.000 toneladas.
La cita en la que varios países buscan la ratificación de la Convención para la Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros en el Alta Mar del Océano pacífico Sur, sesionará diariamente hasta el próximo viernes
sintrisan dice: el año pasado por falta de jureles no se completo la cuota, eso de que los empresarios se pusieron verdes eclogistas es mas falso que la cuota historica realizada a traves de los años donde saliamos apescar afuera y se declaraba adentro, o cuando se realizan las bicicletas interzonales a traves de chile, o no?
domingo, 29 de enero de 2012
Industria pesquera
Greenpeace urge al Gobierno chileno a salvar al jurel de la extinción
28/01/2012 lainformacion.com
La sección chilena de la organización ecologista Greenpeace urgió hoy al Gobierno a adoptar "una posición más decidida", con medidas tendentes a salvar de la extinción al jurel, un pez pelágico otrora abundante y actualmente muy escaso en el Pacífico Sur.
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Santiago de Chile, 28 ene.- La sección chilena de la organización ecologista Greenpeace urgió hoy al Gobierno a adoptar "una posición más decidida", con medidas tendentes a salvar de la extinción al jurel, un pez pelágico otrora abundante y actualmente muy escaso en el Pacífico Sur.
El llamamiento se difundió a dos días del comienzo, el próximo lunes, de una reunión del Grupo de Trabajo de Alto Nivel de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (Orgpps) que se extenderá hasta el 2 de febrero en la capital chilena.
En los años 80 y 90, las capturas de jurel en el Pacífico Sur llegaron a sumar entre cinco y seis millones de toneladas anuales y para el año 2011, en una reunión celebrada el enero de ese año en Cali (Colombia), la Orgpps fijó una cuota total de 520 mil toneladas, un 40 por ciento menos que el año anterior.
Según Greenpeace, Perú se excedió en la parte de esa cuota que le correspondía.
Para este año, la organización ha propuesto reducir esa cuota un 50 %, a 260 mil toneladas.
Este volumen es respaldado por la Subsecretaría chilena de Pesca, pero según Samuel Leiva, coordinador de campañas de Greenpeace, las cuotas oficiales establecidas para el 2012 en Perú (200 mil toneladas) y Chile (225 mil toneladas), ya sobrepasan dicha meta.
Ello, "sin considerar las capturas de otros países como China, la Unión Europea, Rusia o Corea del Sur, entre otros, que no se han adherido a las medidas interinas de la Orgpps, mientras Ecuador ni siquiera ha firmado el texto de acuerdo para la creación de la entidad.
El Gobierno chileno, según han señalado autoridades de la Cancillería y de la Subsecretaría de Pesca, propondrá en la reunión realizar una nueva evaluación de población del jurel y la creación de un comité de cumplimiento de las medidas que no incorpore datos de captura que no hayan sido verificados.
Además, planteará que las reuniones del Subgrupo de Trabajo Científico del Jurel sean más extensas, para poder revisar con mayor tiempo los datos de las capturas, con la intención de que las que no cumplan las medidas sean declaradas pesca pirata.
Para Samuel Leiva esas medidas "rayan en lo mismo que se ha venido haciendo desde el 2007 y que ya fracasó. Esta experiencia, más la dramática situación actual del jurel, exige de nuestro Gobierno medidas más audaces para proteger y recuperar la especie".
A su juicio, según señaló en un comunicado de Greenpeace, "los países que no han respetado los acuerdos de manejo del recurso están poniendo en peligro el futuro de la pesquería y obstaculizan cualquier medida de conservación y protección que se pueda aplicar para evitar el colapso final del recurso".
"Hacemos un llamado a que en la reunión de Santiago se hagan compromisos públicos para ratificar a la brevedad la convención para que las medidas sean vinculantes y no voluntarias. No hay más tiempo que perder", subrayó.
El "Trachurusmurphyi", o jurel chileno se captura al oeste de Chile y Perú, a lo largo de una franja de 6.600 kilómetros, hasta aproximadamente 120 grados de longitud, a mitad de camino hacia Nueva Zelanda.
Rico en ácidos grasos, la mayor parte del jurel capturado se transforma en harina de pescado para ser consumido en la acuicultura y en las granjas de cerdos.
Sus propiedades llevaron al jurel a convertirse en objeto de una pesca agresiva, que en sólo dos décadas, redujo su volumen desde unos 30 millones de toneladas a menos de tres millones en la actualidad.(Agencia EFE)
sintrisan dice: científicos dicen que la recuperacion tambien pasa por una veda de 5 a 10 años
Greenpeace urge al Gobierno chileno a salvar al jurel de la extinción
28/01/2012 lainformacion.com
La sección chilena de la organización ecologista Greenpeace urgió hoy al Gobierno a adoptar "una posición más decidida", con medidas tendentes a salvar de la extinción al jurel, un pez pelágico otrora abundante y actualmente muy escaso en el Pacífico Sur.
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Santiago de Chile, 28 ene.- La sección chilena de la organización ecologista Greenpeace urgió hoy al Gobierno a adoptar "una posición más decidida", con medidas tendentes a salvar de la extinción al jurel, un pez pelágico otrora abundante y actualmente muy escaso en el Pacífico Sur.
El llamamiento se difundió a dos días del comienzo, el próximo lunes, de una reunión del Grupo de Trabajo de Alto Nivel de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (Orgpps) que se extenderá hasta el 2 de febrero en la capital chilena.
En los años 80 y 90, las capturas de jurel en el Pacífico Sur llegaron a sumar entre cinco y seis millones de toneladas anuales y para el año 2011, en una reunión celebrada el enero de ese año en Cali (Colombia), la Orgpps fijó una cuota total de 520 mil toneladas, un 40 por ciento menos que el año anterior.
Según Greenpeace, Perú se excedió en la parte de esa cuota que le correspondía.
Para este año, la organización ha propuesto reducir esa cuota un 50 %, a 260 mil toneladas.
Este volumen es respaldado por la Subsecretaría chilena de Pesca, pero según Samuel Leiva, coordinador de campañas de Greenpeace, las cuotas oficiales establecidas para el 2012 en Perú (200 mil toneladas) y Chile (225 mil toneladas), ya sobrepasan dicha meta.
Ello, "sin considerar las capturas de otros países como China, la Unión Europea, Rusia o Corea del Sur, entre otros, que no se han adherido a las medidas interinas de la Orgpps, mientras Ecuador ni siquiera ha firmado el texto de acuerdo para la creación de la entidad.
El Gobierno chileno, según han señalado autoridades de la Cancillería y de la Subsecretaría de Pesca, propondrá en la reunión realizar una nueva evaluación de población del jurel y la creación de un comité de cumplimiento de las medidas que no incorpore datos de captura que no hayan sido verificados.
Además, planteará que las reuniones del Subgrupo de Trabajo Científico del Jurel sean más extensas, para poder revisar con mayor tiempo los datos de las capturas, con la intención de que las que no cumplan las medidas sean declaradas pesca pirata.
Para Samuel Leiva esas medidas "rayan en lo mismo que se ha venido haciendo desde el 2007 y que ya fracasó. Esta experiencia, más la dramática situación actual del jurel, exige de nuestro Gobierno medidas más audaces para proteger y recuperar la especie".
A su juicio, según señaló en un comunicado de Greenpeace, "los países que no han respetado los acuerdos de manejo del recurso están poniendo en peligro el futuro de la pesquería y obstaculizan cualquier medida de conservación y protección que se pueda aplicar para evitar el colapso final del recurso".
"Hacemos un llamado a que en la reunión de Santiago se hagan compromisos públicos para ratificar a la brevedad la convención para que las medidas sean vinculantes y no voluntarias. No hay más tiempo que perder", subrayó.
El "Trachurusmurphyi", o jurel chileno se captura al oeste de Chile y Perú, a lo largo de una franja de 6.600 kilómetros, hasta aproximadamente 120 grados de longitud, a mitad de camino hacia Nueva Zelanda.
Rico en ácidos grasos, la mayor parte del jurel capturado se transforma en harina de pescado para ser consumido en la acuicultura y en las granjas de cerdos.
Sus propiedades llevaron al jurel a convertirse en objeto de una pesca agresiva, que en sólo dos décadas, redujo su volumen desde unos 30 millones de toneladas a menos de tres millones en la actualidad.(Agencia EFE)
sintrisan dice: científicos dicen que la recuperacion tambien pasa por una veda de 5 a 10 años