Proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura: ¿Fomenta o no el desarrollo sustentable?
¿Podemos distinguir cuándo una iniciativa favorece o promociona el desarrollo sustentable de nuestro país y cuándo hace lo contrario? Por Pablo Valenzuela, desde Casa de La Paz
31 de Enero, 2012 11:01
El desarrollo sustentable es un concepto o principio amplio, complejo y popular, lo que produce que muchas iniciativas, proyectos, leyes y políticas quieran vestirse con su traje. Sin embargo, ¿podemos distinguir cuándo una iniciativa favorece o promociona el desarrollo sustentable de nuestro país y cuándo hace lo contrario? Es una tarea difícil, pero existen indicadores que nos pueden ayudar a realizar ese juicio.
El proyecto de ley que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones, es uno de esos proyectos ley que se irrogan la cualidad de promocionar y contribuir al desarrollo sustentable. Es por ello, que en esta columna pretendemos hacer un pequeño aporte al extendido debate que ha generado su discusión, con una mirada desde el desarrollo sustentable.
Primero, para efectos de este artículo utilizaremos el concepto más aceptado de desarrollo sustentable que existe, entendiendo por él: aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Esta definición, generada por la Comisión Brundtland en 1987, contiene dos conceptos claves: el de “necesidad” y el de “limitación”. El primero de ellos se refiere a las de aquellos más pobres y que por tanto es un énfasis en que merecen prioridad. El segundo está impuesto por el estado de desarrollo de la tecnología y organización social sobre el medio ambiente y la habilidad de éste de la satisfacer las necesidades presentes y futuras.
Puesto que es un concepto amplio y complejo, varios autores han tratado de dar luces sobre su contenido normativo. Uno de estos elementos normativos en los cuales hay un amplio consenso es en el de la equidad con las generaciones futuras, pero también –cosa que se nos olvida a menudo- equidad con las generaciones presentes.
¿A qué se refiere esta equidad? A una justa y equitativa repartición de los beneficios provenientes de la explotación y uso de recursos naturales. En este sentido, el desarrollo sustentable clama por dar prioridad a quiénes hoy, tienen menores recursos.
¿Hace aquello el Proyecto de ley? En nuestra opinión no. El proyecto se aleja de esta equidad cuando establece el respeto a ciertos derechos “históricos” que detentarían los actuales titulares de las cuotas de pesca. De esa manera la norma asegura en forma directa el disfrute de beneficios grandes para pocos -y muy pocos- en vez de establecer la existencia de un sistema donde un mayor número de actores pudieran entrar, como podría ser mediante una licitación abierta de los derechos de los ahora, titulares de las cuotas.
A nuestro juicio, el beneficio de una licitación -en cuanto a la sustentabilidad de la norma- se presenta relevante toda vez que se generaría competencia entre los postulantes, los cuales podrían investigar, generar, ofrecer e implementar las mejores técnicas disponibles para realizar la explotación. Vale decir, aquellas que aseguran armonizar, de la mejor manera posible, el uso sustentable y la conservación del recurso con la generación del mayor beneficio actual. El punto negativo de las licitaciones es el que pueden generar mayor depredación al incentivar a los ganadores a querer “cobrarse” el sobrecosto pagado para adjudicarse el derecho, aumentando su voracidad por recursos. Sin embargo, creemos que ello puede solucionarse estableciendo bases claras que fomenten la explotación sustentable del recurso.
Lo relevante es contar con un sistema que no concentre en tan pocas manos tantos beneficios de recursos naturales de todos. En este sentido llama la atención que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad no considerara la manera en la cual la norma disponía que se otorgarían los derechos de explotación, como uno de los puntos clave a debatir cuando el pasado 2 de diciembre se reunió a analizar el mencionado proyecto de ley, según lo ordena la nueva institucionalidad ambiental.
Por otra parte, y tal y como señala la declaración de la Cumbre de Río de 1992 firmada por Chile, un segundo elemento normativo a considerar dentro del desarrollo sustentable, es la construcción de normativas y políticas en materia ambiental con una amplia participación de todos los ciudadanos interesados.
¿Qué hizo a ese respecto este proyecto de ley? Poco y en la dirección equivocada. Ello porque estableció una mesa con actores designados no muy democráticamente, en la cual representantes de los actores implicados, alcanzaron acuerdos sobre los cuales se basó esta iniciativa legal. Sin embargo, estos representantes no tenían un poder equitativo para poder establecer acuerdos justos. Por un lado, estaban los grandes –y muy grandes- titulares de cuotas industriales y por el otro, la asociación de pescadores artesanales, con un poder de incidencia claramente menor (mesa de trabajo pesquera estuvo integrada por 30 personas, entre empresarios, dirigentes de la pesca artesanal y gobierno).
En otras palabras, se mermaron las posibilidades de una real participación. Pero más importante aún ¿Por qué no se invito a toda la ciudadanía a este proceso?, ¿por qué sólo se consideró a quiénes el gobierno estimó conveniente? ¿Acaso ello no representa una discriminación para aquellos ciudadanos y nuevos actores interesados en acceder a esta industria?
De esta manera y con la intención de aportar al debate sobre este proyecto de ley, consideramos que el texto ingresado al Congreso presenta avances en algunos elementos normativos contenidos en el principio del desarrollo sustentable: como el incluir como objeto de la ley el uso sustentable de los recursos, encarnado en el concepto de “rendimiento máximo sostenible” e integrar a actores de distintos campos de conocimiento en los nuevos órganos en la toma de decisiones, entre otros. Sin embargo, a nuestro juicio, el proyecto falla profundamente en lo que respecta a la equidad intra- generacional y en la participación que todo proyecto debe fomentar y asegurar.
Aún estamos a tiempo de mejorarlo.
Pablo Valenzuela
Director Ejecutivo
Fundación Casa de la Paz
miércoles, 1 de febrero de 2012
Ley de pesca 31/01/2012 OPINION DIARIO LA TERCERA
Señor director:
Recibimos con entusiasmo y asombro el anuncio de la Subsecretaría de Pesca en relación al inicio de una campaña que promueve el consumo de pescado y otros productos del mar.
La Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile y sus más de 50 mil adherentes a lo largo de todo el país apoyamos la iniciativa y ofrecemos nuestra ayuda para que esta sea la primera de muchas instancias en que la ciudadanía perciba el valor de nuestra labor.
Sin embargo, el proyecto de Ley de Pesca que se discute en el Congreso implica la muerte de la pesca artesanal en Chile. ¿Cómo se explica que esta ley permita al sector industrial disponer a perpetuidad de las costas de todo el país para que vía pesca de arrastre se obtengan los peces para fabricar harina de pescado de exportación? No está de más recordar que el 70% del consumo de pescados y mariscos a nivel nacional se obtiene de las manos de los pescadores artesanales.
Si la voluntad del gobierno es incentivar el consumo de productos marinos, debiera cumplir su promesa y promover una ley que permita la subsistencia de la pesca artesanal, su desarrollo y progreso, aplicando criterios de sustentabilidad, equidad y justicia sobre este recurso que pertenece a todos los chilenos.
Nelson Estrada, Jorge BustosComisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile
Señor director:
Recibimos con entusiasmo y asombro el anuncio de la Subsecretaría de Pesca en relación al inicio de una campaña que promueve el consumo de pescado y otros productos del mar.
La Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile y sus más de 50 mil adherentes a lo largo de todo el país apoyamos la iniciativa y ofrecemos nuestra ayuda para que esta sea la primera de muchas instancias en que la ciudadanía perciba el valor de nuestra labor.
Sin embargo, el proyecto de Ley de Pesca que se discute en el Congreso implica la muerte de la pesca artesanal en Chile. ¿Cómo se explica que esta ley permita al sector industrial disponer a perpetuidad de las costas de todo el país para que vía pesca de arrastre se obtengan los peces para fabricar harina de pescado de exportación? No está de más recordar que el 70% del consumo de pescados y mariscos a nivel nacional se obtiene de las manos de los pescadores artesanales.
Si la voluntad del gobierno es incentivar el consumo de productos marinos, debiera cumplir su promesa y promover una ley que permita la subsistencia de la pesca artesanal, su desarrollo y progreso, aplicando criterios de sustentabilidad, equidad y justicia sobre este recurso que pertenece a todos los chilenos.
Nelson Estrada, Jorge BustosComisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile
Chile se queja por sobreexplotación del jurel y critican al Perú
( diario el comercio,Perú)
Ministro de Economía chileno dijo que “varios Estados” no cumplen medidas para la protección de esa especie, que está al borde de la extinción
Lunes 30 de enero de 2012 - 11:13 pm
(Flickr/Kano photo)
Santiago de Chile (AP). Chile se quejó el lunes por la sobreexplotación extranjera del jurel en las aguas del Pacífico Sur, que han llevado a la especie al borde la extinción, al disminuir su biomasa en un 90% durante los últimos 20 años.
Mientras la reunión pesquera se desarrollaba en un hotel de un acomodado barrio de la ciudad, en el exterior un grupo de adherentes a la organización medioambientalista Greenpeace extendió un gigantesco cartel con la leyenda “Salven al jurel”.
La queja fue expresada por el ministro de Economía, Pablo Longueira, al intervenir en la Tercera Conferencia Preparatoria para el establecimiento de la Comisión de la Organización Regional del Pacífico Sur, ORP.
“Nos sentimos profundamente decepcionados del bajo nivel de cumplimiento de las medidas adoptadas por varios Estados”, dijo el Ministro.
Afirmó que Chile cumplió en un 100% las medidas que limitaban a un 60% la captura de la especie con relación a lo extraído el 2010. “Solo algunos Estados han cumplido la reducción de captura, sin embargo, otros (la) han aumentando indiscriminadamente”.
GREENPEACE CUESTIONA A PERÚSegún el portavoz local de Greenpeace, Samuel Leiva, la cita en la que participan países latinoamericanos y de la Unión Europea, es vital para la protección del jurel, “pero el incumplimiento de las medidas y las denuncias de información de capturas falsas hacen peligrar los acuerdos de manejo de los recursos pesqueros en el océano más grande del mundo, justamente violando el objetivo de las negociaciones, lo que ha puesto al recurso en una muy difícil posición”.
Leiva, que es delegado a la reunión, dijo que una de las denuncias falsas aluden a la flota rusa, la que en conjunto con Perú informó de capturas de 40.000 toneladas por parte del buque factoría Lafayette, cifra que fue puesta en duda por Greenpeace y por una reciente inspección de la Comunidad Europea.
Según la organización ambientalista, una reciente inspección por parte de la Comunidad Europea puso en tela de juicio la veracidad de este informe de Rusia y Perú.
“Rechazamos cualquier incumplimiento a las medidas de manejo que se han tratado de implementar porque ponen una mayor presión sobre un recurso que se encuentra al borde del colapso. Lamentablemente Perú, Ecuador, Rusia, China y Corea no lo ven de esa manera”, declaró Leiva.
PERÚ RESPONDEAnte las acusaciones y críticas, el presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería de Perú, Richard Inurritegui, aseguró que “hay un error de concepto porque el Perú sí ha cumplido lo acordado en las medidas interinas, ya que estas se aplican sólo en alta mar”.
Según las medidas adoptadas en la anterior conferencia, en Colombia, las cuotas se pueden dividir entre lo capturado en alta mar y en la Zona Económica Exclusiva, ZEE, pero hay países como Perú que la interpretan como que la cuota rige sólo en aguas internacionales.
Inurritegui dijo que “un Estado puede dar su consentimiento o no para que se aplique la pesca en la ZEE”.
En el pasado la captura del jurel era la principal captura chilena, pero en la actualidad se redujo en un 90% en las últimas dos décadas.
Según estudios citados por Greenpeace, en una década a partir de los noventa la biomasa del jurel se redujo en un 75% y en la última década la captura bajó de 2,3 millones de toneladas a poco más de 500.000 toneladas.
La cita en la que varios países buscan la ratificación de la Convención para la Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros en el Alta Mar del Océano pacífico Sur, sesionará diariamente hasta el próximo viernes
sintrisan dice: el año pasado por falta de jureles no se completo la cuota, eso de que los empresarios se pusieron verdes eclogistas es mas falso que la cuota historica realizada a traves de los años donde saliamos apescar afuera y se declaraba adentro, o cuando se realizan las bicicletas interzonales a traves de chile, o no?
( diario el comercio,Perú)
Ministro de Economía chileno dijo que “varios Estados” no cumplen medidas para la protección de esa especie, que está al borde de la extinción
Lunes 30 de enero de 2012 - 11:13 pm
(Flickr/Kano photo)
Santiago de Chile (AP). Chile se quejó el lunes por la sobreexplotación extranjera del jurel en las aguas del Pacífico Sur, que han llevado a la especie al borde la extinción, al disminuir su biomasa en un 90% durante los últimos 20 años.
Mientras la reunión pesquera se desarrollaba en un hotel de un acomodado barrio de la ciudad, en el exterior un grupo de adherentes a la organización medioambientalista Greenpeace extendió un gigantesco cartel con la leyenda “Salven al jurel”.
La queja fue expresada por el ministro de Economía, Pablo Longueira, al intervenir en la Tercera Conferencia Preparatoria para el establecimiento de la Comisión de la Organización Regional del Pacífico Sur, ORP.
“Nos sentimos profundamente decepcionados del bajo nivel de cumplimiento de las medidas adoptadas por varios Estados”, dijo el Ministro.
Afirmó que Chile cumplió en un 100% las medidas que limitaban a un 60% la captura de la especie con relación a lo extraído el 2010. “Solo algunos Estados han cumplido la reducción de captura, sin embargo, otros (la) han aumentando indiscriminadamente”.
GREENPEACE CUESTIONA A PERÚSegún el portavoz local de Greenpeace, Samuel Leiva, la cita en la que participan países latinoamericanos y de la Unión Europea, es vital para la protección del jurel, “pero el incumplimiento de las medidas y las denuncias de información de capturas falsas hacen peligrar los acuerdos de manejo de los recursos pesqueros en el océano más grande del mundo, justamente violando el objetivo de las negociaciones, lo que ha puesto al recurso en una muy difícil posición”.
Leiva, que es delegado a la reunión, dijo que una de las denuncias falsas aluden a la flota rusa, la que en conjunto con Perú informó de capturas de 40.000 toneladas por parte del buque factoría Lafayette, cifra que fue puesta en duda por Greenpeace y por una reciente inspección de la Comunidad Europea.
Según la organización ambientalista, una reciente inspección por parte de la Comunidad Europea puso en tela de juicio la veracidad de este informe de Rusia y Perú.
“Rechazamos cualquier incumplimiento a las medidas de manejo que se han tratado de implementar porque ponen una mayor presión sobre un recurso que se encuentra al borde del colapso. Lamentablemente Perú, Ecuador, Rusia, China y Corea no lo ven de esa manera”, declaró Leiva.
PERÚ RESPONDEAnte las acusaciones y críticas, el presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería de Perú, Richard Inurritegui, aseguró que “hay un error de concepto porque el Perú sí ha cumplido lo acordado en las medidas interinas, ya que estas se aplican sólo en alta mar”.
Según las medidas adoptadas en la anterior conferencia, en Colombia, las cuotas se pueden dividir entre lo capturado en alta mar y en la Zona Económica Exclusiva, ZEE, pero hay países como Perú que la interpretan como que la cuota rige sólo en aguas internacionales.
Inurritegui dijo que “un Estado puede dar su consentimiento o no para que se aplique la pesca en la ZEE”.
En el pasado la captura del jurel era la principal captura chilena, pero en la actualidad se redujo en un 90% en las últimas dos décadas.
Según estudios citados por Greenpeace, en una década a partir de los noventa la biomasa del jurel se redujo en un 75% y en la última década la captura bajó de 2,3 millones de toneladas a poco más de 500.000 toneladas.
La cita en la que varios países buscan la ratificación de la Convención para la Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros en el Alta Mar del Océano pacífico Sur, sesionará diariamente hasta el próximo viernes
sintrisan dice: el año pasado por falta de jureles no se completo la cuota, eso de que los empresarios se pusieron verdes eclogistas es mas falso que la cuota historica realizada a traves de los años donde saliamos apescar afuera y se declaraba adentro, o cuando se realizan las bicicletas interzonales a traves de chile, o no?
domingo, 29 de enero de 2012
Industria pesquera
Greenpeace urge al Gobierno chileno a salvar al jurel de la extinción
28/01/2012 lainformacion.com
La sección chilena de la organización ecologista Greenpeace urgió hoy al Gobierno a adoptar "una posición más decidida", con medidas tendentes a salvar de la extinción al jurel, un pez pelágico otrora abundante y actualmente muy escaso en el Pacífico Sur.
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Santiago de Chile, 28 ene.- La sección chilena de la organización ecologista Greenpeace urgió hoy al Gobierno a adoptar "una posición más decidida", con medidas tendentes a salvar de la extinción al jurel, un pez pelágico otrora abundante y actualmente muy escaso en el Pacífico Sur.
El llamamiento se difundió a dos días del comienzo, el próximo lunes, de una reunión del Grupo de Trabajo de Alto Nivel de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (Orgpps) que se extenderá hasta el 2 de febrero en la capital chilena.
En los años 80 y 90, las capturas de jurel en el Pacífico Sur llegaron a sumar entre cinco y seis millones de toneladas anuales y para el año 2011, en una reunión celebrada el enero de ese año en Cali (Colombia), la Orgpps fijó una cuota total de 520 mil toneladas, un 40 por ciento menos que el año anterior.
Según Greenpeace, Perú se excedió en la parte de esa cuota que le correspondía.
Para este año, la organización ha propuesto reducir esa cuota un 50 %, a 260 mil toneladas.
Este volumen es respaldado por la Subsecretaría chilena de Pesca, pero según Samuel Leiva, coordinador de campañas de Greenpeace, las cuotas oficiales establecidas para el 2012 en Perú (200 mil toneladas) y Chile (225 mil toneladas), ya sobrepasan dicha meta.
Ello, "sin considerar las capturas de otros países como China, la Unión Europea, Rusia o Corea del Sur, entre otros, que no se han adherido a las medidas interinas de la Orgpps, mientras Ecuador ni siquiera ha firmado el texto de acuerdo para la creación de la entidad.
El Gobierno chileno, según han señalado autoridades de la Cancillería y de la Subsecretaría de Pesca, propondrá en la reunión realizar una nueva evaluación de población del jurel y la creación de un comité de cumplimiento de las medidas que no incorpore datos de captura que no hayan sido verificados.
Además, planteará que las reuniones del Subgrupo de Trabajo Científico del Jurel sean más extensas, para poder revisar con mayor tiempo los datos de las capturas, con la intención de que las que no cumplan las medidas sean declaradas pesca pirata.
Para Samuel Leiva esas medidas "rayan en lo mismo que se ha venido haciendo desde el 2007 y que ya fracasó. Esta experiencia, más la dramática situación actual del jurel, exige de nuestro Gobierno medidas más audaces para proteger y recuperar la especie".
A su juicio, según señaló en un comunicado de Greenpeace, "los países que no han respetado los acuerdos de manejo del recurso están poniendo en peligro el futuro de la pesquería y obstaculizan cualquier medida de conservación y protección que se pueda aplicar para evitar el colapso final del recurso".
"Hacemos un llamado a que en la reunión de Santiago se hagan compromisos públicos para ratificar a la brevedad la convención para que las medidas sean vinculantes y no voluntarias. No hay más tiempo que perder", subrayó.
El "Trachurusmurphyi", o jurel chileno se captura al oeste de Chile y Perú, a lo largo de una franja de 6.600 kilómetros, hasta aproximadamente 120 grados de longitud, a mitad de camino hacia Nueva Zelanda.
Rico en ácidos grasos, la mayor parte del jurel capturado se transforma en harina de pescado para ser consumido en la acuicultura y en las granjas de cerdos.
Sus propiedades llevaron al jurel a convertirse en objeto de una pesca agresiva, que en sólo dos décadas, redujo su volumen desde unos 30 millones de toneladas a menos de tres millones en la actualidad.(Agencia EFE)
sintrisan dice: científicos dicen que la recuperacion tambien pasa por una veda de 5 a 10 años
Greenpeace urge al Gobierno chileno a salvar al jurel de la extinción
28/01/2012 lainformacion.com
La sección chilena de la organización ecologista Greenpeace urgió hoy al Gobierno a adoptar "una posición más decidida", con medidas tendentes a salvar de la extinción al jurel, un pez pelágico otrora abundante y actualmente muy escaso en el Pacífico Sur.
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Santiago de Chile, 28 ene.- La sección chilena de la organización ecologista Greenpeace urgió hoy al Gobierno a adoptar "una posición más decidida", con medidas tendentes a salvar de la extinción al jurel, un pez pelágico otrora abundante y actualmente muy escaso en el Pacífico Sur.
El llamamiento se difundió a dos días del comienzo, el próximo lunes, de una reunión del Grupo de Trabajo de Alto Nivel de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (Orgpps) que se extenderá hasta el 2 de febrero en la capital chilena.
En los años 80 y 90, las capturas de jurel en el Pacífico Sur llegaron a sumar entre cinco y seis millones de toneladas anuales y para el año 2011, en una reunión celebrada el enero de ese año en Cali (Colombia), la Orgpps fijó una cuota total de 520 mil toneladas, un 40 por ciento menos que el año anterior.
Según Greenpeace, Perú se excedió en la parte de esa cuota que le correspondía.
Para este año, la organización ha propuesto reducir esa cuota un 50 %, a 260 mil toneladas.
Este volumen es respaldado por la Subsecretaría chilena de Pesca, pero según Samuel Leiva, coordinador de campañas de Greenpeace, las cuotas oficiales establecidas para el 2012 en Perú (200 mil toneladas) y Chile (225 mil toneladas), ya sobrepasan dicha meta.
Ello, "sin considerar las capturas de otros países como China, la Unión Europea, Rusia o Corea del Sur, entre otros, que no se han adherido a las medidas interinas de la Orgpps, mientras Ecuador ni siquiera ha firmado el texto de acuerdo para la creación de la entidad.
El Gobierno chileno, según han señalado autoridades de la Cancillería y de la Subsecretaría de Pesca, propondrá en la reunión realizar una nueva evaluación de población del jurel y la creación de un comité de cumplimiento de las medidas que no incorpore datos de captura que no hayan sido verificados.
Además, planteará que las reuniones del Subgrupo de Trabajo Científico del Jurel sean más extensas, para poder revisar con mayor tiempo los datos de las capturas, con la intención de que las que no cumplan las medidas sean declaradas pesca pirata.
Para Samuel Leiva esas medidas "rayan en lo mismo que se ha venido haciendo desde el 2007 y que ya fracasó. Esta experiencia, más la dramática situación actual del jurel, exige de nuestro Gobierno medidas más audaces para proteger y recuperar la especie".
A su juicio, según señaló en un comunicado de Greenpeace, "los países que no han respetado los acuerdos de manejo del recurso están poniendo en peligro el futuro de la pesquería y obstaculizan cualquier medida de conservación y protección que se pueda aplicar para evitar el colapso final del recurso".
"Hacemos un llamado a que en la reunión de Santiago se hagan compromisos públicos para ratificar a la brevedad la convención para que las medidas sean vinculantes y no voluntarias. No hay más tiempo que perder", subrayó.
El "Trachurusmurphyi", o jurel chileno se captura al oeste de Chile y Perú, a lo largo de una franja de 6.600 kilómetros, hasta aproximadamente 120 grados de longitud, a mitad de camino hacia Nueva Zelanda.
Rico en ácidos grasos, la mayor parte del jurel capturado se transforma en harina de pescado para ser consumido en la acuicultura y en las granjas de cerdos.
Sus propiedades llevaron al jurel a convertirse en objeto de una pesca agresiva, que en sólo dos décadas, redujo su volumen desde unos 30 millones de toneladas a menos de tres millones en la actualidad.(Agencia EFE)
sintrisan dice: científicos dicen que la recuperacion tambien pasa por una veda de 5 a 10 años
Pescadores del norte acusan: "El gobierno nunca nos ha escuchado"
29 de Enero de 2012 • 05:00hs
IQUIQUE.- Así lo denunció el presidente de la Federación de Pescadores de Iquique, y vocero regional de la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Jaime Omar Ávalos, quien junto al senador de la región de Tarapacá y Parinacota, Fulvio Rossi, analizaron en detalle los problemas que afectan al sector en la zona norte del país.
Representando a cerca del 95% de los pescadores artesanales de la región, la federación iquiqueña expuso sus demandas frente al senador Rossi, quien se comprometió a "luchar por defender los recursos de los pescadores de Chile".
Respecto del análisis del proyecto de ley de pesca, Ávalos reafirmó la necesidad del sector artesanal de la pesca del país de contar con "un INDAP pesquero, financiado gracias a las ganancias obtenidas por las subastas de la cuota industrial".
El dirigente iquiqueño agregó que las demandas históricas del sector, entre las que destaca el cierre de las 5 millas, las perforaciones industriales y la eliminación de la pesca de arrastre, serán temas permanentes "en la defensa total de los pescadores artesanales de Chile".
"Dentro de las cinco millas, que es la zona en donde supuestamente podemos pescar, no tenemos nada" afirmó el dirigente al explicar que "no hay pesca para el consumo humano, ni ninguna otra especie. Debemos salir a pescar a las 50 ó 60 millas arriesgando la vida, para tener el sustento familiar, porque en la orilla no hay nada", agregó.
Asimismo, el Vicepresidente Nacional de la Zona Norte de la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Nicolás Yurguevic sostuvo que "un sector importante de los pescadores artesanales nunca hemos sido llamados a conversar, o sea, nunca nos han escuchado" descartando de plano cualquier apoyo al proyecto de ley de pesca.
Yurguevic confirmó además que "los pescadores de Tarapacá, y de todo el norte de Chile, apoyamos y participamos en la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile. Ya basta de engaños" dijo.
Si bien ambos dirigentes valoraron el apoyo y compromiso entregado por el senador Fulvio Rossi, concuerdan en que se necesita de más apoyo parlamentario para lograr que "todos los sectores sean escuchados".
"Eso es lo que les pedimos a los señores legisladores, que velen por nuestro trabajo, por nuestras familias, por los recursos pesqueros que son de todos y que con la ley actual se le entrega a unos pocos" manifestó Ávalos.
Finalmente, Jaime Omar Ávalos hizo un llamado a todos los actores de la industria pesquera a actuar con transparencia. "Es una vergüenza que algunos dirigentes se hagan pasar por pescadores artesanales cuando es sabido que tienen contratos con los industriales", refiriéndose a la sociedad existente entre Rodrigo Sarquis y el armador de la Región de Atacama, Héctor Álvarez Alcayaga.
sintrisan dice: siempre se dijo y era el discurso de los empresarios y del gobierno que en la zona norte no existian problemas entre artesanales e industriales ahora parece que no es tan asi, lo mismo decian de que aca en el sur que trabajadores y empresarios eran una sola voz la cual estamos demostrando que no es asi pues bien es hora de destapar las verdades, es hora de caminar hacia un solo destino , la reivindicacion de nuestros derechos, como trabajadores y como ciudadanos, es hora de darle valor a nuestra vida esclavizada a traves de años de temor , es hora de decir NO MAS mentiras, vamos sumando conciencias entonces para tener un buen fin...
29 de Enero de 2012 • 05:00hs
IQUIQUE.- Así lo denunció el presidente de la Federación de Pescadores de Iquique, y vocero regional de la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Jaime Omar Ávalos, quien junto al senador de la región de Tarapacá y Parinacota, Fulvio Rossi, analizaron en detalle los problemas que afectan al sector en la zona norte del país.
Representando a cerca del 95% de los pescadores artesanales de la región, la federación iquiqueña expuso sus demandas frente al senador Rossi, quien se comprometió a "luchar por defender los recursos de los pescadores de Chile".
Respecto del análisis del proyecto de ley de pesca, Ávalos reafirmó la necesidad del sector artesanal de la pesca del país de contar con "un INDAP pesquero, financiado gracias a las ganancias obtenidas por las subastas de la cuota industrial".
El dirigente iquiqueño agregó que las demandas históricas del sector, entre las que destaca el cierre de las 5 millas, las perforaciones industriales y la eliminación de la pesca de arrastre, serán temas permanentes "en la defensa total de los pescadores artesanales de Chile".
"Dentro de las cinco millas, que es la zona en donde supuestamente podemos pescar, no tenemos nada" afirmó el dirigente al explicar que "no hay pesca para el consumo humano, ni ninguna otra especie. Debemos salir a pescar a las 50 ó 60 millas arriesgando la vida, para tener el sustento familiar, porque en la orilla no hay nada", agregó.
Asimismo, el Vicepresidente Nacional de la Zona Norte de la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Nicolás Yurguevic sostuvo que "un sector importante de los pescadores artesanales nunca hemos sido llamados a conversar, o sea, nunca nos han escuchado" descartando de plano cualquier apoyo al proyecto de ley de pesca.
Yurguevic confirmó además que "los pescadores de Tarapacá, y de todo el norte de Chile, apoyamos y participamos en la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile. Ya basta de engaños" dijo.
Si bien ambos dirigentes valoraron el apoyo y compromiso entregado por el senador Fulvio Rossi, concuerdan en que se necesita de más apoyo parlamentario para lograr que "todos los sectores sean escuchados".
"Eso es lo que les pedimos a los señores legisladores, que velen por nuestro trabajo, por nuestras familias, por los recursos pesqueros que son de todos y que con la ley actual se le entrega a unos pocos" manifestó Ávalos.
Finalmente, Jaime Omar Ávalos hizo un llamado a todos los actores de la industria pesquera a actuar con transparencia. "Es una vergüenza que algunos dirigentes se hagan pasar por pescadores artesanales cuando es sabido que tienen contratos con los industriales", refiriéndose a la sociedad existente entre Rodrigo Sarquis y el armador de la Región de Atacama, Héctor Álvarez Alcayaga.
sintrisan dice: siempre se dijo y era el discurso de los empresarios y del gobierno que en la zona norte no existian problemas entre artesanales e industriales ahora parece que no es tan asi, lo mismo decian de que aca en el sur que trabajadores y empresarios eran una sola voz la cual estamos demostrando que no es asi pues bien es hora de destapar las verdades, es hora de caminar hacia un solo destino , la reivindicacion de nuestros derechos, como trabajadores y como ciudadanos, es hora de darle valor a nuestra vida esclavizada a traves de años de temor , es hora de decir NO MAS mentiras, vamos sumando conciencias entonces para tener un buen fin...
jueves, 26 de enero de 2012
Presidente de Fetrapes escribe sobre conflicto de intereses en Ley de Pesca
El conflicto de intereses llega a la discusión de la ley de pesca y evidencia la cosa nostra de la
industria pesquera
24 de Enero, 2012 13:01
Vergüenza, impotencia, humillación son los sentimientos que brotan Ante la denuncia realizada por parlamentarios DC Cristiana Fuad Chahín, Carolina Goic y Gabriel Ascencio ante contraloría por el conflicto de interese por parte del ministro de hacienda Felipe Larrain al firmar ley de pesca y el grado de vinculación con el grupo Angelini uno de los dueños de la peces de chile.
Para los trabajadores de la industria pesquera ya nada debiese sorprende, pero de igual forma remece.
Se logra entender el por que el afan de ponerles suma urgencias a proyectos de ley de pesca, presionando al parlamento por parte del ejecutivo para sacar menos de un mes donde se le bajar la talla mínima del jurel para el norte de chile, todo en busca de favorecer influyente conglomerado encabezado por las empresas del grupo Angelini
Se entienden que el proyecto de ley en discusión en cámara de diputados sea tan ambiguo sobre todo en el tema de licitación de cuotas y también se la presion para sacarlo rápido,
Se entiende la presión realizada para validar un acuerdo de la mesa de pesquera que no fue otra que una repartija entre cuatro paredes en beneficios de los participantes,
Se entiende las presionas para acallar a las opiniones contrarias a los mezquinos intereses de apropiarse del patrimonio nacional,
Se entiende la petición de un grupo de personas (reclutas a mercenarios) patrocinados por estas compañías pesqueras, para sacar de la mesa laboral a Fetrapes,
Se entiende las presiones a los trabajadores y representante laborales, parlamentarios y otros por osar tener una opinión diferente.
Se podrán entender muchas cosas, pero eso no obliga a aceptarlo y mas quedarnos con los brazos cruzados, por lo que se felicita la osadía de estos parlamentarios por el denunciar este estilo de colucion, corrupción al fin da los mismo, ya que colusión a solas le queda chico, se solidariza con parlamentarios que han sido capaz de decir basta de presiones indebidas, y se insta a continuar denunciando, mas a un cuando esta no cabe duda que es la punta del iceberg.
Por ultimo, los trabajadores hacemos un llamado a todos quienes les queda un poco de dignidad a no dejarse presionar y actuar en conciencia, mas a un cuando al hablar de peces estamos hablando de las reservas de alimentos tanto para los chileno coma para el mundo
Juan Montenegro S.
Presidente
Fetrapes
Consejero Nacional de Pesca
El conflicto de intereses llega a la discusión de la ley de pesca y evidencia la cosa nostra de la
industria pesquera
24 de Enero, 2012 13:01
Vergüenza, impotencia, humillación son los sentimientos que brotan Ante la denuncia realizada por parlamentarios DC Cristiana Fuad Chahín, Carolina Goic y Gabriel Ascencio ante contraloría por el conflicto de interese por parte del ministro de hacienda Felipe Larrain al firmar ley de pesca y el grado de vinculación con el grupo Angelini uno de los dueños de la peces de chile.
Para los trabajadores de la industria pesquera ya nada debiese sorprende, pero de igual forma remece.
Se logra entender el por que el afan de ponerles suma urgencias a proyectos de ley de pesca, presionando al parlamento por parte del ejecutivo para sacar menos de un mes donde se le bajar la talla mínima del jurel para el norte de chile, todo en busca de favorecer influyente conglomerado encabezado por las empresas del grupo Angelini
Se entienden que el proyecto de ley en discusión en cámara de diputados sea tan ambiguo sobre todo en el tema de licitación de cuotas y también se la presion para sacarlo rápido,
Se entiende la presión realizada para validar un acuerdo de la mesa de pesquera que no fue otra que una repartija entre cuatro paredes en beneficios de los participantes,
Se entiende las presionas para acallar a las opiniones contrarias a los mezquinos intereses de apropiarse del patrimonio nacional,
Se entiende la petición de un grupo de personas (reclutas a mercenarios) patrocinados por estas compañías pesqueras, para sacar de la mesa laboral a Fetrapes,
Se entiende las presiones a los trabajadores y representante laborales, parlamentarios y otros por osar tener una opinión diferente.
Se podrán entender muchas cosas, pero eso no obliga a aceptarlo y mas quedarnos con los brazos cruzados, por lo que se felicita la osadía de estos parlamentarios por el denunciar este estilo de colucion, corrupción al fin da los mismo, ya que colusión a solas le queda chico, se solidariza con parlamentarios que han sido capaz de decir basta de presiones indebidas, y se insta a continuar denunciando, mas a un cuando esta no cabe duda que es la punta del iceberg.
Por ultimo, los trabajadores hacemos un llamado a todos quienes les queda un poco de dignidad a no dejarse presionar y actuar en conciencia, mas a un cuando al hablar de peces estamos hablando de las reservas de alimentos tanto para los chileno coma para el mundo
Juan Montenegro S.
Presidente
Fetrapes
Consejero Nacional de Pesca
Radiografía a la industria pesquera II: Los nueve dueños del mar chileno
por Juan Pablo Figueroa
Con la repartición del mar chileno en 2001, partió un proceso que terminó por concentrar la explotación de los recursos marinos en unos pocos gigantes pesqueros. Nueve grupos económicos son dueños del 90% de la pesca industrial de jurel, sardina y anchoveta. Un negocio que les reporta más de US$1.200 millones al año. Si se mantiene el acuerdo que en septiembre alcanzó con ellos el gobierno, así seguirá por los próximos 20 años. Aunque quizás no quede tiempo: la mala administración y sobreexplotación de las aguas chilenas por parte de las pesqueras tienen al jurel y otros peces a punto de desaparecer.
Vea el multimedia: Mapa: Los dueños del mar chileno.
Blumar S.A. es titular del 20,28% de la cuota industrial de jurel, del 26,07% de sardina común, del 31,05% de merluza común y del 15,74% de merluza de cola; pero de esta empresa nada se sabía en Chile hasta hace sólo unos meses. Su nombre era completamente desconocido hasta el 8 de octubre de 2011, cuando apareció en el Diario Oficial y en el mapa de la pesca nacional. Así pasó a llamarse Pesquera Itata S.A. luego de fusionarse con Pesquera El Golfo S.A. y quedar con un capital de US$ 241.903.755 (poco más de $124 mil millones). Con esa fusión, las inversiones pesqueras de la familia Sarquis y del grupo Yaconi-Santa Cruz pasaron a ser una sola compañía, y de paso, a ser la empresa individual que concentra el derecho a explotar la mayor parte de los recursos pesqueros en Chile.
Las dos sociedades que dieron origen a Blumar S.A. partieron casi de forma simultánea. Pesquera Itata S.A. fue constituida en 1961 por Jorge Sarquis Nasim y su hijo Sergio Sarquis Menassa. Un año después, Walter Stengel y Marcos Hinztler crearon Pesquera “El Golfo” Stengel y Cía. Ltda. Y a pesar de que las dos operaban en Talcahuano, sus historias corrieron por carriles distintos.
En las décadas siguientes, la propiedad de Itata –que desde 1992 participa en la Bolsa– sufrió varios cambios, aunque sólo en el papel: todas las sociedades a las que se le transfirió el control de la empresa pertenecen la familia Sarquis. La propiedad de El Golfo, en cambio, se modificó. En diciembre de 1986, la familia Stengel le vendió la empresa a Compañía de Rentas e Inversiones San Ignacio S.A. (de Hugo Yaconi), Inversiones y Rentas Con-Con S.A. (de Manuel Santa Cruz), Sociedad de Inversiones y Servicios Cassis Ltda., Compañía de Rentas e Inversiones Terranova Limitada Compañía en Comandita por Acciones, Compañía de Servicios Ltda. (de Jaime Santa Cruz). Así, el dominio de Pesquera El Golfo S.A. quedó en manos del grupo Yaconi-Santa Cruz.
Cuando se repartieron las cuotas individuales de captura en 2001, ambas empresas salieron muy bien paradas. Para entonces, en Chile había 78 firmas pesqueras que pescaban jurel de forma industrial y todas se adjudicaron un porcentaje de su cuota global anual. Como se consideraron los registros de captura de los cuatro años anteriores y la capacidad de bodega de sus barcos, las más grandes se aseguraron las mayores tajadas. Y como querían más, lo que vino fue un proceso de concentración que ha reducido a sólo 26 el número de participantes en la pesca extractiva de jurel. En ese camino, tanto El Golfo como Itata lideraron el recorrido.
Apenas unos meses después de entrar en vigencia la ley de Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA), El Golfo ya había absorbido cuatro empresas pesqueras y contaba con un capital de casi $52.000 millones, además del 10,24% de la cuota industrial de jurel. Ese mismo año, siete compañías del sector se disolvieron después de que el 100% de su capital quedara en manos de Pesquera Itata S.A., la que quedó con un fondo social que superaba los $39.609 millones y con el derecho a capturar el 10,03% del principal recurso pesquero del país. Durante los años siguientes, la constante disminución en las capturas de jurel, llevó a que en 2011 las dos compañías juntaran sus cuotas individuales y se fusionaran bajo el nombre de Blumar S.A. y un directorio compartido que preside Rodrigo Sarquis Said, quien además es presidente de Sonapesca y ex presidente de Asipes, las dos asociaciones gremiales de industriales pesqueros más grandes e importantes del país.
La propiedad de la sociedad se reparte en un 54,69% para la familia Sarquis y un 45,31% para el grupo Yaconi-Santa Cruz, que además es dueño de Aquafish S.A., una empresa que hasta el año pasado participó en la pesca de jurel, sardina, anchoveta y merluza, pero que no figura entre los armadores que tienen una cuota asignada para 2012.
La fusión que dio origen a Blumar S.A. se dio en medio de la guerra que tiene enfrentadas a las pesqueras industriales por la redistribución del mar chileno. Ante la incertidumbre de cómo se reasignarán las cuotas individuales (si se mantendrán o se subastarán), cuando en diciembre de 2012 pierda vigencia el actual régimen de pesca, casi todos los armadores industriales, menos uno (Lota Protein S.A.), se aliaron para defender en bloque los porcentajes que se les asignó en 2001. Para evitar la licitación de sus cuotas, llegaron a un acuerdo con los pescadores artesanales y el gobierno a fines de septiembre pasado. Si la base de ese documento se respeta, salvo unos pequeños cambios, todo se mantendrá igual y el control del mar chileno y sus recursos seguirán, como hasta ahora, y por 20 años más, en manos de unos pocos gigantes pesqueros (ver mapa multimedia).
UNA HISTORIA DE ERRORES
Si la intención de las regulaciones del sector ha sido darle sustentabilidad a la pesca en Chile, el resultado ha sido un desastre. Especialmente con el jurel, el principal recurso marino del país. Cada vez que se ha modificado el régimen pesquero, ha sido porque los malos resultados de las medidas anteriores lo han hecho necesario. Si el jurel está desapareciendo de nuestras aguas, es en gran parte por la mala administración histórica de los recursos pesqueros en el país. De hecho, hace 15 años el jurel estuvo a punto de acabarse. Una historia que nadie quiere recordar.
Primero se cerró el acceso a nuevos actores en las zonas saturadas bajo la lógica de que si los recursos son limitados, el ingreso a su explotación también debe serlo. Era mediados de los ’80. Para entonces, las exportaciones pesqueras ya superaban los US$ 535,4 millones y representaban el 12,7% de las exportaciones totales de bienes. Chile ya era el segundo productor mundial de harina de pescado. Los que quedaron adentro después del cierre, siguieron pescando sin ningún control; y los de afuera, se adueñaron de las zonas que permanecían abiertas. No quedó metro cúbico de mar chileno sin explotación pesquera.
Después, en 1991 se promulgó la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) para controlar el esfuerzo pesquero de la industria. La norma limitó el número de naves que podía tener una empresa y su capacidad de bodega. Se pretendía que pescaran menos. No resultó. Al contrario, las pesqueras industriales aumentaron sus capturas simplemente invirtiendo en tecnologías que les dieron a su flota mayor autonomía y eficiencia. Se llegó a capturar en promedio 4 millones de toneladas de jurel al año. Y aunque las cifras parecían indicar que había jurel para rato, lo cierto es que ya se estaba acabando.
-La crisis se manifestó porque casi todo lo que se estaba pescando era bajo la talla mínima legal, que en el caso del jurel es de 26 centímetros. Si lo pescas antes de que pase por el proceso reproductivo, eliminas la especie –cuenta un funcionario de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) que pidió mantener su nombre en reserva.
El gobierno decidió entonces establecer cuotas globales de captura, pero sin un sistema de distribución entre los distintos actores del sector, la medida generó una carrera por pescar la mayor cantidad en el menor tiempo posible. “Fue lo peor que se pudo hacer”, dice un ex subsecretario de Pesca que conversó con CIPER. La Subpesca implementó entonces un artilugio que mezcló las cuotas globales, las vedas y la pesca de investigación para administrar entre las grandes empresas industriales lo que fue un primer intento de cuotas individuales de captura. Como la pesca de investigación es por definición sin fines comerciales, la medida fue ilegal, pero todos callaron. Las compañías ya instaladas adquirían la garantía de que podrían pescar de acuerdo a sus capacidades productivas. Si la cuota resultaba ser baja, ya encontrarían mecanismos para aumentarla.
Ese sistema fue la base de la ley que se aprobó en 2001, con un fuerte lobby de la industria. Fue entonces que comenzó formalmente la repartición del mar chileno. Para las grandes pesqueras, fue el reconocimiento de su “derecho histórico”.
LA DIVISIÓN DEL MAR
Ricardo Lagos aún no cumplía medio año como presidente cuando envió al Congreso un proyecto de ley que pretendía ser una norma transitoria. Según un ex subsecretario de Pesca que conversó con CIPER, “los parlamentarios aprobaron esa legislación porque no quisieron hacerse más líos. Siempre los gobiernos han tratado de evitar el conflicto de cambiar el régimen de administración pesquero y enfrentarse a los industriales, y para entonces el lío ya era tremendo”. El proyecto pasó a ser ley en enero de 2001 y duraría sólo dos años. Su nombre: Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA).
Con su aprobación, el manejo que implementó la Subpesca en la crisis de los ’90 obtuvo un marco legal para continuar. Entre otras medidas, el mar chileno fue dividido en cuatro macrozonas pesqueras. El norte se dividió en dos: una que va desde la frontera con Perú hasta el límite sur de Antofagasta; y otra que parte desde ese mismo punto y se extiende hasta el sur de Coquimbo. La zona centro sur quedó definida entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, mientras que la zona austral está comprendida por el área marítima que va desde la XI Región hacia el sur. Cada una de esas macrozonas pronto se transformó en una especie de fundo marítimo, donde las mayores empresas pesqueras marcarían su dominio.
La nueva ley también consolidó la reserva de las primeras cinco millas desde la costa para la explotación exclusiva de los pescadores artesanales, a los que además se les asignó un porcentaje de la cuota global de las principales pesquerías. Las diferencias entre los artesanales que apoyaron el cambio y los que vieron la ley de LMCA como una “privatización del mar”, se tradujo en una división de su asociación gremial más poderosa, la Conapach, en dos grandes conglomerados: uno que se llamó Confepach (que apoyó los cambios propuestos por el gobierno); y otro que siguió con el nombre original y que incluso acusó ante la Contraloría al entonces subsecretario de Pesca, Daniel Albarrán, por tráfico de influencias. A todos ellos, a los 81.157 pescadores artesanales que figuran en el Registro Pesquero Artesanal del Sernapesca, se les asignó el 5% de la cuota global de jurel.
Lo demás se fraccionó entre todos los armadores industriales que operaban en las zonas norte y centro sur del país. La fórmula utilizada para repartir las cuotas individuales transferibles fue el “coeficiente de participación relativo”: la suma del registro de capturas entre 1997 y 2000 y la capacidad de bodega corregida de las naves a 2001. Eso significó que las empresas que más habían pescado durante los años que la Subpesca administró la crisis y las que tenían mayor capacidad de bodega se adjudicaran los pedazos más grandes de la cuota global. Quienes tuvieran mayor “historia pesquera”, que en definitiva es lo mismo que mayor participación en el mercado, salieron más beneficiados.
-Durante los cuatro años que se consideraron para hacer historia pesquera, lo que más se capturó de jurel fue a través de pesca de investigación. Tener un buen registro dependía exclusivamente de cuánto la subsecretaría te había asignado para pescar. En el fondo, la pesca de investigación era industrial –dice Riola Solano, gerente de asuntos corporativos de Lota Protein S.A.
A fines de 2002, para no empezar otra discusión sobre un nuevo manejo del sector, con el apoyo de las principales empresas pesqueras asociadas en Sonapesca, el Congreso prorrogó la vigencia de la ley por 10 años más (hasta el 31 de diciembre de 2012).
Según Rodrigo Vial, presidente de Anapesca y fundador de Lota Protein S.A., la fórmula para asignar esas cuotas fue diseñada en Sonapesca, que es prácticamente lo mismo que Asipes (la lista de compañías asociadas es casi la misma), pero a nivel nacional. Una fuente que trabajó en la Subpesca en esos años asegura lo contrario: que fue un sistema determinado por las autoridades para manejar una crisis. Da lo mismo cual fue la intención, porque como las cuotas que les asignaron a varias de las empresas más pequeñas disminuían considerablemente su posibilidad de producción, se les hizo insostenible continuar operando. Muchas debieron vender sus barcos y sus cuotas. Las más grandes las compraron y terminaron absorbiendo a las más chicas, reduciendo gradualmente la cantidad de participantes en la actividad extractiva hasta llegar a concentrar la explotación de la mayoría de los recursos marinos en los mismos nueve grupos económicos que hoy concentran el 93,7% de la pesca industrial de jurel, el recurso marino más importante del Pacífico Sur.
FAMILIAS DEL MAR
El documento que llegó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) el 17 de enero de 2011 tenía la firma de Francisco Cifuentes, gerente general de la empresa que hasta el año anterior poseía el 10,63% de la cuota global de jurel: la Compañía Pesquera Camanchaca S.A. Allí decía que la decisión ya estaba tomada, que la fusión con Pesquera Bío Bío S.A., de los hermanos Jan, Klaus y Frank Stengel Meierdirks, ya estaba en marcha y que se concretaría a más tardar en octubre de 2011. La sociedad naciente repartiría su propiedad en un 70% para los primeros y en un 30% para los segundos. La unión se hizo operativa a través de Camanchaca Pesca Sur S.A. en diciembre pasado, cuando ésta absorbió a Pesquera Bío Bío Sur S.A., filial de la compañía de los Stengel. Aunque aún aparecen funcionando por separado, las empresas de Jorge Fernández Valdés y la familia Stengel ya están bajo una misma estructura, aunque en forma parcial: sólo las operaciones pelágicas de la zona centro sur estarán a cargo de la nueva empresa. La explotación en el norte y de las especies no pelágicas -como la merluza-, las seguirán desarrollando de forma independiente.
La empresa que nació de la fusión no sólo pasó automáticamente a ser titular del 15,77% de la cuota industrial de jurel y del 19,16% de sardina común, sino que además consolidó los apellidos Fernández y Stengel en el grupo de familias que concentran la explotación de la mayor cantidad de recursos pesqueros del país. Si se suman las cuotas que controlan sus tres empresas, entre las dos familias poseen el derecho a capturar el 18,74% del jurel que extraen las pesqueras industriales, el 19,19% de la anchoveta, el 19,16% de sardina común, el 18,79% de sardina española, el 29,55% de merluza común y el 12,42% de merluza de cola.
En ese grupo de familias, el nombre del empresario Francisco Javier Errázuriz es bastante conocido. Por medio de sus empresas Pesquera Bahía Coronel S.A. y Salmoalimentos S.A. –donde participa a través de su matriz Pesquera Nacional S.A.–, hasta el año pasado tenía asignado el 3,03% del jurel reservado para la pesca industrial. Este año, sólo Salmoalimentos aparece entre los armadores con cuota de pesca, adjudicándose sólo el 0,017% del jurel que se pesca industrialmente en Chile. En el directorio internacional pesquero Fish Information & Services, Bahía Coronel es presentada como “una empresa chilena dedicada a la captura y procesamiento de pesca para la elaboración y comercialización de harina, aceite de pescado y congelados de alta calidad, propiedad de empresarios ampliamente conocidos y reconocidos en el mercado regional, nacional, e internacional”. La misma descripción aparece en un video institucional en el sitio web de Enapesca S.A., que funciona en el mismo domicilio que Pesquera Bahía Coronel S.A.
La sociedad que forman las familias de Eduardo Bohorodzaner y Eduardo Fosk se llama Pesquera Landes S.A. y posee el derecho a capturar cada año el 3,91% del jurel y el 10,15% de la sardina común. Por otro lado, Foodcorp S.A. y Lota Protein S.A. también pertenecen a grupos familiares, aunque son las únicas dos empresas que explotan jurel cuyos dueños son extranjeros. El capital de la primera, que explota el 7,73% del jurel, está en manos de la familia noruega encabezada por Helge Møgster, el principal accionista de Austevoll Seafood ASA, una empresa del grupo pesquero DOF. La controladora de la segunda es el grupo Koppernaes, también de Noruega, una empresa familiar que opera en Europa desde 1884. En Chile, poseen el 1,5% de la pesca industrial de jurel.
Otro de los apellidos que pesan en la pesca chilena es Menéndez, aunque por dos ramas familiares distintas.
El polo de inversiones pesquero de la familia Izquierdo Menéndez se divide en dos sociedades: Alimentos Marinos S.A. (ALIMAR) y la Sociedad Pesquera San Antonio S.A. (SOPESA). Si se suman las cuotas que cada empresa tiene asignadas, los Izquierdo controlan el 9,14% del jurel que pescan las empresas industriales, el 9,9% de la sardina común y el 9,24% de la merluza de cola. Aunque el grupo familiar no es el más grande del sector, tiene un gran peso en la industria pesquera: el presidente de su directorio, Roberto Izquierdo, también es la cabeza de la asociación gremial Asipes y ocupa una de las tres vicepresidencias en Sonapesca.
En este cuadro de los dueños del mar chileno, también están los Lecaros, la otra rama de la familia Menéndez con intereses pesqueros. A través de Pesquera Coloso S.A. y su filial Pesquera San José S.A., los Lecaros Menéndez han llegado a controlar durante la última década el 10,47% de las capturas industriales de jurel. Aunque ahora, después de que se fusionó con uno de los grupos económicos más importantes del país, ese porcentaje parece hasta irrisorio.
El GIGANTE DEL NORTE
En julio de 2010, las páginas de Negocios de los principales diarios anunciaban la primera de las tres grandes fusiones que modificarían el escenario pesquero. Antes de que Blumar S.A. y Camanchaca Pesca Sur S.A. aparecieran en el mapa, Pesquera San José S.A., controlada por Pesquera Coloso S.A. –de la familia Lecaros Menéndez–, y SouthPacific Korp S.A. (SPK), filial de Pesquera Iquique-Guanaye S.A. –del grupo Angelini–, habían decidido juntar sus operaciones industriales en áreas de conservas, congelados, harina y aceite de pescado. Así, no sólo surgió Orizon S.A., una de las cuatro empresas individuales con mayor porcentaje de cuotas de jurel, sino que además se consolidó la unión que ya existía entre las familias Angelini y Lecaros Menéndez desde 1999 a través de Corpesca S.A., transformando a la sociedad de esas familias en el mayor clan pesquero del país.
El grupo económico que encabeza Roberto Angelini posee el 60% de las acciones de Orizon y el 77% de las de Corpesca. Por eso preside ambos directorios, donde participa con Sergio Lecaros Menéndez y el ex presidente de la Asociación Chilena de Seguridad, Jorge Matetic, entre otros. Su área de operaciones se extiende en las distintas pesquerías repartidas desde la frontera con Perú hasta el límite sur de la región de Los Lagos. Si se suman las cuotas de captura que poseen las dos empresas en todo el país, entre ambas familias concentran el 31,95% de la cuota industrial de jurel, el 75,41% de anchoveta, el 20,24% de sardina común, el 62,98% de sardina española y el 14,76% de merluza de cola. Pero su principal patio de operaciones es la zona norte.
El 95,84% de la anchoveta que podrán captura las naves industriales en el país durante 2012 está entre las regiones de Arica y Parinacota y de Coquimbo. De eso, las familias asociadas en Orizon y Corpesca explotan el 77,76%. Y si este año la cuota de jurel para esa misma zona bordea las 43.000 toneladas, entre las dos empresas suman un límite máximo de 32.732 toneladas, más de tres cuartos de la pesquería de esa área. Por eso es que el grupo Angelini se ha mostrado tan dispuesto a colaborar con las autoridades chilenas en la disputa por los límites marítimos con Perú.
“Genera preocupación la demanda arbitral que Perú presentó en el Tribunal de La Haya, con el propósito de modificar unilateralmente los límites marítimos históricos con Chile. Ciertamente afectaría la actividad pesquera, al ser el área de mar involucrada una zona de gran riqueza marina”, escribió Angelini en la Memoria anual de Corpesca de 2009.
Durante el proceso bilateral, las empresas de Angelini han aportado documentación que prueba que el área en conflicto está bajo dominio chileno y no peruano. Para el grupo de empresas que produce más del 5,5% del total mundial exportable de harina de pescado, el conflicto limítrofe con Perú es una verdadera amenaza financiera. Lo que el jurel es para Chile, lo es la anchoveta para Perú. Si se considera que el 93,09% de la anchoveta -una de las cuatro especies de peces que aún están en “niveles seguros para su conservación”- que capturan las naves industriales chilenas se distribuye en las zonas aledañas a la frontera con Perú, se entiende finalmente que eso es lo que los dos países se están peleando: no se trata de espacios estratégicos, sino que de áreas de pesca.
-De prosperar la demanda peruana, se nos puede reducir en más del 20% la superficie de pesca de todos los recursos –aseguró el director de Corpesca, Claudio Elgueta, en una nota que publicó el diario La Tercera en noviembre de 2010.
Esa es la batalla que tienen las pesqueras de Angelini en el norte. Y no es la única. Las empresas de la zona centro sur le endosan la responsabilidad de la sobreexplotación del jurel. Para los del norte, si el jurel está por extinguirse, es por culpa de los del sur. Pero todos han aportado lo suyo y no sólo desde sus barcos, sino que también desde tierra firme: la ley de LMCA resultó tanto o más desastrosa para la sustentabilidad de los recursos pesqueros que las regulaciones que la antecedieron. Porque al final, el límite de lo que cada año se pesca en el mar chileno es determinado por sus dueños de facto: nueve grupos económicos. Lo que está en disputa es un negocio que renta más de US$1.200 millones al año. Mientras, los chilenos debemos asumir que el jurel ya prácticamente desapareció de las aguas chilenas.
LOS EXTRANJEROS DEL SUR
La zona marítima austral, desde el límite de Los Lagos con Aysén hacia el sur, representa un mundo aparte para la industria pesquera. Allá los pescadores artesanales no tienen una zona de pesca exclusiva, aunque para 2010 se contabilizaban en el área unos 8.500. Tampoco corre la restricción del uso de barcos factoría. Y a diferencia de lo que ocurre en casi todo el resto del país, las empresas que dominan la pesca industrial son en su mayoría extranjeras.
Las especies principales que se capturan en las pesquerías que tienen cuotas establecidas de acuerdo a la Ley de Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA) en la zona austral, son el congrio dorado, la merluza de tres aletas, la merluza del sur y la merluza de cola. Y en tres de ellas, el 100% de la cuota industrial se reparte en sólo cuatro empresas de capital español y japonés, aunque en una de ellas también participa el Grupo Del Río, presente también en la sociedad de Falabella.
La empresa más grande que opera en el extremo sur del país es Pesca Chile S.A., filial de la compañía española radicada en el Puerto de Vigo, Pescanova. Para 2008, cuando según publicaciones del Diario Oficial su capital alcanzaba los € 138 millones (poco más de $49.000 millones), sus únicos socios eran la empresa española y Nave de Argo Sociedad Ltda., otra empresa perteneciente al mismo grupo presidido por Manuel Fernández de Sousa-Faro y que está domiciliada en la misma dirección, en Pontevedra, España. Este año, la empresa controla la mayoría de las capturas industriales de congrio dorado (65,92%) y merluza del sur (45,85%).
Otra empresa española asentada en la zona austral es Pesca Cisne S.A., acusada de malas prácticas en Chile y fuera del país. Sus socios fundadores fueron los empresarios pesqueros españoles Florindo González Otero, Florindo González Corral y Manuel Carballo Eire, empresario óptico radicado en Chile desde 1978, todos oriundos de la ciudad de Orense, en Galicia. En España también operan con una empresa del mismo nombre y Arcosmar S.A., que también opera en Chile desde que en 1999 se protocolarizó su permiso para funcionar a través de Arcosmar Fisheries Corp., su filial en Panamá.
González Otero y González Corral han sido acusados de pertenecer a “la mafia gallega”, dedicados a la pesca ilegal a través de sus empresas relacionadas tanto en España como en Chile, Uruguay, Estados Unidos, Panamá e Islas Mauricio. En 2005, el Sernapesca de Chile presentó una querella en su contra por falsear información de sus desembarques. Aun así, este año tienen autorización para capturar el 8,36% de la cuota industrial de merluza del sur y el 12,05% de congrio dorado.
Los japoneses de Emdepes S.A. son otros de los dueños de la zona austral chilena. La empresa pertenece al Grupo Nissui y no sólo controla casi exclusivamente la explotación industrial de la merluza de tres aletas (99,89%), sino que además posee parte importante de la extracción de merluza del sur (20,74%), merluza de cola (23,24%) y congrio dorado (6,82%). A eso se suma otra de sus empresas, Friosur S.A., donde está asociada con el Grupo Del Río.
Friosur S.A. desapareció el año pasado de la lista de armadores con autorización para pescar, ya que le traspasó su cuota a otras dos empresas: Pesquera Sur Austral S.A. y Sociedad Pesquera Grimar S.A. Ambas empresas operan desde el límite norte de la IV Región hasta el extremo sur del país en las pesquerías de jurel, los cuatro tipos de merluza y congrio dorado.
Esta investigación fue hecha por CIPER en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ).
*Fuente: CiperChile en Reportajes de investigación
sintrisan dicer: es bueno que la gente comun sepa lo que suced y tambien ustedes que pasan por el blogg es importante sumar a conciencia y de manera global y no pensar de manera individual
por Juan Pablo Figueroa
Con la repartición del mar chileno en 2001, partió un proceso que terminó por concentrar la explotación de los recursos marinos en unos pocos gigantes pesqueros. Nueve grupos económicos son dueños del 90% de la pesca industrial de jurel, sardina y anchoveta. Un negocio que les reporta más de US$1.200 millones al año. Si se mantiene el acuerdo que en septiembre alcanzó con ellos el gobierno, así seguirá por los próximos 20 años. Aunque quizás no quede tiempo: la mala administración y sobreexplotación de las aguas chilenas por parte de las pesqueras tienen al jurel y otros peces a punto de desaparecer.
Vea el multimedia: Mapa: Los dueños del mar chileno.
Blumar S.A. es titular del 20,28% de la cuota industrial de jurel, del 26,07% de sardina común, del 31,05% de merluza común y del 15,74% de merluza de cola; pero de esta empresa nada se sabía en Chile hasta hace sólo unos meses. Su nombre era completamente desconocido hasta el 8 de octubre de 2011, cuando apareció en el Diario Oficial y en el mapa de la pesca nacional. Así pasó a llamarse Pesquera Itata S.A. luego de fusionarse con Pesquera El Golfo S.A. y quedar con un capital de US$ 241.903.755 (poco más de $124 mil millones). Con esa fusión, las inversiones pesqueras de la familia Sarquis y del grupo Yaconi-Santa Cruz pasaron a ser una sola compañía, y de paso, a ser la empresa individual que concentra el derecho a explotar la mayor parte de los recursos pesqueros en Chile.
Las dos sociedades que dieron origen a Blumar S.A. partieron casi de forma simultánea. Pesquera Itata S.A. fue constituida en 1961 por Jorge Sarquis Nasim y su hijo Sergio Sarquis Menassa. Un año después, Walter Stengel y Marcos Hinztler crearon Pesquera “El Golfo” Stengel y Cía. Ltda. Y a pesar de que las dos operaban en Talcahuano, sus historias corrieron por carriles distintos.
En las décadas siguientes, la propiedad de Itata –que desde 1992 participa en la Bolsa– sufrió varios cambios, aunque sólo en el papel: todas las sociedades a las que se le transfirió el control de la empresa pertenecen la familia Sarquis. La propiedad de El Golfo, en cambio, se modificó. En diciembre de 1986, la familia Stengel le vendió la empresa a Compañía de Rentas e Inversiones San Ignacio S.A. (de Hugo Yaconi), Inversiones y Rentas Con-Con S.A. (de Manuel Santa Cruz), Sociedad de Inversiones y Servicios Cassis Ltda., Compañía de Rentas e Inversiones Terranova Limitada Compañía en Comandita por Acciones, Compañía de Servicios Ltda. (de Jaime Santa Cruz). Así, el dominio de Pesquera El Golfo S.A. quedó en manos del grupo Yaconi-Santa Cruz.
Cuando se repartieron las cuotas individuales de captura en 2001, ambas empresas salieron muy bien paradas. Para entonces, en Chile había 78 firmas pesqueras que pescaban jurel de forma industrial y todas se adjudicaron un porcentaje de su cuota global anual. Como se consideraron los registros de captura de los cuatro años anteriores y la capacidad de bodega de sus barcos, las más grandes se aseguraron las mayores tajadas. Y como querían más, lo que vino fue un proceso de concentración que ha reducido a sólo 26 el número de participantes en la pesca extractiva de jurel. En ese camino, tanto El Golfo como Itata lideraron el recorrido.
Apenas unos meses después de entrar en vigencia la ley de Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA), El Golfo ya había absorbido cuatro empresas pesqueras y contaba con un capital de casi $52.000 millones, además del 10,24% de la cuota industrial de jurel. Ese mismo año, siete compañías del sector se disolvieron después de que el 100% de su capital quedara en manos de Pesquera Itata S.A., la que quedó con un fondo social que superaba los $39.609 millones y con el derecho a capturar el 10,03% del principal recurso pesquero del país. Durante los años siguientes, la constante disminución en las capturas de jurel, llevó a que en 2011 las dos compañías juntaran sus cuotas individuales y se fusionaran bajo el nombre de Blumar S.A. y un directorio compartido que preside Rodrigo Sarquis Said, quien además es presidente de Sonapesca y ex presidente de Asipes, las dos asociaciones gremiales de industriales pesqueros más grandes e importantes del país.
La propiedad de la sociedad se reparte en un 54,69% para la familia Sarquis y un 45,31% para el grupo Yaconi-Santa Cruz, que además es dueño de Aquafish S.A., una empresa que hasta el año pasado participó en la pesca de jurel, sardina, anchoveta y merluza, pero que no figura entre los armadores que tienen una cuota asignada para 2012.
La fusión que dio origen a Blumar S.A. se dio en medio de la guerra que tiene enfrentadas a las pesqueras industriales por la redistribución del mar chileno. Ante la incertidumbre de cómo se reasignarán las cuotas individuales (si se mantendrán o se subastarán), cuando en diciembre de 2012 pierda vigencia el actual régimen de pesca, casi todos los armadores industriales, menos uno (Lota Protein S.A.), se aliaron para defender en bloque los porcentajes que se les asignó en 2001. Para evitar la licitación de sus cuotas, llegaron a un acuerdo con los pescadores artesanales y el gobierno a fines de septiembre pasado. Si la base de ese documento se respeta, salvo unos pequeños cambios, todo se mantendrá igual y el control del mar chileno y sus recursos seguirán, como hasta ahora, y por 20 años más, en manos de unos pocos gigantes pesqueros (ver mapa multimedia).
UNA HISTORIA DE ERRORES
Si la intención de las regulaciones del sector ha sido darle sustentabilidad a la pesca en Chile, el resultado ha sido un desastre. Especialmente con el jurel, el principal recurso marino del país. Cada vez que se ha modificado el régimen pesquero, ha sido porque los malos resultados de las medidas anteriores lo han hecho necesario. Si el jurel está desapareciendo de nuestras aguas, es en gran parte por la mala administración histórica de los recursos pesqueros en el país. De hecho, hace 15 años el jurel estuvo a punto de acabarse. Una historia que nadie quiere recordar.
Primero se cerró el acceso a nuevos actores en las zonas saturadas bajo la lógica de que si los recursos son limitados, el ingreso a su explotación también debe serlo. Era mediados de los ’80. Para entonces, las exportaciones pesqueras ya superaban los US$ 535,4 millones y representaban el 12,7% de las exportaciones totales de bienes. Chile ya era el segundo productor mundial de harina de pescado. Los que quedaron adentro después del cierre, siguieron pescando sin ningún control; y los de afuera, se adueñaron de las zonas que permanecían abiertas. No quedó metro cúbico de mar chileno sin explotación pesquera.
Después, en 1991 se promulgó la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) para controlar el esfuerzo pesquero de la industria. La norma limitó el número de naves que podía tener una empresa y su capacidad de bodega. Se pretendía que pescaran menos. No resultó. Al contrario, las pesqueras industriales aumentaron sus capturas simplemente invirtiendo en tecnologías que les dieron a su flota mayor autonomía y eficiencia. Se llegó a capturar en promedio 4 millones de toneladas de jurel al año. Y aunque las cifras parecían indicar que había jurel para rato, lo cierto es que ya se estaba acabando.
-La crisis se manifestó porque casi todo lo que se estaba pescando era bajo la talla mínima legal, que en el caso del jurel es de 26 centímetros. Si lo pescas antes de que pase por el proceso reproductivo, eliminas la especie –cuenta un funcionario de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) que pidió mantener su nombre en reserva.
El gobierno decidió entonces establecer cuotas globales de captura, pero sin un sistema de distribución entre los distintos actores del sector, la medida generó una carrera por pescar la mayor cantidad en el menor tiempo posible. “Fue lo peor que se pudo hacer”, dice un ex subsecretario de Pesca que conversó con CIPER. La Subpesca implementó entonces un artilugio que mezcló las cuotas globales, las vedas y la pesca de investigación para administrar entre las grandes empresas industriales lo que fue un primer intento de cuotas individuales de captura. Como la pesca de investigación es por definición sin fines comerciales, la medida fue ilegal, pero todos callaron. Las compañías ya instaladas adquirían la garantía de que podrían pescar de acuerdo a sus capacidades productivas. Si la cuota resultaba ser baja, ya encontrarían mecanismos para aumentarla.
Ese sistema fue la base de la ley que se aprobó en 2001, con un fuerte lobby de la industria. Fue entonces que comenzó formalmente la repartición del mar chileno. Para las grandes pesqueras, fue el reconocimiento de su “derecho histórico”.
LA DIVISIÓN DEL MAR
Ricardo Lagos aún no cumplía medio año como presidente cuando envió al Congreso un proyecto de ley que pretendía ser una norma transitoria. Según un ex subsecretario de Pesca que conversó con CIPER, “los parlamentarios aprobaron esa legislación porque no quisieron hacerse más líos. Siempre los gobiernos han tratado de evitar el conflicto de cambiar el régimen de administración pesquero y enfrentarse a los industriales, y para entonces el lío ya era tremendo”. El proyecto pasó a ser ley en enero de 2001 y duraría sólo dos años. Su nombre: Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA).
Con su aprobación, el manejo que implementó la Subpesca en la crisis de los ’90 obtuvo un marco legal para continuar. Entre otras medidas, el mar chileno fue dividido en cuatro macrozonas pesqueras. El norte se dividió en dos: una que va desde la frontera con Perú hasta el límite sur de Antofagasta; y otra que parte desde ese mismo punto y se extiende hasta el sur de Coquimbo. La zona centro sur quedó definida entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, mientras que la zona austral está comprendida por el área marítima que va desde la XI Región hacia el sur. Cada una de esas macrozonas pronto se transformó en una especie de fundo marítimo, donde las mayores empresas pesqueras marcarían su dominio.
La nueva ley también consolidó la reserva de las primeras cinco millas desde la costa para la explotación exclusiva de los pescadores artesanales, a los que además se les asignó un porcentaje de la cuota global de las principales pesquerías. Las diferencias entre los artesanales que apoyaron el cambio y los que vieron la ley de LMCA como una “privatización del mar”, se tradujo en una división de su asociación gremial más poderosa, la Conapach, en dos grandes conglomerados: uno que se llamó Confepach (que apoyó los cambios propuestos por el gobierno); y otro que siguió con el nombre original y que incluso acusó ante la Contraloría al entonces subsecretario de Pesca, Daniel Albarrán, por tráfico de influencias. A todos ellos, a los 81.157 pescadores artesanales que figuran en el Registro Pesquero Artesanal del Sernapesca, se les asignó el 5% de la cuota global de jurel.
Lo demás se fraccionó entre todos los armadores industriales que operaban en las zonas norte y centro sur del país. La fórmula utilizada para repartir las cuotas individuales transferibles fue el “coeficiente de participación relativo”: la suma del registro de capturas entre 1997 y 2000 y la capacidad de bodega corregida de las naves a 2001. Eso significó que las empresas que más habían pescado durante los años que la Subpesca administró la crisis y las que tenían mayor capacidad de bodega se adjudicaran los pedazos más grandes de la cuota global. Quienes tuvieran mayor “historia pesquera”, que en definitiva es lo mismo que mayor participación en el mercado, salieron más beneficiados.
-Durante los cuatro años que se consideraron para hacer historia pesquera, lo que más se capturó de jurel fue a través de pesca de investigación. Tener un buen registro dependía exclusivamente de cuánto la subsecretaría te había asignado para pescar. En el fondo, la pesca de investigación era industrial –dice Riola Solano, gerente de asuntos corporativos de Lota Protein S.A.
A fines de 2002, para no empezar otra discusión sobre un nuevo manejo del sector, con el apoyo de las principales empresas pesqueras asociadas en Sonapesca, el Congreso prorrogó la vigencia de la ley por 10 años más (hasta el 31 de diciembre de 2012).
Según Rodrigo Vial, presidente de Anapesca y fundador de Lota Protein S.A., la fórmula para asignar esas cuotas fue diseñada en Sonapesca, que es prácticamente lo mismo que Asipes (la lista de compañías asociadas es casi la misma), pero a nivel nacional. Una fuente que trabajó en la Subpesca en esos años asegura lo contrario: que fue un sistema determinado por las autoridades para manejar una crisis. Da lo mismo cual fue la intención, porque como las cuotas que les asignaron a varias de las empresas más pequeñas disminuían considerablemente su posibilidad de producción, se les hizo insostenible continuar operando. Muchas debieron vender sus barcos y sus cuotas. Las más grandes las compraron y terminaron absorbiendo a las más chicas, reduciendo gradualmente la cantidad de participantes en la actividad extractiva hasta llegar a concentrar la explotación de la mayoría de los recursos marinos en los mismos nueve grupos económicos que hoy concentran el 93,7% de la pesca industrial de jurel, el recurso marino más importante del Pacífico Sur.
FAMILIAS DEL MAR
El documento que llegó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) el 17 de enero de 2011 tenía la firma de Francisco Cifuentes, gerente general de la empresa que hasta el año anterior poseía el 10,63% de la cuota global de jurel: la Compañía Pesquera Camanchaca S.A. Allí decía que la decisión ya estaba tomada, que la fusión con Pesquera Bío Bío S.A., de los hermanos Jan, Klaus y Frank Stengel Meierdirks, ya estaba en marcha y que se concretaría a más tardar en octubre de 2011. La sociedad naciente repartiría su propiedad en un 70% para los primeros y en un 30% para los segundos. La unión se hizo operativa a través de Camanchaca Pesca Sur S.A. en diciembre pasado, cuando ésta absorbió a Pesquera Bío Bío Sur S.A., filial de la compañía de los Stengel. Aunque aún aparecen funcionando por separado, las empresas de Jorge Fernández Valdés y la familia Stengel ya están bajo una misma estructura, aunque en forma parcial: sólo las operaciones pelágicas de la zona centro sur estarán a cargo de la nueva empresa. La explotación en el norte y de las especies no pelágicas -como la merluza-, las seguirán desarrollando de forma independiente.
La empresa que nació de la fusión no sólo pasó automáticamente a ser titular del 15,77% de la cuota industrial de jurel y del 19,16% de sardina común, sino que además consolidó los apellidos Fernández y Stengel en el grupo de familias que concentran la explotación de la mayor cantidad de recursos pesqueros del país. Si se suman las cuotas que controlan sus tres empresas, entre las dos familias poseen el derecho a capturar el 18,74% del jurel que extraen las pesqueras industriales, el 19,19% de la anchoveta, el 19,16% de sardina común, el 18,79% de sardina española, el 29,55% de merluza común y el 12,42% de merluza de cola.
En ese grupo de familias, el nombre del empresario Francisco Javier Errázuriz es bastante conocido. Por medio de sus empresas Pesquera Bahía Coronel S.A. y Salmoalimentos S.A. –donde participa a través de su matriz Pesquera Nacional S.A.–, hasta el año pasado tenía asignado el 3,03% del jurel reservado para la pesca industrial. Este año, sólo Salmoalimentos aparece entre los armadores con cuota de pesca, adjudicándose sólo el 0,017% del jurel que se pesca industrialmente en Chile. En el directorio internacional pesquero Fish Information & Services, Bahía Coronel es presentada como “una empresa chilena dedicada a la captura y procesamiento de pesca para la elaboración y comercialización de harina, aceite de pescado y congelados de alta calidad, propiedad de empresarios ampliamente conocidos y reconocidos en el mercado regional, nacional, e internacional”. La misma descripción aparece en un video institucional en el sitio web de Enapesca S.A., que funciona en el mismo domicilio que Pesquera Bahía Coronel S.A.
La sociedad que forman las familias de Eduardo Bohorodzaner y Eduardo Fosk se llama Pesquera Landes S.A. y posee el derecho a capturar cada año el 3,91% del jurel y el 10,15% de la sardina común. Por otro lado, Foodcorp S.A. y Lota Protein S.A. también pertenecen a grupos familiares, aunque son las únicas dos empresas que explotan jurel cuyos dueños son extranjeros. El capital de la primera, que explota el 7,73% del jurel, está en manos de la familia noruega encabezada por Helge Møgster, el principal accionista de Austevoll Seafood ASA, una empresa del grupo pesquero DOF. La controladora de la segunda es el grupo Koppernaes, también de Noruega, una empresa familiar que opera en Europa desde 1884. En Chile, poseen el 1,5% de la pesca industrial de jurel.
Otro de los apellidos que pesan en la pesca chilena es Menéndez, aunque por dos ramas familiares distintas.
El polo de inversiones pesquero de la familia Izquierdo Menéndez se divide en dos sociedades: Alimentos Marinos S.A. (ALIMAR) y la Sociedad Pesquera San Antonio S.A. (SOPESA). Si se suman las cuotas que cada empresa tiene asignadas, los Izquierdo controlan el 9,14% del jurel que pescan las empresas industriales, el 9,9% de la sardina común y el 9,24% de la merluza de cola. Aunque el grupo familiar no es el más grande del sector, tiene un gran peso en la industria pesquera: el presidente de su directorio, Roberto Izquierdo, también es la cabeza de la asociación gremial Asipes y ocupa una de las tres vicepresidencias en Sonapesca.
En este cuadro de los dueños del mar chileno, también están los Lecaros, la otra rama de la familia Menéndez con intereses pesqueros. A través de Pesquera Coloso S.A. y su filial Pesquera San José S.A., los Lecaros Menéndez han llegado a controlar durante la última década el 10,47% de las capturas industriales de jurel. Aunque ahora, después de que se fusionó con uno de los grupos económicos más importantes del país, ese porcentaje parece hasta irrisorio.
El GIGANTE DEL NORTE
En julio de 2010, las páginas de Negocios de los principales diarios anunciaban la primera de las tres grandes fusiones que modificarían el escenario pesquero. Antes de que Blumar S.A. y Camanchaca Pesca Sur S.A. aparecieran en el mapa, Pesquera San José S.A., controlada por Pesquera Coloso S.A. –de la familia Lecaros Menéndez–, y SouthPacific Korp S.A. (SPK), filial de Pesquera Iquique-Guanaye S.A. –del grupo Angelini–, habían decidido juntar sus operaciones industriales en áreas de conservas, congelados, harina y aceite de pescado. Así, no sólo surgió Orizon S.A., una de las cuatro empresas individuales con mayor porcentaje de cuotas de jurel, sino que además se consolidó la unión que ya existía entre las familias Angelini y Lecaros Menéndez desde 1999 a través de Corpesca S.A., transformando a la sociedad de esas familias en el mayor clan pesquero del país.
El grupo económico que encabeza Roberto Angelini posee el 60% de las acciones de Orizon y el 77% de las de Corpesca. Por eso preside ambos directorios, donde participa con Sergio Lecaros Menéndez y el ex presidente de la Asociación Chilena de Seguridad, Jorge Matetic, entre otros. Su área de operaciones se extiende en las distintas pesquerías repartidas desde la frontera con Perú hasta el límite sur de la región de Los Lagos. Si se suman las cuotas de captura que poseen las dos empresas en todo el país, entre ambas familias concentran el 31,95% de la cuota industrial de jurel, el 75,41% de anchoveta, el 20,24% de sardina común, el 62,98% de sardina española y el 14,76% de merluza de cola. Pero su principal patio de operaciones es la zona norte.
El 95,84% de la anchoveta que podrán captura las naves industriales en el país durante 2012 está entre las regiones de Arica y Parinacota y de Coquimbo. De eso, las familias asociadas en Orizon y Corpesca explotan el 77,76%. Y si este año la cuota de jurel para esa misma zona bordea las 43.000 toneladas, entre las dos empresas suman un límite máximo de 32.732 toneladas, más de tres cuartos de la pesquería de esa área. Por eso es que el grupo Angelini se ha mostrado tan dispuesto a colaborar con las autoridades chilenas en la disputa por los límites marítimos con Perú.
“Genera preocupación la demanda arbitral que Perú presentó en el Tribunal de La Haya, con el propósito de modificar unilateralmente los límites marítimos históricos con Chile. Ciertamente afectaría la actividad pesquera, al ser el área de mar involucrada una zona de gran riqueza marina”, escribió Angelini en la Memoria anual de Corpesca de 2009.
Durante el proceso bilateral, las empresas de Angelini han aportado documentación que prueba que el área en conflicto está bajo dominio chileno y no peruano. Para el grupo de empresas que produce más del 5,5% del total mundial exportable de harina de pescado, el conflicto limítrofe con Perú es una verdadera amenaza financiera. Lo que el jurel es para Chile, lo es la anchoveta para Perú. Si se considera que el 93,09% de la anchoveta -una de las cuatro especies de peces que aún están en “niveles seguros para su conservación”- que capturan las naves industriales chilenas se distribuye en las zonas aledañas a la frontera con Perú, se entiende finalmente que eso es lo que los dos países se están peleando: no se trata de espacios estratégicos, sino que de áreas de pesca.
-De prosperar la demanda peruana, se nos puede reducir en más del 20% la superficie de pesca de todos los recursos –aseguró el director de Corpesca, Claudio Elgueta, en una nota que publicó el diario La Tercera en noviembre de 2010.
Esa es la batalla que tienen las pesqueras de Angelini en el norte. Y no es la única. Las empresas de la zona centro sur le endosan la responsabilidad de la sobreexplotación del jurel. Para los del norte, si el jurel está por extinguirse, es por culpa de los del sur. Pero todos han aportado lo suyo y no sólo desde sus barcos, sino que también desde tierra firme: la ley de LMCA resultó tanto o más desastrosa para la sustentabilidad de los recursos pesqueros que las regulaciones que la antecedieron. Porque al final, el límite de lo que cada año se pesca en el mar chileno es determinado por sus dueños de facto: nueve grupos económicos. Lo que está en disputa es un negocio que renta más de US$1.200 millones al año. Mientras, los chilenos debemos asumir que el jurel ya prácticamente desapareció de las aguas chilenas.
LOS EXTRANJEROS DEL SUR
La zona marítima austral, desde el límite de Los Lagos con Aysén hacia el sur, representa un mundo aparte para la industria pesquera. Allá los pescadores artesanales no tienen una zona de pesca exclusiva, aunque para 2010 se contabilizaban en el área unos 8.500. Tampoco corre la restricción del uso de barcos factoría. Y a diferencia de lo que ocurre en casi todo el resto del país, las empresas que dominan la pesca industrial son en su mayoría extranjeras.
Las especies principales que se capturan en las pesquerías que tienen cuotas establecidas de acuerdo a la Ley de Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA) en la zona austral, son el congrio dorado, la merluza de tres aletas, la merluza del sur y la merluza de cola. Y en tres de ellas, el 100% de la cuota industrial se reparte en sólo cuatro empresas de capital español y japonés, aunque en una de ellas también participa el Grupo Del Río, presente también en la sociedad de Falabella.
La empresa más grande que opera en el extremo sur del país es Pesca Chile S.A., filial de la compañía española radicada en el Puerto de Vigo, Pescanova. Para 2008, cuando según publicaciones del Diario Oficial su capital alcanzaba los € 138 millones (poco más de $49.000 millones), sus únicos socios eran la empresa española y Nave de Argo Sociedad Ltda., otra empresa perteneciente al mismo grupo presidido por Manuel Fernández de Sousa-Faro y que está domiciliada en la misma dirección, en Pontevedra, España. Este año, la empresa controla la mayoría de las capturas industriales de congrio dorado (65,92%) y merluza del sur (45,85%).
Otra empresa española asentada en la zona austral es Pesca Cisne S.A., acusada de malas prácticas en Chile y fuera del país. Sus socios fundadores fueron los empresarios pesqueros españoles Florindo González Otero, Florindo González Corral y Manuel Carballo Eire, empresario óptico radicado en Chile desde 1978, todos oriundos de la ciudad de Orense, en Galicia. En España también operan con una empresa del mismo nombre y Arcosmar S.A., que también opera en Chile desde que en 1999 se protocolarizó su permiso para funcionar a través de Arcosmar Fisheries Corp., su filial en Panamá.
González Otero y González Corral han sido acusados de pertenecer a “la mafia gallega”, dedicados a la pesca ilegal a través de sus empresas relacionadas tanto en España como en Chile, Uruguay, Estados Unidos, Panamá e Islas Mauricio. En 2005, el Sernapesca de Chile presentó una querella en su contra por falsear información de sus desembarques. Aun así, este año tienen autorización para capturar el 8,36% de la cuota industrial de merluza del sur y el 12,05% de congrio dorado.
Los japoneses de Emdepes S.A. son otros de los dueños de la zona austral chilena. La empresa pertenece al Grupo Nissui y no sólo controla casi exclusivamente la explotación industrial de la merluza de tres aletas (99,89%), sino que además posee parte importante de la extracción de merluza del sur (20,74%), merluza de cola (23,24%) y congrio dorado (6,82%). A eso se suma otra de sus empresas, Friosur S.A., donde está asociada con el Grupo Del Río.
Friosur S.A. desapareció el año pasado de la lista de armadores con autorización para pescar, ya que le traspasó su cuota a otras dos empresas: Pesquera Sur Austral S.A. y Sociedad Pesquera Grimar S.A. Ambas empresas operan desde el límite norte de la IV Región hasta el extremo sur del país en las pesquerías de jurel, los cuatro tipos de merluza y congrio dorado.
Esta investigación fue hecha por CIPER en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ).
*Fuente: CiperChile en Reportajes de investigación
sintrisan dicer: es bueno que la gente comun sepa lo que suced y tambien ustedes que pasan por el blogg es importante sumar a conciencia y de manera global y no pensar de manera individual
Miércoles 25 de Enero de 2012Instan al Ejecutivo a dictar nuevas normas que regulen la pesca de jibia
Solicitar al presidente Sebastián Piñera, que instruya al ministro de Economía y al subsecretario de Pesca, para que dicten nuevas normas que regulen la pesca de la jibia y se caracterice como una actividad esencialmente artesanal, es el objetivo del proyecto de acuerdo que presentó el senador Alejandro Navarro. El parlamentario comentó que “la idea es también que el Ejecutivo pueda instruir a las otras carteras, con el fin de incorporar en sus políticas públicas el fomento al consumo humano interno de este cefalópodo, especialmente considerando su bajo costo y su alto valor nutricional”. Agregó que “la Subsecretaría de Pesca informó que durante junio de 2011 se desembarcaron 22.500 toneladas de jibia, 5 veces lo capturado en el mes precedente y diez veces lo capturado que en junio 2010. El desembarque de jibia acumulado a junio de 2011 fue de 61.200 toneladas, cifra significativamente baja si se compara con las 149.900 toneladas del mismo periodo del 2010”. Precisó que “del total desembarcado, 30.600 toneladas, fueron capturas realizadas en la V región; 15.200 toneladas, fueron capturas realizadas en la VIII región”. El legislador recordó que “hasta hace dos décadas se asumía que la diferencia entre el volumen de los desembarques y el volumen ingresado a plantas de procesos (materia prima para: fresco-enfriado, congelado, conserva y harina) correspondía al volumen de consumo interno. Así se apreciaba un aumento expo-nencial en el consumo de jibia fresca en Chile entre 1991 y 1993”. Indicó que en 1991 “112 toneladas fueron registradas como de consumo a nivel nacional, 158 toneladas en 1992, y 496 toneladas en 1993. Pero ya en 1994 el total de las capturas artesanales (embarcaciones menores de 12 m de eslora, 43 ton.) ingresaron a las plantas de proceso, haciendo prácticamente nulo el consumo interno de este cefalópodo”. El parlamentario expresó su preocupación a raíz de un memorándum de la División de Desarrollo Pesquero de la Subsecretaría de Pesca, “en éste se recomendó incorporar a la especie Jibia en la nómina de recursos hidro-biológicos autorizados para la elaboración de harina de pescado”, dijo. En ese sentido, añadió que “en el actual contexto de crisis de la mayoría de las más importantes pesquerías nacionales, la captura de la jibia ha sido una actividad que especialmente en el caso de los pescadores artesanales ha permitido suplir la falta de pescada y de ingresos que han deteriorado la calidad de vida de muchos ellos. Sin embargo, el que la jibia no sea una pesquería regulada y que adicionalmente se permita su incorporación a la producción industrial de harina, afectan los puestos de empleo que esta pesca genera en la pesca artesanal y limita o excluye su incorporación a los productos pesqueros de consumo humano nacional”.Desaparición En el marco del anuncio del ministro de Economía, Pablo Lon-gueira, quien señaló que la fijación de la cuota de captura de jibia será de 180 mil toneladas anuales, de los cuales el 20% le corresponderá al sector industrial y un 80% a la pesca artesanal, el senador Alejandro Navarro expresó su insistencia en regular lo antes posible esta actividad, porque “existiría una depredación sin límites de los industriales que llevaría a la jibia a su desaparición”, argumentó. El parlamentario, añadió que el planteamiento del ministro Lon-gueira “es un avance, pero la disposición política de este gobierno en el fondo, lejos de solucionar el problema, colaboran con su porfía en no asistir seriamente a los pescadores artesanales de la jibia, al punto de presumir que lo que quieren con estas medidas superficiales, en realidad, es que de a poco desaparezcan y sólo existan los industriales”.Subrayó que “lo que pedimos es que la pesca de la jibia sea regulada, para evitar que todos la capturen indiscriminadamente y así, en esta actividad los pescadores no vean afectado su empleo; y se asegure la presencia del producto marino para el consumo humano”.
Solicitar al presidente Sebastián Piñera, que instruya al ministro de Economía y al subsecretario de Pesca, para que dicten nuevas normas que regulen la pesca de la jibia y se caracterice como una actividad esencialmente artesanal, es el objetivo del proyecto de acuerdo que presentó el senador Alejandro Navarro. El parlamentario comentó que “la idea es también que el Ejecutivo pueda instruir a las otras carteras, con el fin de incorporar en sus políticas públicas el fomento al consumo humano interno de este cefalópodo, especialmente considerando su bajo costo y su alto valor nutricional”. Agregó que “la Subsecretaría de Pesca informó que durante junio de 2011 se desembarcaron 22.500 toneladas de jibia, 5 veces lo capturado en el mes precedente y diez veces lo capturado que en junio 2010. El desembarque de jibia acumulado a junio de 2011 fue de 61.200 toneladas, cifra significativamente baja si se compara con las 149.900 toneladas del mismo periodo del 2010”. Precisó que “del total desembarcado, 30.600 toneladas, fueron capturas realizadas en la V región; 15.200 toneladas, fueron capturas realizadas en la VIII región”. El legislador recordó que “hasta hace dos décadas se asumía que la diferencia entre el volumen de los desembarques y el volumen ingresado a plantas de procesos (materia prima para: fresco-enfriado, congelado, conserva y harina) correspondía al volumen de consumo interno. Así se apreciaba un aumento expo-nencial en el consumo de jibia fresca en Chile entre 1991 y 1993”. Indicó que en 1991 “112 toneladas fueron registradas como de consumo a nivel nacional, 158 toneladas en 1992, y 496 toneladas en 1993. Pero ya en 1994 el total de las capturas artesanales (embarcaciones menores de 12 m de eslora, 43 ton.) ingresaron a las plantas de proceso, haciendo prácticamente nulo el consumo interno de este cefalópodo”. El parlamentario expresó su preocupación a raíz de un memorándum de la División de Desarrollo Pesquero de la Subsecretaría de Pesca, “en éste se recomendó incorporar a la especie Jibia en la nómina de recursos hidro-biológicos autorizados para la elaboración de harina de pescado”, dijo. En ese sentido, añadió que “en el actual contexto de crisis de la mayoría de las más importantes pesquerías nacionales, la captura de la jibia ha sido una actividad que especialmente en el caso de los pescadores artesanales ha permitido suplir la falta de pescada y de ingresos que han deteriorado la calidad de vida de muchos ellos. Sin embargo, el que la jibia no sea una pesquería regulada y que adicionalmente se permita su incorporación a la producción industrial de harina, afectan los puestos de empleo que esta pesca genera en la pesca artesanal y limita o excluye su incorporación a los productos pesqueros de consumo humano nacional”.Desaparición En el marco del anuncio del ministro de Economía, Pablo Lon-gueira, quien señaló que la fijación de la cuota de captura de jibia será de 180 mil toneladas anuales, de los cuales el 20% le corresponderá al sector industrial y un 80% a la pesca artesanal, el senador Alejandro Navarro expresó su insistencia en regular lo antes posible esta actividad, porque “existiría una depredación sin límites de los industriales que llevaría a la jibia a su desaparición”, argumentó. El parlamentario, añadió que el planteamiento del ministro Lon-gueira “es un avance, pero la disposición política de este gobierno en el fondo, lejos de solucionar el problema, colaboran con su porfía en no asistir seriamente a los pescadores artesanales de la jibia, al punto de presumir que lo que quieren con estas medidas superficiales, en realidad, es que de a poco desaparezcan y sólo existan los industriales”.Subrayó que “lo que pedimos es que la pesca de la jibia sea regulada, para evitar que todos la capturen indiscriminadamente y así, en esta actividad los pescadores no vean afectado su empleo; y se asegure la presencia del producto marino para el consumo humano”.
Desaparece el jurel del Pacífico sur, y otras especies podrían seguir
MUNDIALThursday, January 26, 2012, 02:30 (GMT + 9)
En sólo 20 años, los stocks de jurel se redujeron de aproximadamente 30 millones de toneladas a menos de 3 millones. Una investigación sobre la industria pesquera en el Pacífico sur realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que abarca ocho países, muestra que este fenómeno podría anunciar el colapso progresivo de las poblaciones de peces en los océanos del mundo.
Para Daniel Pauly, oceanógrafo de la Universidad de Columbia Británica, el jurel del Pacífico sur es un indicador alarmante.
“Es el último de los búfalos -advierte el científico a iWatch News-. Cuando hayan desaparecido, habrá desaparecido todo… Es el fin.”
Delegados de al menos 20 países se reunirán la semana próxima en Chile para participar en el encuentro anual de la Organización Regional de Gestión Pesquera del Pacífico Sur (ORGPPS), donde analizarán opciones para frenar la sobrepesca.
Los científicos calculan que entre los años 2006 -2011, los stocks de jurel disminuyeron un 63%.
La convención de la ORGPPS precisa ocho firmas para ser vinculante, pero hasta el momento tiene sólo seis.
En septiembre pasado, científicos de la ORGPPS acordaron establecer un límite de 520.000 toneladas. Pero Cristian Canales, investigador ictícola del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) de Chile, considera que la cifra más segura sería de 250.000 toneladas. Y varios expertos que disienten con esta visión, quieren prohibir totalmente durante cinco años la pesca de jurel.
Según la práctica internacional, los barcos pueden pescar lo que deseen en las áreas que no están gobernadas por acuerdos ratificados. No obstante, la Unión Europea (UE) estipula que los barcos de los Estados miembros deben cumplir las medidas interinas de la ORGPPS y los países de la UE deben dividir una cuota anual colectiva de la especie.
Pero los armadores encuentran la manera de no cumplir con las normas. El trasbordo en alta mar también socava los esfuerzos de sustentabilidad.
Los chilenos pescaron más de 4 millones de toneladas de jurel en 1995, ocho veces más que la cantidad que los científicos de la ORGPPS consideran sustentable para 2012. Desde 2000 a 2010, Chile descargó el 72% de todo el jurel en el Pacífico sur.
En 2009, el IFOP propuso un recorte marcado a 750.000 toneladas, según Oceana. Pero cuando la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) aumentó la captura a 1,4 millones de toneladas, el Consejo Nacional de Pesca lo aprobó.
Perú, la segunda nación pesquera más importante del mundo, después de China, también teme por el futuro de la anchoveta, una fuente crucial de harina de pescado para la acuicultura, que sostiene la pesquería más grande del mundo.
De acuerdo con Roberto Cesari, enviado principal de la UE en la ORGPPS, recién espera la ratificación para 2013.
El año pasado, la ORGPPS recortó voluntariamente las cuotas en un 40%, pero China, entre otros países, no adhirió a esta medida. Más tarde resolvió reducir su cuota en un 30%.
El oceanógrafo Pauly opina que esta tendencia no cambiará a menos que una potencia importante –la UE o Estados Unidos- asuma una postura firme a ese respecto.
“Alguien tiene que tomar la iniciativa, y otros lo seguirán”, asevera.
sintrisan dice: y tu sigues sentado viendo la tele o matando pescados con huevos y bajo talla, si no haces nada por parar esto tu futuro se convertira en eso NADA
MUNDIALThursday, January 26, 2012, 02:30 (GMT + 9)
En sólo 20 años, los stocks de jurel se redujeron de aproximadamente 30 millones de toneladas a menos de 3 millones. Una investigación sobre la industria pesquera en el Pacífico sur realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que abarca ocho países, muestra que este fenómeno podría anunciar el colapso progresivo de las poblaciones de peces en los océanos del mundo.
Para Daniel Pauly, oceanógrafo de la Universidad de Columbia Británica, el jurel del Pacífico sur es un indicador alarmante.
“Es el último de los búfalos -advierte el científico a iWatch News-. Cuando hayan desaparecido, habrá desaparecido todo… Es el fin.”
Delegados de al menos 20 países se reunirán la semana próxima en Chile para participar en el encuentro anual de la Organización Regional de Gestión Pesquera del Pacífico Sur (ORGPPS), donde analizarán opciones para frenar la sobrepesca.
Los científicos calculan que entre los años 2006 -2011, los stocks de jurel disminuyeron un 63%.
La convención de la ORGPPS precisa ocho firmas para ser vinculante, pero hasta el momento tiene sólo seis.
En septiembre pasado, científicos de la ORGPPS acordaron establecer un límite de 520.000 toneladas. Pero Cristian Canales, investigador ictícola del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) de Chile, considera que la cifra más segura sería de 250.000 toneladas. Y varios expertos que disienten con esta visión, quieren prohibir totalmente durante cinco años la pesca de jurel.
Según la práctica internacional, los barcos pueden pescar lo que deseen en las áreas que no están gobernadas por acuerdos ratificados. No obstante, la Unión Europea (UE) estipula que los barcos de los Estados miembros deben cumplir las medidas interinas de la ORGPPS y los países de la UE deben dividir una cuota anual colectiva de la especie.
Pero los armadores encuentran la manera de no cumplir con las normas. El trasbordo en alta mar también socava los esfuerzos de sustentabilidad.
Los chilenos pescaron más de 4 millones de toneladas de jurel en 1995, ocho veces más que la cantidad que los científicos de la ORGPPS consideran sustentable para 2012. Desde 2000 a 2010, Chile descargó el 72% de todo el jurel en el Pacífico sur.
En 2009, el IFOP propuso un recorte marcado a 750.000 toneladas, según Oceana. Pero cuando la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) aumentó la captura a 1,4 millones de toneladas, el Consejo Nacional de Pesca lo aprobó.
Perú, la segunda nación pesquera más importante del mundo, después de China, también teme por el futuro de la anchoveta, una fuente crucial de harina de pescado para la acuicultura, que sostiene la pesquería más grande del mundo.
De acuerdo con Roberto Cesari, enviado principal de la UE en la ORGPPS, recién espera la ratificación para 2013.
El año pasado, la ORGPPS recortó voluntariamente las cuotas en un 40%, pero China, entre otros países, no adhirió a esta medida. Más tarde resolvió reducir su cuota en un 30%.
El oceanógrafo Pauly opina que esta tendencia no cambiará a menos que una potencia importante –la UE o Estados Unidos- asuma una postura firme a ese respecto.
“Alguien tiene que tomar la iniciativa, y otros lo seguirán”, asevera.
sintrisan dice: y tu sigues sentado viendo la tele o matando pescados con huevos y bajo talla, si no haces nada por parar esto tu futuro se convertira en eso NADA
Informe de la OCDE critica desigualdad y evasión en sistema tributario chileno
Martes 24 enero 2012 13:42
Publicado por Christian Navarro
Lapidario informe de la OCDE recomienda a Chile reducir pobreza y mejorar educación para crecer más
La Cultura Empresarial en Chile
Chile lidera la desigualdad de ingresos entre los 34 países de la OCDE
“La inequidad en Chile es alta y el sistema tributario hace poco por reducirla. Hay mucho espacio para la elusión tributaria en Chile, lo que también facilita la evasión”, destacó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que por primera vez incluyó duras críticas al sistema tributario chileno.
Los analistas de la OCDE concluyeron que los mecanismos favorecen a las élites y detallaron prácticas, como la creación de sociedades de inversión, para eludir el pago de impuestos.
Ramón López, profesor de la Universidad de Maryland dijo a CIPER.cl, que el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) sirve para que las empresas registren utilidades que debieran invertir, pero que en muchos casos no invierten, sino que retiran sin pagar impuestos. Con el FUT, dice López, el financiamiento de una educación pública está resuelto.
Ramón López, profesor de la Universidad de Maryland, fue uno de los analistas entrevistados por los investigadores de la OCDE. El académico señaló que “el 90% de la evasión la realiza el 5% más rico de la población. Esto es muy llamativo, porque el Servicio de Impuestos Internos (SII) se considera una institución muy eficiente. Sin embargo, parece que dedica una gran parte de sus recursos a controlar a los pequeños y a los medianos, pero no a los grandes”.
López concluye que la política tributaria nacional es el gran factor que explica la profunda desigualdad que hoy caracteriza a Chile y la preeminencia de industrias extractivas, como las mineras, las pesqueras o las celulosas, por sobre otro tipo de inversiones.
Martes 24 enero 2012 13:42
Publicado por Christian Navarro
Lapidario informe de la OCDE recomienda a Chile reducir pobreza y mejorar educación para crecer más
La Cultura Empresarial en Chile
Chile lidera la desigualdad de ingresos entre los 34 países de la OCDE
“La inequidad en Chile es alta y el sistema tributario hace poco por reducirla. Hay mucho espacio para la elusión tributaria en Chile, lo que también facilita la evasión”, destacó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que por primera vez incluyó duras críticas al sistema tributario chileno.
Los analistas de la OCDE concluyeron que los mecanismos favorecen a las élites y detallaron prácticas, como la creación de sociedades de inversión, para eludir el pago de impuestos.
Ramón López, profesor de la Universidad de Maryland dijo a CIPER.cl, que el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) sirve para que las empresas registren utilidades que debieran invertir, pero que en muchos casos no invierten, sino que retiran sin pagar impuestos. Con el FUT, dice López, el financiamiento de una educación pública está resuelto.
Ramón López, profesor de la Universidad de Maryland, fue uno de los analistas entrevistados por los investigadores de la OCDE. El académico señaló que “el 90% de la evasión la realiza el 5% más rico de la población. Esto es muy llamativo, porque el Servicio de Impuestos Internos (SII) se considera una institución muy eficiente. Sin embargo, parece que dedica una gran parte de sus recursos a controlar a los pequeños y a los medianos, pero no a los grandes”.
López concluye que la política tributaria nacional es el gran factor que explica la profunda desigualdad que hoy caracteriza a Chile y la preeminencia de industrias extractivas, como las mineras, las pesqueras o las celulosas, por sobre otro tipo de inversiones.
martes, 24 de enero de 2012
Pescadores califican como “escandaloso” posible conflicto de interés de Ministro de Hacienda
Lunes 23 enero 2012 17:38
Publicado por Alejandra Jara
Ministro de Hacienda reconoce desaceleración de la economía mayor a la prevista Ministro Larraín valora medidas de liquidez anunciada por el Banco Central Ministro Larraín entregó cuenta pública en La MonedaDe “escandaloso” calificaron los dirigentes de la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile la acusación y solicitud de investigación realizada por un grupo de parlamentarios DC en contra del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, por eventuales conflictos de interés en la aprobación del proyecto de ley de pesca que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso.
Esta solicitud entregada hoy por los diputados Fuad Chahin, Carolina Goic y Gabriel Ascencio en la Contraloría General de la República se basa en la participación en el directorio del actual Ministro de Hacienda en la empresa AntarChile, de propiedad del Grupo Angelini. Dichas labores habrían finalizado el 5 de marzo de 2010.
Para el Presidente de la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Nelson Estrada, esta acusación va en directo perjuicio del sector artesanal de la pesca nacional. “Nuevamente vemos como el poder político y económico del país se entremezcla. Esta es una prueba más de que el Gobierno lo único que busca es hacer desaparecer por completo a los pescadores artesanales,” dijo.
Asimismo, el vocero nacional de la comisión, Jorge Bustos, agregó que se harán parte en todas las acciones legales correspondientes para aclarar este tema. “Es obligación que las instituciones funcionen en este tipo de casos. Exigiremos que en la ley se contemple Justicia en el fraccionamiento, el respeto a las 5 millas exclusivas, que se termine con la concentración y que se dé cabida y desarrollo a un Indap pesquero financiado con el producto de las licitaciones” afirmó.
Ambos dirigentes confirmaron que “los más de 40 mil pescadores que nos hemos reunido en la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile estamos listos y dispuestos a movilizarnos si así es necesario. No permitiremos que este Gobierno siga actuando de la manera en que lo ha hecho hasta ahora defendiendo los intereses de quienes han sido sus grandes financistas”, sostuvieron.
De igual manera, Nelson Estrada y Jorge Bustos confirmaron la realización de la primera reunión nacional de trabajo convocada por la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile para el próximo domingo 29 de enero en Duao, región del Maule, instancia en la que participarán dirigentes de la pesca artesanal de todo el país y en la que se abordarán en detalle las implicancias del proyecto de ley de pesca en el sector artesanal, además de definir las acciones que este sector llevará a cabo para defender sus planteamientos, entre los que se encuentran la eliminación de la pesca de arrastre, la exclusividad de las cinco millas, el fin a la perforación de los industriales, entre otros.
Lunes 23 enero 2012 17:38
Publicado por Alejandra Jara
Ministro de Hacienda reconoce desaceleración de la economía mayor a la prevista Ministro Larraín valora medidas de liquidez anunciada por el Banco Central Ministro Larraín entregó cuenta pública en La MonedaDe “escandaloso” calificaron los dirigentes de la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile la acusación y solicitud de investigación realizada por un grupo de parlamentarios DC en contra del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, por eventuales conflictos de interés en la aprobación del proyecto de ley de pesca que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso.
Esta solicitud entregada hoy por los diputados Fuad Chahin, Carolina Goic y Gabriel Ascencio en la Contraloría General de la República se basa en la participación en el directorio del actual Ministro de Hacienda en la empresa AntarChile, de propiedad del Grupo Angelini. Dichas labores habrían finalizado el 5 de marzo de 2010.
Para el Presidente de la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Nelson Estrada, esta acusación va en directo perjuicio del sector artesanal de la pesca nacional. “Nuevamente vemos como el poder político y económico del país se entremezcla. Esta es una prueba más de que el Gobierno lo único que busca es hacer desaparecer por completo a los pescadores artesanales,” dijo.
Asimismo, el vocero nacional de la comisión, Jorge Bustos, agregó que se harán parte en todas las acciones legales correspondientes para aclarar este tema. “Es obligación que las instituciones funcionen en este tipo de casos. Exigiremos que en la ley se contemple Justicia en el fraccionamiento, el respeto a las 5 millas exclusivas, que se termine con la concentración y que se dé cabida y desarrollo a un Indap pesquero financiado con el producto de las licitaciones” afirmó.
Ambos dirigentes confirmaron que “los más de 40 mil pescadores que nos hemos reunido en la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile estamos listos y dispuestos a movilizarnos si así es necesario. No permitiremos que este Gobierno siga actuando de la manera en que lo ha hecho hasta ahora defendiendo los intereses de quienes han sido sus grandes financistas”, sostuvieron.
De igual manera, Nelson Estrada y Jorge Bustos confirmaron la realización de la primera reunión nacional de trabajo convocada por la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile para el próximo domingo 29 de enero en Duao, región del Maule, instancia en la que participarán dirigentes de la pesca artesanal de todo el país y en la que se abordarán en detalle las implicancias del proyecto de ley de pesca en el sector artesanal, además de definir las acciones que este sector llevará a cabo para defender sus planteamientos, entre los que se encuentran la eliminación de la pesca de arrastre, la exclusividad de las cinco millas, el fin a la perforación de los industriales, entre otros.
Lunes 23 de enero 2012 20:35 hrs.
Parlamentarios denuncian conflicto de interés del ministro de Hacienda
Narayán Vila
Hasta la Contraloría General de la República llegaron parlamentarios de la DC para denunciar un conflicto de interés del ministro de Hacienda en la discusión de la nueva ley de Pesca.
Como una violación al principio de probidad administrativa calificó un grupo de diputados de la Democracia Cristiana, la participación del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en la nueva Ley de Pesca. Por ello es que los parlamentarios presentaron la denuncia en la Contraloría General de la República.
Este hipotético nuevo conflicto de interés que se endosa a personeros de gobierno fue denunciado por los diputados Fuad Chahín, Gabriel Asencio y la diputada Carolina Goic.
Según los legisladores, el titular de Hacienda habría incumplido con el artículo 8° de la Constitución política y especialmente con la ley de procedimientos administrativos.
Esto, debido a la participación e injerencia que ha tenido el ministro Larraín en la nueva Ley de Pesca, toda vez que el economista fue miembro del directorio de AnttarChile, consorcio del grupo empresarial Angelini.
Según el diputado Fuad Chahín, Larraín debiera haberse abstenido de esta discusión y nunca haber firmado la nueva legislación, ya que incumple una seria de procedimientos administrativos.
“El ministro de Estado como no tiene la calidad de funcionario público sino que es autoridad pública, si no actúa de acuerdo a la Constitución y las leyes tiene que dejar su cargo”, afirmó Chahín.
Además, el parlamentario agregó que la situación es muy grave, sobre todo cuando se trata de una modificación legislativa: “ÉL debió inhabilitarse de firmar el proyecto de ley y no lo hizo. El ministro de Hacienda ha perdido todo el pudor y firmó un proyecto de ley que se relaciona directamente con la empresa de la que fue director sin que transcurra el plazo de dos años. Por lo tanto, él ya nos inhibió de la discusión del proyecto de ley. Si la Contraloría ratifica lo que estamos denunciando, el ministro de Hacienda no tiene otro camino más que dejar su cargo”, insistió el legislador.
El diputado Gabriel Ascencio, en tanto, señaló que la relación del gobierno con los grandes empresarios ha sido evidente y recurrente y sentenció que el titular de Hacienda le debe una explicación al país y, especialmente, a los pescadores artesanales.
Por su parte, el ministro Larraín señaló, al término de la promulgación en La Moneda de la inscripción automática y el voto voluntario, que la acusación está completamente fuera de lugar y no tiene ninguna base.
Parlamentarios denuncian conflicto de interés del ministro de Hacienda
Narayán Vila
Hasta la Contraloría General de la República llegaron parlamentarios de la DC para denunciar un conflicto de interés del ministro de Hacienda en la discusión de la nueva ley de Pesca.
Como una violación al principio de probidad administrativa calificó un grupo de diputados de la Democracia Cristiana, la participación del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en la nueva Ley de Pesca. Por ello es que los parlamentarios presentaron la denuncia en la Contraloría General de la República.
Este hipotético nuevo conflicto de interés que se endosa a personeros de gobierno fue denunciado por los diputados Fuad Chahín, Gabriel Asencio y la diputada Carolina Goic.
Según los legisladores, el titular de Hacienda habría incumplido con el artículo 8° de la Constitución política y especialmente con la ley de procedimientos administrativos.
Esto, debido a la participación e injerencia que ha tenido el ministro Larraín en la nueva Ley de Pesca, toda vez que el economista fue miembro del directorio de AnttarChile, consorcio del grupo empresarial Angelini.
Según el diputado Fuad Chahín, Larraín debiera haberse abstenido de esta discusión y nunca haber firmado la nueva legislación, ya que incumple una seria de procedimientos administrativos.
“El ministro de Estado como no tiene la calidad de funcionario público sino que es autoridad pública, si no actúa de acuerdo a la Constitución y las leyes tiene que dejar su cargo”, afirmó Chahín.
Además, el parlamentario agregó que la situación es muy grave, sobre todo cuando se trata de una modificación legislativa: “ÉL debió inhabilitarse de firmar el proyecto de ley y no lo hizo. El ministro de Hacienda ha perdido todo el pudor y firmó un proyecto de ley que se relaciona directamente con la empresa de la que fue director sin que transcurra el plazo de dos años. Por lo tanto, él ya nos inhibió de la discusión del proyecto de ley. Si la Contraloría ratifica lo que estamos denunciando, el ministro de Hacienda no tiene otro camino más que dejar su cargo”, insistió el legislador.
El diputado Gabriel Ascencio, en tanto, señaló que la relación del gobierno con los grandes empresarios ha sido evidente y recurrente y sentenció que el titular de Hacienda le debe una explicación al país y, especialmente, a los pescadores artesanales.
Por su parte, el ministro Larraín señaló, al término de la promulgación en La Moneda de la inscripción automática y el voto voluntario, que la acusación está completamente fuera de lugar y no tiene ninguna base.
sábado, 14 de enero de 2012
Pescadores se reunirán este 20 de enero con Subsecretario Pablo Galilea
Un fuerte contingente policial se desplegó por la ciudad de Puerto Aysén este jueves. Esto a raíz del anuncio de manifestaciones hecho por algunos dirigentes de la pesca artesanal.
Cuestión que no se concretó debido a que el propio Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea Carrillo, habría llamado a los representantes del sector y comprometió un encuentro para el próximo 20 de enero, donde se abordarían las problemáticas que han hecho públicas los trabajadores del mar, dijo José Mayorga, Presidente de la Cooperativa de Pescadores de la Patagonia. “Ayer en la tarde alrededor de las 9 de la noche nos llamó el sub secretario de Pesca, pidiéndonos que no hagamos protestas y que el informaría que el día 20 estaría aquí en la región supuestamente porque traería algunas noticias buenas. Por eso se llevó a cabo una reunión con la gente para que esperemos hasta el día 20. Ellos siguen insistiendo que quieren para el día 16”, indicó.El presidente del sindicato número uno de Puerto Cisnes, hizo un llamado a otros gremios como lo camioneros y taxistas para sumarse a las futuras demandas y manifestaciones por mejorar situaciones, como el excesivo costo al que han llegado los combustibles, precisó Dagoberto Castillo Presidente sindicato 1 de Pescadores de Cisnes. “Los pescadores vamos a pedir un subsidio a los combustibles, porque nosotros terminamos en diciembre pagando casi 900 pesos el litro de bencina y gastamos entre 400 o 500 litros de bencina mensual”, señaló.La baja en la cuota de la merluza, observaciones a la Ley de pesca, son algunos de los temas que los pescadores de la región de Aysén; pretenden abordar con el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, el próximo 20 de enero, en lugar y hora que está por definirse.
Un fuerte contingente policial se desplegó por la ciudad de Puerto Aysén este jueves. Esto a raíz del anuncio de manifestaciones hecho por algunos dirigentes de la pesca artesanal.
Cuestión que no se concretó debido a que el propio Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea Carrillo, habría llamado a los representantes del sector y comprometió un encuentro para el próximo 20 de enero, donde se abordarían las problemáticas que han hecho públicas los trabajadores del mar, dijo José Mayorga, Presidente de la Cooperativa de Pescadores de la Patagonia. “Ayer en la tarde alrededor de las 9 de la noche nos llamó el sub secretario de Pesca, pidiéndonos que no hagamos protestas y que el informaría que el día 20 estaría aquí en la región supuestamente porque traería algunas noticias buenas. Por eso se llevó a cabo una reunión con la gente para que esperemos hasta el día 20. Ellos siguen insistiendo que quieren para el día 16”, indicó.El presidente del sindicato número uno de Puerto Cisnes, hizo un llamado a otros gremios como lo camioneros y taxistas para sumarse a las futuras demandas y manifestaciones por mejorar situaciones, como el excesivo costo al que han llegado los combustibles, precisó Dagoberto Castillo Presidente sindicato 1 de Pescadores de Cisnes. “Los pescadores vamos a pedir un subsidio a los combustibles, porque nosotros terminamos en diciembre pagando casi 900 pesos el litro de bencina y gastamos entre 400 o 500 litros de bencina mensual”, señaló.La baja en la cuota de la merluza, observaciones a la Ley de pesca, son algunos de los temas que los pescadores de la región de Aysén; pretenden abordar con el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, el próximo 20 de enero, en lugar y hora que está por definirse.
miércoles, 11 de enero de 2012
Noticia publicada el: 10/01/12
Dirigente de trabajadores pesqueros acusa haber sido expulsado de Mesa Laboral
El presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes) y Consejero Nacional de Pesca, Juan Montenegro, habría sido excluido de las conversaciones que se realizan en el marco de la creación de una Mesa Laboral en la que participan todos los representantes de los trabajadores de la industria pesquera nacional.
La expulsión sufrida por el dirigente nacional habría sido solicitada por el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, quien al iniciar el trabajo de la instancia, decidió solicitarle a Juan Montenegro el abandono de la sala, argumentado que la federación que preside, Fetrapes, adscribe a red Chilepesca, siendo esta contraria a los intereses del sector industrial de la pesca plasmados en el proyecto de ley.
Respecto de los motivos que generaron la expulsión del presidente de Fetrapes y vocero de ChilePesca, Juan Montenegro, el dirigente sostuvo que "el señor Galilea hizo caso a las presiones que recibió los representantes de Corpesca, empresa que amenazó con dejar la mesa si yo seguía presente en ella. Estas presiones las plantearon al representante del ministerio del Trabajo, Jaime Plá, y a la directora ejecutiva del Fomento de la Pesca Artesanal y representante de la Subsecretaria de Pesca, María José Gutiérrez", afirmó.
En dicha mesa de trabajo, convocada por la autoridad pesquera, bajo la supervisión de la Subsecretaría de Pesca, participan todos los representantes laborales de la industria pesquera, donde Juan Montenegro fue invitado personalmente por el subsecretario Galilea.
Frente a las temáticas que Juan Montenegro expondría en la mesa de trabajo y los objetivos planteados, el dirigente dijo que "era dar respuesta a un sinnúmero de solicitudes que los trabajadores pesqueros planteamos a la autoridad de la cartera con la finalidad de alcanzar consensos y soluciones reales para nuestro sector, entre los que se encuentran que algunos de nuestros asociados están siendo exonerados antes de tiempo, dejándolos sin posibilidad de re inserción, lo que implica que pasaran a ser cesantes indefinidos y desprotegidos" agregó.
"Sentimos mucha molestia y frustración. Creemos que fue a propósito el que nos hayan invitado para luego expulsaron por no pensar de la misma manera. Fue un acto de fuerza del subsecretario", dijo Montenegro.
Respecto de las consecuencias que la expulsión y las posibles acciones que Fetrapes tomará en el futuro a raíz de la expulsión de su presidente, el vocero de ChilePesca no descarta "tomar todas las acciones legales que correspondan. Por lo inmediato, estamos analizando presentar un recurso de protección en contra del subsecretario de pesca por eventuales prácticas antisindicales" finalizó
Dirigente de trabajadores pesqueros acusa haber sido expulsado de Mesa Laboral
El presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes) y Consejero Nacional de Pesca, Juan Montenegro, habría sido excluido de las conversaciones que se realizan en el marco de la creación de una Mesa Laboral en la que participan todos los representantes de los trabajadores de la industria pesquera nacional.
La expulsión sufrida por el dirigente nacional habría sido solicitada por el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, quien al iniciar el trabajo de la instancia, decidió solicitarle a Juan Montenegro el abandono de la sala, argumentado que la federación que preside, Fetrapes, adscribe a red Chilepesca, siendo esta contraria a los intereses del sector industrial de la pesca plasmados en el proyecto de ley.
Respecto de los motivos que generaron la expulsión del presidente de Fetrapes y vocero de ChilePesca, Juan Montenegro, el dirigente sostuvo que "el señor Galilea hizo caso a las presiones que recibió los representantes de Corpesca, empresa que amenazó con dejar la mesa si yo seguía presente en ella. Estas presiones las plantearon al representante del ministerio del Trabajo, Jaime Plá, y a la directora ejecutiva del Fomento de la Pesca Artesanal y representante de la Subsecretaria de Pesca, María José Gutiérrez", afirmó.
En dicha mesa de trabajo, convocada por la autoridad pesquera, bajo la supervisión de la Subsecretaría de Pesca, participan todos los representantes laborales de la industria pesquera, donde Juan Montenegro fue invitado personalmente por el subsecretario Galilea.
Frente a las temáticas que Juan Montenegro expondría en la mesa de trabajo y los objetivos planteados, el dirigente dijo que "era dar respuesta a un sinnúmero de solicitudes que los trabajadores pesqueros planteamos a la autoridad de la cartera con la finalidad de alcanzar consensos y soluciones reales para nuestro sector, entre los que se encuentran que algunos de nuestros asociados están siendo exonerados antes de tiempo, dejándolos sin posibilidad de re inserción, lo que implica que pasaran a ser cesantes indefinidos y desprotegidos" agregó.
"Sentimos mucha molestia y frustración. Creemos que fue a propósito el que nos hayan invitado para luego expulsaron por no pensar de la misma manera. Fue un acto de fuerza del subsecretario", dijo Montenegro.
Respecto de las consecuencias que la expulsión y las posibles acciones que Fetrapes tomará en el futuro a raíz de la expulsión de su presidente, el vocero de ChilePesca no descarta "tomar todas las acciones legales que correspondan. Por lo inmediato, estamos analizando presentar un recurso de protección en contra del subsecretario de pesca por eventuales prácticas antisindicales" finalizó
martes, 10 de enero de 2012
Martes 10 de enero de 2012 05:00
A propósito del Consejo Nacional de Pesca
En declaraciones efectuadas por el Sr. subsecretario de Pesca...
Andrés Couve
En declaraciones efectuadas por el Sr. subsecretario de Pesca, se responsabiliza al Consejo Nacional de Pesca (CNP) y a los sectores artesanal e industrial de la situación de los recursos pesqueros. Sorprenden estas acusaciones genéricas en relación al estado de las pesquerías sin realizar un análisis específico de cada una. En el caso del jurel, durante la última década ha sufrido una presión descontrolada por una flota de medio centenar de buques fábrica extranjeros, que ha operado sin sujeción a norma alguna, contribuyendo de esta forma decisivamente a la disminución de su biomasa. El Sr. subsecretario apunta al CNP como el gran responsable, sin considerar que éste no tiene facultades para proponer ni modificar las cuotas de pesca, sino sólo para aceptarlas o rechazarlas en cuyo caso, rige la cuota del año anterior disminuida en un 20%. Tampoco tiene ninguno de sus estamentos por sí solo la capacidad para imponer su voluntad. La eliminación de las facultades resolutivas del CNP traspasándolas a un panel de expertos nombrado por el presidente de la República implica el término de la participación sectorial, de la necesaria fiscalización de las medidas de administración pesquera emanadas de la autoridad y del indispensable equilibrio en un sector en el que es inconveniente que la autoridad concentre todo el poder. El CNP se transformará en un organismo consultivo que perderá relevancia y, en la práctica, al poco andar, desaparecerá y con ello el Ejecutivo perderá un valioso colaborador. Tendrá que enfrentar directamente los reclamos y peticiones de los actores. Se agrega a la burocracia un nuevo organismo, el panel de expertos, que le costará al Estado $300 millones anuales, integrado por cinco profesionales, teóricos de escritorio inhabilitados por ley de tener cercanía alguna con el sector pesquero, cuya principal función la realiza hoy gratuita e idóneamente, reconocida por la propia Subsecretaría de Pesca, el Comité Científico-Técnico, quien analiza la información y propuestas de los organismos de investigación y recomienda los rangos de cuotas de captura. ¿Por qué no se refuerza y legaliza este comité en vez de crear otro organismo paralelo? Las causas del estado de los recursos hay que buscarlas en otro lado, no en el CNP. Primero en la incomprensible falta de información, como ha quedado demostrado en la última sesión del consejo donde, por ejemplo, la cuota de Congrio Dorado no se pudo aprobar en primera votación al detectarse vacíos de información en los análisis presentados, en circunstancias que la ley vigente dispone el uso del pago de patentes pesqueras para la investigación, lo que en la práctica se burla disminuyendo este aporte, que en el último año significó sólo el 14% de los US$ 34 millones recaudados. ¿De quién es esta responsabilidad, del CNP o del Estado? Segundo, la falta de fiscalización en el cumplimiento de las cuotas y de las prácticas pesqueras, que debiera hacer Sernapesca y para lo cual no ha habido voluntad política pues es más fácil dejar hacer para evitarse problemas. Múltiples son los ejemplos de faltas graves de oportuna y eficaz fiscalización y la respuesta es la misma: no hay suficiente presupuesto, ¿de quién es esta responsabilidad, del CNP o del Estado? Si hay alguien que, en parte importante es responsable del descuido en el manejo de los recursos pesqueros es por cierto el Estado de Chile, entendido como Nación, que no ha cumplido su tarea de velar por la conservación de sus recursos ni por defender adecuadamente su patrimonio pesquero en el ámbito internacional. Indudablemente se requieren cambios y ajustes a un sector hoy muy diferente al de los años 90, en que la pesca artesanal ha elevado su participación del 11 al 53% de las capturas y en que la acuicultura concentra hoy el 60% de las exportaciones pesqueras.Más que buscar culpables y satanizar al CNP, como el chivo expiatorio de todos los males, hay que reconocer la responsabilidad del Estado y su incomprensible desatención a este sector de la economía, que da empleo directo a 120 mil chilenos presentes en todas las regiones del país.
A propósito del Consejo Nacional de Pesca
En declaraciones efectuadas por el Sr. subsecretario de Pesca...
Andrés Couve
En declaraciones efectuadas por el Sr. subsecretario de Pesca, se responsabiliza al Consejo Nacional de Pesca (CNP) y a los sectores artesanal e industrial de la situación de los recursos pesqueros. Sorprenden estas acusaciones genéricas en relación al estado de las pesquerías sin realizar un análisis específico de cada una. En el caso del jurel, durante la última década ha sufrido una presión descontrolada por una flota de medio centenar de buques fábrica extranjeros, que ha operado sin sujeción a norma alguna, contribuyendo de esta forma decisivamente a la disminución de su biomasa. El Sr. subsecretario apunta al CNP como el gran responsable, sin considerar que éste no tiene facultades para proponer ni modificar las cuotas de pesca, sino sólo para aceptarlas o rechazarlas en cuyo caso, rige la cuota del año anterior disminuida en un 20%. Tampoco tiene ninguno de sus estamentos por sí solo la capacidad para imponer su voluntad. La eliminación de las facultades resolutivas del CNP traspasándolas a un panel de expertos nombrado por el presidente de la República implica el término de la participación sectorial, de la necesaria fiscalización de las medidas de administración pesquera emanadas de la autoridad y del indispensable equilibrio en un sector en el que es inconveniente que la autoridad concentre todo el poder. El CNP se transformará en un organismo consultivo que perderá relevancia y, en la práctica, al poco andar, desaparecerá y con ello el Ejecutivo perderá un valioso colaborador. Tendrá que enfrentar directamente los reclamos y peticiones de los actores. Se agrega a la burocracia un nuevo organismo, el panel de expertos, que le costará al Estado $300 millones anuales, integrado por cinco profesionales, teóricos de escritorio inhabilitados por ley de tener cercanía alguna con el sector pesquero, cuya principal función la realiza hoy gratuita e idóneamente, reconocida por la propia Subsecretaría de Pesca, el Comité Científico-Técnico, quien analiza la información y propuestas de los organismos de investigación y recomienda los rangos de cuotas de captura. ¿Por qué no se refuerza y legaliza este comité en vez de crear otro organismo paralelo? Las causas del estado de los recursos hay que buscarlas en otro lado, no en el CNP. Primero en la incomprensible falta de información, como ha quedado demostrado en la última sesión del consejo donde, por ejemplo, la cuota de Congrio Dorado no se pudo aprobar en primera votación al detectarse vacíos de información en los análisis presentados, en circunstancias que la ley vigente dispone el uso del pago de patentes pesqueras para la investigación, lo que en la práctica se burla disminuyendo este aporte, que en el último año significó sólo el 14% de los US$ 34 millones recaudados. ¿De quién es esta responsabilidad, del CNP o del Estado? Segundo, la falta de fiscalización en el cumplimiento de las cuotas y de las prácticas pesqueras, que debiera hacer Sernapesca y para lo cual no ha habido voluntad política pues es más fácil dejar hacer para evitarse problemas. Múltiples son los ejemplos de faltas graves de oportuna y eficaz fiscalización y la respuesta es la misma: no hay suficiente presupuesto, ¿de quién es esta responsabilidad, del CNP o del Estado? Si hay alguien que, en parte importante es responsable del descuido en el manejo de los recursos pesqueros es por cierto el Estado de Chile, entendido como Nación, que no ha cumplido su tarea de velar por la conservación de sus recursos ni por defender adecuadamente su patrimonio pesquero en el ámbito internacional. Indudablemente se requieren cambios y ajustes a un sector hoy muy diferente al de los años 90, en que la pesca artesanal ha elevado su participación del 11 al 53% de las capturas y en que la acuicultura concentra hoy el 60% de las exportaciones pesqueras.Más que buscar culpables y satanizar al CNP, como el chivo expiatorio de todos los males, hay que reconocer la responsabilidad del Estado y su incomprensible desatención a este sector de la economía, que da empleo directo a 120 mil chilenos presentes en todas las regiones del país.
Curanilahue, Enero 2012.
Comunicado Público La Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Forestales, agrupación que reúne a 20 Sindicatos Forestales y a más de 2.5000 trabajadores distribuidos en distintas faenas forestales de la Región del Bío Bío y la Araucanía, comunica a nuestros compañeros trabajadores y a ... la opinión pública nacional:
1. Adhiere al profundo dolor y pesar de familiares, compañeros de faena, y comunidades de las que formaban parte nuestros 7 compañeros fallecidos, Brigadistas Forestales, resultado trágico del denodado combate que desarrollaban frente al incendio que afecto al fundo “Casa Piedra”, comuna de Carahue, propiedad de la forestal MININCO S.A.
2. Señalamos, que estos 7 trabajadores forestales vienen a engrosar la larga lista de compañeros muertos en ejercicio de sus labores en distintas faenas forestales de nuestro territorio nacional. El trabajo forestal, en sus distintas rubros, ha ido acumulando un lamentable record en materia de accidentes de trabajo y muertes, resultado de las particularidades de nuestra labor, como a su vez, de las precarias condiciones de seguridad en las cuales esta se desarrolla, fruto del sistemático incumplimiento de las leyes laborales que las empresas de servicios forestales desarrollan a este respecto.
3. El trabajo forestal se constituye, en una oportunidad, muchas veces única, para que jóvenes de nuestros territorios accedan a recursos exiguos a fin de intentar solventar las necesidades básicas de sus familias. Es así, que cada temporada estival jóvenes provenientes de distintos sectores rurales y comunidades indígenas de nuestro territorio se integran en la constitución de Brigadas de combate de incendios forestales, asumiendo esta labor motivados por sus angustiantes necesidades, sin tener salvaguardadas condiciones laborales y de seguridad mínimas. La angustiante pobreza de nuestros territorios se constituye en un aliciente perverso, a este respecto.
4. Que, el dolor que hoy nos embarga, venga a significar un elemento motivador que catalice la unidad en el mundo forestal, en pos de fortalecer las organizaciones representativas del sector, que por años han desarrollado una lucha por favorecer el cumplimiento de la ley en materia de seguridad laboral.
5. Manifestamos nuestra total disposición a integrar a los compañeros, Brigadistas Forestales, en el desarrollo de nuestra labor sindical, quienes dada su particular condición laboral, se ven imposibilitados de generar sindicatos. Las puertas de nuestra organización sindical, están abiertas para prestar todo tipo de asesoría y apoyo, y así velar por el cumplimiento de las condiciones laborales y de seguridad que dignifiquen su importante labor.
6. Por último, hacemos un llamado a las autoridades ha operar frente a este caso con las mayor responsabilidad y prudencia, respetando el dolor que hoy embarga a nuestras comunidades, evitando conclusiones apresuradas que vengan a estigmatizar a priori a grupos y organizaciones, sin la debida investigación judicial, propia de un Estado de Derecho.
Por la Unidad de los Trabajadores y el Fortalecimiento del Movimiento Sindical Atentamente. Federación Nacional de Trabajadores Forestales
– FETRAFOR. Contacto: Dirección: Sargento Aldea N°1515, Curanilahue, Provincia de Arauco, Región del Bío Bío Teléfono: 041-2690304
Correo electrónico: federacionfetrafor@gmail.com
SINTRISAN DICE:compartimos este comunicado de nuestros compañeros forestales de la federacion fetrafor con quienes participamos trabajando en conjunto con los tres sectores productivos de la 8º region, forestales-portuarios-pesqueros unidos
en sindicatos de la exportacion
Comunicado Público La Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Forestales, agrupación que reúne a 20 Sindicatos Forestales y a más de 2.5000 trabajadores distribuidos en distintas faenas forestales de la Región del Bío Bío y la Araucanía, comunica a nuestros compañeros trabajadores y a ... la opinión pública nacional:
1. Adhiere al profundo dolor y pesar de familiares, compañeros de faena, y comunidades de las que formaban parte nuestros 7 compañeros fallecidos, Brigadistas Forestales, resultado trágico del denodado combate que desarrollaban frente al incendio que afecto al fundo “Casa Piedra”, comuna de Carahue, propiedad de la forestal MININCO S.A.
2. Señalamos, que estos 7 trabajadores forestales vienen a engrosar la larga lista de compañeros muertos en ejercicio de sus labores en distintas faenas forestales de nuestro territorio nacional. El trabajo forestal, en sus distintas rubros, ha ido acumulando un lamentable record en materia de accidentes de trabajo y muertes, resultado de las particularidades de nuestra labor, como a su vez, de las precarias condiciones de seguridad en las cuales esta se desarrolla, fruto del sistemático incumplimiento de las leyes laborales que las empresas de servicios forestales desarrollan a este respecto.
3. El trabajo forestal se constituye, en una oportunidad, muchas veces única, para que jóvenes de nuestros territorios accedan a recursos exiguos a fin de intentar solventar las necesidades básicas de sus familias. Es así, que cada temporada estival jóvenes provenientes de distintos sectores rurales y comunidades indígenas de nuestro territorio se integran en la constitución de Brigadas de combate de incendios forestales, asumiendo esta labor motivados por sus angustiantes necesidades, sin tener salvaguardadas condiciones laborales y de seguridad mínimas. La angustiante pobreza de nuestros territorios se constituye en un aliciente perverso, a este respecto.
4. Que, el dolor que hoy nos embarga, venga a significar un elemento motivador que catalice la unidad en el mundo forestal, en pos de fortalecer las organizaciones representativas del sector, que por años han desarrollado una lucha por favorecer el cumplimiento de la ley en materia de seguridad laboral.
5. Manifestamos nuestra total disposición a integrar a los compañeros, Brigadistas Forestales, en el desarrollo de nuestra labor sindical, quienes dada su particular condición laboral, se ven imposibilitados de generar sindicatos. Las puertas de nuestra organización sindical, están abiertas para prestar todo tipo de asesoría y apoyo, y así velar por el cumplimiento de las condiciones laborales y de seguridad que dignifiquen su importante labor.
6. Por último, hacemos un llamado a las autoridades ha operar frente a este caso con las mayor responsabilidad y prudencia, respetando el dolor que hoy embarga a nuestras comunidades, evitando conclusiones apresuradas que vengan a estigmatizar a priori a grupos y organizaciones, sin la debida investigación judicial, propia de un Estado de Derecho.
Por la Unidad de los Trabajadores y el Fortalecimiento del Movimiento Sindical Atentamente. Federación Nacional de Trabajadores Forestales
– FETRAFOR. Contacto: Dirección: Sargento Aldea N°1515, Curanilahue, Provincia de Arauco, Región del Bío Bío Teléfono: 041-2690304
Correo electrónico: federacionfetrafor@gmail.com
SINTRISAN DICE:compartimos este comunicado de nuestros compañeros forestales de la federacion fetrafor con quienes participamos trabajando en conjunto con los tres sectores productivos de la 8º region, forestales-portuarios-pesqueros unidos
en sindicatos de la exportacion
Pescadores artesanales de La Araucanía adhieren a Comisión Nacional de Pescadores Artesanales
Lunes 9 enero 2012 11:53
Publicado por Hernán Díaz Así lo confirmó el Presidente de Sindicato de Armadores y Pescadores Artesanales de la Caleta de Queule, Siarpesca, Hernán Machuca, quien valoró la creación de este referente artesanal de la pesca al sostener que esta nueva agrupación es la que realmente representa del sector, a nivel nacional.
El dirigente de la caleta de Queule comentó además la molestia que existe en las bases sindicales de pescadores artesanales de la región tras recibir la notificación que el Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, no asistiría a una reunión programada para este día lunes 09 de enero desde las 09:30 horas, en la que participarían además el senador José García Ruminot, el alcalde la comuna, Rafael García, los miembros de la Comisión de Fomento del Concejo Municipal y los armadores artesanales de la Caleta Queule.
Respecto de la inesperada cancelación de la autoridad pesquera al encuentro, el dirigente de la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Hernán Machuca, cuestionó la voluntad del Subsecretario de Pesca afirmando que “al parecer sí le interesan las reuniones con los grandes de la pesca”.
Asimismo, el dirigente de la región de la Araucanía confirmó que, a nivel regional, son varios los sindicatos de pescadores artesanales que han consensuado sumarse al trabajo de la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile. “Buscaremos en la comisión alguna manera de hacer las indicaciones necesarias en los temas que nos aquejan, como por ejemplo el pago de patentes y la obligatoriedad del uso de posicionador satelital” sostuvo Hernán Machuca, agregando que “haremos alianzas con otras regiones que se vean afectadas por problemas similares a los nuestros”.
“Lo que pretende el Gobierno con el proyecto de ley de pesca es igualar a todos los armadores artesanales de Chile, cuando es imposible hacer eso. Se deben diferenciar, entre otras cosas por el arte de pesca, la eslora, las regiones, afirmó Machuca al referirse a las principales críticas que su organización y sus representados han encontrado en el proyecto de ley de pesca que se discute actualmente en el Congreso.
“Entendemos que el Gobierno regional tiene voluntad de apoyarnos debo aclarar que no se ha plasmado hasta el momento. A modo de ejemplo, el convenio entre el Fondo de Fomento y el Gore lleva cerca de un año y medio, sin que se pueda firmar entre los dos organismos, mientras tanto las organizaciones de pescadores de la región siguen esperando. Es casi pelea perdida que la Araucanía salga del último lugar en el que se encuentra en todos los rankings nacionales” agregó.
Respecto de la opinión que posee Siarpesca sobre Conapach, Hernán Machuca sostuvo que “profundo pesar los acontecimientos ocurridos al interior de la que fue por muchos años mi organización nacional y en la cual fui dirigente desde los 90, al observar que nuevamente un proyecto de ley los hace perder rumbo por acuerdos que nunca habríamos esperado, como sentarse con los industriales para obtener migajas, y olvidarse de lo más preciado que tiene la pesca artesanal, la “ dignidad”, sí en este proyecto y lo digo con mucho dolor los pescadores artesanales solo van a obtener un seguro de vida. Es por esto que los llamo a reflexionar para que nos opongamos con mucha fuerza a esta iniciativa del gobierno”, finalizó.
Lunes 9 enero 2012 11:53
Publicado por Hernán Díaz Así lo confirmó el Presidente de Sindicato de Armadores y Pescadores Artesanales de la Caleta de Queule, Siarpesca, Hernán Machuca, quien valoró la creación de este referente artesanal de la pesca al sostener que esta nueva agrupación es la que realmente representa del sector, a nivel nacional.
El dirigente de la caleta de Queule comentó además la molestia que existe en las bases sindicales de pescadores artesanales de la región tras recibir la notificación que el Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, no asistiría a una reunión programada para este día lunes 09 de enero desde las 09:30 horas, en la que participarían además el senador José García Ruminot, el alcalde la comuna, Rafael García, los miembros de la Comisión de Fomento del Concejo Municipal y los armadores artesanales de la Caleta Queule.
Respecto de la inesperada cancelación de la autoridad pesquera al encuentro, el dirigente de la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Hernán Machuca, cuestionó la voluntad del Subsecretario de Pesca afirmando que “al parecer sí le interesan las reuniones con los grandes de la pesca”.
Asimismo, el dirigente de la región de la Araucanía confirmó que, a nivel regional, son varios los sindicatos de pescadores artesanales que han consensuado sumarse al trabajo de la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales de Chile. “Buscaremos en la comisión alguna manera de hacer las indicaciones necesarias en los temas que nos aquejan, como por ejemplo el pago de patentes y la obligatoriedad del uso de posicionador satelital” sostuvo Hernán Machuca, agregando que “haremos alianzas con otras regiones que se vean afectadas por problemas similares a los nuestros”.
“Lo que pretende el Gobierno con el proyecto de ley de pesca es igualar a todos los armadores artesanales de Chile, cuando es imposible hacer eso. Se deben diferenciar, entre otras cosas por el arte de pesca, la eslora, las regiones, afirmó Machuca al referirse a las principales críticas que su organización y sus representados han encontrado en el proyecto de ley de pesca que se discute actualmente en el Congreso.
“Entendemos que el Gobierno regional tiene voluntad de apoyarnos debo aclarar que no se ha plasmado hasta el momento. A modo de ejemplo, el convenio entre el Fondo de Fomento y el Gore lleva cerca de un año y medio, sin que se pueda firmar entre los dos organismos, mientras tanto las organizaciones de pescadores de la región siguen esperando. Es casi pelea perdida que la Araucanía salga del último lugar en el que se encuentra en todos los rankings nacionales” agregó.
Respecto de la opinión que posee Siarpesca sobre Conapach, Hernán Machuca sostuvo que “profundo pesar los acontecimientos ocurridos al interior de la que fue por muchos años mi organización nacional y en la cual fui dirigente desde los 90, al observar que nuevamente un proyecto de ley los hace perder rumbo por acuerdos que nunca habríamos esperado, como sentarse con los industriales para obtener migajas, y olvidarse de lo más preciado que tiene la pesca artesanal, la “ dignidad”, sí en este proyecto y lo digo con mucho dolor los pescadores artesanales solo van a obtener un seguro de vida. Es por esto que los llamo a reflexionar para que nos opongamos con mucha fuerza a esta iniciativa del gobierno”, finalizó.
jueves, 5 de enero de 2012
4 de Enero de 2012
Bancada DC advierte que proyecto de ley de pesca regala a industriales “los recursos de todos los chilenos”
"Wste proyecto de ley no favorece la sustentabilidad futura de los recursos pesqueros, ni la competencia en el sector, ni protege a la pesca artesanal y tampoco recauda más recursos fiscales mediante el royalty pesquero que crea, ya que rebaja las patentes a los industriales", señalaron Aldo Cornejo y Gabriel Ascencio.
por El Mostrador
La bancada de diputados de la Democracia Cristiana emplazó este miércoles al Presidente Sebastián Piñera a que reconozca que el proyecto de ley de pesca que se tramita en el Parlamento implica regalarle a los grandes industriales “los recursos de todos los chilenos”.
Así lo expresaron el jefe de la bancada DC, Aldo Cornejo y el diputado Gabriel Ascencio, integrante de la comisión de Pesca. Ambos manifestaron su preocupación por el traspaso de los recursos pesqueros, señalando, además, que “lamentablemente, este proyecto de ley no favorece la sustentabilidad futura de los recursos pesqueros, ni la competencia en el sector, ni protege a la pesca artesanal y tampoco recauda más recursos fiscales mediante el royalty pesquero que crea, ya que rebaja las patentes a los industriales.”
Al respecto, Cornejo explicó que “lo más preocupante es que el Presidente Piñera propone entregar a la gran industria de la pesca licencias indefinidas y transferibles de las cuotas de captura que la actual legislación sólo dio por 10 años y entrega derechos indefinidos y transables sobre los recursos de todos los chilenos. No aceptaremos que se regale el derecho que el Estado tiene sobre los recursos pesqueros y, que son de todos, a unos pocos industriales de forma indefinida”.
Ascencio, en tanto, explicó que “en materia de institucionalidad, se le quitan atribuciones a los Consejos de Pesca –cuestión que compartimos ya que los grupos corporativos tenían capturado el organismo- pero se crea sólo de modo consultivo un Comité de Expertos y las atribuciones se vuelven a concentrar en el Subsecretario de Pesca convirtiéndolo en un Zar de la pesca”.
Ascencio agregó que “no nos parece esa institucionalidad centralizada y, además, el país debe impulsar el fomento productivo y la protección social de los pescadores artesanales mediante una nueva institución pública que apoye la modernización productiva de la pesca artesanal. Nosotros hemos hablado de un Indap del Mar”
Los diputados DC señalaron, también, que “además, desafortunadamente el proyecto propone una especie de Royalty a la pesca; pero la operación legal del mecanismo implica una menor recaudación fiscal a lo que actualmente se recauda por concepto de patentes establecido en ley anterior que fijo la cuota por 10 años. La creación del royalty trae “letra chica” que de nueva favorece a los grandes industriales.”
Finalmente, informaron que , como bancada DC, impulsarán numerosas indicaciones “para modificar estos aspectos de la nueva ley de pesca que favorecen en demasía a la gran industria, buscando que los recursos de todos los chilenos no sean regalados de modo indefinido y transferible a la gran industria como lo propone el Presidente Piñera”.
Bancada DC advierte que proyecto de ley de pesca regala a industriales “los recursos de todos los chilenos”
"Wste proyecto de ley no favorece la sustentabilidad futura de los recursos pesqueros, ni la competencia en el sector, ni protege a la pesca artesanal y tampoco recauda más recursos fiscales mediante el royalty pesquero que crea, ya que rebaja las patentes a los industriales", señalaron Aldo Cornejo y Gabriel Ascencio.
por El Mostrador
La bancada de diputados de la Democracia Cristiana emplazó este miércoles al Presidente Sebastián Piñera a que reconozca que el proyecto de ley de pesca que se tramita en el Parlamento implica regalarle a los grandes industriales “los recursos de todos los chilenos”.
Así lo expresaron el jefe de la bancada DC, Aldo Cornejo y el diputado Gabriel Ascencio, integrante de la comisión de Pesca. Ambos manifestaron su preocupación por el traspaso de los recursos pesqueros, señalando, además, que “lamentablemente, este proyecto de ley no favorece la sustentabilidad futura de los recursos pesqueros, ni la competencia en el sector, ni protege a la pesca artesanal y tampoco recauda más recursos fiscales mediante el royalty pesquero que crea, ya que rebaja las patentes a los industriales.”
Al respecto, Cornejo explicó que “lo más preocupante es que el Presidente Piñera propone entregar a la gran industria de la pesca licencias indefinidas y transferibles de las cuotas de captura que la actual legislación sólo dio por 10 años y entrega derechos indefinidos y transables sobre los recursos de todos los chilenos. No aceptaremos que se regale el derecho que el Estado tiene sobre los recursos pesqueros y, que son de todos, a unos pocos industriales de forma indefinida”.
Ascencio, en tanto, explicó que “en materia de institucionalidad, se le quitan atribuciones a los Consejos de Pesca –cuestión que compartimos ya que los grupos corporativos tenían capturado el organismo- pero se crea sólo de modo consultivo un Comité de Expertos y las atribuciones se vuelven a concentrar en el Subsecretario de Pesca convirtiéndolo en un Zar de la pesca”.
Ascencio agregó que “no nos parece esa institucionalidad centralizada y, además, el país debe impulsar el fomento productivo y la protección social de los pescadores artesanales mediante una nueva institución pública que apoye la modernización productiva de la pesca artesanal. Nosotros hemos hablado de un Indap del Mar”
Los diputados DC señalaron, también, que “además, desafortunadamente el proyecto propone una especie de Royalty a la pesca; pero la operación legal del mecanismo implica una menor recaudación fiscal a lo que actualmente se recauda por concepto de patentes establecido en ley anterior que fijo la cuota por 10 años. La creación del royalty trae “letra chica” que de nueva favorece a los grandes industriales.”
Finalmente, informaron que , como bancada DC, impulsarán numerosas indicaciones “para modificar estos aspectos de la nueva ley de pesca que favorecen en demasía a la gran industria, buscando que los recursos de todos los chilenos no sean regalados de modo indefinido y transferible a la gran industria como lo propone el Presidente Piñera”.
miércoles, 4 de enero de 2012
Noticia publicada el: 03/01/12
La Subsecretaría de Pesca descartó aplicar cuota especial para el jurel en comunas de Atacama
Basada en los límites impuestos por la actual Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) descartó la aplicación de cuotas especiales para la pesquería del jurel en las comunas de Caldera, Huasco y Chañaral, Región de Atacama, ello en respuesta a una solicitud del diputado Alberto Robles.
Específicamente, el legislador, vía oficio, solicitó a principios de junio del 2011 establecer una cuota especial de captura del recurso jurel para las embarcaciones de menos de 12 metros que faenan en las comunas de Caldera, Huasco y Chañaral.
La respuesta de la Subsecretaría de Pesca, ingresada recién el 14 de diciembre pasado, expresa que "la asignación de una cuota específica para una organización de pescadores, dentro de una región determinada, está dada por el establecimiento de un Régimen Artesanal de Extracción (RAE), medida de administración que hasta el momento no ha sido establecida en la Región de Atacama".
El organismo precisó que tampoco es posible realizar una pesca de investigación para este grupo de embarcaciones, debido a que dicha solicitud no se enmarca en lo establecido en la LGPA.
También en respuesta a una consulta del diputado Robles, la Subsecretaría comunicó que la cuota global de anchoveta para el sector artesanal de la región, durante el pasado año, fue de 28.440 toneladas, siendo incrementada en 19.862 toneladas provenientes del traspaso de cuota desde el sector industrial al artesanal.
Fuente: PESCA al día
La Subsecretaría de Pesca descartó aplicar cuota especial para el jurel en comunas de Atacama
Basada en los límites impuestos por la actual Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) descartó la aplicación de cuotas especiales para la pesquería del jurel en las comunas de Caldera, Huasco y Chañaral, Región de Atacama, ello en respuesta a una solicitud del diputado Alberto Robles.
Específicamente, el legislador, vía oficio, solicitó a principios de junio del 2011 establecer una cuota especial de captura del recurso jurel para las embarcaciones de menos de 12 metros que faenan en las comunas de Caldera, Huasco y Chañaral.
La respuesta de la Subsecretaría de Pesca, ingresada recién el 14 de diciembre pasado, expresa que "la asignación de una cuota específica para una organización de pescadores, dentro de una región determinada, está dada por el establecimiento de un Régimen Artesanal de Extracción (RAE), medida de administración que hasta el momento no ha sido establecida en la Región de Atacama".
El organismo precisó que tampoco es posible realizar una pesca de investigación para este grupo de embarcaciones, debido a que dicha solicitud no se enmarca en lo establecido en la LGPA.
También en respuesta a una consulta del diputado Robles, la Subsecretaría comunicó que la cuota global de anchoveta para el sector artesanal de la región, durante el pasado año, fue de 28.440 toneladas, siendo incrementada en 19.862 toneladas provenientes del traspaso de cuota desde el sector industrial al artesanal.
Fuente: PESCA al día
Noticia publicada el: 04/01/12
En la Región del Biobío: Desembarques pesqueros aumentaron un 8% a noviembre del 2011
Según lo informado por la oficina regional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el desembarque total de la Región del Biobío en noviembre del 2011, totalizó 127 mil toneladas, cifra que significó una disminución del 0,2% comparado con igual mes de 2010. En tanto, el volumen acumulado fue de 1.260 mil toneladas desembarcadas, lo que representó un alza de 8%. El subsector artesanal contribuyó con el 41,1% del desembarque total, al registrar 52 mil toneladas, cifra inferior en 13,4% a la obtenida en noviembre del 2010. El retroceso en el desembarque, se presentó principalmente por la menor captura de anchoveta y sardina común.
El subsector industrial aportó, el 58,9% del desembarque total, registrando 75 mil toneladas capturadas presentando un incremento de 12,1%, respecto a igual mes de 2010. El aumento del sector, se presentó principalmente por la mayor captura de sardina común.
De enero a noviembre del 2011, el desembarque artesanal totalizó 855 mil toneladas y registró un incremento de 46,6%, al ser comparadas con el mismo período del 2010. Mientras, el desembarque industrial totalizó 405 mil toneladas, registrando un retroceso de 30,5% respecto del año anterior.
En la Región del Biobío: Desembarques pesqueros aumentaron un 8% a noviembre del 2011
Según lo informado por la oficina regional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el desembarque total de la Región del Biobío en noviembre del 2011, totalizó 127 mil toneladas, cifra que significó una disminución del 0,2% comparado con igual mes de 2010. En tanto, el volumen acumulado fue de 1.260 mil toneladas desembarcadas, lo que representó un alza de 8%. El subsector artesanal contribuyó con el 41,1% del desembarque total, al registrar 52 mil toneladas, cifra inferior en 13,4% a la obtenida en noviembre del 2010. El retroceso en el desembarque, se presentó principalmente por la menor captura de anchoveta y sardina común.
El subsector industrial aportó, el 58,9% del desembarque total, registrando 75 mil toneladas capturadas presentando un incremento de 12,1%, respecto a igual mes de 2010. El aumento del sector, se presentó principalmente por la mayor captura de sardina común.
De enero a noviembre del 2011, el desembarque artesanal totalizó 855 mil toneladas y registró un incremento de 46,6%, al ser comparadas con el mismo período del 2010. Mientras, el desembarque industrial totalizó 405 mil toneladas, registrando un retroceso de 30,5% respecto del año anterior.
martes, 3 de enero de 2012
03/01/2012
Ley de Pesca: La Batalla se Aproxima
Pablo Lorenzini Basso Diputado
Esperamos que en el Parlamento tengamos la fortaleza e independencia para mejorar sustancialmente este proyecto.
Se inicia en la Cámara la tramitación de una iniciativa siempre complicada y compleja que afecta a muchas regiones del país, así como a sectores con gran capacidad de "influencia". Este proyecto viene precedido de una mesa de trabajo, esas que tanto seducen a los gobiernos porque creen que así limitan la labor legislativa, y siempre hemos dicho y sostenido que las conclusiones de dichas "comisiones" son sólo un dato a la hora de votar, nada más, y en relación a esta propuesta desde ya decimos que no nos gusta, que tiene un marcado enfoque empresarial y que una vez más la pesca artesanal queda en situación disminuida. Se incorpora un royalty, diferentes tipos de licencia, se eliminan facultades al Consejo de Pesca, se crean los famosos paneles de expertos, como si ya no hubiese suficientes asesores bien pagados en todas las instancias del Ejecutivo. ¿Y los parlamentarios aceptarán el lobby? Buena pregunta, cuya respuesta la veremos en las próximas semanas. Pero no sólo el ministro de Economía estará atento, también los empresarios que ven que esta vez los congresistas no serán fáciles de convencer, salvo los "yes men" de siempre. Desearía recordar que la pesca artesanal es más que simplemente una actividad productiva, sino que una fuente de trabajo directa e indirecta para muchas partes de nuestro litoral, involucrando temas sociales y culturales de profundo arraigo que no dejaremos sean sobrepasados simplemente por unos dólares más. Escuchemos con mayor atención a la pesca artesanal de regiones, de aquellas afectadas por el maremoto, de aquellas que son invadidas por los industriales, de aquellas que no son protegidas en las millas de exclusión, en definitiva, veamos qué sucede con la pesca de arrastre indiscriminada frente a la entrega de manera indefinida cuotas de pesca a los mismos de siempre. Esperamos que en el Parlamento tengamos la fortaleza e independencia para mejorar sustancialmente este proyecto, de lo contrario mi voto, al menos, será negativo.
Ley de Pesca: La Batalla se Aproxima
Pablo Lorenzini Basso Diputado
Esperamos que en el Parlamento tengamos la fortaleza e independencia para mejorar sustancialmente este proyecto.
Se inicia en la Cámara la tramitación de una iniciativa siempre complicada y compleja que afecta a muchas regiones del país, así como a sectores con gran capacidad de "influencia". Este proyecto viene precedido de una mesa de trabajo, esas que tanto seducen a los gobiernos porque creen que así limitan la labor legislativa, y siempre hemos dicho y sostenido que las conclusiones de dichas "comisiones" son sólo un dato a la hora de votar, nada más, y en relación a esta propuesta desde ya decimos que no nos gusta, que tiene un marcado enfoque empresarial y que una vez más la pesca artesanal queda en situación disminuida. Se incorpora un royalty, diferentes tipos de licencia, se eliminan facultades al Consejo de Pesca, se crean los famosos paneles de expertos, como si ya no hubiese suficientes asesores bien pagados en todas las instancias del Ejecutivo. ¿Y los parlamentarios aceptarán el lobby? Buena pregunta, cuya respuesta la veremos en las próximas semanas. Pero no sólo el ministro de Economía estará atento, también los empresarios que ven que esta vez los congresistas no serán fáciles de convencer, salvo los "yes men" de siempre. Desearía recordar que la pesca artesanal es más que simplemente una actividad productiva, sino que una fuente de trabajo directa e indirecta para muchas partes de nuestro litoral, involucrando temas sociales y culturales de profundo arraigo que no dejaremos sean sobrepasados simplemente por unos dólares más. Escuchemos con mayor atención a la pesca artesanal de regiones, de aquellas afectadas por el maremoto, de aquellas que son invadidas por los industriales, de aquellas que no son protegidas en las millas de exclusión, en definitiva, veamos qué sucede con la pesca de arrastre indiscriminada frente a la entrega de manera indefinida cuotas de pesca a los mismos de siempre. Esperamos que en el Parlamento tengamos la fortaleza e independencia para mejorar sustancialmente este proyecto, de lo contrario mi voto, al menos, será negativo.